De nuevo, un clásico: la burguesía demostrando que su patria es el dinero, y solo cambia de apariencia cuando, por el mismo interés capitalista, su beneficio es mayor  cerrando las mismas puertas del mercado nacional que en otra ocasión se abrirá alegremente de para en par.

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En la situación que nos encontramos en la cuestión agraria los capitalistas españoles se hacen de oro con Marruecos y en Marruecos, otros capitalistas autóctonos ven sus beneficios resentidos por las operaciones mercantiles de nuestro vecino del sur. El resultado es un conflicto entre burguesías donde el pueblo trabajador no es un mero espectador, sino un perjudicado directo de la prosperidad del burgués transnacional.

Resumen del artículo publicado en el Viejo Topo. Título original: El campo español: Entre la Unión Europea y Marruecos.

Autores: Víctor Sierra Monsálvez y Laura Oliver Caldeteny

Según la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), por cada 1.000 toneladas que dejan de exportarse, en España se pierden 50 puestos de trabajo en beneficio de Marruecos, mientras que la organización interprofesional de frutas y verduras andaluza Hortyfruta calculó una pérdida de 12.000 empleos de este sector en nuestro país.

Desde la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos en materia agrícola, las exportaciones en tomates o pimientos han pasado de 900.000 toneladas a estar por debajo de las 700.000 toneladas. Solo en los cinco últimos años, la producción y exportación de tomates españoles a otros países comunitarios se ha reducido un 20%, mientras las exportaciones marroquíes de tomates han aumentado un 26% durante esos mismos cinco años (la producción de tomates de los Países Bajos, el otro gran exportador de tomates al mercado comunitario también ha caído un 5%). Por otro lado, y según la FEPEX, se ha pasado de importar 130.700 toneladas a 496.000 en hortalizas y de 17.400 a 238.000 en frutas, tomando, para ello, datos ofrecidos por Aduanas. Resalta la importación de tomates, pimientos, judías verdes, aguacates, sandías, fresas, arándanos, frambuesas y melones.

El Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos entró en vigor en marzo del año 2000 y fue a partir de entonces que se creó una zona de libre comercio entre la organización europea y el país norafricano para los productos industriales. El objetivo de la Unión Europea fue seguir avanzando en la liberalización comercial con Marruecos (y así se indica expresamente en el artículo 16 del Acuerdo), con lo que este fue ampliándose mediante nuevos protocolos. Durante la firma del Acuerdo en 1996 se creía, desde este lado del Mediterráneo, que esta era la vía idónea para garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad en la "frontera sur de Europa", a fin de poner algo de freno a las olas de inmigración que estaban por venir.

El primer protocolo fue relativo al régimen aplicable a la importación en la comunidad de los productos agrícolas originarios de Marruecos. El segundo protocolo fue el relativo al régimen aplicable a importación en la Comunidad de los productos de la pesca originarios de Marruecos. El tercer protocolo fue el relativo al régimen aplicable a la importación en Marruecos de los productos agrícolas originarios de la Comunidad. El cuarto protocolo fue el relativo a la definición de productos originarios y a los métodos de cooperación administrativa y, por último, el quinto protocolo fue el relativo a la asistencia mutua entre autoridades administrativas en materia aduanera.

Cuando en 2012 la Unión Europea estaba a punto de dar un paso más en la liberalización de los productos agrícolas con Marruecos, agricultores españoles arrojaron 200 kilos de tomate ante la sede de la Comisión Europea en Madrid. La indignación que tanto caracterizó aquellos años no era ajena al campo español, los trabajadores sabían que la competitividad de los productos agrarios marroquíes iba a poner en jaque la agricultura española, poniéndose con ello en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo.

Miguel Blanco, ahora secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en unas declaraciones en 2012 a EuropaPress manifestó que con el presente acuerdo "pierden los consumidores europeos, los trabajadores marroquíes y se hunde el sector hortofrutícola español", afirmando, a su vez, cuestiones tan reveladoras como que el jornal de una agricultor marroquí es de 4,80 euros frente a los 50 euros del agricultor español, así como advirtió que el acuerdo "está hecho para favorecer a un puñado de empresas de capital franco-marroquí, participadas por el Rey de Marruecos". Concretamente, estos grupos de empresas son Azura, Soprofel-Idyl, Les Domaines Agricoles, Domaines Abbes Kabbage y la Agrupación de Interés Económico AJIDA, todas ellas implantadas en Dajla (antigua Villa Cisneros), ubicada en el territorio ocupado del Sáhara Occidental y funcionando esencialmente con trabajadores marroquíes, procedentes de la región de Sus-Masa, manteniendo la no escrita política colonialista alauita de marginar a los saharauis que se resisten a abandonar la región de la que son originarios.

La comercialización y venta en el mercado europeo de productos agroalimentarios y pesqueros por parte de Marruecos, con origen en un territorio pendiente de descolonizar de iure según la ONU y colonizado de facto por Marruecos, tropieza con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2021 que declara la nulidad de los acuerdos de pesca y agricultura de Marruecos con la UE que impliquen la venta de productos procedentes de un territorio que no es marroquí como el Sáhara Occidental. Una sentencia que, por otra parte, establecía la posibilidad de mantener dicha situación si se interponía recurso contra ella y mientras durase su resolución.

Para sorpresa de nadie, el Gobierno de España (dirigido por el PSOE) interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, acompañado de la publicación de la carta que Pedro Sánchez envió al Rey de Marruecos, confirmaba el territorio pendiente de descolonización, entendiendo a este último como una provincia autónoma de Reino de Marruecos.

No debe pasarse por alto que en este atropello a los intereses agrícolas españoles también participa significativamente capital español, que por sus propios intereses toma partido dentro del colaboracionismo colonialista marroquí, pues según declaraciones de Andrés Góngora (miembro de la COAG) en este 2023, "la inmensa mayoría del producto de Marruecos está en manos de explotaciones que se han creado por españoles y franceses que se han ido a producir a Marruecos a acogerse a los beneficios que les ofrece".

Para ilustrar con un ejemplo, tenemos el caso de la empresa Frigodar, S.A.R.L., dirigida por el español Jerónimo Díaz, cuya página web se ilustra con una gran fresa. Sus reseñas en Google están copadas de trabajadores marroquíes denunciando que, por culpa del incumplimiento empresarial en torno a las meidas sanitarias en tiempos de pandemia, hubo 500 contagios de COVID-19.

PROEXA, una empresa pública adscrita a la Consejería de Economía de Canarias, indica que Díaz "emplea a 24 empleados fijos y unas 1.300 trabajadoras temporeras en el cultivo y envasado de frutas rojas y de hueso en "Lalla Mimouna".

Duroc es una raza de ganado porcino procedente de EEUU.

También merece especial mención DUROC, la principal exportadora de tomates cherry en Marruecos, siendo esta empresa presidida  (junto a un socio marroquí) por Miguel Durán, expresidente de patronal murciana PROEXPORT, así como otras muchas empresas de capital español como EMPORIO VERDE (Agafresh), PERIROC, GUENIKAKO Y AGROMONTSIA, entre muchos otros. Ya en 2009, el diario Público estimó que el 16,6% del tomate que exporta Marruecos está en manos de capital español, siendo esta estimación tres años antes de la ratificación por el Parlamento Europeo del acuerdo agrícola, que ha beneficiado enormemente a estos empresarios españoles.

El poder de Marruecos sobre España descansa sobre el poder de la burguesía española en el Estado. Una parte de la burguesía española ha construido su fuerza económica sobre las oportunidades que Marruecos le ha ofrecido y esta ha tomado. No hay que ir más lejos. Un chantaje o un soborno puede ser determinante sobre una sola persona o un grupo reducido, por lo que puede tener eficacia puntual, pero los intereses extranjeros no pueden influir de forma fuerte y duradera en otro Estado si no hay una sólida involucración en los pilares en los que se sostiene. Eso es lo que hace Marruecos, desde el sector primario hasta el gran estadio de fútbol de Casablanca, construido con capital español, donde Mohamed VI se ha propuesto albergar la final del Mundial de 2030 ¿Alguien espera consenso en las élites españolas, sabiendo que para entender la influencia de Marruecos en España hay que seguir el rastro del dinero español?

Sin embargo, cabe también preguntarse cuáles son los intereses del régimen alauí, ya que dejar la economía en manos extranjeras sin un plan claro para que esta inversión repercuta favorablemente en el tejido productivo no hace ningún favor al interés general marroquí, sino que beneficia únicamente a una élite pequeña, pero muy selecta, del Reino. Siendo esta la situación, cabe plantearse si una estrategia tan elaborada y sólida responde a la simple y mundana avaricia de un grupo de sátrapas o, por el contrario, existen unos intereses nacionales previstos en un futuro incierto que motivan el rumbo de Marruecos.

No obstante, de poco sirve poner la mirada en Marruecos sin cambiar el rumbo que España ha tomado con su sector primario, y sin revertir el consecuente trato que reciben los trabajadores agrícolas, ya que en nuestro país, como ya es norma en las democracias liberales, los planes y programas se limitan al ciclo electoral de 4 años, de forma que toda política termina siendo cortoplacista sin contemplar el futuro a largo plazo más allá de los pactos y acuerdos internacionales y supranacionales que imponen directivas a los Estados sin importar el gobierno de turno. Pero, claro está, no es una preocupación internacional la situación de los trabajadores agrarios españoles, ni la despoblación de la España rural, ni la prosperidad del sector primario nacional, por lo que previsiblemente est asunto siga a la deriva de la corriente del "libre mercado".