La manifestació que va tenir lloc el passat dissabte, 15 d'octubre, a Madrid, convocada per diverses organitzacions de pensionistes, sota la consigna de lluitar per l'IPC real, tant pels treballadors com per els pensionistes, ha sigut tot un éxit. Així ho explicava Ramón Franquesa aquest dilluns, 17 d'octubre, a la Plaça Universitat, davant de centenars de persones:

Ramón Franquesa dirigint-se als pensionistes reunits, com cada dilluns, en la Plaça Universitat, avui dilluns 17 d'octubre.

"Hem de felicitar-nos per l'enorme mobilització del dissabte, 15 d'octubre. Ha estat un pas endavant, no ha estat un pas fàcil, perquè hem hagut d'enfrontar moltes coses. En primer lloc, el silenci dels mitjans de comunicació. De cop van aparèixer 50.000 persones a Madrid, que no se sabia d'on sortien, perquè abans pràcticament van tractar de tapar com van poder la nostra convocatòria. Van tractar de silenciar la marxa que havíem iniciat des d'Alzira fins a Madrid. En quins mitjans s'explicava? En les nostres xarxes i damunt ens les tallaven, ens llevaven els comptes perquè no es difongués, però hem aconseguit portar 50.000 persones a Madrid...."

Clica en el arxiu d'audio per escoltar els discursos de la companya que va realitzar la marxa des d'Alzira fins a Madrid amb 21 companys més. També pots escoltar l'al·locució d'Angel Tubau i de Ramón Franquesa, entre d'altres. Temps aproximat 30 minuts.

Las personas pensionistas, y trabajadoras en activo, venimos sufriendo un proceso continuo de pérdida de derechos sociales y de restricción de libertades en especial desde la crisis del 2008, que sumió al Estado en una enorme deuda pública para rescatar a los bancos, que acarreó fuertes recortes a la ciudadanía.

La epidemia ha mostrado el efecto de la degradación de los servicios públicos reduciendo la capacidad de la ciudadanía para enfrentarse el COVID y, de nuevo, ha servido de excusa para despedazar y privatizar sectores enteros del estado del bienestar.

Ahora se pretende esgrimir la guerra como pretexto para nuevos sacrificios. Mientras se insiste que no hay recursos para proteger a la gente, para sanidad, educación o las pensiones, se pretende elevar el gasto militar del 1,2 al 2% del presupuesto público.

Hemos visto que privatizar la provisión de derechos sociales como la sanidad, la educación o las residencias en forma de negocios privados y subcontrataciones, repercute en un claro empeoramiento de las prestaciones y una grave degradación de las condiciones de trabajo en esos sectores.

Pero como el poder financiero es insaciable, ahora impone una ley de Fomento de los Planes de Pensiones de Empresa, con la complicidad del poder político y de algunos sindicatos para apoderarse y privatizar la gestión de las cotizaciones sociales destinadas a las pensiones públicas.

Sufrimos las consecuencias del incremento exponencial de la deuda y el déficit público para rescatar al sistema financiero, y la imposición de una política fiscal que beneficia las rentas de capital en detrimento de las rentas de trabajo y facilita el fraude fiscal empresarial. Para muestra un botón: en 2021 las empresas cotizadas en Bolsa, obtuvieron unos beneficios de 64.021 millones de euros y dentro de ellas las compañías de producción de energía ganaron 10.117 millones, cuadruplicando los de los años 2020 y 2019.

No solo estamos en una crisis, estamos también ante un robo organizado para sustraer de los bolsillos de la gente sus rentas y engordar con ellas los beneficios de los oligopolios financieros, de la energía y de las materias primas. La causa fundamental del incremento de los precios, no son los salarios ni las pensiones son quienes en régimen de monopolio fijan los precios para mantener e incrementar sus beneficios. En lo que va de 2022, además de lo perdido en 2021 (3% en el caso de las pensiones) la subida media de los salarios ha sido de un 2,4% y las pensiones un 2,5% mientras el IPC lo ha hecho en un 10,2%.

Es una crisis económica, ecológica y social proyectada con un escenario de guerras por la disputa de la hegemonía económica internacional con el desvío de cuantiosos recursos públicos para la industria militar y el ejército. Además de la pérdida de libertades, aumento de la represión y el autoritarismo, se acentuará el reparto desigual de la riqueza mediante la creciente apropiación de recursos públicos por parte de los oligopolios financieros en detrimento de los recursos destinados a salarios, pensiones, gasto social y a un modelo de desarrollo social y medioambientalmente eficiente.

En el Otoño la batalla por la distribución justa de la riqueza y la equidad de género será crucial y lo será especialmente en la defensa de los salarios y pensiones (nuevos recortes bajo el eufemismo de Pacto de Rentas) y en su vertiente de mejora y defensa de servicios públicos universales y comunitarios como la sanidad, educación y socio sanitarios de atención a la dependencia, serán el objetivo de todo tipo de recortes y procesos de privatización.

En este contexto, las plataformas y movimientos de pensionistas de los diferentes Pueblos y Comunidades del Estado abajo firmantes el día 15 de Octubre nos movilizaremos en Madrid y escenificaremos ante el Congreso de los Diputados la entrega de decenas de miles de firmas recogidas por la revalorización de las pensiones en función del incremento del IPC acumulado anual, por una Pensión Mínima del 60% delsalario medio y el rechazo a la privatización del Sistema Público de Pensiones (SPP).

También exigiremos la realización de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social aprobada en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, y todavía no realizada pese a que ya pasaron más de 6 meses desde que esa Ley fue aprobada, y ese era el plazo máximo para su realización, de acuerdo con el texto de la misma ley.

Recordemos que la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, en su disposición adicional sexta: "Informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social", dispone que en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.

Este será el primer paso de una movilización general que realizaremos en Noviembre en los Pueblos y Comunidades del Estado, hasta revertir las contrarreformas que nos están imponiendo, acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, recuperar los derechos perdidos en las sucesivas reformas de pensiones, generar un reparto equitativo de la riqueza y mejorar y garantizar servicios públicos y comunitarios universales de calidad.

Hacemos un llamamiento expreso a participar en la movilización a las personas y plataformas pensionistas, a las trabajadoras y trabajadores y a cuantas organizaciones sociales y sindicales que compartan estos objetivos quieran acudir. Todas y todos son bienvenidos.

¡¡Gobierne quien gobierne, las pensiones y los derechos se defienden!!

¡¡El 15 de octubre todos en Madrid !!

ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar),

COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones),

EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria),

MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa das Pensións Públicas),

MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos),

COESPE ante los comunicados del gobierno sobre las pensiones, tuvo que publicar la siguiente nota, que tiene un caracter aclaratorio de las cantidades que está manejando el gobierno de coalición, respecto al aumento de las pensiones, días antes de la celebración de la manifestación del 15 de octubre en Madrid.

Ante los comunicados del gobierno sobre las pensiones.

Estos últimos días hemos visto en la prensa que en el marco de la elaboración de los presupuestos, el gobierno pretendía aumentar las pensiones este año en un 8,5% en el marco de un 10,5% de inflación. El movimiento de los pensionistas, después de meses bajo amenazas desde el sector financiero y los medios de comunicación hegemónicos de aumentos mucho menores, saludamos ese compromiso como un paso en la buena dirección, pero que en ningún caso nos debe inducir a pensionistas y trabajadores a la desmovilización. Primero porque esas declaraciones se han dado en un contexto de creciente movilización y a poco más de una semana de la marcha sobre Madrid el 15 de octubre en defensa de una subida de pensiones y salarios con el IPC. Tememos que estos mensajes tengan una intención desmovilizadora. Recordamos a todos los pensionistas que no se trata más que de globos sonda y que no hay nada conseguido por el momento. Por ello la fuerza de nuestra movilización el 15 de octubre es más determinante que nunca.

Segundo porque el gobierno está sometido a fuertes presiones del poder financiero y la Comisión Europea para reducir aún más las pensiones, solo una fuerte y persistente movilización puede impedir que se reviertan esas promesas una vez más y veamos un efecto más negativo sobre los pensionistas.

Tercero porque no es claro que exista un propósito de giro social claro y riguroso. No parece muy coherente que los salarios que dependen del gobierno y que tienen un fuerte impacto en la negociación de los convenios, se hayan situado en el 4,5% al mismo tiempo que a nosotros se nos propone el 8,5%. Somos conscientes que las pensiones solo serán sostenibles si lo son también los salarios. También que si estamos obteniendo algo más, se debe a que llevamos 4 años en las plazas y estamos mostrando una determinación que contrasta con la resignación que otros sectores sufren los recortes.

Cuarto en un momento en que diversos fondos privados de pensiones están en una pendiente de bancarrota, en particular en la Bolsa de Londres y en el entorno del banco “Credit Suise”, se sigue insistiendo en la idea de desviar cotizaciones de la Seguridad social a Fondos Privados de Pensiones, poniendo en riesgo la percepción de las pensiones actuales y futuras. Solo la lucha está produciendo una cierta amortiguación de los proyectos antisociales sobre las pensiones. Pero en forma alguna estos proyectos se han revertido. Por ello sigue siendo fundamental nuestra movilización activa y contundente.

Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden

¡El 15 de Octubre, Todos a Madrid! 

La redacció de Las afueras.