La sangrienta represión desatada contra los trabajadores y la juventud peruana por el régimen de Dina Boluarte, instalado en un golpe de Estado apoyado por EEUU y la Unión Europea, vuelve a dejar en evidencia al partido pseudoizquierdista gobernante en España, Podemos.

Las protestas continúan tras siete semanas desde la instauración del régimen de Boluarte, que ha respondido con una sangrienta represión. Se están produciendo detenciones masivas. Más de 60 personas han muerto, entre ellas menores de edad, y casi 1.000 han resultado heridas mientras el régimen peruano desata a la policía armada con gases lacrimógenos, balas de goma y vehículos blindados contra los manifestantes.

El Gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos está firmemente del lado de los golpistas contra los trabajadores peruanos.

La semana pasada, el diputado y secretario primero del Congreso, Gerardo Pisarello, insistió públicamente en que su gobierno estaba conmocionado y consternado por la violencia en Perú. “No puedo comenzar mi intervención sobre política exterior sin antes manifestar nuestra profunda preocupación por la violencia represiva que se ha desatado contra la población civil en Perú en estas semanas”, dijo al inicio de su discurso. Hizo un llamamiento “al Gobierno de Dina Boluarte que acabe la represión y la persecución de lideresas y líderes comunitarios, y que se respete el legítimo derecho a la protesta de los peruanos y los peruanos”.

Se trata de un cínico y mentiroso ejercicio de control de daños, después de que Amnistía Internacional publicara un informe en el que demostraba que el régimen peruano estaba utilizando material antidisturbios que le habían vendido el PSOE y Podemos para reprimir a trabajadores y jóvenes peruanos. España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea.

Amnistía Internacional cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los cuales cerca de 40 millones eran de material antidisturbios. En cuanto a las exportaciones realizadas en ese mismo periodo, Amnistía destaca las ventas de 4,7 millones en armas ligeras, munición por valor de 2,4 millones y cerca de 1 millón en material antidisturbios

Esto ocurrió cuando el PSOE y Podemos estaban en el poder, primero bajo un gobierno minoritario liderado por el PSOE y respaldado por Podemos en el parlamento desde 2018 hasta enero de 2020, y en un gobierno de coalición desde entonces. El WSWS ya informó en 2021 que el gobierno es un 'exportador líder en equipos policiales y antidisturbios mientras la aristocracia financiera global se enfrenta a la oposición social masiva a sus políticas de austeridad, militarismo y negligencia maligna frente a la pandemia de COVID-19'. Ahora, estas mismas armas se están utilizando contra los trabajadores en Perú.

Amnistía Internacional ha pedido por carta la suspensión de estas exportaciones a la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, también presidenta de la Junta Interministerial que regula la venta de armas. En ella solicita que —de acuerdo con el Tratado sobre Comercio de Armas que obliga a no autorizar exportaciones cuando existe un riesgo sustancial de uso para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos— el Gobierno PSOE-Podemos revoque la autorización de exportaciones de material letal y antidisturbios. Esta carta ha sido ignorada.

La exportación de material antidisturbios bajo Podemos no es un descuido o un error pasajero de este partido pseudoizquierdista. De hecho, Podemos situó en el centro de su política económica los llamamientos a la exportación masiva de armamento letal a dictaduras militares y regímenes derechistas.

En octubre de 2020, el portavoz de Defensa de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, resaltó en su intervención en el Foro Infodefensa en el Congreso que la industria de defensa debe basar su crecimiento en la diversificación y en la búsqueda de nuevos mercados en el exterior, y más investigación en la industria armamentística.

La industria no debería 'poner todos los huevos en el mismo cesto', dijo. Ante esta situación, “la industria de defensa debe basar su crecimiento en la diversificación de sus soluciones y en la búsqueda de nuevos mercados en el exterior, para que el Ministerio de Defensa no sea el único cliente de la industria armamentística”.

Uriarte pidió a España que exporte armas a regímenes de todo el mundo. 'No sólo debemos vender [armas] en forma de monocultivo a las monarquías del Golfo Pérsico', dijo. España, insistió, debe 'poner en marcha políticas públicas y facilitar la internacionalización' de la venta de armas. Pidió invertir en investigación y desarrollo, lo que requiere 'políticas a largo plazo, poca demagogia y mucho sacrificio y dedicación'.

Podemos actuó de acuerdo con su llamamiento a una expansión masiva de las exportaciones de armas españolas. Con Podemos, España pasó de ser el undécimo mayor exportador de armas del mundo en 2016 al séptimo en 2020, una posición que sigue ocupando hoy en día. Solo está por detrás de los principales países imperialistas como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia y de potencias mundiales como Rusia y China. El complejo militar-industrial de España es un pilar de su economía, da empleo a 21.000 personas y genera una facturación anual de €6.200 millones.

En 2020, mientras la pandemia del COVID-19 mataba a cientos de miles de personas en España y Europa, el Gobierno PSOE-Podemos autorizó la venta de armas por un valor récord de €22.500 millones.

En medio de la rápida escalada de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, Podemos está trabajando para aumentar sus ventas. La industria armamentística española se prepara para obtener beneficios récord después de que el Gobierno PSOE-Podemos aprobara su presupuesto para 2023, con el mayor aumento del gasto militar de la historia de España. Este gasto ascenderá a más de €12.800 millones el próximo año, frente a los cerca de €10.000 millones de 2022. Esto está en línea con el compromiso de Madrid con la OTAN de aumentar su presupuesto de defensa hasta el 2 por ciento del PIB en 2029.

Según datos del Centro Delàs de Estudios para la Paz, el gasto militar real de Madrid —que incluye, además del presupuesto del Ministerio de Defensa, otros artículos de carácter militar adquiridos por el Gobierno español— será de €27.000 millones, es decir, €75,7 millones al día. Una gran parte de este gasto, €4.900 millones, se destina a 'programas especiales de armamento', que en su mayoría van a parar a empresas armamentísticas españolas.

El diario barcelonés La Vanguardia publicaba recientemente un artículo titulado 'Impulso histórico a la industria de defensa' en el que saludaba la escalada militar lanzada por Podemos. Fabricantes de armas como Airbus, Navantia, GDELS-Santa Bárbara e Indra son los que, según el artículo, el Gobierno PSOE-Podemos 'quiere convertir en la punta de lanza de una operación de país a largo plazo para fortalecer el sector. Para ellos habrá una lluvia de millones'.

Elogiaba el aumento de las ayudas estatales a los fabricantes de armas lanzado por Podemos, añadiendo: 'La oportunidad no tiene precedentes. Nunca antes la industria española de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio se había enfrentado al reto de crecer y modernizarse con una aportación tan potente de dinero estatal'.

El afán de Podemos por exportar armas para la represión estatal a nivel internacional estaba claramente ligado a su ya consolidado historial de uso de este tipo de armamento contra trabajadores en huelga en el Estado español.

En noviembre de 2021, el Gobierno PSOE-Podemos envió a la policía a disparar gas pimienta, gases lacrimógenos y balas de goma contra los trabajadores metalúrgicos en la huelga de Cádiz, llegando incluso a desplegar tanquetas en los barrios obreros para aterrorizar al público. En abril del año pasado, desplego 23.000 policías para romper la huelga de camioneros, algo sin precedentes, y en junio movilizó a más de 20.000 agentes de policía armados con 6.000 cartuchos taser para reprimir las protestas contra la cumbre de la OTAN.

En el extranjero, al respaldar a Boluarte en Lima, Podemos pretende salvaguardar la extracción continuada de la riqueza mineral estratégica de Perú —especialmente cobre, zinc y gas natural— y los intereses financieros de los bancos españoles BBVA y Banco Santander, y de multinacionales como Telefónica y Zara.

Hay que extraer lecciones políticas fundamentales del militarismo antiobrero de partidos como Podemos que las élites gobernantes promueven falsamente como 'de izquierdas'. La evolución de Podemos desde su fundación en 2014 no es fruto de un error táctico o de equivocaciones de la dirección de su partido. Hablando en nombre de las capas acomodadas y proimperialistas de la clase media, Podemos se comprometió a construir partido amplio de izquierdas y a llevar a cabo un cambio democrático a través de la maquinaria estatal capitalista española.

Esto implicaba utilizar esta máquina para defender los intereses financieros y estratégicos del capitalismo español contra la clase obrera. La violencia policial en el extranjero y en casa son el resultado inevitable de esta política en bancarrota.

El apoyo de Podemos a la represión policial en Perú demuestra que la construcción de una lucha revolucionaria internacional contra la austeridad, la guerra y la dictadura depende de la movilización de la clase obrera contra todos los partidos capitalistas reaccionarios, especialmente las variantes 'populistas de izquierda' como Podemos. Esta es la lección crítica que debemos extraer.

(Publicado originalmente en inglés el 3 de febrero de 2023)

Article recollit de la web de World Socialist Web Site.