Sudáfrica defiende una causa universal

WILLIAM KENTRIDGE. – De la serie “Paper Procession”, 2023

Seis millones de judíos fueron asesinados por los nazis entre 1933 y 1945. Casi ochenta años después, Israel, el Estado que debía servir de refugio a los supervivientes del Holocausto y a sus descendientes, es acusado por Sudáfrica de estar ­cometiendo genocidio. El 29 de diciembre de 2023, en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, Pretoria solicitaba al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) que ordenara a Tel Aviv la suspensión inmediata de sus operaciones militares contra la Franja de Gaza, entre otras “medidas cautelares”, con el fin de evitar que se inflijan “daños irreparables” a los habitantes del enclave.

El Gobierno israelí declaró que la acusación carecía de fundamento y afirmó luchar contra Hamás, no contra la población palestina; las autoridades israelíes califican las atrocidades causadas por la organización palestina Hamás el pasado 7 de octubre como “el mayor asesinato masivo y premeditado de judíos en un solo día desde el Holocausto”, acusándola a su vez de cometer crímenes contra la humanidad (1).

El 26 de enero, el TIJ se pronunció reconociendo el “riesgo plausible” de genocidio e instando a Israel a “tomar las medidas que estén en su mano” para evitar un mayor derramamiento de sangre en Gaza de conformidad con la Convención de 1948. Reconoció la urgencia de la situación y enunció cuatro tipos de medidas cautelares: abstenerse de cometer actos reconocidos como de genocidio por la Convención de 1948, evitar y castigar la incitación a realizarlos, permitir la ayuda humanitaria y preservar las pruebas. Asimismo, instó a que, en el plazo de un mes, se envíe un informe al Tribunal con las acciones emprendidas para implementar el dictamen. Pero no ordenó el esperado alto el fuego.

El dictamen tendrá escasos efectos concretos sobre la situación de los gazatíes, ya que el TIJ no dispone de medios para imponer nada a los Estados desobedientes. En cambio, sus consecuencias políticas y simbólicas podrían resultar considerables. Al ordenar que se tomen estas medidas, el TIJ reconoce –antes de un dictamen definitivo que tal vez lleve años– que el riesgo de genocidio es lo bastante grande como para que esté justificado que se inste a Israel a tomar medidas cautelares (2). El procedimiento se da en un momento en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), paralizado por el veto estadounidense, es incapaz de decretar un alto el fuego o incluso de establecer límites serios a las acciones del Ejército israelí. Las advertencias realizadas por el secretario general de la ONU, António Guterres, y por numerosos organismos del sistema de la ONU sobre vulneraciones del derecho humanitario no han tenido ningún efecto en Washington y su aliado británico (3). “Lo que está en juego es la propia reputación del derecho internacional”, asegura la abogada Blinne Ni Ghrálaigh, del equipo de juristas de Pretoria.

Ante la inacción de la comunidad internacional, amparada por un silencio mediático ensordecedor en Europa, el TIJ se ha erigido en la única instancia capaz de defender el derecho y dar voz a los palestinos. El 13 de noviembre de 2023, un grupo de juristas ya había sugerido que el asunto se remitiera al TIJ, mientras que varias asociaciones y el Estado de Palestina solicitaban al Tribunal Penal Internacional (TPI) que emitiera órdenes de detención contra varios dirigentes de Tel Aviv. Pero, mientras que el fiscal del TPI, Karim Khan, mostró gran celeridad a la hora de presentar una acusación contra el presidente ruso Vladímir Putin en su día, en este caso parece creer que las pruebas todavía no la justifican. Por otra parte, también se han presentado denuncias contra dirigentes de Hamás, sin resultado por el momento.

El hecho de que el TIJ haya admitido como prueba la cobertura mediática de la destrucción de Gaza y del sufrimiento de la población constituye en sí mismo un reconocimiento de la gravedad de los hechos y de la importancia de la denuncia tras décadas de contención. “No es irrelevante que estos hechos se presenten en un marco formal, conforme a los códigos jurídicos vigentes, pronunciados por abogados y escuchados por jueces –analiza la periodista y ensayista suda­nesa Nesrine Malik–. Todo ello ha puesto de relieve la enormidad de la negación de los derechos de los habitantes de Gaza”. El caso ha puesto de manifiesto “la escandalosa negligencia de la “comunidad internacional” (4). Aunque decepcionado por la ausencia de una petición de alto el fuego entre las medidas cautelares, el profesor Tom Dannenbaum, de la Escuela de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad de Tufts, considera que “el mero hecho de que unos jueces recapitularan esos sucesos y declaraciones oficiales es de por sí un mensaje poderoso” (X, 26 de enero).

Referencias a Amalec

La carga simbólica se deriva tanto de la identidad del acusado como de la del acusador. Para su defensa, Tel Aviv designó al juez Aharon Barak, superviviente de la Shoá, mientras que Pretoria nombró a su homólogo Dikgang Ernest Moseneke, compañero de cautiverio de Nelson Mandela en Robben Island. Último país colonizado de África y vencedor pacífico contra uno de los regímenes racistas más criminales de la historia –el apartheid–, Sudáfrica goza de una legitimidad innegable para presentar la denuncia. El apego del país a la causa palestina viene de lejos, y el propio Mandela, que visitó los territorios ocupados en 1999, declaró: “Nuestra libertad está incompleta sin la libertad de los palestinos”, declaraba.

Sudáfrica siempre ha acompañado su apoyo con acciones concretas: el reconocimiento de la soberanía del Estado palestino desde 1995 y la condena sistemática de las operaciones militares israelíes en Gaza desde 2006. Pretoria trató de incluir la palabra “genocidio” en un comunicado de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) que pedía un alto el fuego el 22 de noviembre de 2023, pero se topó con la reticencia de Rusia, acusada de genocidio ante el TIJ por Ucrania, y de China, acusada igualmente por el trato infligido a los uigures.

Israel ha pretendido desacreditar a Sudáfrica alegando supuestos vínculos entre dirigentes del Congreso Nacional Áfricano (ANC, por sus siglas en inglés) y Hamás. Pero, aunque se probaran tales relaciones, no podrían tener la menor repercusión en el caso porque, dado que el genocidio es un crimen contra la humanidad, este debe ser llevado a un juicio propio e ­impedido por cualquier medio por cualquiera y dondequiera que se cometa. El TIJ lo recordó cuando desestimó la petición de Tel Aviv de proyectar en la sala el vídeo de las atrocidades cometidas por Hamás y la Yihad Islámica el 7 de octubre de 2023. Puesto que nada, en ningún caso, puede justificar la destrucción de un pueblo por el hecho de serlo, cualquier tentativa de explicación es en sí misma estéril.

Así pues, el dosier elaborado por Pretoria insiste en responder con ­detalle a los criterios constitutivos del crimen de genocidio: masacres –directas o por destrucción deliberada de los medios indispensables para la ­vida, como la alimentación o los cuidados médicos– de un grupo determinado de personas con la intención de destruirlo, total o parcialmente, como tal por razones étnicas, raciales o religiosas… Remitiéndose a informes internacionales, los juristas del equipo sudafricano reseñaron el elevado número de muertos, de los cuales probablemente ocho de cada diez son mujeres y niños –según la ONU–, el desplazamiento forzoso de al menos el 85% de la población de Gaza, el cierre de dos tercios de los hospitales y la falta de refugios seguros, incluso en el sur del enclave, que también está siendo bombardeado. “Esta matanza significa nada menos que la destrucción de toda vida en Palestina”, sintetiza la jurista Adila Hassim.

Tel Aviv ha justificado sus operaciones por el empleo, ello mismo constitutivo de crímenes de guerra, de “escudos humanos” por parte de Hamás, que habría instalado sus puestos de mando en edificios civiles e instalaciones hospitalarias. Sin embargo, su equipo jurídico no ha sido capaz de demostrar, señala el jurista Kenneth Roth (5), que su respuesta haya sido “proporcionada”, como exige el derecho internacional, ni ha podido justificar el uso probado de bombardeos intensivos sobre zonas densamente pobladas, que en ese caso resultan forzosamente “indiscriminados”. Israel tampoco ha podido demostrar que el hospital Al Shifa, destruido por ataques masivos y continuados, albergara un cuartel general de Hamás.

Para sustentar el elemento intencional, el equipo sudafricano de juristas ha presentado varias declaraciones oficiales realizadas por las autoridades israelíes: entre ellas la del ministro de Defensa, Yoav Galant, que calificaba a los palestinos de “bestias humanas”, la del presidente, Isaac Herzog, refutando cualquier distinción entre Hamás y los civiles forzosamente cómplices, y sobre todo las repetidas referencias –incluso en boca de Netanyahu– a los amalecitas, descendientes de Amalec, que según se relata en el Antiguo Testamento eran una tribu en constante guerra con los israelitas: a lo largo de los textos bíblicos se llama al asesinato de todos ellos, “hombres, mujeres, niños y recién nacidos”. Pretender que dichas declaraciones se tomaron al azar y no son representativas, como ha alegado el equipo jurídico de Israel, no se sustenta dado el rango de quienes las formularon y el hecho de que no fueron ni desautorizadas ni sancionadas.

“Un mensaje genocida”

Tel Aviv argumenta que los comentarios ofensivos no forman parte de un plan deliberado característico de un propósito genocida, sino que reflejan, ­ante todo, la conmoción que causaron las masacres del 7 de octubre. Hasta el momento, en efecto, el TIJ fundamentaba su reconocimiento de este crimen contra la humanidad en la existencia de un plan o una política “exterminadora” intencionada por parte de un Estado o de una organización (casos Bosnia contra Yugoslavia y Gambia contra Myanmar). En el caso de Gaza, por tanto, la máxima instancia judicial de la ONU tendrá que determinar si el efecto acumulativo de las declaraciones y los hechos sobre el terreno equivale a lo mismo. Los vídeos de soldados israelíes recreándose en sus acciones y refiriéndose a Amalec contribuyen a ello en la medida en que “sugieren –según Roth– que el mensaje genocida se abre camino”.

Más hábilmente, Tel Aviv ha planteado el desequilibrio de una acción legal en la que todas las consecuencias recaerían sobre ella y ninguna sobre Hamás. La interrupción de las operaciones militares daría ventaja a la organización palestina, argumentan los abogados de Israel. Esta es, de hecho, la primera vez que se acusa de “genocidio” a un Estado que reacciona ante una agresión armada calificada de “terrorista” y que sostiene ejercer su derecho a la legítima defensa.

Anticipándose a la objeción, Sudá­frica comenzó por condenar claramente y sin ambigüedades los crímenes del 7 de octubre de 2023 al inicio de su requerimiento; a continuación, pidió al Tribunal que ordenara a Pretoria y a Tel Aviv, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud de la Convención de 1948, que tomaran todas las medidas a su alcance para impedir el crimen de genocidio.

En esta fase del procedimiento, es suficiente con demostrar meramente que la posibilidad de que se esté llevando a cabo un genocidio es plausible y que existe un riesgo inminente de “daños irreparables” infligidos a la población de Gaza, incluso mediante la destrucción de pruebas. En 1993, el TIJ ordenó medidas cautelares análogas contra Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y en noviembre de 2023, contra Myanmar en el caso de los rohingya.

El 26 de enero, el TIJ reconoció la validez de los argumentos presentados por Sudáfrica, a saber: la existencia de un riesgo “real e inminente” de “daños irreparables” infligidos a los palestinos de Gaza, una población ahora protegida por la Convención de 1948. Recogió las declaraciones de varias autoridades, como Galant y Herzog, en calidad de prueba de la acusación de incitación al genocidio. Citó los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia de las Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNWRA, por sus siglas en inglés), así como las declaraciones del secretario general adjunto de asuntos humanitarios Martin Griffiths, en las que estimaba que las condiciones de vida de los palestinos de Gaza, la imposibilidad de brindarles auxilio y cuidados médicos, así como el número de mujeres y niños muertos, hacen que la situación en Gaza caiga en el ámbito de la Convención sobre el genocidio. Pero, aunque el TIJ considera que la continuación de las operaciones militares amenaza con agravar aún más la situación, no ha juzgado necesario o posible ordenar un alto el fuego. Es posible que la amenaza que constituye Hamás para la seguridad de Israel haya prevalecido sobre las demás consideraciones. No obstante, el Tribunal ha instado a Israel a adoptar todas las medidas que estén en su mano para garantizar la ayuda humanitaria, impedir todo acto criminal que entre bajo la jurisdicción de la Convención de 1948 y castigar todas las incitaciones al genocidio que se constaten. Así –pese a los esfuerzos de Israel, que le había pedido que se declarara incompetente–, el TIJ reconoce la seriedad de las acusaciones de Sudáfrica a la vez que restringe su juicio al ámbito del derecho y rechaza entrar en consideraciones políticas.

“En realidad, el Tribunal no quería hablar de un alto el fuego o de acciones militares de autodefensa –analiza en X Juliette McIntyre, de la University of South Australia–. Tuvo buen cuidado de subrayar que su papel se limitaba exclusivamente a las infracciones de la Convención”. La decisión, apoyada por una amplia mayoría de magistrados, es una victoria incontestable para Sudáfrica y los palestinos, cuyos derechos –como publicó en X Alonso Gurmendi, del King’s College– quedan reconocidos, por más que el Tribunal hubiera podido mostrarse más preciso en cuanto a las medidas a imponer a Israel. Tel Aviv, por su parte, insiste en el hecho de que el juicio del 26 de enero de ninguna manera anticipa la decisión final sobre la existencia de un genocidio, y recuerda “el derecho inalienable de su país a defenderse” (comunicado en X de Lior Haiat, portavoz del ministro israelí de Asuntos Exteriores).

El apoyo político a la acción de Sudáfrica ha llegado a raudales de todas las regiones del mundo, especialmente desde el “Sur” global: Brasil, Colombia, Indonesia, Egipto, Turquía, etcétera. Más de cincuenta países en total, aunque por el momento ninguno se haya implicado formalmente en el requerimiento sudafricano. La acción llevada a cabo por Pretoria es extraordinaria en el sentido más literal. Un Estado del Sur acusa a una nación desarrollada, que declara formar parte de Occidente, de estar cometiendo uno de los crímenes más graves del derecho internacional.

“Cruzar una barrera moral”

Mientras que treinta y dos países, entre ellos los veintiséis Estados miembro de la Unión Europea, se han sumado a la demanda presentada por Ucrania contra Rusia ante el TIJ sobre la misma base jurídica –la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio–, ningún país occidental ha respaldado diplomáticamente la denuncia de Sudá­frica contra Israel por genocidio en Gaza. Solo Alemania contempla participar en el juicio... pero del lado de Israel. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, deniega el valor de la denuncia que, según él sería “infundada”, mientras que el primer ministro británico, Rishi Sunak, la tacha de “injustificada”. En cuanto al ­ministro francés de Asuntos Exteriores, Stéphane Séjourné, le reprochó “cruzar una barrera moral” el pasado 17 de enero en la Asamblea Nacional francesa.

Sudáfrica ha jugado la carta simbólica al máximo enviando a La Haya una delegación internacional de juristas blancos y negros, hombres y mujeres, encarnando visualmente así la universalidad de su requerimiento. Es toda la humanidad la que se queja. Este juicio también denuncia el “doble rasero” en el que se han apoltronado los occidentales y que pone en riesgo todo el orden internacional construido sobre el “nunca más”. Dado que todos los países occidentales ratificaron la Convención sobre el crimen de genocidio, está en su deber no solo respetarla, sino también hacer que se respete.

Así, en una conferencia de prensa celebrada a principios de enero de 2024, el embajador de Francia ante la ONU, Nicolas de Rivière, que sin duda aún no había recibido instrucciones concretas sobre esta cuestión, reiteró que Francia estaba, por principio, a favor de la justicia internacional y que apoyaría los dictámenes del TIJ y del TPI, fueran cuales fueran. Según destaca el magistrado Reed Brody (6), la propia Tel Aviv, al aceptar el procedimiento y dedicarle importantes recursos, ha reconocido la legitimidad y la seriedad del proceso, debilitando a nivel moral su más que probable negativa a ejecutar una eventual sentencia negativa. Pero la presión moral de una “solución estigmatizante”, según la expresión de Roth, para un Estado nacido de un genocidio, será sin duda más fuerte sobre sus aliados norteamericanos y europeos, donde las poblaciones se han movilizado con fuerza a favor de los palestinos y no del Gobierno de Netanyahu.

Se producirá sin duda un pulso que podría aliviar a los habitantes de Gaza facilitando, al menos, la llegada y distribución de ayuda humanitaria. En Bélgica se alzan voces a favor de que el país se sume a la acción suda­fricana, en particular la de la vice­primera ministra Petra de Sutter. Sudáfrica está sopesando llevar a Londres y Washington ante los tribunales por complicidad en genocidio por su apoyo material al esfuerzo bélico ­israelí, mientras que la inacción de los demás signatarios de la Convención de 1948 podría llevarles también algún día ante el TIJ. Todos están específicamente obligados a hacer aplicar la decisión del 26 de enero.

La demanda de Sudáfrica contra Israel tiene una importancia geopolítica más amplia y que la excede. Pone, de hecho, a los países occidentales “en posición de desacreditar su propio sistema” y “la autoridad moral que se han arrogado para dirigir políticas exteriores supuestamente protectoras de los débiles y firmes frente a los agresores”, como señala Malik. “Es emblemático de una confrontación más amplia que revela las contradicciones occidentales y el debilitamiento de su poder de influencia” (7).