Cuarta toma de Lima. Plantón 12 de Octubre.
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Por la libertad de Pedro Castillo, por una América Latina unida y libre del imperialismo. Fuera Dina y sus cómplices.
Golpe de Estado permanente en Perú
Elegido en 2021, el presidente peruano Pedro Castillo ha cometido errores. Y muchos. Pero los de los dirigentes de izquierdas tienen más gravedad que los que cometen otros, ya que los medios de comunicación se lo perdonan todo a los conservadores. Si los traspiés de Castillo han contado tanto, es porque han ofrecido a sus adversarios una justificación para el proyecto que tenían en mente desde que llegó al poder: derrocarlo.
Perú está viviendo estos días un conflicto social manifiesto entre dos bloques políticos. El 7 de diciembre, tras una alocución televisada a la nación del presidente Pedro Castillo, donde anunció su voluntad de “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional”, la cámara peruana lo destituyó del cargo. Los parlamentarios lo acusaron de un intento de golpe de fuerza contra ellos y del establecimiento del estado de excepción en el país. Tras declarar culpable del “delito de rebelión” al jefe del Estado, el Congreso ordenó su detención. Ya arrestado, el Tribunal Constitucional dictó prisión preventiva de 18 meses contra Castillo, haciendo suya la petición de la Fiscalía. Sin embargo, los partidarios de Castillo defienden la posición del presidente como una acción de resistencia frente a un golpe de Estado permanente contra el Gobierno. En el otro lado, la oposición política y sus medios de comunicación contradictoriamente lo etiquetan de “‘autogolpe’ y delito a la rebelión”.
Aunque el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) evoca el “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, el artículo 346 del Código Penal de la República del Perú “condena la rebelión” con “pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación”. Para el poder establecido, la rebelión es, evidentemente, siempre un delito que amenaza su orden; para los movimientos sociales, la rebelión puede constituir un medio con el que construir el nuevo mundo al que aspiran. Ahora bien, ¿es la rebelión de Castillo un delito o una reacción a algo que venía armándose desde su victoria electoral?
El 11 de abril de 2021, contra todo pronóstico, Pedro Castillo, un desconocido candidato a las elecciones generales de Perú, ganaba la primera vuelta con el 18,92% de los votos. Este se presentó a los comicios como candidato del partido Perú Libre, una formación política fundada en el departamento de Junín, en 2016, por el exgobernador Vladimir Cerrón, y autoidentificada como marxista-leninista-mariateguista –por el nombre del intelectual peruano José Carlos Mariátegui (1)–. De descendencia indígena, Castillo era un maestro de educación primaria de zonas rurales. Originario de la empobrecida localidad de Puña, en el departamento norteño de Cajamarca, se dio a conocer durante la huelga general magisterial del 2017, cuando ocupaba el cargo de presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP).
Su victoria significó un jaque a un Estado con un fuerte centralismo político de Lima y la ruptura de todos los esquemas de la oligarquía peruana. La élite política y económica del país, con un discurso dominante colonialista de racismo contra indígenas y ultraneoliberal contra las clases populares, se caracteriza por la discriminación que profesa hacia lo rural en beneficio de lo urbano, además de por una baja ética democrática de los poderes fácticos y sectores conservadores, los cuales etiquetan despectivamente de “terruco” –afín al Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA)– a cualquier tendencia alternativa política rupturista. Desde los primeros momentos, la burguesía peruana inició los movimientos necesarios para activar todos sus instrumentos del poder y el orden contra la “amenaza” que suponía Castillo, un candidato que apostaba inicialmente por una Asamblea Constituyente y un proyecto de transformación nacional.
Como es bien sabido, toda esta campaña se inicia en los medios de comunicación, en particular en los dos diarios más importantes del país: El Comercio y La República. El Grupo El Comercio pertenece a la familia Miró Quesada, una de las más ricas de Perú. Esta familia controla casi el 80% de la prensa escrita del país (2) y además tiene negocios en los sectores del turismo, la minería, la promoción inmobiliaria y la banca a lo ancho y largo del país. Un grupo que creció al calor de la dictadura de Alberto Fujimori –en el poder de 1990 al 2000– tras apoyar su “autogolpe” de Estado en 1992. Dos periodistas destacados que trabajaron para el Grupo El Comercio, Patricia Montero y José Jara, denunciaron en 2011 su despido “por no seguir la línea de apoyar a Keiko Fujimori [durante las presidenciales de 2011] y de atacar al [entonces] presidente [Ollanta] Humala” (3). La República, el segundo diario más leído del país, está dirigido por el hijo de su fundador, Gustavo Mohme Llona (fallecido en el año 2000), un empresario que estaba vinculado políticamente con la otra parte del establishment neoliberal: el partido Acción Popular.
Presidente “ilegítimo”
Los dos grandes medios de comunicación llevaron a cabo una campaña de desprestigio constante y creciente contra el presidente ahora encarcelado. En un primer momento, esta consistió en una invisibilización de Castillo durante su etapa como candidato; después, se tornó en un ataque continuado tras la victoria electoral del líder sindicalista en la segunda vuelta de las presidenciales contra Keiko Fujimori, celebrada el 6 de junio de 2021, y su posterior investidura como presidente el 28 de julio de 2021. Una investigación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) se ha centrado en las portadas de los diarios El Comercio y La República publicadas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022 para realizar un análisis cuantitativo y cualitativo sobre el tratamiento mediático dispensado a la figura del presidente del Perú (4). El estudio revela que las noticias publicadas en portada fueron “negativas” para Castillo en el 79% y el 78% de las veces, respectivamente. Es decir, prácticamente 8 de cada 10 titulares en portada de estos dos rotativos tuvieron una carga negativa hacia el presidente peruano. “Negativo” es un eufemismo: “Pedro Castillo es enemigo de la libertad de expresión y prensa” (La República, 11 de marzo de 2022); “Fiscalía investigará a los asesores de Castillo por crimen organizado” (La República, 31 de octubre de 2022); “Presidente y siete familiares recibieron favores de empresarios” (El Comercio, 12 de julio de 2022). Sin embargo, ninguna de las acusaciones ha sido probada.
La victoria de Castillo en la segunda vuelta de las presidenciales se produjo por una diferencia mínima de 45.000 votos (50,13% de los sufragios) frente a Fujimori, la hija del expresidente (49,87% de los votos). Incluso antes de que finalizara el recuento por parte de las autoridades electorales (Junta Nacional Electoral, JNE), pero cuando la victoria de Perú Libre ya era evidente, el fujimorismo denunció un “fraude electoral”, exigiendo un nuevo recuento de votos y la anulación de 200.000 papeletas por irregularidades. Dadas las presiones del fujimorismo, la misma JNE incumplió la ley de la resolución emitida el 7 de febrero de 2018 según la cual solo se pueden presentar pedidos de nulidad hasta tres días después de las elecciones. A pesar de que el sector conservador presentó su demanda fuera de este plazo, el fiscal supremo Luis Arce, representante del Ministerio Público de la JNE, decidió prorrogar el plazo de demanda de anulación de actas del sufragio. Finalmente, las presiones internacionales, las denuncias de Perú Libre al boicot de su victoria y las movilizaciones sociales en todo el país a favor de Castillo enfriaron durante un tiempo el ardor de la élite conservadora. Los fujimoristas abandonaron sus esfuerzos, pero el mensaje que enviaron fue claro: Castillo podría ser un presidente legal, pero no le concederían el estatus de presidente “legítimo”. De hecho, una parte de la sociedad peruana empezó a aplicar desde el primer momento la etiqueta de “presidente autoproclamado” al nuevo jefe del Estado.
El cerrojo conservador también tuvo su eco en el sector del Ejército. El 17 de junio de 2022, Francisco Sagasti, presidente interino tras la dimisión de Manuel Merino el 15 de noviembre de 2020, denunció públicamente una carta firmada por militares retirados que pedían a comandantes generales y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas “no reconocer la victoria de Pedro Castillo en la Presidencia por supuesto fraude” (5). Sagasti alertó de que no solo se violaban valores democráticos sino la misma Constitución y las leyes. Lógicamente, los militares no estaban en disposición de dar un golpe de Estado al poco tiempo de haberse celebrado unos comicios que habían recibido la atención internacional, pero también en este caso, sectores del Ejército enviaron un mensaje contundente al sindicalista docente: estás en el punto de mira. El imaginario social peruano no olvida la experiencia de militares apoyando el golpe de Estado de Alberto Fujimori en un no tan lejano 1992. La actual Constitución peruana, de 1993, es una herencia de ese periodo.
Una de las promesas de Perú Libre durante la campaña presidencial fue organizar un proceso democrático de Asamblea Constituyente para, precisamente, cambiar la Carta Magna –impuesta en 1993–, tanto más desacreditada cuanto que había sido heredada de la dictadura de Fujimori. Pero no sería fácil. El grupo parlamentario que respalda al presidente solo cuenta con 37 de los 130 diputados de un Congreso muy fragmentado en el que están representados diez partidos políticos, entre ellos Fuerza Popular, el partido fujimorista, con 24 escaños.
Una estrategia de desestabilización
El Congreso goza de una autoridad considerable en Perú y su capacidad para obstruir al poder ejecutivo es una de las principales razones de la crisis política en la que está sumido el país desde hace varios años. En seis años, el palacio presidencial ha tenido seis inquilinos, tres de los cuales –Pedro Pablo Kuczynksi, Martín Vizcarra y Castillo– han sido sometidos a un proceso de destitución parlamentaria para ser declarados por el Congreso en estado de “permanente incapacidad moral”, en base al artículo 113 de la Constitución vigente. En un país donde la imagen del presidente está totalmente devaluada por supuestos casos de corrupción, principalmente por el famoso caso Odebrecht –cinco expresidentes sospechosos y, algunos de ellos, encarcelados (6)–, y donde el Congreso goza de un amplio poder, la debilidad parlamentaria del grupo Perú Libre anunciaba los intentos de que se han producido en este año y medio.
El primero se produjo en noviembre de 2021, a solo cuatro meses de ser nombrado presidente. Veintinueve diputados presentaron una moción para destituirlo por sospechas de financiación ilícita de Perú Libre y por tráfico de influencias para ascender a determinadas personas en las Fuerzas Armadas –en concreto a dos oficiales del Ejército, tres de la Fuerza Aérea, y dos de la Policía Nacional–, mediante el exministro de Defensa Walter Ayala y su exsecretario presidencial Bruno Pacheco. La moción no prosperó porque solo obtuvo 46 votos, frente a los 87 necesarios como mínimo, pero sirvió para socavar la imagen del presidente. Solo cuatro meses más tarde de la primera “vacancia” se llevó a cabo la segunda, en marzo de 2022, que tampoco prosperó, pero que fue respaldada por 55 diputados de diferentes fuerzas de la oposición, contribuyendo a fortalecer la estrategia de la desestabilización. El golpe lento orquestado por una parte del Congreso buscó traspasar las fronteras del país. Así, una mayoría de parlamentarios impidieron que el presidente Castillo participara en la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que debía celebrarse en Ciudad de México el 25 de noviembre de 2022 y a la que asistirían los jefes de Estado de Colombia, Chile, México y Perú. ¿El pretexto? El presidente no debía abandonar el país para poder responder a las preguntas de la Justicia en el marco de las investigaciones abiertas contra su Gobierno por supuestos casos de corrupción. En solidaridad con su homólogo andino, el anfitrión del encuentro, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, decidió, pues, posponer la cumbre.
La ola de “guerra judicial” o lawfare que sacude desde hace varios años los diversos gobiernos progresistas de América Latina (7), no iba a perdonar a los peruanos en este golpe multidimensional contra Castillo. En poco más de un año, la Fiscalía abrió seis investigaciones contra Castillo, acusando “al presidente de liderar una organización criminal en el seno de su Gobierno” (8). Dada la inmunidad de Castillo como presidente, la función era principalmente mancharlo políticamente atacando incluso a miembros de su familia como integrantes de esa organización. Algunos de sus sobrinos fueron acusados de beneficiarse de proyectos de infraestructuras públicas del Ministerio de Transportes, su cuñada de haber obtenido contratos del Ministerio de Vivienda, o el propio Castillo de ascender a militares y policías a cambio de grandes sumas de dinero. Ninguna de las acusaciones vertidas superó la fase preliminar de la investigación…
A estas operaciones de desestabilización mediática, militar, legislativa y judicial, Castillo respondió... sumando muchos errores políticos. Durante los dieciséis meses que ha durado su presidencia, este ha nombrado a setenta y ocho ministros diferentes para cubrir un Gobierno formado por diecinueve carteras. Diez días después de tomar posesión del cargo, el presidente pidió a su ministro de Asuntos Exteriores que dimitiera: Héctor Béjar, un exguerrillero guevarista, criticado ampliamente por la prensa por haber sugerido que el Estado peruano había llevado a cabo acciones terroristas con el apoyo de la CIA, en el marco de su lucha contra los movimientos progresistas a finales de los años de 1970 –algo que dista mucho de ser inimaginable–. Cuatro meses más tarde, destituyó a su primer ministro, Guido Bellido, y abrió la puerta de su Gobierno a personalidades políticas de derechas.
Poco a poco, un presidente elegido por un pueblo cansado de las disfunciones de unas instituciones desacreditadas, que deseaba una Asamblea Constituyente y reformas estructurales, se impuso como misión apaciguar a un adversario que, sin embargo, no tenía otro objetivo que conseguir su destitución. Esta actitud llevó a Castillo a romper de forma oficial con Perú Libre en junio de 2022. Un mes antes, una comisión parlamentaria había rechazado la celebración de un referéndum sobre la Asamblea Constituyente, uno de los puntos esenciales de la victoria electoral de Castillo. Tras darse a conocer la decisión parlamentaria, Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, declaró: “El Congreso ya resolvió, ya se pronunció, y eso por supuesto termina aquí”. El presidente podría haber optado por movilizar a sus partidarios para contrarrestar las maniobras de sus oponentes. Sin embargo, Castillo prefirió ceder a las presiones de un Congreso cuyo boicot le deslegitimaba un poco más con cada episodio a los ojos de las clases populares. Los errores de Castillo de acercarse a quienes terminaron celebrando su destitución también se producen fuera del país: de hecho, el mandatario reclamó ayuda a la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, a pesar de su desprestigio entre la izquierda continental por su apoyo al golpe de Estado contra la democracia boliviana en 2019.
En los últimos meses, había quedado claro que Castillo tenía que elegir: claudicar o defenderse. Sin embargo, la segunda opción presentaba el riesgo de ofrecer a sus oponentes una excusa para acusarle de golpe de fuerza. Ante la tercera moción de censura del Congreso, el miércoles 7 de diciembre, y mientras la oposición esperaba obtener el voto de 67 diputados, un cansado y tembloroso Pedro Castillo optó finalmente por dirigirse al país por televisión para denunciar el golpe de Estado permanente por parte de la oligarquía al que estaba sometido desde que asumió el cargo.
Una inmensa ola de apoyo popular
La primera parte de su discurso, la más importante, ha sido ocultada por la gran mayoría de los medios de comunicación. En ella, Castillo explica que “la mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial”. “El Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura del Congreso con el aval de su Tribunal Constitucional”, añade el presidente. No solo por sus mociones de censura, sino también por boicotear “más de setenta proyectos de ley de interés nacional destinados a mejorar la vida de los sectores más vulnerables”. “El Congreso, sin pruebas, imputa al presidente la comisión de delitos, y muchas veces solo con afirmaciones de la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que difama y calumnia con absoluto libertinaje”, continúa el líder sindical mirando fijamente a cámara. Tras pintar un negro pero justo panorama de la situación de la democracia peruana, el presidente Castillo concluye que, para restablecer la soberanía popular, ha tomado “la decisión de establecer un Gobierno de excepción para restablecer el estado de excepción y la democracia con medidas como disolver temporalmente el Congreso, y convocar a elecciones para una Asamblea Constituyente en nueves meses. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil a respaldar estas decisiones”.
Para la oposición, el presidente acababa de intentar un “autogolpe”: un golpe de fuerza decidido desde la presidencia con el fin de mantenerse en el poder. En realidad, probablemente por primera vez en un mandato en el que nunca le dejaron ejercer plenamente –y por ello no podía tratarse de un “autogolpe”, sino simplemente de un último recurso contra el golpismo institucional padecido–, tomó la decisión de convertirse en la cara visible de un pueblo y actuar como el presidente al que los peruanos habían elegido, encarnar al pueblo que lo llevó hasta la presidencia. En su discurso televisado, Castillo esgrimió, pues, el derecho a rebelarse contra un orden social y unas instituciones injustas.
Encerrado en una prisión peruana, el hombre que durante su mandato nunca había invitado al pueblo a movilizarse, se ha beneficiado desde su arresto de una inmensa ola de apoyo popular. La presidenta de facto, la exvicepresidenta Dina Boluarte, acaba de declarar el estado de emergencia, militarizar las provincias rurales del país y desatar una violenta represión policial. El 13 de diciembre, los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras y México, todos ellos gobernados por la izquierda, instaron a la restauración del orden democrático en Perú. Para los conservadores, no hay nada ganado.
(1) Léase Paul Guillibert, “Razas, clases y altiplanos andinos”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2022.
(2) David Lovatón Palacios, “Prensa concentrada en Perú: ¿salvo el mercado todo es ilusión?”, Justicia Por Las Américas,15 de julio de 2021, https://dplfblog.com
(3) “Dos periodistas de El Comercio: Nos despidieron por no apoyar a Fujimori”, El Mundo, Madrid, 22 de abril de 2011.
(4) Víctor Robles y Bárbara Ester, “Pedro Castillo en los medios”, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), 3 de diciembre de 2022, www.celag.org
(5) “El presidente interino de Perú denuncia una carta de exmilitares que sugieren un golpe de Estado”, La Vanguardia, Barcelona, 19 de junio de 2021.
(6) Léase Anne Vigna, “Las ramificaciones del escándalo Odebrecht en Brasil”, Le Monde diplomatique en español, septiembre de 2017.
(7) Léase Perry Anderson, “Los arcanos de un golpe de Estado judicial en Brasil”, Le Monde diplomatique en español, septiembre de 2019.
(8) Guillermo D. Olmo, “Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora”, BBC en español, 12 de octubre de 2022.
Autor del artículo: Aníbal Garzón, Sociólogo.
América no fue descubierta, fue invadida y saqueada.
Informació obtinguda del diari Le Monde Diplomatique en español.
Antecedentes de la noticia.
Entrevista a Pedro Castillo realizada por la revista El Salto.
"El 70% del lago Titicaca es de una empresa, así como los aeropuertos, carreteras, peajes. Todo es de empresas transnacionales. Lo han secuestrado y todo lo han sujetado a una Constitución y a decretos-ley que han dado legalidad a ese secuestro de nuestros territorio, de nuestras tierras y de nuestras vías públicas.
Mi Gobierno realizó más de 76 proyectos de ley para reivindicar al país y ninguno fue aprobado por el Congreso. Tal es así que la propuesta de mi Gobierno de instaurar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación no la aprobaron. Se quería impulsar una línea aérea de bandera nacional, la creación y presupuesto de tres aeropuertos y pusieron muchas trabas para ello. Nunca me dejaron gobernar.
Cambiar la Constitución es el sentir del pueblo, salir del legado fujimorista. Me reafirmo en que necesitamos una Asamblea Popular Constituyente."
PERÚ
Pedro Castillo: “Me presentan como un monstruo. Soy el presidente del Perú”
El equipo de El Salto ha entrevistado en exclusiva al presidente Pedro Castillo (Puña, 1969) en Barbadillo, el penal de máxima seguridad donde se encuentra recluido también Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
En los últimos días, el presidente Castillo fue visitado por Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Guido Croxatto, director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de Argentina. Ambos formarán parte del equipo de defensa de Castillo. Zaffaroni y Croxatto fueron acompañados por el equipo legal del presidente, la abogada Indira Rodríguez Paredes y el abogado Wilfredo Robles.
Si bien el Instituto Nacional Penitenciario se centró en poner trabas e inconvenientes para que dicho encuentro no se llevara a cabo, la reunión finalmente pudo darse: de este encuentro han salido las notas que constituyen esta entrevista, realizada de forma oral y manuscrita entre los últimos días del mes de enero y la primera semana de febrero. Todos los aparatos de grabación, incluidos los móviles, estaban prohibidos expresamente.
Debo decir que no temo por mi vida desde ahora, temo por mi vida desde la segunda vuelta de la campaña para ser presidente
El equipo argentino que formará parte del equipo de defensa de Castillo en los foros internacionales considera que la detención preventiva de Castillo atenta contra los derechos humanos y va en contra de la jurisprudencia más reciente de la corte interamericana.
El penal de Barbadillo recibió a la delegación bajo un sol asfixiante. Los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario del Perú hicieron esperar a las visitas. La celda de Castillo carece de ventanas y de luz natural, aunque se le permite el acceso a un pequeño huerto donde está cultivando patatas y maíz. En el interior de la celda hay un pequeño hornillo para cocinar y un escritorio con algún libro. En este momento el presidente se encuentra leyendo El arte de la guerra, de Sun Tzu. Dentro, poco más que la cama y una televisión que se ha convertido en su principal relación con el exterior aparte de la que le proporciona su equipo legal.
Sí, temo por mi vida en este momento. En Perú no hay ningún tipo de seguridad ni jurídica, política ni civil. Debo decir que no temo por mi vida desde ahora, temo por mi vida desde la segunda vuelta de la campaña para ser presidente. Hubo persecución política desde que estaba en campaña, la derecha se ensañó conmigo y mi familia, sobre todo con mis hijos menores y mi esposa. Nos difamaron, nos terruquearon [acusación de terrorismo a militantes de izquierdas], no nos dejaban desarrollarnos de manera personal ni tampoco en mi Gobierno. El acoso fue constante, diario y perturbador. Estas acciones incitaban al odio y racismo.
He recibido amenazas de muerte de números desconocidos. Mis hijos y esposa también. Por eso es que procuré, en todo momento, que mis hijos tengan seguridad, ya que son lo más preciado que tengo. Seguridad para mi hija pequeña, para mi hijo joven, para mi hija mayor y para mi esposa.
Hubo varias veces en las que he sufrido maltratos de personas de derecha que me increpaban ser un “terrorista”. Me han querido herir, yo diría que hasta asesinar. Por ejemplo, en Tacna sufrí una situación en la que varias personas de extrema derecha me golpearon con pernos y fierros [piezas de metal], fui herido pero no denuncié. Ese es uno de los recuerdos más vivos que tengo de la campaña de la segunda vuelta.
También he recibido amenazas públicamente, por ejemplo, de Rafael López Aliaga [empresario de extrema derecha y alcalde de Lima], quien pedía que me mataran abiertamente. Él decía en su mitin: “Muerte a Castillo”.
¿Se ha podido comunicar con su esposa y sus hijos? ¿Sabe cómo están ellos?
No, no me he podido comunicar con mi familia. Sé poco de cómo están y espero que se encuentren bien. No tengo acceso a comunicación, tampoco a derecho de videollamada con ellos. Se encuentran refugiados en México. Quisiera hablar con ellos.
Sí, temo por la vida de ellos porque cuando estaban en Perú también sufrieron episodios de racismo. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, ellos nunca se acostumbraron a vivir en Palacio de Gobierno porque era mudarse a una Lima de la que no eran parte y no se sentían parte.
En el caso de mi hijo, le han negado el acceso a los colegios porque se enteraron de que era mi hijo. Eran colegios que elegí por seguridad. No me permitieron hacerlo. Mi hijo cumple 18 años el día miércoles 8 de febrero y me duele no estar con él en estos momentos.
En el caso de mi hija menor, sufrió acoso después de la fiesta de cumpleaños que le organizamos su mamá y yo. Como a toda niña a esa edad, le hicimos una fiesta para que se sintiera feliz. Esa fiesta salió en medios de comunicación y fue acosada después en su colegio y también al salir del colegio. Cuando iba a pasear, aún con la seguridad, le gritaban: “Eres hija del burro”, y ella lloraba y se sentía mal. Atacaron a mis hijos menores para atacarme a mí.
Jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los “nadies”
En el caso de Yenifer, a quien considero mi hija, es la mayor y es muy valiente [Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, está acusada de presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal]. Está afrontando esta situación como la mujer fuerte que es. Ella estuvo presa también injustamente, es una víctima de todo el maltrato a toda mi familia. Ahora también le están abriendo carpetas [causas] fiscales sin sustento, ha perdido la libertad y yo solo quiero que sea una joven normal que pueda tener una vida libre de ataques, quiero que sea feliz.
En el caso de mi esposa Lilia, es a quien le agradezco la resistencia en todo este tiempo porque no ha sido fácil para ella. Muchas veces quiso irse a Chota [ciudad del departamento de Cajamarca de donde procede Castillo] con mis hijos porque no aguantaba los ataques de toda esta región. Se burlaban de su vestimenta, de nuestras raíces andinas, de la forma en la que hablábamos, había discriminación racial. En todo momento recibió ataques a su persona.
Sobre mis papás, ellos están sufriendo porque mi madre no sabe que estoy preso. A ella le han mentido diciéndole que estoy en otra región y que ya volveré a Chota. Es la única forma para que no afecte su salud porque son adultos mayores. Sobre mi padre, él sí sabe que estoy preso, pero aún no ha podido visitarme. Los extraño mucho y quisiera verlos pronto, pero sé que si vienen recibirán ataques de la prensa.
¿Qué ocurrió el 7 de diciembre? ¿Se trató de un intento de subvertir la institucionalidad peruana? Si no fue así, ¿qué pretendió hacer como presidente de Perú ese día?
Es complicado y complejo de explicar. No se puede explicar solamente de manera política. Jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los “nadies”. Tomé la bandera de la Asamblea Popular Constituyente y di mi discurso recordando y siendo fiel a los pueblos que votaron por mí, que confiaron en mí.
Fue una reivindicación de mi parte. Quise hacer entender a la clase política que el poder popular es la máxima expresión de las sociedades. No quise obedecer a los grupos de poder económicos sociales. Quise poner al pueblo por encima de todo.
Se dijo mucho: yo no me estaba escapando como lo ha dicho la prensa, iba a dejar a mi familia a la embajada de México, todo fue muy rápido. Fue mi decisión. De nadie más. Estaba nervioso, pero lo hice. Después del mensaje a la Nación, Aníbal Torres [expresidente del Consejo de Ministros del Perú, en ese momento, asesor de Castillo] estaba muy confundido, tenía un rostro desencajado, porque no comprendió por qué hice lo que hice. También todos los ministros que se encontraban ahí, que llegaron cuando ya estaba leyendo el mensaje.
Después del mensaje, lo primero que pensé es en mi familia. Yo fui a dejarlos a la embajada de México, en ningún momento quería fugarme. Yo iba a regresar. Quería poner a salvo a mi familia. Tomamos el carro “Cofre” de Palacio y estábamos en el camino cuando la misma policía nos detiene. Una situación sumamente ilegal porque yo seguía siendo el presidente. Mi hija pequeña empezó a llorar ya que ella estaba sentada en mis piernas, yo la abrazaba y la calmaba para que no llorase.
Cabe señalar que la fiscal en ningún momento estuvo en mi detención y no hubo un proceso legal como peruano con derechos y menos como presidente porque seguía siendo presidente y sigo siendo presidente
La policía llegó con metralletas y paró el carro. Eran muchos policías y hay pruebas que han salido en medios de comunicación. Fue muy traumático y violento para mis hijos. Es cuando yo pedí a los oficiales que no amedrentasen a mi familia, que iba a bajar y que no era necesaria la violencia. Así fue, salí del carro, Aníbal Torres también y valientemente asumió mi defensa. Yo me sentía muy confundido, ya no pensaba como presidente, yo solo pensaba como padre de familia. Aníbal Torres en todo momento mostró firmeza y me supo guiar. Le agradezco mucho por eso. Luego recuerdo momentos en partes, se me subió el azúcar. Yo tengo un problema en el oído, uso un aparato para poder escuchar, no escuchaba las indicaciones que me decían, hubo un momento en el que solo escuchaba silencio. Fue muy confuso, no me sentía en mí mismo. Solo pensaba en mi familia.
Cabe señalar que la fiscal en ningún momento estuvo en mi detención y no hubo un proceso legal como peruano con derechos y menos como presidente porque seguía siendo presidente y sigo siendo presidente. Toda esta actitud violenta fue responsabilidad de [Harvey] Colchado. Me llevaron a Diroes [División Nacional de Operaciones Especiales] al siguiente día y ahí es cuando llega la Fiscal.
¿Qué opina de quienes consideren que lo suyo fue un “autogolpe”'?
Que es un discurso que ha creado la derecha. Desconocen la realidad de las cosas, son tan ignorantes que se crean sus propias historias y ellos mismos repiten y repiten sin realizar un correcto trabajo de periodismo de investigación. La prensa tradicional en Perú es una vergüenza. Han intentado destruir a mi familia, están destruyendo a muchas otras personas opositoras a este Gobierno de facto. Los responsables de la prensa me parecen los verdaderos ignorantes y son ellos quienes dicen que ha sido un autogolpe, no el pueblo.
¿Es usted víctima de un complot? ¿Quiénes han organizado ese complot?
Sí, soy víctima de un complot. Lo ha organizado principalmente la derecha peruana que sirve a intereses de la derecha internacional, los grupos neoliberales e imperialistas. Tienen y han usado toda su maquinaria de poder económico y político. Entre esto, se encuentra la prensa peruana que responde también a estos intereses.
Soy el primer presidente rural, maestro y campesino. No me querían en el Gobierno nunca y fui elegido por el pueblo en elección popular, mi elección fue democrática. Nunca me lo perdonaron
Las personas de a pie que entramos en política para cambiar las cosas hemos chocado contra sus intereses desde el primer momento. Esto es un hecho. Soy el primer presidente rural, maestro y campesino. No me querían en el Gobierno nunca y fui elegido por el pueblo en elección popular, mi elección fue democrática. Nunca me lo perdonaron.
REPRESIÓN EN PERÚhttps://www.elsaltodiario.com/analisis/dina-boluarte-un-regimen-pueblo-peruano">Dina Boluarte: un régimen contra el pueblo peruano
¿Desde cuándo sintió que la derecha peruana quería verlo fuera?
Se me quiso destruir desde inicios de la segunda vuelta de las elecciones peruanas. Todo el tiempo, todos los días, sufría ataques a mi honor e imagen como candidato. Por ello, yo nunca les quise dar entrevistas a la prensa tradicional. A quienes les daba entrevistas es al periodismo real de las regiones y a la prensa alternativa, quienes sí realizaban preguntas reales con contenido y no solamente para ocupar su tiempo en insultos y bajezas de ese tipo.
Todo el poder económico y político creó la narrativa de un fraude electoral mintiendo al pueblo. Contrataron estudios de abogados que responden a intereses de la derecha para pedir nulidad de los votos de mis hermanos del sur y el pueblo peleó por sus votos, haciendo marchas, vigilias y plantones afuera del Jurado Nacional de Elecciones en mi país.
Logramos todos que se respete el poder popular. Sin embargo, nunca me dejaron gobernar y siempre intentaban destruir mi Gobierno.
Ellos siempre tuvieron miedo que tomásemos el poder porque sabían que podían perder sus privilegios. Se puede tener dinero, a los medios de comunicación, pero no tienen y no tendrán nunca el corazón del pueblo.
¿Cuál es el papel de la oligarquía extractivista, neoliberal y capitalista?
Ellos han jugado un papel golpista por temor a que les revisemos sus contratos. Yo estaba a punto de revisar todos los contratos de las empresas mineras extractivistas, neoliberales y capitalistas. Todos ellos han jugado un papel golpista. Hay varios ejemplos.
El presupuesto que antes todos los gobiernos usaban para pagarle a la prensa, en mi gobierno lo usamos para poder destinarlo a educación. Fui firme con ello y lo cumplimos. Por eso la prensa me atacó y lo sigue haciendo.
La prensa tiene grandes deudas a la SUNAT [Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria]. No pagan sus intereses y así lo pueden revisar en las plataformas: Panamericana, América TV, Latina TV, ATV y Willax, que es el canal con más delitos por difamación que se tiene en este país. Son un canal “pirata”.
Todo el problema tiene que ver con el litio. El imperialismo quiere el litio y mi Gobierno quería darle el litio al pueblo
Sobre los cobros, logré cobrarle a los aduaneros, petroleros y marítimos. Sobre la renovación de contratos, tenía que asegurarme que haya parámetros mínimos. Hay muchos contratos que no he podido renegociar porque la Constitución no me lo permite, porque son contratos-ley que los anteriores gobiernos realizaron, como el de Francisco Sagasti, del Partido Morado, que renovó el contrato de Perú Rail cuando los cusqueños no querían renegociar. Perú Rail es de la propiedad de Rafael López Aliaga. Yo y mi gobierno queríamos devolverle el contrato a los cusqueños haciendo una asociación.
En Puno, mi Gobierno y yo queríamos rescatar el Gas de Camisea y el litio de la región. Todo el problema tiene que ver con el litio. El imperialismo quiere el litio y mi Gobierno quería darle el litio al pueblo.
Asimismo, quería renegociar los contratos para que podamos darle oportunidad a las empresas nacionales y no transnacionales. También queríamos destinar más presupuesto de fertilizantes a todas las regiones ganaderas y agrarias, tampoco nos dejaron. Muchos ejemplos.
El 70% del lago Titicaca es de una empresa, así como los aeropuertos, carreteras, peajes. Todo es de empresas transnacionales. Lo han secuestrado y todo lo han sujetado a una Constitución y a decretos-ley que han dado legalidad a ese secuestro de nuestros territorio, de nuestras tierras y de nuestras vías públicas.
Mi Gobierno realizó más de 76 proyectos de ley para reivindicar al país y ninguno fue aprobado por el Congreso. Tal es así que la propuesta de mi Gobierno de instaurar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación no la aprobaron. Se quería impulsar una línea aérea de bandera nacional, la creación y presupuesto de tres aeropuertos y pusieron muchas trabas para ello. Nunca me dejaron gobernar.
Cambiar la Constitución es el sentir del pueblo, salir del legado fujimorista. Me reafirmo en que necesitamos una Asamblea Popular Constituyente
¿Hasta qué punto su posición sobre las concesiones a empresas mineras y petroleras han influido en los acontecimientos? ¿Han jugado algún papel las multinacionales europeas, concretamente españolas en el hostigamiento hacia su mandato?
Sobre las multinacionales, sobre todo en Europa, se me viene a la mente los cancilleres y embajadores. Es un espacio de vacas sagradas. Las embajadas son un mundo de élite diferente al pueblo. Mi Gobierno quería impulsar el cambio de requisitos para acceder a la diplomacia peruana, pero no lo permitieron. Hay mucho elitismo y poder en este espacio. Son pocos los embajadores que realmente tienen un sentido de protección al pueblo peruano. A ellos mi profundo respeto y admiración. Sin embargo, las embajadas también se han coludido con las transnacionales y en Europa aún más.De las empresas transnacionales que más contaminan son las empresas chinas y también son las que más deben y explotan.
¿Quién es, a la luz de los acontecimientos, Dina Boluarte? ¿Cómo fue su relación con ella antes del 7 de diciembre?
A Dina Boluarte la conocí porque el Perú Libre la propone como vicepresidenta. La conocí de manera virtual. Ella no hizo campaña en la primera vuelta, la conozco presencialmente recién en la segunda vuelta. Todos me decían que no tenía personas que la apoyaban, pero que ella era impositiva y [Vladimir] Cerrón la eligió. Yo no sabía la clase de persona que era, en el transcurso es cuando me di cuenta la maldad de esta mujer.
Ellos me garantizaron que era demócrata, pero era pura apariencia. Después, se le notaron realmente los intereses. Era y es calculadora, ambiciosa. No tenía bases como lo vuelvo a repetir, nadie la conocía, ni en su región la querían porque después me enteré que era una mujer sumamente racista y clasista. Ella se colgó de la lucha. Yo la hice conocida, porque yo sí llegaba a las bases del pueblo. Se aferró a ser ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nunca quiso soltarlo. Tuvimos muchas peleas por eso. Lloraba para no ser removida del cargo, decía que tenía familia y nos manipulaba con eso. Siempre logró que no la removiéramos.
El racismo histórico que ha vivido y sigue viviendo el Perú, así como el clasismo y la desigualdad social y económica es la razón por la que hoy se vive una masacre
¿Cuál es la relación de Boluarte actual con el fujimorismo y la oligarquía peruana? ¿Se han aliado?
Ella trabaja con el Fujimorismo, todos ellos organizaron el complot. Ella tiene el apoyo y lo sé muy bien. Todo estaba preparado con la policía y las fuerzas armadas. Ella, la Fiscalía, la derecha peruana, sobre todo el Fujimorismo. Sé ahora que ella tenía acercamiento con la derecha peruana desde antes del 7 de diciembre del 2022. Ella tenía y tiene amistad con la derecha. Se han aliado, conversado y eso fue desde antes, según sé ahora. Ella contrató a personas del Fujimorismo en el Ministerio, nunca le dio la oportunidad a quienes son del pueblo y las regiones. Y ahora ha quedado expuesta, ha llamado a toda la derecha más violadora de derechos humanos a un gabinete. La lista es conocida. Ella solo aparentó ser demócrata hasta que ahora ya es evidente su verdadera personalidad: dictadora.
¿Es el momento de reformar la Constitución fujimorista de 1993?
Es el momento constituyente. No vamos a buscarlo, la historia nos busca. Cambiar la constitución es el sentir del pueblo, salir del legado fujimorista. Me reafirmo en que necesitamos una Asamblea Popular Constituyente.
¿Qué opina de la decisión del Congreso de no acelerar las elecciones?
El Congreso está deslegitimado. Su accionar no está en sincronía con los pueblos. La mayoría sigue los guiones que la prensa dice en medios de comunicación. Por ejemplo, ¿por qué no hacen un pleno en una región? A ver que vayan a Ayacucho, Puno, Apurímac, Ica, Cusco, regiones con asesinados a manos de la policía y las fuerzas armadas. El pueblo les dirían lo que piensan. Que salgan de la burbuja del Congreso y vayan a conocer lo que piensa el pueblo realmente.
¿Cuál es el papel que cree que el racismo ha tenido en los acontecimientos en el estallido social en el Perú?
El racismo histórico que ha vivido y sigue viviendo el Perú, así como el clasismo y la desigualdad social y económica es la razón por la que hoy se vive una masacre y múltiples violaciones a derechos en el Perú que, estoy seguro, los abogados con firmeza y valentía llevarán a instancia internacional.
¿Cómo valora el papel de las mujeres campesinas en las protestas? ¿Cree que el poder de las dirigentas sociales tiene un peso actualmente?
La participación de las mujeres en este contexto es histórico. Sé que hay muchas mujeres autoconvocándose para poder decir lo que piensan. La lucha de las mujeres es permanente. La mujer es visionaria. La mujer es luchadora, las mujeres del campo, las mujeres de la ciudad que se solidarizan con el pueblo y el campo, todas tienen fortaleza milenaria con identidad de defender a su patria. Son tawantinsuyanas [referencia a la palabra quechua para llamar al imperio inca].
¿Cuáles son los pasos que, a su juicio, deben tomarse para que cese la violencia política contra los opositores a Boluarte?
Se debe cambiar la Constitución en el plazo que sea necesario, es el camino que el pueblo necesita y es por eso que hice ese mensaje a la Nación [en referencia a los hechos del 7 de diciembre]. Reivindiqué a los pueblos más olvidados, a los pueblos que por 500 años hemos vivido en opresión.
La derecha siempre nos va a perseguir, siempre va a querer eliminarnos. Y es algo que, estando aquí donde estoy, recluido, preso, sin familia pienso y reflexiono más. Con mi familia también perseguida lo interiorizo como presidente y como persona. También es importante decir que la violencia política va a continuar si es que sigue esta dictadura. Dina Boluarte es un juguete de la derecha, es alguien como Keiko Fujimori, que es calculadora, convenida, sin valores, que se vende al mejor postor y ahora se ha vendido a la derecha, a la derecha más rancia y más sucia. Es una mujer que irá presa por violaciones de derechos humanos y sobre todo por delitos de lesa humanidad. Irá presa y la justicia internacional hará lo suyo porque el pueblo así lo pide.
¿Ha sentido usted el apoyo de los mandatarios latinoamericanos desde el comienzo de este proceso? ¿Cree que sus protestas contra el golpe que usted ha sufrido pueden revertir la situación?
Los hermanos mandatarios de los diferentes países se han solidarizado con Perú y es importante agradecer a países democráticos como Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, México y Ecuador, así como a los pueblos de Guatemala, Cuba, Italia, Grecia, Francia, Alemania y otros diversos países. Sí creo que la solidaridad internacional puede revertir esta situación.
¿Cómo valora la cobertura que se está haciendo desde España?
Sobre España... primero agradecer al hermano Pablo Iglesias por su carta de solidaridad enviada desde Podemos como partido político, sabemos de su trayectoria. Asimismo agradecemos al periódico El Salto quienes están siendo valientes por contar mi historia en Europa. He tomado conocimiento de que a su periodista Julio L. Zamarrón lo hirió la policía, con lo que quiero mostrar mi solidaridad con todas las personas que están sufriendo estos abusos.
¿Qué mensaje querría lanzar a España, especialmente a sus compatriotas que viven en nuestro país?
A mis compatriotas de España decirles que difundan todo lo que en nuestro país está pasando. No solo las injusticias que ocurren conmigo como presidente sino las grandes violaciones de derechos humanos que está cometiendo este Gobierno de facto e ilegal. Que haya solidaridad y no indiferencia. Asimismo aprovecho a pedirle al hermano pueblo de México que pueda acoger a mi familia con gran trato humano. Me han impedido hablar con ellos, no tengo ningún tipo de comunicación, con ellos no me permiten ni una llamada virtual, absolutamente nada. Ellos, mis hijos, Yenifer, mis hijos menores y Lilia, mi esposa, han sufrido la persecución y hostigamiento de todo el poder de la prensa y la derecha peruana.
¿Cómo ha sido la reacción de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea ante su caso? Asimismo, ¿cómo ve la participación de dichos organismos ante la violación de derechos humanos sistemática en el Perú?
Estados Unidos hace fuerza en pared con la Unión Europea para oprimir a nuestros países, los pueblos, las comunidades. Por eso es que me quieren preso y por eso es que el poder incrustado en esos espacios hacen silencio ante la violación sistemática de los derechos humanos en Perú: asesinatos, detenciones, heridos y persecución política a líderes y dirigentes como en mi caso y de tantos otros.
A mí me han llamado terrorista desde la segunda vuelta. Siendo presidente nos han insultado y maltratado, nos decían terroristas en la prensa
Como expresidente del Perú... ¿Qué salida ve a esta situación actual de estallido social en su país?
Considero que sigo siendo presidente del Perú, como peruano no reconozco a este Gobierno genocida como representante del Perú. Hablo no solo como presidente, hablo como peruano, este gobierno dictador no nos representa.
¿Cree que volverá a ser presidente de Perú algún día?
Me sigo considerando presidente legítimo elegido por voluntad de los peruanos.
¿Qué opina del uso desmedido de la fuerza de los agentes estatales? ¿Cree que Perú es hoy una dictadura?
El uso desmedido de la fuerza... eso no es lo que está ocurriendo nada más. Es masacre. Están matando a mis compatriotas. Hermanos con quien recorrí el Perú, Arequipa, Cusco, Ayacucho. Sí, creo que el Perú vive terrorismo de Estado por este gobierno y sí es una dictadura.
¿Qué opina sobre las detenciones arbitrarias masivas que está ocurriendo en el Perú?
Las detenciones arbitrarias son una muestra de la dictadura de Dina Boluarte. Ella tiene las manos manchadas de sangre y también de personas presas políticas. Hermanos y hermanas dirigentes, justamente de las regiones más golpeadas, hoy tienen a sus líderes perseguidos o presos, como es el caso de Ayacucho. Este gobierno de facto ha herido a ayacuchanos, ha encarcelado a ayacuchanos y ha asesinado a ayacuchanos. Por eso pido la solidaridad con esta región golpeada.
¿Cómo valora las acusaciones de terrorismo que promueve el Gobierno de Boluarte?
El terrorismo es un psicosocial y una mentira que utiliza este Gobierno para callarnos a los opositores. A mí me han llamado terrorista desde la segunda vuelta. Siendo presidente nos han insultado y maltratado, nos decían terroristas en la prensa y ahora me encarcelan por un delito de rebelión que no he cometido.
¿Cómo explicaría, para una comunidad europea, el término “terruqueo”?
El terruqueo es toda acción que llame terrorista a quien critica al sistema y eso viene de la derecha peruana de grupos de poder: prensa, policía o fiscalía. Empieza con insultos y puede terminar con procesos por terrorismo a personas inocentes como es mi caso y todos los casos de dirigentes. Me ven como un monstruo, eso es lo que la prensa internacional ha construido como relato. Yo soy el presidente elegido por todos los peruanos por votación popular. No soy terrorista y no he cometido el delito de rebelión ni conspiración de los que se me acusa, nunca he tocado un arma en mi vida.
¿Qué opina de las personas que están siendo encarceladas por pedir una nueva Constitución?
Yo me encuentro encarcelado en este penal, incomunicado, persiguen a mi familia, a mis abogados, a todos. Estoy aquí por lo que creo, dije a nivel nacional en el mensaje a la Nación que es necesaria una Asamblea Popular Constituyente para tener una Nueva Constitución y no renuncio a este sueño y admiro la valentía de todos mis compatriotas y hermanos encarcelados y asesinados por pedir lo mismo. Son los héroes del país y muestro mi solidaridad con las familias deudas.
Me encuentro encarcelado por 18 meses de prisión preventiva injustamente por un delito de rebelión que no he cometido. El Ministerio Público y el Poder Judicial del Perú me tienen tras las rejas.Me han abierto muchos procesos que no tienen razón de ser. Todas las carpetas [causas] fiscales y expedientes responden a la aplicación del sistema judicial de manera errónea e ilegal, utilizan el aparato judicial para criminalizar personas que queremos cambiar el Perú y somos consideradas enemigas de los aparatos de poder.Tengo más de 60 carpetas por un mismo hecho que, según la Fiscalía, es corrupción. Todos por un solo hecho, lo cual es ilegal. Me seguirán abriendo carpetas. Sin embargo, yo no estoy encarcelado por eso, yo estoy encarcelado por el proceso penal que la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú me han imputado de rebelión y conspiración. Dicen que me he levantado en armas cuando es mentira. Yo nunca he tocado un arma y jamás lo haré. No he cometido ningún delito.Esto ocurre en otros tantos países, con colegas exmandatarios, como Cristina Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y más.
Desde el inicio, he sufrido la violación de mis derechos a un debido proceso. Mis abogadas y abogados se encuentran peleando por mi libertad y por un juicio justo.Quiero agradecer a mi equipo legal, que se ha consolidado poco a poco, abogados y abogadas nacionales e internacionales con prestigio: el equipo legal principal se encuentra conformado por la Red Nacional de Derechos Humanos a cargo del abogado venezonano Asdrubal Gonzales. También me asisten el abogado peruano Wilfredo Robles y recientemente los abogados penalistas y de derechos humanos Indira Rodríguez, Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto. Todos ellos especialistas comprometidos con los derechos humanos, con experiencia en la defensa de casos penales que tengan vulneración de derechos. Han defendido casos complejos y por eso es que los he convocado y elegido. Tienen mucho profesionalismo y también firmeza en que lo que está ocurriendo en el Perú es más grave de lo que se conoce. En el Perú ya no existe Estado de Derecho. Todos mis derechos fueron violados.