Perú: La liberación de Fujimori viola el derecho internacional

El 4 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional del Perú ordenó la liberación de Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por su rol en ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones forzadas y corrupción. El tribunal dijo que las órdenes de no liberar a Fujimori emitidas por la Corte Interamericana no eran vinculantes. La Corte respondió el 5 de diciembre disponiendo que el Perú “se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional”, a la espera de que la Corte revise el indulto. Sin embargo, el gobierno liberó a Fujimori el 6 de diciembre.

“La liberación de Fujimori es una bofetada a las víctimas de atrocidades”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La OEA debería examinar la liberación en el contexto de la gravísima erosión del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos en el Perú”.

La sentencia del Tribunal Constitucional del 4 de diciembre fue firmada por tres magistrados y hubo un voto singular. Los otros dos miembros del Tribunal dijeron a la prensa que el presidente del Tribunal no les avisó de la discusión del tema, el cual no estaba incluido en la agenda oficial. En votos en singular en un fallo anterior sobre este caso, esos dos magistrados habían sostenido que el Tribunal tenía que cumplir las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2022, el Congreso nombró a los seis miembros actuales del Tribunal en un proceso que careció de transparencia y de criterios claros.

La sentencia del Tribunal Constitucional se produce en un contexto de crecientes ataques de las instituciones peruanas contra el sistema interamericano de derechos humanos con el objetivo de reducir la rendición de cuentas, y contra el Estado de derecho.

Miembros del Congreso han presentado recientemente proyectos de ley para denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En noviembre, la presidenta Dina Boluarte nombró a un ministro de Relaciones Exteriores que, dos meses antes, había defendido que el Perú se retirara del tratado.

El Congreso, además, nombró a un defensor del pueblo sin experiencia en derechos humanos, destituyó sin fundamento a una fiscal superior e inició una investigación sumaria para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que nombra a jueces, fiscales y a los jefes de las entidades electorales. Algunos congresistas también buscan destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La fiscal de la Nación está siendo investigada por supuestamente cerrar investigaciones penales contra legisladores a cambio de votos que la beneficiaban y ha debilitado la lucha contra la corrupción.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos, que incluyen su rol en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos de Lima, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y dos secuestros.

El 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió a Fujimori un indulto humanitario que parecía ser una maniobra política para ganar los votos de los partidarios de Fujimori en el Congreso para bloquear los procedimientos de juicio político contra Kuczynski. Fujimori fue liberado como resultado del indulto.

Conceder un indulto humanitario a Fujimori podría ser compatible con estándares internacionales de derechos humanos siempre que no recibiera un trato especial y su liberación fuera el resultado de una determinación médica independiente, exhaustiva y concluyente que estableciera la gravedad de su estado de salud. El indulto humanitario de Kuczynski no cumplió con esos criterios.

En mayo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que basa sus decisiones en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las cuales son vinculantes para el Perú, emitió una resolución de supervisión de cumplimiento de sus sentencias Barrios Altos y La Cantuta, que habían declarado al Perú responsable de gravísimas violaciones de derechos humanos. La Corte afirmó que existían “serios cuestionamientos” sobre la justificación médica y jurídica del indulto, así como sobre el contexto político en el que se concedió. La Corte pidió al Perú que informara sobre la revisión judicial del indulto que se encontraba pendiente.

En octubre de 2018, un tribunal peruano determinó que el indulto presentaba graves irregularidades y era incompatible con las obligaciones internacionales del Perú. La Corte Suprema luego confirmó el fallo. Fujimori regresó a prisión en enero de 2019.

En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional anuló esos fallos y ordenó la liberación de Fujimori. Pero en abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió ordenando al Perú “abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional”, ya que no había cumplido con los estándares internacionales al revisar el indulto humanitario. A partir de esa orden, Fujimori no fue liberado.

El 4 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional ratificó su fallo de marzo de 2022 y ordenó nuevamente la liberación de Fujimori, argumentando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para emitir órdenes vinculantes cuando está supervisando el cumplimiento de sus sentencias por parte de los Estados.

Sin embargo, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no la establece el Tribunal Constitucional del Perú ni ningún otro tribunal nacional, sino la propia Corte Interamericana, basándose en su interpretación de la Convención Americana. La jurisprudencia de la Corte establece que, a partir de lo dispuesto en la Convención Americana y en su propio reglamento, las resoluciones emitidas como parte de la supervisión de cumplimiento de las sentencias son vinculantes.

“Perú ha liberado a Fujimori sobre la base de un indulto humanitario que presenta vicios y en contra de las órdenes del principal tribunal de derechos humanos de las Américas”, declaró Goebertus. “La decisión coloca al Perú junto a Nicaragua y Venezuela como países que contravienen el sistema interamericano de derechos humanos. La comunidad internacional debe presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluidas las decisiones de la Corte Interamericana”.

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