América Latina se desmarca

Cartel de solidaridad entre Colombia y Palestina, diseñado por los japoneses Kohei Urakami y Taketo Ikegami, 2021.

“Los campos de concentración son prohibidos por el derecho internacional y quienes los desarrollen se transforman en criminales de lesa humanidad”. Las palabras publicadas el 9 de octubre de 2023 por el primer presidente de izquierdas de Colombia, Gustavo Petro, en la plataforma X (antes Twitter) no han pasado desapercibidas. Dos días antes, señaló la diferencia de trato que las potencias occidentales otorgan a “la ocupación rusa de Ucrania” y “la ocupación israelí de Palestina”. La frase introductoria del primer comunicado de la diplomacia colombiana, publicado en la mañana del 8 de octubre, hace un llamamiento al “diálogo entre Israel y Palestina”. Colombia condenó los ataques de Hamás contra civiles israelíes, pero no los calificó de “terroristas”. Simultáneamente, denunció los ataques contra los civiles palestinos.

Cuando el pasado 9 de octubre el ministro israelí de Defensa, Yoav Galant, anunció el cerco de Gaza explicando que “estamos luchando contra bestias humanas y actuamos en consecuencia”, Gustavo Petro replicó: “Esto decían los nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Israelíes y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional. Este discurso del odio, si prosigue, solo traerá un holocausto”. El embajador israelí en Bogotá, Gali Dagan, propuso entonces a Petro que visitaran juntos el campo de concentración de Auschwitz. “Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza”, respondió, también en X, el presidente latinoamericano. “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. […] Al presidente de Colombia no se le insulta”, advirtió en respuesta a una amenazante convocatoria de la embajadora de Colombia por parte de la Cancillería israelí, que calificó al jefe de Estado colombiano de “hostil” y “antisemita” (X, 10 de octubre). El 10 de noviembre, ante la inmensidad y amplitud de la masacre, y tras el bombardeo de varios hospitales gazatíes, Petro anunció que los equipos jurídicos de su Gobierno estaban preparando la presentación de cargos contra Israel ante todos los tribunales internacionales. El día 13, anunció en X que Colombia presentará “proposición en Naciones Unidas para que Palestina sea aceptada como Estado pleno”.

Su actitud resulta tanto más chocante cuanto, en el resto del mundo, las manifestaciones de apoyo incondicional a Israel se mezclan con muy tímidos llamamientos a la moderación. Salvo en América Latina, una región que, una vez más, se desmarca.

Cuando el 31 de octubre Israel bombardeó el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, Colombia no fue el único país de la región que llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv: Chile y Belice hicieron otro tanto, mientras que Bolivia llegó incluso a romper relaciones diplomáticas con Israel; el presidente Evo Morales (2006-2019) ya las había roto en 2009, pero tras el golpe de Estado que sufrió en 2019, fueron restablecidas por la dictadora Jeanine Áñez. Dos días después, fue Honduras el que llamó a consultas a su embajador. Cabría pensar que en la lista también encontraríamos a Cuba y Venezuela, pero hace mucho que dejaron de tener relaciones diplomáticas con Israel. Ambos países socialistas multiplican las condenas a Israel en los términos más duros. “Habría que echar a algunos países árabes de la Liga Árabe y sustituirlos por Chile, Bolivia, Colombia…”, afirmó el 1 de noviembre en X Taoufiq Tahani, presidente de honor de la Asociación de Solidaridad Francia-Palestina (AFPS, por sus siglas en francés).

El Gobierno de Alberto Fernández en Argentina, que se ha mostrado más moderado debido a su importante comunidad judía –nueve de sus ciudadanos murieron en el ataque del 7 de octubre, y 21 son rehenes de Hamás–, condena los bombardeos israelíes, al igual que Perú y México. Brasil, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina han anunciado el envío de ayuda humanitaria a Gaza. Incluso Venezuela –que sigue en una situación económica desastrosa– ha enviado un cargamento de 30 toneladas a los palestinos.

El continente latinoamericano alberga una importante diáspora palestina, estimada entre 600.000 y un millón de personas, con una fuerte presencia en Chile, donde vive la comunidad más grande fuera de Oriente Próximo (de 350.000 a 400.000 personas). Con la excepción de Panamá, todos los países del continente reconocen el Estado de Palestina. México se caracteriza por no haberlo hecho, aunque cuenta con un embajador palestino, Mohamed Saadat, y con una representación en Ramala.

Hasta la actual guerra, la mayoría de los países de la región tenían relaciones diplomáticas con Israel. Tras diez años de titubeos (1), a la par condenando sin reservas la opresión de los palestinos y considerando la existencia de Israel como legítima a la vista del sufrimiento sufrido por el pueblo judío, Cuba acabó decidiéndose por romperlas en 1973, y llegó a enviar tropas a los Altos del Golán en apoyo de las fuerzas sirias durante la guerra de Yom Kipur. Antes incluso del acceso al poder de la revolución socialista, la isla fue el único país del continente americano que se opuso al plan para la partición de Palestina de 1947 y protestó contra la desposesión de los palestinos. Israel lleva desde 1992 –junto con Estados Unidos– votando sistemáticamente contra todas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que denuncian el embargo estadounidense contra Cuba. En la última votación hasta la fecha, el 2 de noviembre de 2023, una aplastante mayoría de 187 países votó por trigésimo primer año consecutivo a favor del levantamiento del embargo. Dos votaron en contra: Estados Unidos e Israel. Uno se abstuvo: Ucrania.

En cuanto a Venezuela, el presidente Hugo Chávez rompió relaciones con Tel Aviv en 2009, tras un año de guerra en Gaza en el que habían muerto más de mil palestinos. Por aquel entonces condenó la “doble vara de medir” de la política estadounidense, que acusaba a Venezuela de apoyar el terrorismo mientras ellos apoyaban el de Israel. Chávez también acusó al Mossad de haber tratado de asesinarlo y a Israel de financiar la oposición venezolana. Diez años después, cuando el opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela en 2019, Israel le abrió una embajada en Tel Aviv. Ese mismo año, el Gobierno venezolano acusó a un grupo de “terroristas israelíes” de participación en los planes para asesinar al presidente Nicolás Maduro.

El pasado 15 de octubre, en una publicación en X, el presidente colombiano recordó las figuras de Yair Klein y Rafael Eitan, dos altos mandos del Ejército israelí a los que acusó de haber desatado “la masacre y genocidio en Colombia”. “Algún día el Ejército y el Gobierno de Israel nos pedirán perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra”, escribió en esa ocasión Gustavo Petro. En el contexto de una larga cooperación en materia de seguridad y defensa entre los diversos Gobiernos de derecha de Colombia e Israel, instructores del Ejército israelí formaron la División de las Fuerzas Especiales del Ejército Colombiano (2). Rafael Eitan, considerado en Israel como un “maestro de espías” del Mossad, se le considera el cerebro del plan orquestado por el expresidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990). Como asesor especial de Vargas, se le acusa de organizar la masacre de más de 6000 miembros del partido Unión Patriótica, fundado en 1985 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Partido Comunista tras un plan de paz (3).

En cuanto a Yair Klein, un ex teniente coronel del Ejército israelí que encabeza una sociedad de mercenarios al servicio de narcotraficantes, en 2001 la justicia colombiana lo condenó en rebeldía a diez años y ocho meses de cárcel por “instrucción, entrenamiento en tácticas, técnicas y procedimientos militares terroristas, agravados por el hecho de haber sido cometidos con mercenarios, y complot con vistas a cometer un crimen”. También fue acusado por la justicia colombiana de crear, desde la década de 1980, escuadrones de la muerte al servicio de grandes terratenientes y personalidades políticas, las famosas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusadas de ataques masivos contra la población civil que ocasionaron 70.000 víctimas mortales y más de tres millones de desplazados entre 1985 y 2005. Klein pasa apaciblemente los días de su vejez en Israel, que se ha negado a extraditarlo. Asegura que sus actividades en Colombia contaron con el beneplácito previo de los Gobiernos israelí y colombiano (4).

Israel también extiende su influencia política en América Latina a través del fenómeno ­religioso evangélico (5), una corriente del protestantismo que en 2020 sumaba 133 millones de fieles en el continente. Los evangélicos consideran el apoyo a Israel una causa esencial por motivos religiosos: el establecimiento de todos los judíos en la tierra de Israel es, según ellos, una condición para reconstruir el Templo de Jerusalén con el fin de que se produzca el regreso de Cristo. Este “sionismo cristiano” ha adquirido en los últimos años una amplitud inédita y ejerce una considerable influencia en la región. El movimiento evangélico, por ejemplo, contribuyó en gran medida a la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil en 2018. ¿Es posible que su peso político en el país explique los titubeos del actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva?

Sea como fuere, el caso es que, en ocasiones, la actitud de Brasil a propósito de la guerra en Gaza ha suscitado sorpresas, dado el reconocido compromiso internacionalista del presidente Lula, que se unió al coro de las naciones occidentales para denunciar de inmediato los ataques “terroristas” de Hamás a la vez que apelaba a una negociación con vistas a una solución con dos Estados; una perspectiva de paz que se halla en punto muerto (6), pero que reclaman la mayor parte de los países latinoamericanos para tratar de salir de la espiral de violencia. Ello se debe a que Brasil, que asumió la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad durante el mes de octubre, es candidato a conseguir un puesto permanente en el organismo.

El 18 de octubre propuso una tímida resolución (bloqueada por el habitual y previsible veto estadounidense) en la que se solicitaban “pausas humanitarias” mientras Israel bombardeaba a los civiles gazatíes sobre quienes Tel Aviv ha puesto cerco privándoles de agua, comida, electricidad y carburante tras 16 años de bloqueo, tres guerras y una sociedad asfixiada en todos los ámbitos. El texto de la resolución condenaba “todos los actos de violencia y hostilidad dirigidos contra civiles, así como todos los actos de terrorismo”, especialmente “los odiosos atentados terroristas perpetrados por Hamás” y la toma de rehenes civiles. Así pues, nada de un alto el fuego, pese a que Lula da Silva sí lo pide en sus declaraciones en la red social X.

El 25 de octubre, el presidente brasileño empezó, sin embargo, a hablar de “genocidio” contra los palestinos ante la prensa. Por entonces se acercaba el final de la presidencia de Brasil en el Consejo de Seguridad. “La adopción de una resolución en la ONU es una misión difícil, pero no imposible. Trabajaremos hasta el final para conseguirla”, quiso creer un negociador brasileño citado por Le Monde (27 de octubre). “Hasta el final”, vale por decir: hasta el 31 de octubre, fecha en la cual el presidente brasileño, que no consiguió nada, reprendió a Hamás sin mencionarlo: “¿Y los irresponsables que han hecho la guerra lloran ahora la muerte de sus hijos? ¿Sienten el peso de las cosas?”, preguntó desde X tras 24 días de bombardeos israelíes sobre Gaza. ¿Será ese el precio al que se consigue el reconocimiento de la “comunidad internacional”?