Los fondos de inversión se convierten en los nuevos dueños del campo
Los grandes fondos de inversión no solo dominan buena parte del negocio inmobiliario y las empresas del Ibex35. Desde 2019, se han lanzado a la compra masiva de fincas agrarias. Hoy cerca de 900 fondos de capital riesgo controlan más de 100.000 millones de euros en tierras de cultivo en la Península, según datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Se trata, según esta plataforma, de un proceso de “uberización” del campo en “auge” desde hace cinco años acelerado con el “aterrizaje de fondos de inversión especulativos”. Entre las razones de este desembarco, la COAG señala a la “concentración de la producción y la creación de oligopolios”.
Según afirma Miguel Padilla, secretario general de COAG, un joven que quiere incorporar al sector agrario “no puede competir con estos grandes capitales a la hora de acceder a tierra y agua para dimensionar su explotación“.
Este trasvase de tierras hacia los grandes fondos de inversión mundiales, la mayoría de origen estadounidense, tiene de fondo una “creciente pérdida de poder adquisitivo de los pequeños y medianos agricultores profesionales”: mientras que los gastos de los agricultores han aumentado un 92% sus ingresos han crecido apenas un 49%.
La uberización del campo está llevando a mayores cotas de concentración agraria. Según datos del propio Ministerio de Agricultura, el 6,6% de las sociedades jurídicas acaparan ya el 42% del valor de la producción que se genera en el campo español.
Este trasvase de tierras hacia los grandes fondos de inversión mundiales, tiene de fondo una “creciente pérdida de poder adquisitivo de los pequeños y medianos agricultores profesionales”
El análisis del COAG muestra su rechazo a la firma del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, la unión económica de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, Esta alianza campesina califica el acuerdo de libre comercio como el “golpe definitivo para la agricultura y ganadería europeas”.
La COAG también exige la suspensión del acuerdo de libre comercio UE-Marruecos tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se confirma que este acuerdo “viola el derecho internacional por vulnerar, en particular, los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental”.