Esos chips que acaparan el ‘oro azul’ de los Alpes

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El verano pasado, la contradicción entre las restricciones de agua que afectan tanto a particulares como a agricultores y las crecientes necesidades de la industria llevó a la creación del colectivo STopMicro  “contra el acaparamiento de los recursos por la industria microelectrónica”.

“¡Agua, no microchips!”. El sábado 1 de abril de 2023, esta consigna reunió a un escaso millar de manifestantes frente a las vallas de la obra de extensión de STMicroelectronics (ST) en Crolles. Desde que en 1992 se instaló la multinacional franco-italiana de semiconductores en el valle de Grésivaudan, a quince kilómetros al norte de Grenoble, quienes visitan a las autoridades de este pequeño municipio (8000 habitantes) de la región de Isère son más habitualmente ministros y jefes de Estado que movimientos de protesta. Desde Jacques Chirac, todos los presidentes de la República han hecho el viaje para celebrar las sucesivas ampliaciones de esta “pepita de oro” y anunciar la concesión de cientos de millones de euros de ayudas públicas.

“¡Aquí se juega la reindustrialización de Francia!”, proclamó a su vez Macron el 12 de julio de 2022. Acompañado por cuatro ministros, el presidente puso sobre la mesa 2300 millones de euros: la contribución del Estado a los entre 5000 y 7000 millones de euros que se espera que cueste la última ampliación de la fábrica de ST. Esta multinacional, controlada en parte por el banco público de inversiones Bpifrance y el Ministerio de Economía italiano, se ha aliado con GlobalFoundries, otro gigante de los semiconductores domiciliado en las Islas Caimán (1), cuyo principal accionista es el grupo Mubadala, un fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos. “Se trata de la mayor inversión industrial no nuclear de las últimas décadas y de un gran paso adelante para nuestra soberanía industrial”, anunció el ministro de Economía y Hacienda, Bruno Le Maire. La suma se antoja colosal en relación con el número de empleos anunciados: unos mil, es decir, ¡2,3 millones de euros públicos por empleo creado! Pese a la generosidad del Estado francés, ST ha instalado su sede operativa en Suiza y su holding en los Países Bajos, “el país de la optimización fiscal para las multinacionales”, según la revista económica Challenges (2).

El anuncio se produjo en medio de una “alerta reforzada de sequía” (nivel 3 de 4), que a mediados de agosto se reclasificó como “crisis de sequía” (nivel 4). El caso es que la industria del microchip es una destacada consumidora de agua. Continuando con su línea de crecimiento de aquí a 2024, la fábrica de ST y su vecina del grupo Soitec, también especializada en semiconductores, deberían de consumir cerca de 29.000 m³ al día, el equivalente a la ciudad de Grenoble, con sus 160.000 habitantes, sus industrias, sus laboratorios de investigación, sus actividades municipales y comerciales. Con la nueva ampliación anunciada, ST prevé consumir con el tiempo 33.000 m³ al día.

El verano pasado, la contradicción entre las restricciones de agua que afectan tanto a particulares como a agricultores y las crecientes necesidades de la industria llevó a la creación del colectivo STopMicro (3) “contra el acaparamiento de los recursos por la industria microelectrónica”. Presentada como una secuela de la protesta contra las megabalsas de Sainte-Soline, la manifestación de Crolles no ha recibido, sin embargo, el mismo apoyo, sobre todo por parte de las fuerzas políticas de izquierda. Los cargos electos locales de Europe Écologie les Verts (EÉLV), por ejemplo, no tuvieron la menor reacción pública. Y eso que el movimiento cuenta en el departamento con dos diputados, un senador y el alcalde de Grenoble, Éric Piolle.

CORINNE JANIER. – Detalle del mural Symphonie bleue - Opus 1 (‘Sinfonía azul’), Centro Social y Cultural Didot, París, 2023

Este admite haberse alegrado por la ampliación de ST: “Para mí, la microelectrónica es el primer caso en el que se aprecia una estrategia industrial europea –nos responde–. ¡Es un motivo de satisfacción!”. Para Piolle, la ubicación de ST en Grenoble tiene “una función continental. Hay una dimensión geopolítica que consiste en reducir la dependencia de Europa. Que Asia sea la única fuente de suministro es peligroso”. Cyrielle Chatelain, diputada por Isère y presidenta del grupo ecologista en la Asamblea Nacional, coincide: “En este tema de la reindustrialización no podemos pasarnos el tiempo diciendo ‘queremos circuitos cortos, buenas condiciones’ y decir que no queremos producir en casa. Habrá producción, la cuestión es saber dónde se hará y en qué condiciones”. Para los dos responsables políticos, las críticas que pueden aplicarse a las megabalsas de la agroindustria, que solo benefician a “un pequeño número de personas”, no valen para el agua que consume la microelectrónica, ya que “los productos [de ST] sirven para todos”, asegura Piolle. A la vez que defienden el desarrollo de ST, Piolle y Chatelain insisten en la “relocalización”, en la “industria verde” y en el derecho a fiscalizar el tipo de usos. “Lo lógico es dedicarse a la low tech (sobriedad tecnológica) en todo lo posible y a la high tech (tecnología punta) cuando sea necesario”, nos dice Piolle.

¿Se corresponden estas intenciones con la actividad industrial presente en Crolles? En los centros de ST y Soitec se trabaja en la miniaturización de los circuitos integrados, que ahora se sitúan en una escala de unos pocos nanómetros en los chips electrónicos, es decir, que son mucho más pequeños que una célula viva. Sus principales productos son sensores de imagen y, sobre todo, microcontroladores, o sea, chips que integran todos los elementos de un ordenador. Estos son “productos muy demandados en los ámbitos del automóvil, de los objetos conectados, de la inteligencia artificial y de la automatización”, según ST (4). La “reindustrialización” se centra así en aplicaciones de precisión y en mercados emergentes. Por ejemplo, los chips producidos en Crolles se encuentran en los satélites Starlink de Elon Musk, en los coches autónomos, en los teléfonos inteligentes de última generación o en numerosas armas sofisticadas, como algunos drones rusos encontrados en Ucrania, a lo que ST responde simplemente que ha cesado sus actividades en Rusia (5). Los chips necesarios para usos básicos (ordenadores sencillos, telefonía 3G), con menor valor añadido, no se producen en Europa.

Con 29.000 m³ diarios, las plantas de ST y Soitec vaciarían el embalse de Sainte-Soline en 22 días. El agua necesaria para el lavado de las obleas de silicio –que representa el 75% del agua consumida por estos centros industriales, destinándose principalmente la cuarta parte restante a la climatización– debe ser agua de extrema pureza, sin la menor sustancia ni partícula. Producirla requiere un tratamiento devorador de energía a base de filtros y bombas, por lo que resulta menos costoso y menos largo con un agua de buena calidad –la planta de ST consumió 516 gigavatios-hora en 2021, equivalente al consumo de 230.000 franceses (6)–.

La excelente calidad del agua de Grenoble –una de las pocas ciudades de Francia que no necesita tratamiento– es una de las principales razones por las que los industriales se han instalado en este valle del Isère. El problema es que las cuencas de captación del Romanche y del Drac que suministran esta agua se encuentran al sur de la ciudad, a unos treinta kilómetros de Crolles. Cuando se instaló la planta hace treinta años, las autoridades locales construyeron una tubería especial. En los últimos años, las colectividades locales han vuelto a invertir en la instalación de bombas compresoras para aumentar el caudal y para duplicar el tramo final de la tubería.

Pese a todos estos esfuerzos, la estructura está llegando a su punto de saturación y los representantes locales se preguntan cómo transportar cada vez más agua. Mientras que el alcalde de Crolles, Philippe Lorimier, aboga por duplicar toda la tubería, la vicepresidenta de Grenoble-Alpes-Métropole, responsable del “ciclo del agua” y gestora de las cuencas de captación, no lo cree posible: “29.000 metros cúbicos es lo máximo que se puede hacer –afirma Anne-Sophie Olmos–. La declaración de utilidad ­pública [de 1967] estipula límites diarios de bombeo –añade–. Nos estamos acercando a la mitad de esos límites. No podemos ir más lejos, porque si hay una gran rotura o una gran contaminación, un campo tiene que compensar el otro”.

Los habitantes de Grenoble, que creían estar a salvo de los problemas de agua gracias a su entorno montañoso, toman consciencia de repente de la vulnerabilidad que impone el desarrollo industrial. El pasado mes de enero se enteraron de que la propia capa freática de la ciudad estaba profundamente contaminada. Dos plataformas químicas llevan varias décadas produciendo cloro, fosgeno, lejía, sosa, agua oxigenada y poliuretanos en el sur de la ciudad. Como consecuencia, la gran reserva de agua disponible bajo los pies de los habitantes de Grenoble presenta “una calidad química degradada en superficie y en profundidad, en relación con las numerosas actividades industriales de la zona”, según un estudio encargado por la Métropole, la instancia intercomunal (7). Cloratos, percloratos, hexaclorobutadieno, PERC, Compuestos Organohalogenados Volatiles (COV), pesticidas, hidrocarburos, sustancias perfluoroalquiladas (PFAS)... muchos componentes químicos hacen inutilizable este recurso, incluso para el riego agrícola.

Implicados en el caso están las multinacionales Arkema, Vencorex y Framatome, pero sobre todo el Estado, que fue quien autorizó sus vertidos contaminantes. La capa freática afectada se encuentra aguas abajo de las cuencas de captación de agua potable, pero también se han encontrado en ellas restos de contaminantes en pequeñas cantidades, ya que el pozo de Mollots se encuentra a menos de cien metros de uno de los puntos de vertido autorizados por la prefectura. Esta puesta en peligro del agua potable llevó a Olmos a realizar señalamientos ante el fiscal: “¡Los vertidos contaminantes están prohibidos por la declaración de utilidad pública de 1967 [la que supuestamente protege las cuencas], pero han sido autorizados por varios decretos [desde al menos 1986, datando los últimos de 2007 y 2013]!”. Ni el Estado ni la Dirección Regional de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Vivienda han querido responder a nuestras preguntas.

También situadas aguas arriba de la capa freática, las fábricas de microelectrónica vierten igualmente aguas contaminadas. En 2021, ST utilizaba 21 toneladas de productos químicos al año, la mayoría de los cuales iban a parar al río Isère. Aunque este “medio receptor” tiene una gran capacidad de absorción y dispersión, seguía recibiendo cada día la nada desdeñable cantidad de 15 kg de fósforo, 120 kg de nitrógeno amoniacal, 70 kg de flúor y 150 kg de nitrógeno (entre otros) (8). Estas contaminaciones deberían de seguir la curva de crecimiento anunciada de la actividad (9). Además, estos vertidos no están sujetos a ningún control independiente. ST solo está obligada a declarar los “indicadores básicos” que “considera más representativos de su actividad”, según el principio de “ecorresponsabilidad” del Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS, por sus siglas en inglés), que configura el marco de las declaraciones medioambientales en la Unión Europea desde 2001. Por tanto, es imposible conocer las cantidades de otras sustancias utilizadas en sus instalaciones (wolframio, cobalto, titanio o tantalio) vertidas diariamente en el Isère. ST asegura que sus “efluentes se tratan de acuerdo con la normativa vigente”. ¿Igual que los de la industria química, que contaminaron por completo las aguas subterráneas de Grenoble?

La empresa insiste en sus esfuerzos por “aumentar la tasa de reciclado del agua”, y en esta defensa se le unen los responsables electos con los que nos entrevistamos, convencidos de la buena voluntad de la multinacional. Pero las cifras anunciadas, más o menos fantasiosas (40, 50 o 60% de tasa de reciclado), chocan con los límites inherentes a estos procesos industriales. Gracias a la excelente calidad del agua de Grenoble, STMicroelectronics Crolles es ya en el mundo una de las plantas que menos agua consume por oblea producida (1,7 m³). A pesar de las promesas de reciclaje, ST quiere aumentar la cantidad de agua consumida en un 190% con respecto a 2021. El 17 de febrero de 2023, la misión regional de medio ambiente de Auvernia-Ródano-Alpes emitió un dictamen muy crítico sobre la ampliación de la planta, arremetiendo especialmente contra las “numerosas lagunas” del expediente presentado por la multinacional: “El proyecto en sí no está suficientemente descrito, el estado inicial relativo al consumo de agua, el estado de los recursos hídricos, los vertidos acuosos y atmosféricos (...). El expediente no permite aprehender correctamente el impacto del proyecto en el medio ambiente” (10).

¿Cómo explicar la complacencia del Estado con las exigencias de los industriales y los perjuicios que causan? En L’Apocalypse joyeuse (Éditions du Seuil, 2012), el historiador Jean-Baptiste Fressoz explica cómo el decreto imperial de 1810, que está en el origen de nuestra actual normativa sobre instalaciones industriales, configuró unas normas medioambientales favorables a los empresarios. En el tema de perjuicios causados, se pasó de un régimen de policía local (con sanciones que podían ser penales) a un régimen centralizado, administrativo y pericial. El promotor de este decreto, Jean-Antoine Chaptal, antiguo industrial químico, resumía así la ventaja de esa situación: “Antes, el destino de las fábricas estaba, por así decirlo, a merced de un vecino inquieto”. Con este decreto, una vez instalada la planta, “el gobierno le debe protección: a partir del momento en que existe, ya no se trata de examinar si fue ventajoso implantarla”. Hoy en día, toda la reglamentación medioambiental pasa por el Consejo Superior de Prevención de Riesgos Tecnológicos, compuesto principalmente por tecnócratas y representantes de la industria.

Si algún mérito tiene esta forma de reindustrialización es el de recordar a los consumidores occidentales los muy materiales perjuicios causados por la “desmaterialización” y la economía digital. Aunque lo cierto es que los daños medioambientales y sanitarios causados por este sector –desde la extracción de metales raros hasta la basura electrónica– siguen recayendo, en lo esencial, en los países pobres.