Blindaje de la Sanidad Pública?
Por: Arturo Borges Álamo, miembro de la FADSP
Fuente original: hojadebate.es
En absoluto será posible con el Proyecto de Ley del Gobierno de coalición «para la consolidación de la cohesión, la equidad y la universalidad del SNS» (Sistema Sanitario Público).
El Proyecto de Ley señala que sus objetivos obedecen a la parte sanitaria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (componente18) cuyo tratamiento presupuestario es claramente insuficiente (1.069 millones € sobre 140.000 millones, el 0,76% de la inversión total) lo que demuestra que, una vez más, el sistema sanitario público queda postergado. Los expertos consideran que la inversión destinada a este sistema sanitario no debería ser inferior al 5% del total.
Aunque todo estará en veremos con la guerra de Ucrania, dada la desviación de sustanciosos fondos económicos al presupuesto militar, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España puede” puede suponer la aplicación de unos 72.000 millones de euros en los próximos tres años, mediante los llamados PERTE o proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, con los que se fomentará hasta el infinito la privatización de la salud mediante las “colaboraciones público-privadas.
Ahora se publica un texto en el que desaparece la anterior trasposición literal de la ley 15/97 y se aclara que los consorcios serán exclusivamente públicos, aunque a continuación se dice “Adicionalmente, se establecen las excepciones que habilitan la gestión indirecta de las estructuras y servicios públicos que integran el SNS y el régimen jurídico de los consorcios sanitarios. De forma excepcional y justificada se habilita la gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo y nunca sustitutoria. En consecuencia, para poder gestionar de forma indirecta la prestación y gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios, las administraciones públicas deberán motivar el cumplimiento de los siguientes criterios: a) la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios, b) la insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones y, c) la necesidad de recurrir a fórmulas diferentes a la de gestión pública directa.”
En fin, que nada de “blindar la provisión pública”, porque siguen dejándose “puertas abiertas” para privatizar el sistema sanitario cuya gestión pública a pesar de haber sido siempre “preferente” no ha evitado la creciente y considerable privatización a través de vías similares a las formuladas en el Proyecto de Ley ya que seguirá siendo posible la vinculación de centros privados a la red sanitaria pública por una doble vía: la del concierto sanitario prevista en el título IV, en su artículo 90, o la de los convenios singulares, establecidos en los artículos 66 y 67.
Por otro lado, se consolida el modelo de las Mutualidades de funcionarios que es el mayor factor de inequidad y discriminación dentro de la cobertura sanitaria financiada públicamente y que debe desaparecer. En este sentido se debería asegurar que todas las personas que se incorporan a este colectivo recibieran asistencia sanitaria por el SNS, dejando el sistema actual de asistencia sanitaria de las Mutualidades a extinguir.
En relación al acceso universal al SNS, aunque se amplía la asistencia sanitaria para españoles residentes en el extranjero y algunas personas no regularizadas, siguen habiendo cuestiones mejorables en cuanto a las facilidades de tramitación.
En relación a la cartera común de servicios del SNS, aunque se evita la incorporación de nuevos copagos sanitarios, no se plantea la disminución paulatina de los copagos actuales, hasta su total desaparición, para evitar que se perpetúe un mecanismo de financiación que penaliza a las personas más enfermas y/o con menos recursos económicos. Por otro lado, es inadmisible que la cartera común de servicios no incluya la salud sexual y reproductiva y la eutanasia, como si hace con la salud mental y los cuidados paliativos.
En el capítulo de la política del medicamento, se sigue sin propiciar una industria farmacéutica pública, dado el carácter estratégico para disponer de capacidad de respuesta en caso de emergencia y en casos de desabastecimientos. Una empresa pública que haga investigación básica y aplicada y comercialice el producto, orientada a dar respuesta a los problemas y demandas de salud de la población. En resumen, como señala la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, un proyecto manifiestamente mejorable que no garantiza ni blinda la provisión sanitaria pública y que avanza poco en la equidad, que incumple los compromisos del Gobierno de coalición, así como las reiteradas promesas de reforzar la Sanidad Pública y acabar con el proceso privatizador.