Palestina, el fantasma de la expulsión

TAYSIR BATNIJI. – De la serie “Fading Roses” (‘Rosas marchitas’), 2022

Es un lugar común afirmar que es más fácil empezar una guerra que terminarla. La que ha emprendido Israel contra la Franja de Gaza se anuncia ya como una ilustración singularmente convincente de este dicho. Para la extrema derecha israelí, dominante en el Gobierno formado por Benjamín Netanyahu a finales de 2022, la operación Diluvio de Al Aqsa ejecutada por Hamás el pasado 7 de octubre ha brindado la ocasión ideal para poner en práctica su proyecto de un Gran Israel que incluya Cisjordania y Gaza, lo que equivale a la integridad de la Palestina bajo el Mandato británico (1920-1948).

Las raíces político-ideológicas de las que surgió el Likud que Netanyahu lleva dirigiendo sin interrupción desde 2005 (ya antes lo había dirigido por primera vez entre 1996 y 1999) están compuestas por una doctrina de inspiración fascista conocida por el nombre de “sionismo revisionista”, nacida en el periodo de entreguerras. Antes de la fundación del Estado de Israel, esta corriente militaba a favor de englobar en el proyecto estatal sionista la totalidad de los territorios bajo mandato británico a ambas orillas del Jordán, lo que incluía la Transjordania, que Londres entregó a la dinastía hachemí. En lo sucesivo, su ambición se enfocó en el Mandato británico de Palestina, y reprochó al sionismo laborista dirigido por David Ben Gurión haber abandonado el combate en 1949 sin adueñarse de Cisjordania y Gaza.

Pero Ben Gurión y sus camaradas solo habían dejado el asunto para más adelante: ambos territorios fueron ocupados en 1967. Desde entonces, el Likud no ha cesado de doblar la apuesta del sionismo laborista y sus aliados a propósito del destino reservado a estos territorios. En vez de huir de los combates como en 1948, la inmensa mayoría de la población de Cisjordania y Gaza se aferró a sus tierras y viviendas en 1967. Habían aprendido la lección: el 80% de los habitantes palestinos del territorio sobre el cual acabó por establecerse el Estado de Israel en 1949 –es decir, el 78% del Mandato británico de Palestina– huyeron buscando un refugio temporal que acabó siendo definitivo cuando el nuevo Estado les prohibió el regreso. Una usurpación que se halla en el núcleo de lo que los árabes llaman la Nakba: la “catástrofe” (1).

Como el éxodo palestino no se reprodujo de forma idéntica en 1967 (pese a que 245.000 palestinos, en su mayor parte refugiados de 1948, huyeron a la otra orilla del Jordán), el Gobierno israelí se encontró enfrentado al dilema de una voluntad de anexión contradicha por un factor demográfico: acaparar los dos territorios otorgando la ciudadanía israelí a sus habitantes pondría en peligro el carácter judío del Estado de Israel, y anexionarlos sin naturalizar a sus poblaciones comprometería su carácter democrático (una “democracia étnica”, según el sociólogo israelí Sammy Smooha) al crearse oficialmente una situación de apartheid. La solución que se halló al dilema –conocida con el nombre de Plan Allon por el vice primer ministro Igal Allon, que lo elaboró en 1967-1968– consistía en adueñarse a largo plazo del valle del Jordán y de las zonas con escasa densidad de población palestina en Cisjordania y considerar la restitución del control de las zonas pobladas a la monarquía hachemí.

El Likud, que se oponía a este proyecto, militó sin descanso en favor de la anexión de los dos territorios ocupados en 1967 y de su completa colonización con dicho fin, sin limitarse a las zonas previstas por el Plan Allon en Judea y Samaria (la denominación bíblica de las regiones a las que pertenece Cisjordania). Ganó las elecciones en 1977: menos de treinta años después de la fundación del Estado de Israel, la extrema derecha sionista se ponía a los mandos del país. Un control que ha mantenido durante la mayoría de los cuarenta y seis años que han pasado desde ­entonces, de los cuales más de dieciséis ha estado bajo la dirección de Netanyahu, con un sostenido desplazamiento hacia una derecha todavía más extrema.

El levantamiento popular palestino conocido por el nombre de primera intifada, que estalló a finales de 1987, puso en aprietos la hegemonía del Likud y la perspectiva del Gran Israel. Los laboristas regresaron al poder en 1992 bajo la dirección de Isaac Rabin, decididos más que nunca a poner en práctica su plan de 1967. La monarquía jordana, tras renunciar oficialmente a administrar Cisjordania en 1988 –en plena intifada–, fue sustituida ­como interlocutora por la Organización para la Liberación de ­Palestina (OLP). La dirección de la central palestina aceptó abandonar provisionalmente las condiciones sine qua non de la retirada, con el tiempo, del Ejército israelí de todos los territorios palestinos ocupados en 1967 y del desmantelamiento de las colonias, empezando por el cese de su expansión. Así fue como se cerraron los Acuerdos de Oslo, firmados en Washington por Isaac Rabin y Yasir Arafat en septiembre de 1993 bajo el patrocinio del presidente estadounidense William Clinton.

En 1996 el Likud volvió al poder bajo la dirección de Netanyahu, pero fue vencido de nuevo tres años después por los laboristas, al frente de los cuales se hallaba Ehud Barak. Netanyahu tuvo que dimitir y fue sustituido por Ariel Sharón en la dirección del partido. Este último llevó al Likud a la victoria en 2001 tras provocar el estallido de la segunda intifada al presentarse en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén en el otoño del año 2000. En 2005 procedió a una retirada israelí unilateral de la Franja de Gaza y al desmantelamiento de unas cuantas colonias allí establecidas, dando así satisfacción a unos militares que habían experimentado las dificultades de controlar este territorio, densamente poblado. Lo que ante todo interesaba a Sharón era la anexión de la mayor parte posible de Cisjordania, en lo que era una apuesta maximalista y unilateral por la opción formulada en el Plan Allon.

Netanyahu, a quien Sharón había confiado la cartera de Finanzas, protagonizó una sonada dimisión del Gobierno en protesta por la retirada de Gaza. Al hacerlo apeló a motivos de seguridad, algo que regalaba los oídos de las bases más ideologizadas del Likud, así como al movimiento de los colonos. Sharón, que se encontraba en una posición delicada en el seno de su propio partido, dejó la dirección en el otoño de 2005 para cedérsela a Netanyahu. De nuevo en el cargo de primer ministro en 2009, este último se mantuvo en él hasta junio de 2021, batiendo así el récord de permanencia en el puesto que hasta entonces ostentaba Ben Gurión. Volvió a acceder al cargo en diciembre de 2022 por medio de una alianza con dos partidos de la extrema derecha sionista religiosa calificados de “neo­nazis” en el periódico Haaretz incluso por Daniel Blatman, historiador israelí de la Shoah (2).

El partido Poder Judío, dirigido por Itamar Ben Gvir, procede directamente de Kach, partido fundado por el supremacista judío Meir Kahane, que abogaba por el “traslado” inmediato de los árabes fuera de la “tierra de Israel”, o dicho de otro modo: la limpieza étnica de todo el territorio situado entre el Mediterráneo y el Jordán (3). En cuanto a Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso, alimentó las crónicas políticas en octubre de 2021 al espetar a los diputados árabes de la Knéset: “Fue un error que Ben Gurión no acabara el trabajo y no los expulsara en 1948” (4).

El actual Gobierno israelí está, pues, dominado por figuras a quienes anima el deseo de hacer realidad el Gran Israel por medio de la anexión de los territorios conquistados en 1967 y la expulsión de las poblaciones autóctonas. Ahora bien, en condiciones normales, semejante proyecto solo podría verse cumplido tras un proceso de largo aliento y sin garantía de éxito: la creciente anexión de Cisjordania a través de la expansión de las colonias y el hostigamiento de la población autóctona (5), dos desarrollos que se han agravado considerablemente desde el acceso al poder del Gobierno de extrema derecha y la asfixia económica de Gaza.

Al igual que a la Administración de George W. Bush –plagada de personajes que habían exhortado a Clinton a invadir Irak, pero que se revelaban incapaces de poner en marcha su proyecto en frío–, a la extrema derecha israelí le hacía falta una poderosa ocasión política. Es sobre todo en este sentido en el que resulta pertinente la analogía entre los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la operación ejecutada por Hamás el pasado 7 de octubre, una comparación subrayada por Netanyahu al dirigirse al presidente estadounidense Joseph Biden durante la visita de solidaridad a Israel realizada por este último el 18 de octubre. El “Diluvio de Al Aqsa” fue explotado de inmediato por toda la extrema derecha israelí para impulsar la ejecución de sus designios expansionistas.

Es obvio que el Ejército israelí no estaba preparado para esta eventualidad. Los planes de guerra en respuesta a la operación del 7 de octubre tuvieron que elaborarse con carácter de urgencia, lo que explica el retraso del comienzo de la ofensiva terrestre en la Franja de Gaza. Las tres semanas que pasaron entre la operación de Hamás y el comienzo de la invasión, el 27 de octubre, fueron, no obstante, invertidas en bombardear concentraciones urbanas de forma intensiva con el fin de que la ofensiva terrestre pudiera desarrollarse con el menor coste humano posible de soldados israelíes (y, en consecuencia, el más elevado coste en vidas de civiles palestinos, de los cuales, como no podía ser de otro modo, una gran proporción han sido niños).

Las intenciones del Gobierno israelí de no hacer gran caso de la suerte de la población civil, compartidas por el gabinete de guerra creado el 11 de octubre, fue expresado de la manera más cruda por el ministro de Defensa, Yoav Galant –miembro “moderado” del Likud y rival de Netanyahu–, cuando el 9 de octubre anunció haber ordenado un cerco total de la Franja de Gaza, que justificó describiendo al adversario como “bestias humanas”. Desde entonces se han multiplicado las declaraciones del mismo jaez por parte de miembros del Gobierno y personajes influyentes de la vida política e intelectual israelí (6). Tanto es así que un colectivo de 300 abogados, especialmente franceses y europeos, presentó el 9 de noviembre una denuncia contra Israel ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por “crimen de genocidio en Gaza”: una calificación que implica intencionalidad (7).

La misma denuncia concierne a “los traslados de población”, y está motivada por el actual desplazamiento masivo de la población gazatí en el interior del enclave. En este sentido, la intencionalidad resulta más manifiesta. Inmediatamente después de lo sucedido el 7 de octubre, el Ministerio de Inteligencia israelí –que está dirigido por Gila Gamliel, otra miembro del Likud, y que garantiza la coordinación entre el servicio exterior del Mossad y el servicio interior del Shin Beth bajo la tutela del primer ministro– se puso a elaborar un plan para Gaza. Concluido el 13 de octubre, este proyecto, cuya divulgación 15 días después debemos a la página web contestataria israelí Mekomit, se titula “Opciones para una política sobre la población civil de Gaza” (8). Contempla tres posibles escenarios: a) los habitantes de Gaza permanecen en la Franja y son gobernados por la Autoridad Palestina; b) se quedan, pero son gobernados por una autoridad local ad hoc instalada por Israel; c) son evacuados de Gaza hacia el desierto egipcio del Sinaí.

El documento considera que las opciones (a) y (b) adolecen de importantes lagunas y que ninguna de ellas puede generar el suficiente “efecto disuasorio” a largo plazo. En cuanto a la opción (c), “tendrá resultados estratégicos positivos para Israel” y se juzga “factible” a condición de que “la jerarquía política” dé muestras de determinación frente a la presión internacional y logre asegurarse el apoyo de Estados Unidos y otros Gobiernos proisraelíes. A continuación, se describe en detalle cada una de las tres opciones.

El escenario que contempla la tercera, que es la que cuenta con el favor del ministerio, empieza por el desplazamiento de la población civil de Gaza fuera de la zona de combate, seguido de su traslado al Sinaí egipcio. En una primera fase, los refugiados serán albergados en tiendas de campaña. “La siguiente etapa comprenderá la creación de una zona humanitaria para ayudar a la población civil de Gaza y la construcción de ciudades en el área destinada a su realojamiento en el norte del Sinaí” a la vez que se mantiene un perímetro de seguridad tanto a un lado como a otro de la frontera.

El documento prosigue describiendo el modo de conseguir el desplazamiento de la población gazatí. Propugna un llamamiento a la evacuación de los no combatientes de la zona de enfrentamientos armados mientras los bombardeos aéreos se concentran en el norte de Gaza para abrir camino a la ofensiva terrestre, que habría de empezar por el norte y acabar ocupando toda la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, “es importante dejar abiertas las rutas hacia el sur para permitir la evacuación de la población civil hacia Rafah”, donde se encuentra el único paso fronterizo egipcio. El documento señala que esta opción se inscribe en un contexto mundial en el que se han banalizado los desplazamientos de población a gran escala, en especial a causa de las guerras de Afganistán, Siria y Ucrania.

El 13 de octubre, el mismo día en que se ponía el punto final a esta nota del Ministerio de Inteligencia, el Ejercito israelí instó a la población del norte de Gaza a dirigirse hacia el sur. El 30 de octubre, el Financial Times informaba que Netanyahu había solicitado de los Gobiernos europeos que ejercieran presión sobre Egipto con el fin de que diera luz verde al paso de refugiados de Gaza al Sinaí (9). Aunque apoyada por algunos de los participantes reunidos los días 26 y 27 de octubre en la cumbre europea, París, Berlín y Londres juzgaron que la perspectiva no era realista.

Según el Ministerio de Inteligencia, Egipto tendría, no obstante, la obligación de permitir el paso de la población civil en virtud del derecho internacional. A cambio de su cooperación, se prevé que reciba ayuda financiera para aliviar la crisis económica que padece el país. Ahora bien, pese a enfrentarse a una deuda considerable cuyo servicio se acerca al 10% del producto interior bruto (PIB), el presidente egipcio Abdelfatá al Sisi se ha opuesto categóricamente a todo traslado de la población de Gaza a suelo egipcio. Su Gobierno ha llegado incluso a organizar una campaña de carteles en los que se proclama: “No a la liquidación de la causa palestina a costa de Egipto”.

La razón de su negativa no reside, desde luego, en compromiso alguno con la causa palestina. El presidente egipcio la expresó públicamente en presencia del canciller alemán Olaf Scholz, que el 18 de octubre acudió a El Cairo para sondear acerca de dicha perspectiva. Al Sisi subrayó que el traslado de la población de Gaza al Sinaí convertiría al territorio egipcio en “una base para el lanzamiento de operaciones contra Israel”, poniendo así en peligro las relaciones entre ambos países (10). El Gobierno egipcio sabe hasta qué punto puede resultar explosiva la cuestión palestina, tanto más ahora que se ve enconada por la guerra. Análogamente, el Gobierno jordano, alarmado por la intensificación en Cisjordania, desde el 7 de octubre, de los abusos cometidos por los colonos y las operaciones del Ejército israelí, ha advertido contra todo desplazamiento de los palestinos al otro lado del Jordán.

En Israel, los partidarios del traslado de los gazatíes pueden, sin embargo, contar con la concentración en la frontera con Egipto de una gran muchedumbre de personas que huyen de la apisonadora de las fuerzas invasoras y que podrían acabar desbordando a la guardia de fronteras egipcia. Por otra parte, la negativa egipcia llevó a la ministra de Inteligencia, Gila Gamliel, a hacer el 19 de noviembre un llamamiento a la comunidad internacional para que acoja a los palestinos de Gaza y financie su “realojamiento voluntario” en todo el mundo, antes que movilizar fondos para la reconstrucción del enclave (11).

Washington, no obstante, se ha pronunciado categóricamente en contra de la reubicación de los palestinos fuera de Gaza. A la vez que ofrecen un apoyo sin reservas a la guerra emprendida por Israel, los dirigentes estadounidenses han multiplicado las declaraciones con advertencias a su aliado. El 15 de octubre, en una entrevista ofrecida a la cadena estadounidense CBS, el presidente estadounidense se mostró claramente opuesto a una nueva ocupación de Gaza, al tiempo que reconocía que es indispensable para Israel que invada la Franja si lo que desea es erradicar a Hamás (12). Eso explicaba la negativa de Washington, imitada por varias capitales occidentales, a solicitar un alto el fuego mientras este último objetivo no se vea cumplido. En resumen: Washington y sus aliados aprueban la ocupación temporal de Gaza con el propósito de extirpar de la zona a Hamás, pero desean que a ello le siga una retirada de las tropas israelíes.

La opción promovida por Washington consiste en el relanzamiento del proceso puesto en marcha por los Acuerdos de Oslo y en punto muerto desde el cambio de siglo y la segunda intifada. “Es preciso que haya un Estado palestino”, afirmó Joseph Biden en la CBS. Para ello, desea que el poder en Gaza sea devuelto a manos de la Autoridad Palestina con sede en Ramala. En una columna publicada en el Washington Post, el presidente estadounidense reafirmó su preferencia por la solución de los dos Estados al hacer un llamamiento a unificar Gaza y Cisjordania bajo el mando de una Autoridad Palestina “revitalizada”. Esta es la opción preferida por la mayor parte de los Gobiernos occidentales, pero también por Moscú y Pekín, así como por la mayoría de Estados árabes. Es apoyada por una parte de la oposición israelí, que pese a ello aprueba el anuncio realizado por Netanyahu de que Israel estará “de manera indefinida” a cargo de la seguridad en el interior de Gaza (13). Esa es la postura que manifestó el actual líder de la oposición israelí, Yair Lapid, cuyo partido rechazó formar parte del gabinete de guerra (14).

La futilidad de la opción de resucitar el proceso de Oslo y crear un Estado palestino resulta obvia a la propia luz de la patente contradicción con lo anunciado por Israel. Por lo demás, un Estado palestino creado en el marco de los Acuerdos de Oslo no podría ser sino un bantustán sometido al libre albedrío de Israel y, en consecuencia, estaría lejos de las condiciones mínimas sin las cuales ninguna solución pacífica podrá ser aceptada por los palestinos: retirada total de Israel de los territorios ocupados en 1967, desmantelamiento de la colonias y organización del regreso de los refugiados. Unas condiciones enunciadas en 2006 en un documento elaborado por los prisioneros palestinos encerrados en cárceles israelíes y aprobado por la práctica totalidad de las organizaciones palestinas, incluidos los distintos componentes políticos de la OLP y Hamás.

Cabe más bien temer que la actual guerra acabe desembocando, de hecho, en una nueva Nakba, como los palestinos no tardaron en presentir y como han anunciado abiertamente algunos políticos israelíes, con un problema de refugiados en suelo egipcio como resultado o, cuando menos, de “desplazados internos” en campos del sur de Gaza. Es evidente, por lo demás, que el propio objetivo de erradicar una organización implantada entre la población como lo está Hamás en Gaza no podrá lograrse sin una masacre de grandes proporciones. Todo ello muestra hasta qué punto ha sido irresponsable el apresuramiento de las capitales occidentales a la hora de expresar su apoyo incondicional a Israel: es inevitable que acabe volviéndose contra sus intereses y su propia seguridad. El verdadero fin de la partida en Gaza estará, no obstante, determinado por la evolución de los combates terrestres y la presión internacional sobre Israel.