Miles de partidarios del expresidente fascistoide de Brasil Jair Bolsonaro invadieron y ocuparon durante más de tres horas la sede de los tres poderes del Estado en Brasilia, la capital del país, el domingo. Los manifestantes exigieron un golpe militar para deponer y encarcelar al recién investido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).

Este acontecimiento marca una nueva etapa en la explosiva crisis política de Brasil y de toda América Latina. Ocurrido sólo una semana después de que Lula asumiera el cargo, es una vívida verificación de las frases iniciales de la declaración de Año Nuevo del World Socialist Web Site: 'La celebración del comienzo del Año Nuevo será breve. El año viejo ha pasado a la historia, pero sus crisis persisten y se intensificarán'.

La invasión del 8 de enero en Brasilia es el último producto de la conspiración de Bolsonaro y sus aliados fascistas contra la democracia en Brasil. Junto con su Partido Liberal (PL), el expresidente se negó a reconocer la victoria de Lula y fomentó un movimiento violento para impugnar las elecciones.

La acción de ayer se inspiró directamente en, y en muchos sentidos fue un intento de recrear, la invasión del Capitolio estadounidense en Washington DC el 6 de enero de 2021 por parte de los partidarios de Donald Trump. Bolsonaro ha utilizado abiertamente el intento de golpe fascista en Estados Unidos como guía política.

Mientras que su hijo, Eduardo, fue invitado a ver los acontecimientos directamente en Washington, el entonces presidente Bolsonaro anunció en enero de 2021 su intención de llevar a cabo su propia versión del golpe electoral de Trump. Dijo que Brasil tendría 'problemas peores que en Estados Unidos' en sus elecciones.

Al igual que en Washington hace dos años, el asalto a las sedes del poder gubernamental por parte de los partidarios fascistas de Bolsonaro contó con la aquiescencia decisiva de la policía, los militares y otros sectores del Estado.

El día anterior, el diario O Estado de São Paulo ya había informado de que los informes de inteligencia del gobierno indicaban que 100 autobuses con 3.900 personas se dirigían a Brasilia para una manifestación el domingo contra el gobierno electo de Lula. Según el mismo diario, la acción había sido anunciada en los canales de medios sociales pro-Bolsonaro desde el 3 de enero.

Los horarios de los autobuses que llevaban a los manifestantes de diferentes partes del país a la capital se anunciaban públicamente, con lemas como: 'toma Brasilia'; 'ocupa el Ejecutivo, el Congreso y el STF'; 'Plan B: ¡todos al Congreso!'. Uno de los vídeos publicitarios llamaba a un 'movimiento generalizado de desobediencia civil' los días 7 y 8 de enero para 'rodear el Palacio [Presidencial], no dejar entrar a ningún senador, ministro, juez' y declarar un 'gobierno provisional' que más tarde obtendría el apoyo de los militares.

Estas personas, traídas en autobús desde otras partes del país, se unieron a un grupo más pequeño de soldados fascistas de a pie acampados frente al cuartel general del ejército en Brasilia desde noviembre. Este campamento, cultivado por líderes del gobierno de Bolsonaro, sirvió como centro organizativo para acciones sistemáticas destinadas a derrocar los resultados electorales. Entre ellas, un complot terrorista que incluyó un atentado fallido con bomba en el aeropuerto de Brasilia el 24 de diciembre.

A pesar de tener conocimiento previo de los preparativos del 8 de enero y de haber observado durante meses las acciones de los fascistas que lo organizaban, las fuerzas policiales de Brasilia permitieron deliberadamente que se ejecutara el plan.

Alrededor de las 14 horas, los manifestantes marcharon desde el campamento en el cuartel general del Ejército hasta la Praça dos Três Poderes (Plaza de los Tres Poderes). Antes de las 15.00 horas ya estaban dentro del Congreso, y pronto tomaron el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo.

Reporteros del Estado de São Paulo presentes en el acto declararon: 'Más de tres horas después del inicio de la invasión, los radicales seguían llegando para reforzar sus actos terroristas. Pasaban delante de grupos de policías, que permanecían complacientemente inertes sin impedir el acceso de los invasores'.

La actitud de los policías no era simplemente de complacencia, sino más bien de abierta admiración. Agentes de la policía militar fueron grabados charlando amistosamente y haciéndose selfies con los manifestantes fascistas mientras asaltaban los edificios del Estado.

Con los intentos supuestamente fallidos de la policía brasileña —reconocida internacionalmente como una de las fuerzas represivas más violentas y asesinas del mundo— de contener la protesta, la turba fascista tuvo tiempo y espacio suficientes para invadir y destrozar el interior de los edificios. Tras retomar su sede, funcionarios del gobierno de Lula denunciaron que los manifestantes robaron armas y municiones de la Gerencia de Seguridad Institucional (GSI).

Bolsonaro, que se encuentra en Orlando desde finales de diciembre, tras negarse a participar en la toma de posesión de Lula, tomó Twitter para distanciarse públicamente de lo ocurrido en Brasilia. Escribió que 'depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017 [en referencia a las protestas populares con reivindicaciones sociales], van más allá de la norma.'

El intento de Bolsonaro de desvincularse de las acciones en Brasilia imita la postura pública de Trump el 6 de enero de 2021. Este último acto es inseparable de todo el complot para derrocar las elecciones que Bolsonaro preparó y dirigió personalmente. Y, aunque aún está por demostrar su implicación directa en los hechos de ayer, no hay posibilidad de que no estuviera previamente al tanto de lo que iba a ocurrir, y sólo lo criticara a posteriori.

A pesar de reconocer el hecho como una grave amenaza, la reacción del gobierno del PT expone tanto la impotencia como el papel reaccionario de este representante político de la clase dominante brasileña.

Al final de la tarde, Lula se pronunció, condenando el atentado y decretando la intervención federal en el Distrito Federal (DF), que quita las fuerzas de seguridad de las manos del gobernador del estado, Ibaneis Rocha, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), y las pone bajo el control directo del gobierno federal.

Lula calificó a los autores del atentado de 'fascistas fanáticos' que 'hicieron lo que nunca se hizo en la historia de este país'. Dijo que 'este genocida [Bolsonaro]... no sólo estimuló esto, sino que, quién sabe, lo sigue estimulando a través de las redes sociales... desde Miami, donde se fue a descansar. De hecho, donde huyó para no entregarme la banda presidencial'.

Al anunciar la intervención federal en Brasilia, Lula reconoció públicamente que el domingo y en otros episodios recientes, los responsables de la 'seguridad pública del Distrito Federal' actuaron con 'mala voluntad o mala fe'. Hablando del secretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, Lula declaró que 'su reputación de connivencia con las manifestaciones' es 'conocida por todos'.

A través de su representante legal, la Procuraduría General de la República, el gobierno de Lula exigió al Supremo Tribunal Federal (STF) la detención inmediata de Torres y de todos los involucrados en las acciones del domingo. Al igual que Bolsonaro, Torres se encuentra en Estados Unidos. A última hora de la noche, el STF decretó la destitución por 90 días del gobernador Ibaneis.

Si bien Lula afirma que su gobierno tomó estas acciones 'para garantizar de una vez por todas que esto no vuelva a suceder en Brasil', estas medidas sólo tocan la punta del iceberg.

Una parte crítica de las fuerzas responsables de los ataques fascistas del 8 de enero y de los meses anteriores en Brasil siguen ocupando puestos de poder en el aparato del Estado e incluso en el propio equipo de Lula. En particular, la responsabilidad del ministro de Defensa de Lula, José Múcio Monteiro, es flagrante.

Hace menos de una semana, Múcio se opuso públicamente a cualquier represión del movimiento fascista que organizaría la invasión de los edificios que albergan los tres poderes del gobierno de Brasil y declaró su simpatía por los participantes. 'Esas manifestaciones en el campamento, y lo digo con mucha autoridad porque tengo familia y amigos allí, son manifestaciones de democracia', dijo el ministro.

El domingo, Múcio visitó el campamento frente al cuartel general del Ejército, al parecer para inspeccionarlo y 'sentir el estado de ánimo' de los manifestantes. Poder360 informó de que había hablado con el ministro a las 14.27 horas, minutos antes de que el Congreso fuera asaltado, y lo citó diciendo que la manifestación estaba 'por ahora, tranquila'.

El diputado del PT Washington Quaquá señaló que, además de Múcio, el ministro de Justicia, Flávio Dino, del Partido Socialista Brasileño (PSB), tenía responsabilidad directa en lo ocurrido. Dijo a Metrópoles: 'Tanto Dino como Múcio fueron advertidos hace días sobre esta invasión. Esto nunca podría haber ocurrido. Dino y Múcio eran inoperantes'.

La elección por parte del PT de Múcio y otras figuras de la derecha para puestos de liderazgo en su gobierno no fue producto de una mala toma de decisiones. Fueron seleccionados precisamente para facilitar un acomodo del nuevo gobierno con las crecientes fuerzas fascistizantes dentro del ejército y del Estado.

Los esfuerzos del PT y sus partidarios de pseudoizquierda en el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) por crear ilusiones en las supuestas inclinaciones democráticas de la podrida burguesía brasileña y su Estado —que sólo pueden generar reacción política— les hace políticamente responsables del desarrollo de un movimiento fascista en Brasil.

(Publicado originalmente en inglés el 9 de enero de 2023)