Al menos 59 inmigrantes se ahogan frente a las costas italianas, entre ellos un recién nacido y otros 19 niños

Al menos 59 migrantes han muerto tras naufragar su embarcación de madera en las rocas de la costa calabresa de Italia. Entre los fallecidos hay un recién nacido y otros 19 niños. Muchos de los cadáveres aparecieron en la costa, cerca de un balneario.

Se sabe que otras 81 personas han sobrevivido, 20 de las cuales han sido trasladadas al hospital, una de ellas a cuidados intensivos. Según los supervivientes, a bordo viajaban unas 150 personas. Habían zarpado de Turquía tres o cuatro días antes.

La responsabilidad de este terrible crimen recae en todos los gobiernos de Europa, que han conspirado para convertir el continente en una 'fortaleza' contra personas desesperadas, y en Estados Unidos y sus aliados, cuya violencia imperialista ha desmembrado las sociedades de Oriente Próximo y África, obligando a un número sin precedentes de personas a huir de sus hogares.

Con una hipocresía repulsiva, la primera ministra fascista de Italia, Giorgia Meloni, proclamó su 'profundo dolor', antes de prometer más de las políticas responsables del baño de sangre en las fronteras europeas, una represión de las rutas hacia Europa 'impidiendo las salidas'. Su ministro del Interior se jactó la semana pasada de que tales medidas, aplicadas con Libia y Túnez, ya habían 'evitado la llegada' de cerca de 21.000 personas, atrapándolas en condiciones infernales en esos países y empujando a otras innumerables a arriesgarse a viajes más peligrosos.

El mismo mensaje de la fascista Meloni podría escucharse de cualquiera de los gobernantes europeos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró 'profundamente entristecida' por las muertes, antes de añadir: 'Debemos redoblar nuestros esfuerzos en el Pacto (de la UE) sobre Migración y Asilo y en el Plan de Acción sobre el Mediterráneo Central'. Sus detalles se expusieron en una cumbre de la UE a principios de mes en la que se debatió un 'paquete integrado de infraestructuras móviles y fijas... desde vehículos a cámaras, desde torres de vigilancia a vigilancia electrónica' para denegar la entrada a los solicitantes de asilo y planes para facilitar la deportación masiva de refugiados y reforzar la colaboración con los brutales regímenes que vigilan la costa norteafricana.

La 'Fortaleza Europa' ya ha registrado 2.406 personas muertas o desaparecidas en el Mediterráneo por la Organización Internacional para las Migraciones en 2022. Casi 26.000 se han perdido desde 2014. Esto no dice nada de los horrores sufridos en el camino hacia la costa turca o norteafricana, ni de la red de campos de internamiento en los que decenas de miles de refugiados están encarcelados y se les niegan derechos democráticos básicos.

Desde que, en 2015, la imagen de un niño sirio muerto en la playa de Turquía provocó una oleada de conmoción e indignación popular, la política del Gobierno ha convertido en habitual la aparición de niños muertos arrastrados hasta la costa. En noviembre de 2020, un niño de cinco años apareció muerto en las costas de la isla griega de Samos. Su padre perdió el control del niño al zozobrar su embarcación contra las rocas. Ahora se enfrenta a 10 años de cárcel, acusado de poner en peligro la vida de su hijo. Se lo llevaron esposado para identificar el cadáver.

Al mes siguiente, se encontraron los cadáveres de cuatro niños de entre 5 y 10 años en la playa al oeste de la capital libia, Trípoli. Cinco meses después, otros tres niños, entre ellos un bebé de seis meses y otro de tres años, aparecieron muertos en el mismo tramo de costa. Un mes después, se encontró a un niño de un año en la costa noruega tras ahogarse con su familia intentando cruzar de Francia al Reino Unido.

En mayo de 2021, un análisis de The Guardian relacionó 2.000 muertes con las operaciones de expulsión de la UE, ilegales según el derecho internacional, para obligar a los migrantes a alejarse de las fronteras europeas, incluido el uso de la violencia y la humillación. Esta es la punta de un iceberg de sufrimiento, en el que los peores abusos se subcontratan a fuerzas de Libia y Túnez, que interceptan embarcaciones de migrantes y devuelven a los refugiados a campos en los que reinan la tortura, la violación, la extorsión, el asesinato y la esclavitud.

Otra estrategia ha sido abandonar a los refugiados en el mar. Un informe de 2021 del Comisario Europeo de Derechos Humanos descubrió que los gobiernos europeos habían estado redistribuyendo barcos lejos de las zonas donde era más probable encontrar migrantes en apuros.

Muchas pequeñas ONG han intervenido para defender la obligación internacional de salvar vidas en el mar. El gobierno de Meloni está encabezando los esfuerzos para ilegalizar estos esfuerzos de emergencia. El jueves, el parlamento aprobó una ley que obliga a las embarcaciones de rescate a navegar inmediatamente hacia un puerto tras completar un rescate, en lugar de buscar otras embarcaciones en apuros.

Los barcos de rescate repletos de cientos de refugiados suelen quedar varados en el mar durante semanas, ya que un país tras otro deniega el acceso a sus puertos. En 2020, Amnistía Internacional publicó un informe, 'La solidaridad a prueba en la fortaleza Europa', en el que condenaba cómo 'los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil que han ayudado a refugiados y migrantes han sido objeto de procesos penales infundados, restricciones indebidas de sus actividades, intimidación, acoso y campañas de desprestigio en varios países europeos'.

Uno de los casos citados fue la investigación en curso del gobierno griego a un grupo de 24 trabajadores voluntarios que rescataron a migrantes frente a las costas de Lesbos por presunta trata de seres humanos, blanqueo de dinero y fraude. Los cargos iniciales de espionaje tuvieron que ser retirados. El grupo incluye a Sarah Mardini, cuya historia de ayuda a compañeros refugiados para cruzar el mar de Turquía a Grecia inspiró la película Los nadadores.

Mardini huyó de la devastadora guerra en Siria entre las fuerzas aliadas islamistas de la OTAN y el gobierno de Bashar al-Ásad. Los refugiados ahogados el domingo procedían de Afganistán, Pakistán, Somalia e Irán, también objeto de ocupaciones estadounidenses, intervenciones militares, ataques indiscriminados con aviones no tripulados y sanciones paralizantes, y víctimas de la desigualdad mundial y el cambio climático. Estos factores han creado una población desplazada forzosamente récord de más de 100 millones de personas, consideradas basura humana por los gobiernos capitalistas del mundo.

Casi cuatro millones de desplazados viven en Turquía, incluidos, hasta hace poco, los náufragos de Calabria. Otros 6,6 millones son desplazados internos en Siria. Muchos vieron sus vidas devastadas por segunda vez por el terremoto de principios de mes, que mató al menos a 50.000 personas y ha dejado a millones sin hogar.

La respuesta de los gobiernos europeos lo dice todo sobre las prioridades de la clase dominante. De momento, la Comisión Europea sólo ha prometido 6,5 millones de euros en ayuda a las víctimas del terremoto, mientras que el año pasado destinó 754 millones de euros a su fuerza fronteriza Frontex. La agencia, junto con el gobierno griego, ha intensificado las patrullas en torno al Egeo en previsión de un mayor número de personas que traten de escapar de la catástrofe. 'El desplazamiento masivo de millones de personas no es la solución', amenazó el ministro griego de Migración, Notis Mitarachi.

El asalto a los migrantes y la negación de los derechos democráticos se están produciendo en todo el mundo. La semana pasada, el presidente estadounidense Joe Biden anunció una política de inmigración que prohíbe la entrada y el asilo a casi todos los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, en una flagrante violación del derecho internacional.

Acontecimientos como estos desmontan la ficción de que Estados Unidos y las potencias europeas están librando una guerra por la 'democracia' y la 'libertad' contra Rusia en Ucrania. De hecho, la guerra de la OTAN y los ataques a los migrantes están inextricablemente vinculados. Una gran guerra en Europa es incompatible con los derechos democráticos y exige un asalto masivo a los niveles de vida de la clase trabajadora, que recaerá más rápida y gravemente sobre sus sectores más vulnerables, ya obligados a huir de sus hogares y comunidades.

(Publicado originalmente en inglés el 26 de febrero de 2023)

Informació enviada per World Socialist Web Site a Maxi Martos, redactor de las afueras.