Los golpistas se resisten a que la soberanía popular expresada en las urnas tenga su reflejo en las instancias de gobierno de los jueces, es decir, en el CGPJ.
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Los golpistas estan preparando la Sanjurjada, porque no han sabido, ni han podido, conquistar el poder político por vía democrática. Las grandes fortunas españolas, los fondos de inversión, las fundaciones americanas, los grandes bancos no han podido con el pueblo en las urnas e intentarán hacerse con el poder político por medio del golpe de estado, del fascismo, como siempre ha ocurrido, cuando el capitalismo ha entrado en crisis.
EL Artículo 122 de la Constitución española de 1978 establece, que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y magistrados.
Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
La regulación del Consejo General del Poder Judicial se recoge en el LIBRO VIII de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial , aprobado mediante la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La renovación del CGPJ ha afrontado retrasos en anteriores ocasiones. El actual bloqueo es el más largo de la historia del órgano de gobierno de los jueces, que lleva en funciones (okupado) desde el 4 de diciembre de 2018. El PP, Ciudadanos y Vox abogan por dar más protagonismo a los jueces y las asociaciones en el sistema de elección de vocales, mientras que PSOE, prefiere que la elección recaiga sobre el Parlamento- defienden en todo caso renovar primero el Poder Judicial y abrir después el debate sobre un nuevo sistema de elección.
Primera pregunta:
¿Quién gobernaba España cuando fueron elegidos los miembros del CGPJ?
El PP gobernaba España cuando fueron elegidos los miembros del CGPJ, que ahora están okupando ilegalmente dicho órgano desde hace cinco años. El PP usó le Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, así como el artículo 122 de la Constitución española de 1978, para designar a dichos miembros. ¿Planteó el PP en aquel momento que la forma de elección del CGPJ fuera otra a la que regía en aquel momento?
Respuesta:
Por supuesto que NO. Eligió a los que más le gustaban por su afinidad con el modelo de país que deseaba y con el sistema económico neoliberal que propugnaba, es decir, destrucción de todo lo público, privatización de todo lo público, venta a los fondos de inversión de todo lo público, etc.. y sobre todo, permitir que prescriban los casos de corrupción de miembros del PP.
En noviembre de 2018, el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo para elegir a los nuevos 20 vocales, 12 de ellos de origen judicial y ocho entre juristas de reconocida competencia.
Los vocales judiciales que formaban parte de aquel pacto fueron elegidos de entre la lista de 51 candidatos que el presidente del CGPJ saliente, Carlos Lesmes, envió a las Cortes en agosto de 2018.
Pero el pacto nunca se consumó. La filtración de un WhatsApp del senador del PP Ignacio Cosidó destapó la verdadera dimensión que para el partido conservador suponía aquel acuerdo.
"Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS [Tribunal Supremo] y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España".
"Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [Manuel Marchena], (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas [autoridad] para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda [la que juzga a los aforados] desde detrás y presidiendo la sala 61".
El CGPJ está secuestrado por el Partido Popular desde hace cinco años, un periodo en el que debían juzgarse cientos de casos de corrupción cometidos por miembros de ese grupo político por jueces cuyos nombramientos tienen un origen más que evidente. Sobreseimientos, aplazamientos, revisiones, prescripciones han jalonado unos procesos que han dado como resultado que la mayoría de los implicados estén a día de hoy en la calle, viviendo como si no hubiesen roto un plato en su vida. Queda claro, pues, la razón principal por la que el partido de Feijóo persiste en el bloqueo de un organismo principal para la democracia, aunque no sea el único.
Antecedentes de la noticia.
Javier Pérez Royo escribió en elDiario.es, el 2 de septiembre de 2021 el siguiente artículo:
El pasado 10 de agosto Tomás de la Quadra publicó en El País un artículo con el título "El blanqueo de la conducta inconstitucional del PP", en el que calificaba el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del PP como una "especie de golpe de Estado": "No se puede decir que son los partidos políticos los que bloquean la renovación de los miembros del CGPJ cuando es uno, el que lidera Pablo Casado, el que lo hace".
Se trata de una suerte de golpe de Estado reiterado y persistente, ya que el PP ha bloqueado dicha renovación en las dos únicas ocasiones en que ha dejado de ocupar la presidencia del Gobierno. Lo hizo tras perder las elecciones de 2004 y lo ha hecho, lo está haciendo, tras haber sido desalojado Mariano Rajoy de la Moncloa en 2018 por el triunfo de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez y perder en 2019 las dos elecciones generales celebradas en ese año.
El PP participa en la renovación de los órganos constitucionales, para los que se exige la mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso de los Diputados y el Senado, cuando ocupa la presidencia del Gobierno y se niega a participar en dicha renovación cuando deja de ocuparla y pasa a la oposición.
En este momento, no solamente está bloqueando la renovación de los miembros del CGPJ, sino que está bloqueando además la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), del Defensor del Pueblo y de los ministros del Tribunal de Cuentas. El golpe de Estado al que se refiere Tomás de la Quadra respecto del CGPJ exclusivamente, es un golpe de Estado múltiple, ya que afecta a todas las instituciones para cuya renovación el ordenamiento jurídico exige esa mayoría cualificada. Reiterado, ya que se ha producido cada vez que el PP deja de ocupar la Presidencia del Gobierno y persistente, ya que, en el caso del CGPJ han pasado ya más de 1000 días desde que caducó el mandato de sus miembros.
Las normas que presiden la renovación de tales órganos son las mismas hoy que en el momento en que se produjo la renovación anterior. Exactamente las mismas. Con dichas normas, el PSOE participó en la renovación de los mismos. El PP, por el contrario, se niega a hacerlo. Lo que vale cuando él gobierna deja de valer cuando está en la oposición. Eso, por lo visto, es lo que permite al PP autocalificarse de "partido constitucionalista" y excluir que el PSOE pueda ser considerado como tal.
El PP acepta la democracia "a beneficio de inventario". Es preferible gobernar democráticamente, es decir, tras haber ganado las elecciones. Pero, si no puedo gobernar democráticamente, no estoy dispuesto a permitir que gobierne el partido que las ha ganado. De una manera con José Luis Rodríguez Zapatero y de otra distinta con Pedro Sánchez, el PP ha considerado que el PSOE carecía de "legitimidad" para gobernar y, como consecuencia de ello, que se podía recurrir a cualquier tipo de artimaña, fuera la que fuera, para desalojarlo de La Moncloa.
Tal como está el patio, no alcanzo a ver cómo puede producirse una rectificación en la conducta del PP, que permita la renovación de los órganos constitucionales bloqueados. No solamente por la presencia de Vox, sino también por la reiteración del mensaje por parte del PP sobre la "ilegitimidad" del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
A partir de un determinado momento, un dirigente político no puede cambiar el mensaje con el que se ha dirigido reiteradamente a la ciudadanía. Su credibilidad política está vinculada al mensaje que ha venido transmitiendo. No puede decir ahora lo contrario de lo que ha venido diciendo desde hace más de dos años.
Donald Trump fue abucheado hace unos días en un mitin por recomendar a los asistentes al mismo que se vacunaran contra la Covid-19. Es muy probable que le ocurriera lo mismo a Pablo Casado si decidiera que el PP participe en la renovación de los órganos constitucionales bloqueados. Una vez que se apuesta por el "golpe de Estado", resulta difícil rectificar con credibilidad.
¿Cómo puede decirle Pablo Casado a los militantes y votantes del PP que se puede pactar con un Presidente "ilegítimo" como Pedro Sánchez, especialmente tras la decisión de Isabel Díaz Ayuso de optar por la Presidencia del PP en la Comunidad de Madrid? ¿Tiene margen para hacerlo emparedado entre Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso?
La no renovación de los órganos constitucionales del Estado es el indicador de una crisis constitucional en la que sabemos cómo hemos entrado, pero en la que me temo que no sabemos cómo podemos salir.
La Sanjurjada, según Wikipedia.
Las derechas monárquicas empezaron a conspirar contra la República desde su proclamación el 14 de abril de 1931, «día aciago para España», según José Yanguas Messía, exministro de la Dictadura de Primo de Rivera, porque ese día se «consumó la gran traición a España, decretada por las logias masónicas y por el Kremlin de Moscú», con el objetivo de destruirla «en su cuerpo y en su espíritu, entregándola a las fuerzas disgregadoras y corrosivas del separatismo político y el comunismo marxista». De hecho la primera reunión conspirativa de los monárquicos tuvo lugar el mismo día 14 de abril en casa del conde de Guadalhorce, Rafael Benjumea y Burín, exministro primorriverista, a la que asistieron los también exministros primorriveristas Yanguas Messía y José Calvo Sotelo, aunque la presencia de este último no está confirmada ―al poco tiempo se exilió en Portugal―. Tampoco está confirmada la presencia de Ramiro de Maeztu o de José Antonio Primo de Rivera. En la reunión se habló de la creación de un partido monárquico cuyo fin sería derrocar a la República recién proclamada y también se discutió del «nervio de la guerra»: las finanzas.
El día 8 de agosto se reunieron un grupo de conspiradores encabezados por los generales Sanjurjo y Barrera en una finca propiedad del duque del Infantado en las afueras de Madrid donde se acordó iniciar la sublevación dos días después, el 10 de agosto, a pesar de que en los días anteriores la policía había descubierto los planes de los conspiradores y había detenido a varios de los implicados. Azaña y el director general de Seguridad, Arturo Menéndez, conocían hasta la hora en que la sublevación iba a comenzar en Madrid (las 4 de la madrugada). Según Gabriel Jackson, «los conspiradores habían contado igualmente con que el general Franco se sublevaría en La Coruña; pero éste decidió unos días antes no sumarse, pues no creía que el pronunciamiento tuviera éxito». Por otro lado, a pesar de lo que se había previsto en un principio, finalmente la Comunión Tradicionalista no se adhirió a la sublevación.