El Tribunal Judicial del Distrito de Lisboa, de Portugal, emitió una sentencia contra el Novo Banco (NB) que le ordena el reembolso al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros, de un monto de 1 500 millones de dólares que están depositados en esa entidad bancaria.
Con esta sentencia, la Revolución Bolivariana recibe los fondos a las cuentas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes); Banco Bandes Uruguay, S.A.; Petróleos de Venezuela S.A.; PDVSA Petróleo, S.A.; Petrocedeño; PDVSA Services B.V.; Petromonagas, S.A.; Petropiar S.A. y Bariven, S.A.
La cadena Venezolana de Televisión explicó que el documento de la sentencia se encuentra en idioma portugués, fechada del 31 de julio de 2023, y fue notificada el 8 de agosto del mismo año. En ella se describen cronológicamente las incidencias del caso, desde el año 2009, 2012, 2013 y otros años cuando se aperturan la mayoría de las cuentas, hasta el momento, cuando Venezuela demanda la entrega del dinero depositado, a lo cual, se niega la entidad financiera portuguesa.
En la demanda, las autoridades venezolanas alegaron que Novo Banco celebró contratos legales con las entidades venezolanas e indicaron que como titulares, ordenaban que el banco debía transferir los fondos depositados en otras cuentas, pero la entidad no ejecutó las respectivas órdenes.
El tribunal indica que, tras ser emplazada, NB presentó un escrito de contestación, reconoce que no cumplió la orden recibida de transferir los fondos por los titulares, pero invocó hechos que justifican ese incumplimiento, especialmente, sobre la duda en la legitimidad de los representantes titulares, que dieron las instrucciones de devolver los dineros, y sus deberes como entidad bancaria ante el embargo ordenado por el gobierno de Estados Unidos, precisa VTV.
Ante estos planteamientos, el tribunal decidió una «Orden de saneamiento», en la cual se declara competente por razón de la nacionalidad, la materia y la jerarquía, y determina que las partes tienen personalidad y capacidad jurídica y están legitimadas.
En noviembre, delegados del gobierno y la oposición firmaron un acuerdo por el que crearían un fondo social administrado por la ONU y que sería alimentado por fondos congelados para ayuda en salud, educación y servicios públicos, entre otros.