La semana pasada, varias organizaciones de derechos humanos en El Salvador emitieron un reporte conjunto que incluye más de 4.500 denuncias contra las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos durante el “estado de excepción” iniciado hace 10 meses por el Gobierno del presidente Nayi Bukele, ostensiblemente en una “guerra contra las pandillas”.

Las denuncias son principalmente por detenciones arbitrarias, cuando Bukele presume haber detenido a casi 63.000 “terroristas” o el 1 por ciento de la población sin un juicio justo. El reporte también se refiere a denuncias por “acoso, amenazas y lesiones”. Una de las organizaciones, Cristosal, ha registrado al menos 102 muertes bajo custodia durante el régimen de excepción.

Además, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha acumulado evidencia de cientos de casos de tortura, mientras Human Rights Watch obtuvo acceso a datos oficiales de 1.082 niños detenidos hasta agosto de 2022.

El estado de excepción autoriza a las tropas y la policía a realizar búsquedas y arrestos sin orden judicial, incluso de menores de hasta 12 años. También permite juicios masivos in absentia, sentencias de hasta 45 años para miembros sospechosos de las pandillas y la suspensión de las libertades de expresión y la prensa, entre otros derechos democráticos. Cuando el país se acerca a un total de 100.000 personas encarceladas, Bukele inauguró este mes la prisión más grande del mundo, con una capacidad de 40.000 internos.

En un país con un área más pequeña que el estado de Nueva Jersey, la escala de las detenciones es comparable a las llevadas a cabo por las dictaduras militares en América Centra y del Sur durante los años setenta y ochenta.

Estas políticas han ido de la mano de una avalancha de propaganda fascistizante por parte de oficiales y el grueso de la prensa, que glorifica a las fuerzas de seguridad y presenta a los jóvenes empobrecidos como “ratas” y “terroristas”.

En este contexto, las encuestas muestran que el estado de excepción es apoyado por casi ocho de cada 10 salvadoreños y que un número similar se siente más “seguro”. Las medidas presuntamente han reducido los homicidios y otros crímenes y varios reportes investigativos recientes han hallado que las mayores pandillas, Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, han sido “desarticuladas” como organizaciones operables en las comunidades investigadas.

El apoyo popular a estas políticas se explica en parte por el hecho de que los trabajadores y pequeños empresarios en El Salvador han enfrentado terror y asesinatos a diario y por décadas a manos de las pandillas, que han coludido con las autoridades para lucrar de “impuestos”, tráfico de drogas y robos.

Al mismo tiempo, hace tan solo una o dos generaciones, una serie de dictaduras militares brutales apoyadas, armadas y entrenadas por EE.UU. y un régimen “civil” posterior plagado por escuadrones de la muerte masacraron a decenas de miles de jóvenes, trabajadores y campesinos de izquierda. La falta de una oposición masiva desde abajo contra el establecimiento de otra dictadura solo puede explicarse por la bancarrota política de las organizaciones que dicen ser de “izquierda”.

Cuando la han elegido al poder, la “izquierda” oficial compuesta por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha abandonado rápido sus promesas reformistas para imponer medidas de austeridad del FMI, mientras ha mantenido a El Salvador como una base de mano de obra barata para las transnacionales. En última instancia, la antigua guerrilla dejó atrás cualquier oposición al imperialismo estadounidense, cuyo dominio brutal a lo largo de un siglo creó las condiciones económicas que han sido tan fértiles para las maras y las actividades criminales.

Bukele fue expulsado del FMLN y se ha presentado como “anti- establishment ” sacando provecho al odio generalizado hacia las fuerzas políticas involucradas en la guerra civil (1980-1992) y las que lideraron los Gobiernos desde entonces. Sin embargo, no ofrece una alternativa real. Esto lo demuestran tres hechos.

En primer lugar, su importante promesa de acabar con la impunidad por los crímenes perpetrados durante la guerra civil, como la masacre de El Mozote a manos del ejército, ha sido en gran medida abandonada.

En segundo lugar, varios reportes de noticias han indicado que parte de los líderes de las pandillas han capeado el régimen y se trasladaron temporalmente a zonas rurales y países vecinos. En medio de un aumento de la pobreza bajo la bota de un Estado policial, y con muchos jóvenes que no estaban relacionados con las pandillas ahora encerrados junto a pandilleros reales y lejos de sus estudios y trabajo, es posible que estas condiciones propicien un nuevo auge violento de las mismas estructuras pandilleras.

En tercer lugar y lo más importante, como lo demostraron sus políticas de “dejar correr” el COVID-19, a Bukele realmente le importan poco la seguridad y las vidas del pueblo salvadoreño. El régimen de excepción responde a las demandas urgentes de la élite gobernante estadounidense de establecer un “corredor seguro” para conectar las cadenas de suministro norteamericanos con la mano de obra barata y los recursos naturales de América Central y del Sur.

Pero esta “seguridad” no se refiere a proteger a los trabajadores y sus familias, sino a proteger las inversiones de capital extranjero, las fábricas, los productos y las ganancias en contra de los trabajadores, incluso si esto inicialmente asume la forma de aplastar a las pandillas que buscan extorsiones.

Estos corredores son urgentes para el imperialismo estadounidense porque está intentando nearshore o trasladar más cerca la producción y consolidar una plataforma económica norteamericana para competir contra sus rivales, incluyendo China, Rusia y las principales potencias europeas.

Cualquier desafío desde abajo que pueda afectar estos planes se enfrentará a una represión mortal. Ya hay indicios de que el régimen de Bukele está utilizando el estado de excepción para reprimir la oposición social. La Asociación de Desarrollo de la comunidad rural de Santa Marta denunció el lunes la “detención arbitraria” por más de un mes de cinco de sus líderes bajo el estado de excepción. Aquellos arrestados habían liderado protestas contra las corporaciones mineras.

La tasa oficial de pobreza ha saltado a un tercio de la población, mientras que el 21,4 por ciento de los salvadoreños desearía emigrar, según una reciente encuesta del IUDOP. Unas condiciones económicas tan desesperadas acabarán provocando un estallido de la lucha de clases.

El influyente think-tank estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) publicó el pasado diciembre un informe titulado “Avanzando las prioridades de nearshoring de EE.UU. en Centroamérica con zonas económicas especiales”. El informe indica que ofrecer a los inversores “entornos macroeconómicos atractivos” es el primer reto para estos planes de nearshoring.

“Por lo tanto, los inversores y los Gobiernos deben buscar áreas geográficamente definidas, donde el Estado de derecho, las medidas anticorrupción y la estabilidad y previsibilidad regulatorias caractericen el panorama”, indica el informe. Además, propone una red de zonas económicas especiales (ZEE) dominadas por Estados Unidos, con incentivos fiscales y reglamentarios, donde las empresas puedan gobernar sin trabas.

El informe del CSIS fija su atención en El Salvador, donde Washington ha presionado con éxito al Gobierno para que detenga los planes de una zona económica especial dominada por China. El informe afirma que este proyecto es preocupante porque beneficiaría principalmente a inversores chinos, mientras que “dejaría de lado a muchas empresas estadounidenses y europeas”.

“Con las consideraciones geopolíticas en primer plano, es probable que las cadenas de suministro y el panorama de la inversión mundial sean menos globales y más regionales”, concluye el informe.

Aunque el informe describe a China como un “competidor no democrático”, los incentivos corporativos y la supresión de la lucha de clases que propone el CSIS son incompatibles con las formas democráticas de gobierno. Al mismo tiempo, esta competencia arrastrará inevitablemente a Centroamérica a la vorágine de una tercera guerra mundial.

Cualquier crítica hipócrita del Gobierno de Biden contra Bukele forma parte de su campaña de presión para alejar al país de China. Pero incluso mientras Bukele intenta equilibrar los lazos con el imperialismo estadounidense y China, Washington apoya más abiertamente el estado de excepción de Bukele.

El analista de Human Rights Watch Juan Pappier señaló a CNN que, si bien hubo críticas iniciales a las medidas de Bukele por parte de la Casa Blanca, “más recientemente hemos observado posturas ambiguas”. Esto fue confirmado por la respuesta del Departamento de Estado de Biden a CNN.

“El Salvador y Estados Unidos tienen un interés personal en asegurarse de que estos criminales violentos permanezcan fuera de las calles”, dijo un portavoz, al tiempo que alegaba de forma poco convincente “graves preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y las muertes”.

Al igual que en El Salvador, las élites gobernantes de toda América Latina están preparadas para subordinar cualquier política social a la creación de “entornos macroeconómicos atractivos” para competir por el capital extranjero, especialmente a medida que se agrava la crisis del capitalismo global.

Tanto los Gobiernos identificados como parte de la mal llamada “marea rosa “ como los regímenes abiertamente derechistas están emulando la represión de Bukele e implementando sus propias estrategias de militarización.

El 24 de noviembre, solo unas horas después de que Bukele lanzara una nueva fase de su “guerra”, la presidenta supuestamente de “izquierda” Xiomara Castro en la vecina Honduras anunció un estado de emergencia nacional y un despliegue militar para “suspender los derechos constitucionales en los lugares que lo ameriten”. Se trata de las mismas fuerzas de seguridad que han asesinado en repetidas ocasiones a manifestantes y líderes locales como Berta Cáceres, que se oponían al régimen instaurado por el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en 2009.

A lo largo de 2022, el Gobierno derechista de Guillermo Lasso en Ecuador declaró cuatro estados de excepción en diferentes regiones, incluido uno contra una huelga nacional en junio.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha consagrado en la Constitución la presencia permanente del ejército en las calles y ha creado una nueva Guardia Nacional que ya se ha desplegado contra trabajadores inmigrantes y huelguistas.

El presidente pseudoizquierdista de Colombia, Gustavo Petro, anunció la semana pasada la compra de material militar por valor de 1.100 millones de dólares. “Colombia tendrá unas fuerzas más preparadas, modernas e interoperables adaptadas a las nuevas realidades en el contexto nacional y regional”, presumió su ministro de Defensa. Estas son las mismas fuerzas de seguridad que mataron a miles de civiles en la década de los 2000 y utilizaron municiones reales contra manifestaciones masivas en 2021. En diciembre de 2022, Petro reanudó el despliegue de tropas en Putumayo, donde solo unos meses antes los militares masacraron a 11 civiles e intentaron encubrirlo moviendo los cuerpos.

El presidente pseudoizquierdista de Chile, Gabriel Boric, ha mantenido a los militares desplegados bajo un estado de excepción para reprimir a la población indígena del sur, mientras que el presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil, Lula da Silva, ha prometido inversiones masivas en el ejército y ha protegido a los principales oficiales militares que estuvieron detrás del intento de golpe fascista del 8 de enero.

Por último, el régimen golpista de Dina Boluarte en Perú, respaldado por Estados Unidos, ha empleado un estado de emergencia, el ejército y municiones reales para aplastar las manifestaciones masivas, que en última instancia han estado impulsadas por las políticas subordinadas a las transnacionales mineras y Wall Street.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de febrero de 2023)

Informació enviada per correu electrònic per World Socialist Web Site a Maxi Martos, redactor de las afueras.