Políticas de la sequía

En mayo, veintiséis personas fueron detenidas en España por robar veintiséis millones de metros cúbicos de agua a través de pozos clandestinos diseminados por Andalucía. Lejos de ser un hecho aislado, esas extracciones ilegales son paradigmáticas de una situación preocupante que no afecta solo a la península ibérica. En Francia, durante el verano de 2022, marcado por una importante sequía, también se produjeron sustracciones de agua en perjuicio de municipios o particulares.

El hecho es indiscutible: en muchos lugares del planeta los recursos hídricos están disminuyendo a un ritmo preocupante. A las tensiones geopolíticas entre Estados por el caudal de los ríos compartidos –es el caso, por ejemplo, de Egipto, que impugna el proyecto de Etiopía de construir una presa en el Nilo–, se suman conflictos por su utilización, que se están agudizando (véase “Guerra entre Estados y dominio de las multinacionales”). El acaparamiento de grandes cantidades de agua por parte de los agricultores, sobre todo a través de grandes balsas de riego alimentadas mediante bombeos en las capas freáticas, plantea la cuestión de la equidad en el acceso al preciado líquido (véase “Megabalsas: los motivos de la ira”). Del mismo modo, las crecientes necesidades de la industria –en un momento en que los gobiernos aseguran querer relocalizar las actividades económicas– solo pueden provocar la hostilidad de usuarios a quienes indigna el despilfarro de grandes cantidades de agua pura, como en el norte de Grenoble con la ampliación de la fábrica de la empresa STMicroelectronics (véase “Esos chips que acaparan el ‘oro azul’ de los Alpes”). En ese contexto, los poderes públicos no pueden delegar en el mercado, incapaz por sí solo de asegurar las inversiones necesarias para la extracción, tratamiento y transporte de los recursos hídricos hasta los lugares de consumo. Ya que, contrariamente a una idea en boga, el agua no es solo un bien común. Requiere de una verdadera política de planificación de las necesidades e infraestructuras, sin la cual la justicia social y la igualdad de acceso a los recursos no son más que eslóganes desprovistos de sentido (véase “El agua no es solo un bien común”).