La guerra a Ucraïna ha demostrat que és una cosa que pot passar a qualsevol lloc, que qualsevol es pot veure en aquesta situació terrible, però també ha posat de manifest el doble tracte enfront de persones que fugen d'altres guerres com ara a Síria, o que escapen de països en conflicte a l'Àfrica, com ara Sudan i Sudan del Sud que només troben obstacles per accedir a les fronteres europees, o també les devolucions en calent o l'ús excessiu de la força, o la mort de 37 persones a la tanca de Melilla.
Obrim avui una serie d'informacions sobre els conflictes a Àfrica. Els articles corresponen a diferents autors i diferents èpoques, però tots han estat publicats al diari digital Le Monde Diplomatique en espanyol.
Sudán.
Crónica de una independencia anunciada
La rebelión de Sudán del Sur nació en julio de 1955, incluso antes de la independencia del país, proclamada el 1º de enero de 1956. El batallón de la guarnición de la ciudad de Torit se sublevó contra sus oficiales. Con eso expresaba el rechazo del Sur, cuya población es animista y cristiana, a ver las llaves del país devueltas a una elite nordista que, aliada con el colonizador, quería imponer en todo el Sudán una identidad árabe-musulmana exclusiva.
La guerra que se desencadenó con el nombre de movimiento Anyanya (“veneno de serpiente”) duró hasta 1972. El movimiento estaba sostenido por las Iglesias, por la Etiopía del Negus y por Tel Aviv, en el contexto de la Guerra Fría y del conflicto árabe-israelí. El independentismo de los sudaneses del Sur era percibido como la traducción de una línea de fractura entre el Este y el Oeste, el mundo árabe y el África negra, la cristiandad y el Islam. Esta última oposición se expresaba a pesar de que los cristianos, recientemente convertidos por las misiones católicas y protestantes implantadas desde el comienzo del siglo XX, representaban apenas el 20% de la población del Sur, frente a una mayoría de adeptos a las religiones tradicionales y una pequeña minoría de musulmanes (alrededor del 5% del total). En el pensamiento de sus partidarios en el extranjero, la independencia de Sudán del Sur iba a permitir o bien bloquear el avance del Islam en el África negra, o bien hacer retroceder al mundo árabe y, más particularmente, al Egipto de Nasser, heraldo del no alineamiento y de la resistencia palestina. También era percibido como un medio de mantener a la Unión Soviética a distancia del continente y de las colonias británicas de África oriental, que accedieron a la independencia al inicio de los años 1960.
Pero, en realidad, los objetivos del movimiento Anyanya –dispar y sin una dirección política fuerte– no eran unánimes. En efecto, el Sur del Sudán, vasto territorio de 650.000 km2, está formado por regiones que difieren en su relación con los dos polos de atracción que son el norte de Sudán y el África Oriental. Encontramos así:
Un “Sur del Sur”, Equatoria, que se extiende a lo largo de la frontera desde la República Centroafricana (RCA) hasta Etiopía. Esta zona, cubierta de selvas tropicales o de sabanas arboladas, está ocupada mayoritariamente por pequeños grupos de cultivadores. Comprende también pueblos más numerosos como los zandés (alrededor de dos millones de personas), a caballo sobre la RCA y la República Democrática del Congo (RDC, antiguo Zaire), así como poblaciones nómadas de criadores de ganado que recorren las regiones más secas, como las Toposas al este. Esta región estuvo, sobre todo en su parte central, muy influenciada por el colonizador: la presencia de los misioneros favoreció la educación y el contacto con las colonias británicas de Kenya y Uganda. De esta elite, surgida de la colonización, salieron los cuadros del movimiento Anyanya. Este movimiento estaba más polarizado hacia el África Oriental porque la política británica de los “closed districts” prohibió hasta 1947 toda circulación entre el norte y el sur de Sudán (1).
Más al norte, las dos regiones del Alto Nilo y del Bahr el-Ghazal, en torno a la depresión pantanosa del Alto Nilo, son drenadas por el Nilo Blanco y sus afluentes. Desde el comienzo del siglo XIX, estas regiones estaban en relación con Jartum (la capital de Sudán), fundada en 1824 en la confluencia del Nilo Azul y el Nilo Blanco. Remontando el río a través de las ciénagas, el conquistador egipcio llegó en 1840 a Gondokoro y abrió la región al comercio de esclavos negros, animado por las casas de comercio otomanas y europeas. Al oeste, en las sabanas de Bahr el-Ghazal, la caza de los esclavos tuvo gran importancia hasta los años 1870, para los mercados de Egipto y Estambul. Alrededor de la capital regional, Wau, como de otros centros urbanos nacientes, se desarrolló una población de sangres mezcladas, de esclavos, liberados, soldados, entre los cuales el Islam y el árabe abrieron su camino. Este mundo se integró cada vez más en el espacio económico y cultural del Sudán del Norte. Después del paréntesis británico, la construcción de un ferrocarril que llegó a Wau y después a Jartum en 1960 reforzó ese cordón umbilical.
En resumen, el Sur aparece entonces dispar en su relación con el Norte –no tanto en función de proximidades culturales, como por razones debidas a la geografía, a la historia y la economía–. Esto explica sin duda por qué la paz negociada en 1972 en Adís Abeba terminó en una amplia autonomía para el Sur, pero con el Norte conservando las funciones soberanas.
Iniciada con entusiasmo, esta experiencia de autonomía con un parlamento y un ejecutivo instalados en Juba (capital de la región de Equatoria) se hundió rápidamente por la voluntad de Jartum de “dividir para reinar”. A partir de 1977, numerosas medidas cuestionaron las concesiones hechas a los sudaneses del Sur: una nueva división del Sur en tres regiones (Equatoria, Bahr el-Ghazal y Alto Nilo), la inclusión en el índex de la “dinkacracia”, con lo que se expulsó a los funcionarios dinka de las regiones de las cuales no eran originarios, y se rechazó beneficiar al Sur con el futuro maná petrolero.
Cuando en mayo de 1983 el coronel John Garang –ex partidario de Anyanya, luego integrado en el ejército regular– encabezó una nueva rebelión, el manifiesto fundador de su Movimiento por la Liberación de los Pueblos de Sudán (SPLM, según su sigla en inglés) no retomó la consigna de la secesión (2). La reivindicación se refería al derecho a la igualdad de todos los sudaneses, sin distinción de religión o de etnia, en el marco de un Estado unitario. Esta refundación de Sudán sobre nuevas bases, que tomó el nombre de “New Sudan” (Nuevo Sudán), estaba dirigida al conjunto de los pueblos marginados del país, en el norte y en el sur, y a todos los individuos que se levantaban contra el dominio de las tribus arabizadas e islamizadas en el valle del Nilo sobre el poder político, económico y sociocultural de Sudán. En el Sur, era más representativa de la posición de los grandes pueblos nilóticos del Alto Nilo y de Bahr el-Ghazal, los dinka, nuer y shillouk, que de los pequeños pueblos de Equatoria que habían impulsado la primera guerra de liberación.
¿Se apagó con la muerte de Garang en un accidente de helicóptero de agosto de 2005 el mensaje del Nuevo Sudán? Su fe en la unidad de Sudán, hoy inaudible en el Sur, suscitó sin embargo grandes esperanzas en las regiones marginadas del Norte y en los centros urbanos, lugares de mestizaje acelerado, bajo el efecto de las guerras y del boom petrolero. Así, tres regiones con un estatuto especial, zonas de transición entre el Norte y el Sur, constituyen puntos de tensión esperable: el Nilo Azul, el distrito de Abyei y los montes Nuba. Su población es mixta y los grupos autóctonos asumieron allí, desde mediados de los años 1980, la causa del SPLM, al precio de inmensos sacrificios. La inminencia de la secesión del Sur plantea con precisión la cuestión de su futuro en el seno del Norte.
(1) Bajo control egipcio de 1821 a 1885, Sudán se liberó bajo el mando de un jefe religioso, El Mahdi. Pero fue reconquistado en 1898 y colocado bajo un condominio anglo-egipcio, en el que Egipto soñaba con su anexión y los británicos ejercían el poder real.
(2) Véase Alain Gresh, “Faux-fuyants au Soudan”, Le Monde diplomatique, julio de 1984.
Autor: Marc Lavergne. Director d'investigació en el Centre Nacional d'Investigació Científica (CNRS) y en el Centre d'Estudis i de Documentació Econòmica, Jurídica i Social (CEDEJ), El Cairo/Jartum.
Vínculos desconocidos entre Jartum y Washington
La goma arábiga sacude Estados Unidos
Mientras Sudán del Sur prepara su independencia y el delicado reparto de los recursos petroleros, un comercio menos expuesto prospera en la región: el de la goma arábiga. Esta sustancia, procedente de la acacia, se encuentra entre los componentes de diversos productos, entre ellos la Coca-Cola. Sin embargo, Sudán, primer exportador mundial, sufre un embargo comercial estadounidense. Para evitarlo, los lobbies, las embajadas y los negociantes se movilizan.
Nueva York. En la esquina de Hanover Square y Pearl Street, en el corazón de Manhattan, se levanta un antiguo centro de intercambios comerciales convertido en club de negocios: India House. En el primer piso, los salones que en otra época estaban dedicados a las transacciones de productos provenientes de las Indias fueron acondicionados para albergar un restaurante elegante. Pero el espíritu de los mercaderes de productos exóticos sigue rondando estos lugares. Como un mensajero de estos antiguos comercios, olvidado por las luces tenues y las conversaciones, una vitrina de curiosidades preside el salón. La cómoda construida en madera preciosa tiene unos treinta cajones repletos de esas materias primas indispensables para la economía estadounidenses. El undécimo, reservado a las resinas, encierra un montón de polvo granulado acompañado por esta mención: “goma arábiga”.
A algunos metros de allí, justo en la esquina de la calle 14, el número 4 de la Union Square South es la dirección de un supermercado de la cadena de alimentación orgánica Whole Food. Sin saberlo, los parroquianos atiborran allí sus cestas de cantidades ínfimas de esta resina de acacia. En ausencia de este emulsionante también conocido con el código E 414, “el colorante negro de la Coca Cola subiría hasta la superficie de la botella”, explica Frédéric Alland, director de la empresa de importación y transformación de goma Alland & Robert. “Ya no podríamos tomar sodas”, ni consumir dulces o medicamentos cuyo revestimiento está fijado por esa goma, ni comer yogures cuya textura hace espesa, ni beber vino cuyos taninos reduce, ni imprimir periódicos en los cuales permite fijar la tinta.
“La mayoría de las personas del mundo consume goma arábiga todos los días”, explica el profesor sudanés Hassan Addel Nour. Sectores tan vastos como el farmacéutico, el cosmético, la industria alimentaria, las bebidas aromáticas, los textiles, la imprenta y la tecnología punta dependen de este maná caído del cielo que, según la Biblia y el Corán, permitió alimentar a los hebreos que erraban en el desierto del Sinaí, y que los egipcios usaban, hace ya 4.500 años, para pegar las cintas de sus momias.
Su fuente: el “cinturón de la goma arábiga”, un collar de acacias que une Senegal con Somalia, comprimido entre el Sahara y el bosque ecuatorial. Grandes productores como Chad y Nigeria emergieron sobre los mercados internacionales, pero su dinamismo no iguala el de Sudán. Exportador de la mitad de la producción mundial, y sobre todo de la mejor calidad (llamada Hashab), el “País de los Negros” es una fuente de suministro indispensable para Occidente. Hasta tal punto que, a pesar de un embargo drástico impuesto por Washington sobre Sudán desde 1997, el comercio del exudado estratégico prosigue, a espaldas de los consumidores estadounidenses, entre las orillas del mar Rojo y la costa Este de Estados Unidos.
“Cuantas más sanciones nos impone Estados Unidos, más goma arábiga les vendemos”, comenta el empresario sudanés Isam Siddig. Y con razón: la resina se revela indispensable para la fabricación de las sodas. "Tenemos un moral, ¡pero no nos priven de nuestra Coca Cola!”, resume un especialista estadounidense en Sudán. Este talón de Aquiles de la política exterior en Sudán de Estados Unidos, el diario The Washington Post la llama Soda Pop Diplomacy (“Diplomacia de la Soda”). Aunque consciente de esta ascendencia, el ex condominio anglo-egipcio sueña con aliarse a Chad y Nigeria para crear una “OPEP” de la goma, en referencia a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En 2007, como represalia a las condenas de Washington sobre las matanzas perpetradas en Darfur, el ex embajador de Sudán en Washington, John Ukec Lueth, incluso amenazó, agitando una botella de Coca Cola delante de un grupo de periodistas estupefactos, con cortar el chorro de las exportaciones de goma. Una “guerra de las sodas” potencialmente desastrosa para la industria de las bebidas con gas, pilar del american way of life.
A 10.000 kilómetros de Nueva York, en la confluencia del África negra y el mundo árabe, Jartum y sus seis millones de habitantes extienden sus tentáculos alrededor de los meandros del Nilo azul y el Nilo blanco. En el pasado mes de marzo, el tránsito de la capital sudanesa se congestionó por el flujo de rikshas sin edad y Hummers rutilantes. Irritados bajo un sol clavado en el cénit, bosques de edificios, grúas y minaretes desafían las alternancias de brumas de arena y calor. Recluidos a la sombra de sus puestos, los vendedores de especias y de sésamo resisten estoicamente a los humores de la estación seca. El periodo coincide con la cosecha de la goma, el cuarto producto agrícola del país y objeto de orgullo nacional. “¡Sudán sin la goma no es concebible!”, exclama un comerciante. “Es el oro de Sudán –añade, lírico, su colega Momen Salih–. ¡Dependemos de él más que del petróleo!”.
Para sumarse a los seis millones de granjeros que trabajan en las inmensidades jalonadas por acacias de Kordofan y Darfur, hay que conducir ochocientos kilómetros hacia el oeste por una carretera rectilínea, que divide la sabana en dos inmensidades gemelas. La calzada se puebla de chozas esporádicas y jinetes solitarios. Camiones multicolores cargados de víveres y de hombres se mezclan con los camellos perdidos. La tierra se vuelve roja. Baobabs levantan su silueta por encima del horizonte desértico. Al borde del asfalto, la aldea de El Nouhoud es la capital sudanesa de la goma arábiga.
Granjeros y comerciantes trabajan allí para extraer y comercializar la savia sustantiva. “¡Aquí, la acacia es la vida!”, confía Ajab Aldoor. Desde hace cuarenta años, este padre de cinco hijos, de silueta enflaquecida y mirada humilde, reproduce con la ayuda de un machete los gestos que se transmiten de padre a hijo. El fin de la tarde es el momento ideal para sangrar la corteza de las acacias. Quince días después, pequeños ríos de resina se escapan de las cortaduras y forman bolitas viscosas.
Como millones de agricultores, Aldoor ignora todo sobre el uso final de la savia. Vendida por un puñado de libras sudanesas al comerciante local, limpiada de sus impurezas, secada y luego machacada, la goma es enviada en bolsas de yute hasta el poblado de El Obeid para ser subastada allí. Todavía debe recorrer dos mil kilómetros con destino a Puerto Sudán, sobre las orillas del mar Rojo, de donde es fletada en contenedores hacia fábricas occidentales de transformación. Atomizado y tratado, el producto final parece un polvo fino y blanco que se envía a los cuatro rincones del mundo.
En 2011, los comerciantes de goma arábiga son optimistas: estimulada por el crecimiento de los países emergentes, la demanda mundial se duplicó desde 1985 y progresa a un ritmo anual del 3%. "La principal fuente de crecimiento se encuentra en las sodas, las bebidas vitaminadas y los complementos alimentarios”, observa Paul Flowerman, presidente de la empresa de alimentos PL Thomas. “Todo juega en favor de una vuelta a la goma natural”, analiza Thomas-Yves Couteaudier, autor de un estudio de mercado para el Banco Mundial. “Sobre todo cuando occidente sólo juega por lo bio”, agrega Salih. La savia de acacia, recuerda, produce 40 millones de dólares al año en su país. “¡Además, producimos la mejor goma del mundo!” Así va el maravilloso mundo de la goma arábiga…
Se olvida que Sudán es un Estado marginado por las naciones, inscrito en todas las listas negras de la diplomacia mundial. La paranoia del régimen militar se trasluce en las calles de Jartum, inundadas de carteles con la efigie del general Omar al Bashir. Policías y militares se despliegan en los accesos de los edificios y los puentes estratégicos. Una fotografía puede valerle a un periodista extranjero una detención en toda regla. Sobre un fondo de boom petrolero, Jartum se abre hacia afuera: junto a la China National Petroleum Corporation, grupos malayos e indios se reparten la extracción diaria de quinientos mil barriles. Pero no hay rastros de un petrolero occidental desde que el canadiense Talisman Energy se retiró en 2002. En los restaurantes de la capital, en cuyas mesas se sientan chinos y libios, los estadounidenses y los europeos son poco frecuentes… En el hotel Coral, los camareros responden a cualquier pago por tarjeta bancaria esta invariable negativa: “Sólo aceptamos efectivo, señor. Estamos sometidos a un embargo estadounidense”.
Es en Washington donde se encuentran las explicaciones a este bloqueo comercial. El diciembre último, las arterias que unen los campanarios de la universidad de Georgetown con la cúpula del Congreso aparecieron entumecidas por las nevadas. Las aguas del Potomac se vieron inmovilizadas bajo un fino banco de hielo que refracta una luz helada. Pero para los lobbistas, los diplomáticos, los periodistas y los políticos que escudriñan el inminente referéndum sobre la independencia de Sudán del Sur, la ebullición está en su punto más alto. En efecto, el desarrollo pacífico del escrutinio podría sellar el fin del largo invierno diplomático entre Sudán y Estados Unidos.
No hay duda de que Ted Dagne, recluido en su oficina sin ventanas del Capitolio, sigue de cerca la situación. Desde hace veinte años, este especialista en el cuerno de África enrolado en el servicio de investigaciones del Congreso está considerado como uno de los cerebros de la política exterior estadounidense respecto de Jartum. Las relaciones entre ambos países se degradaron como consecuencia del golpe de Estado de Al Bashir en 1989, pero “es a partir de 1992 cuando el Ejecutivo estadounidense comenzó a interesarse verdaderamente por Sudán”, recuerda Dagne. ¿Cómo? En esa época, la percepción era que Sudán promovía el islamismo radical, reprimía a la fuerza la rebelión nubia y protegía sobre su suelo a los terroristas Carlos y Osama Ben Laden.
Dagne afirma haber constituido entonces, con ocho altos funcionarios y políticos alarmados por las artimañas de Jartum, una red discreta, The Council (el Consejo). Desde principios de los años 1990, este lobby informal influyó sobre el progresivo endurecimiento de la actitud estadounidense hacia el País de los Negros. Los deseos de Dagne se ven cumplidos en 1993, cuando la implicación de cinco ciudadanos sudaneses en el primer atentado contra el World Trade Center lleva a la Administración de Clinton a inscribir a Sudán en la lista de los Estados que apoyan el terrorismo. En el mismo momento, las veleidades irredentistas de los rebeldes sudistas, relevadas por Dagne, gozaban de la atención de legisladores influyentes, materializada por una ayuda financiera y logística.
En 1997, los “halcones” Susan Rice y John Prendergast, respectivamente asistente del secretario de Estado para los asuntos africanos y especialista de África del Este en el Consejo Nacional de Seguridad, se declaran a favor de la confrontación con Sudán. Advirtiendo “una amenaza inhabitual y extraordinaria a la seguridad interior y a la política exterior de Estados Unidos”, el presidente William Clinton firma, el 3 de noviembre de 1997, la Executive Order 13067, que ratifica vastas sanciones comerciales.
Las relaciones entre ambos Estados se deterioraron durante la década siguiente: los 300.000 muertos y los dos millones de refugiados en Darfur conducen a George W. Bush a imponer nuevas sanciones, prorrogadas por Barack Obama. Congelación de los activos sudaneses ubicados en territorio estadounidense, prohibición de importar y exportar cualquier bien o servicio desde o hacia Sudán, transacciones financieras prohibidas… Estado paria, socio del mal absoluto, el País de los Negros sobrevive desde entonces al margen de la economía occidental.
Ahora bien, inmediatamente después del decreto presidencial, “el laboratogorio American Home Products, que fabrica particularmente el medicamento Advil, comprendió que la gente moría si no podía procurarse esta goma”, recuerda la lobbista Janet McElligott. Un problema similar se planteó con las bebidas gaseosas, para las cuales “la mejor emulsión está permitida por la goma sudanesa de calidad Hashab. Es un elemento clave de la receta”, añade Dennis Seisun, presidente del gabinete de marketing IMR International. A propósito de la preciosa savia, la ex secretaria de Estado Madeleine Albright había declarado: “Ese es el problema con las sanciones: no siempre queda claro quién penaliza verdaderamente a quién” (1).
En ausencia de sustitutos de calidad comparable, asegurar a toda costa la continuidad del suministro de goma sudanesa se vuelve un imperativo vital. A finales de 1997, el negociante Flowerman es el único punto de entrada del E 414 al territorio americano. Establecidos en Morristown, Nueva Jersey, sus negocios corren el riesgo de verse afectados seriamente por el bloqueo. McElligott, que en aquella época era asesora del embajador sudanés en Washington, Mahdi Ibrahim Mohamed, cuenta cómo Flowerman muchas veces fue a comer a la residencia privada del diplomático, ubicada en el 2800 de Woodland Drive, junto al bosque de Rock Creek Park, acompañado por clientes tan diversos como American Home Products, Coca Cola, Fanta...
Como buen estratega, Mohamed ve, en una posible exención de la goma, la caja de pandora que podría abrir la vía a otros arreglos del embargo. Se convino hacer subir a los industriales estadounidenses a la primera línea, mientras que el diplomático sudanés les abastece de informaciones con el apoyo de una argumentación muy probada: empleos amenazados y, sobre todo, el riesgo de que la industria agroalimentaria estadounidense se encuentre a merced de los negociantes franceses de goma, muy activos en Sudán.
Establecidos en su mayoría en el estado de Nueva Jersey, los importadores estadounidenses se vuelven naturalmente hacia el parlamentario de su Estado, el demócrata Robert Menéndez, que a su vez se acerca a “la Casa Blanca, el consejo de seguridad del presidente Clinton y el Departamento de Estado”, relata Dagne. Albright, que recibió una llamada de Menéndez, recuerda haberle preguntado: “¿Cómo puede pedir una exención para Sudán cuando se opone de manera tan vehemente a toda excepción a nuestras sanciones para Cuba?” Menéndez (que es hijo de inmigrantes cubanos) respondió: “Los empleos”.
Desafiando su coherencia, haciendo caso omiso de las objeciones de Albright, la Administración de Clinton terminó cediendo: en julio de 1998, las Sudanese Sanctions Regulations precisan que el embargo se aplica a todo… excepto a la goma arábiga. Y para fijar este decreto en el mármol de la ley, dos años después Menéndez incluye esta excepción en una reglamentación fourre-tout relativa al comercio internacional. ¿Coincidencia? Las cuentas de campaña del demócrata indican que ese mismo año percibió donaciones de Chris Berliner, vicepresidente de la empresa de negocio de goma Import Service Corporation, de asociaciones representativas de la industria de las sodas así como del grupo Coca Cola. Según Steven Glazer, periodista del semanario Urban Time News que limpió sus cuentas, Menéndez recibió, sólo entre 1997 y 2002, 55.669 dólares en donaciones de empresas del sector de las gaseosas, de la industria agroalimentaria y de las farmacéuticas.
Menéndez, que no respondió a nuestras repetidas solicitudes de entrevista, justificó su conducta en 2000, en una carta abierta publicada en The Washington Post: “Nadie debería entrar en relación de negocios con sinvergüenzas. Pero si estos sinvergüenzas controlan un producto del cual no podemos prescindir, el mercado encontrará un medio de enviarlo hasta nuestros mostradores” (28 de septiembre de 2000). Ahora bien, aquel año, los bandidos en cuestión incluían a Osama Ben Laden… Cuatro años antes, un memo del departamento de Estado estadounidense, fundándose en fuentes de la Central Intelligence Agency (CIA), había afirmado en efecto que el terrorista saudí se había asegurado “un cuasi monopolio sobre la mayoría de las exportaciones de goma” sudanesa (2). “Incluso es posible que cada vez que compramos una bebida gaseosa de marca estadounidense, ayudemos a llenar las arcas de Ben Laden”, se escandalizaba ante el Congreso el senador republicano Frank Wolf, un año antes de los ataques del 11 de septiembre.
Encargando de investigar sobre los lazos entre la goma y la red Al Qaeda, el Gobierno estadounidense ordena a Paul Flowerman en particular que comunique los nombres de los responsables de las empresas sudanesas de goma arábiga y de sus accionistas. Información que, según el empresario, serán transmitidas directamente a Albright y sus sucesores.
Como prueba de la importancia vital de la resina, las exportaciones no se vieron interrumpidas durante el tiempo en que el Departamento de Estado invalidó estos rumores. Qué importan las advertencias de los embajadores, los arriesgados golpes estadounidenses a la fábrica farmacéutica Al Shifa en agosto de 1998, las acusaciones de genocidio en Darfur y la suma de animosidades recíprocas… “Estados Unidos y Sudán se detestan, pero necesitan uno del otro”, observa un negociante. Aunque estrangulado por la imposición de cuotas, el comercio del exudado siempre resistió a los sobresaltos de la geopolítica y asombra por su insolente regularidad.
Sin embargo, el doble juego estadounidense agrava periódicamente la vida política de Estados Unidos. Por un lado, Black Caucus (el grupo de parlamentarios negros en el Congreso) sigue pretendiendo suprimir este último lazo comercial con un régimen deshonroso; en 2007 la legisladora demócrata Maxine Waters intenta hacer lo mismo –en vano– con la propuesta de ley HR 3464. Por otro lado, el lobby de la goma arábiga, personificada por Menéndez –hoy senador–, se dedica a mantener relaciones comerciales con Sudán, a fin de preservar las costumbres de consumo estadounidenses. Sobre todo, las contorsiones de la primera potencia mundial perjudican su credibilidad en el caso sudanés. “Si Estados Unidos abandona las sanciones sobre la goma arábiga, su diplomacia virtuosa se verá vaciada de su autoridad”, había advertido The Washington Post (10 de septiembre de 2000). En Jartum, donde la exención es conocida por todos, las reacciones oscilan entre la burla y el orgullo de saberse tan indispensables.
Pero, lejos de las amenazas de sus diplomáticos, Sudán se sabe demasiado dependiente de su cliente americano para imponerle medidas de retorsión comercial. Así, la oficina del departamento del tesoro estadounidense encargado de la aplicación de los embargos (OFAC) indica que hasta hoy se han entregado 25 licencias. Siempre según la OFAC, se importaron 8.800 toneladas de goma en 2009 y 10.450 toneladas en 2010. Flowerman refuta estas cifras, y habla de cinco licencias para un total de 4.000 toneladas. La perennidad de este comercio puede apoyarse en el mutismo de los comerciantes de goma apenas Sudán se menciona en una conversación. Pero para reducir los riesgos de mala publicidad entre los estadounidenses saturados de imágenes de George Clooney y Angelina Jolie recorriendo los campos de refugiados del Darfur, los negociantes trabajan con la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), diversificando sus fuentes de abastecimiento.
Es otra faceta de la Diplomacia de la Soda: Estados Unidos aprovecha poderosas influencias implicadas en la ayuda al desarrollo a los fines de cubrir las necesidades estratégicas de su industria agroalimentaria. Hoy se exportan grandes volúmenes de goma de Senegal, de Chad o de Nigeria, hasta el punto de que Sudán no represente más que el 50% de las exportaciones mundiales, frente al 90% de hace veinte años. “Los industriales también se han vuelto hacia Kenia y Uganda” añade Seisun. ¿Acacias en Francia? “No sería rentable”, replica Alland. “No hace el calor suficiente y las plantaciones ocuparían demasiado espacio”.
Una objeción que no explica por qué los negociantes franceses de goma venden la savia transformada con la mención “Made in France”. Interrogado bajo el sello del anonimato, un industrial francés explica que él se abastece de goma en catorce países de África antes de transformarla: “Le aplicamos nuestras fórmulas. La goma cruda y la mercancía que sale de nuestras fábricas no son identificables”. Y de hecho, concluye, la goma “pierde su origen” antes de ser reexportada, entre otras cosas, con destino a… Estados Unidos. Entonces, si bien los estadounidenses se abastecen con franceses e italianos, “A fin de cuentas, ¡sigue siendo goma de Sudán!”, exclama Siddig.
“¡Todo el proceso está lleno de subterfugios”, añade el ex presidente del consejo de administración de la Gum Arabic Company, Mansour Khalid, mientras algunos rumores incomprobables afirman que la goma también transitaría por Sudán del Sur, Eritrea y Etiopía, territorios no sometidos a las sanciones estadounidenses, para luego ser reexportada hacia occidente. De ahí que, si se suma la goma enviada vía la plataforma europea, las cantidades de savia que llegan a la costa Este de Estados Unidos, por intermedio de industriales europeos que garantizan a sus clientes una pantalla de humo, son muy superiores (algunos cálculos hablan de 5.000 toneladas suplementarias).
Sudán del Sur votó en enero de 2011 por su independencia, y los diplomáticos sudaneses esperan que la partición pacífica del país llegue acompañada del levantamiento de las sanciones estadounidenses –y de un crecimiento matemático de las exportaciones de resina–. Con la supresión de Sudán de la lista de los Estados que apoyan el terrorismo, esta promesa es una de las numerosas cartas que guarda en la manga Scott Gration, enviado especial del Departamento de Estado en Sudán, con el fin de hacer girar al País de los Negros en la dirección deseada por Estados Unidos. Por su parte, los negociantes estadounidenses vigilan la situación en Darfur, cuya recobrada estabilidad reactivaría su cultura de la acacia y permitiría garantizar el abastecimiento de E 414. “La acacia es un árbol fértil –explica Jack Van Holst Pellekaan–; plantarlo es una acción ecológica” que permite volver a pintar de verde el Sahel ganado por la sequedad. Según este consultor del Banco Mundial encargado de un programa de repoblación forestal en Sudán del Sur, la colaboración entre países productores de goma y sus clientes occidentales es una situación de “ganador-ganador”. En un juego sutil de palabras dirigido a sus colegas sudaneses, Paul Fowerman habla incluso de la preciosa savia como de un “aglutinante”, un alimento ya propicio para una emulsión de los intereses comerciales estadounidenses-sudaneses…
Al recordar el producto milagroso oculto en el undécimo cajón de la vitrina de curiosidades del India House, la mirada de Van Holst Pellekaan se ilumina. El hombre está convencido: la goma arábiga es “una materia prima que puede traer la paz”.
(1) Madeleine Albright, Memo to the President Elect: How We Can Restore America’s Reputation and Leadership, Harper, Nueva York, 2008.
(2) “Usama Bin Ladin : Islamic Extremist Financier”, Departamento de Estado, Washington, 14 de agosto de 1996.
Amargo divorcio de Sudán y Sudán del Sur
Mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exhortaba a Jartum a retirar sus tropas del distrito disputado de Abyei, el mediador de la Unión Africana Thabo Mbeki proseguía sus esfuerzos a fin de que se retomaran las negociaciones entre los dos Sudanes. Una profunda desconfianza enfrenta a Jartum y Juba y el juego de las milicias locales vuelve todavía más inciertas las tentativas de entendimiento.
El 23 de enero de 2012, el presidente sursudanés Salva Kiir anunciaba ante el Parlamento que el Consejo de Ministros había “decidido por unanimidad interrumpir inmediatamente toda la actividad petrolera en Sudán del Sur y suspender la circulación del petróleo crudo del país con destino a la República de Sudán” (1). Esta medida respondía a la confiscación por parte de Jartum de una parte de la producción sursudanesa, y llevaba a un punto culminante el conflicto entre ambos Estados sobre la distribución de los ingresos de los hidrocarburos.
El petróleo es vital para la joven República, independiente desde julio de 2011 (2): representa el 98% de los ingresos de su Administración. En estas circunstancias, la suspensión prolongada de la producción amenaza con un derrumbe de las ya debilitadas estructuras estatales, asestando el golpe de gracia a las esperanzas de estabilización de la región tras décadas de guerra civil.
El 9 de julio de 2011, mientras Sudán del Sur celebraba su independencia, el presidente sudanés Omar Al Bashir viajó, al igual que muchos dirigentes internacionales, a la capital del nuevo Estado, Juba. Su presencia marcó el reconocimiento por parte de Jartum, tras múltiples tergiversaciones, de la división del país.
Sin embargo, muchas preguntas seguían sin respuesta. Los desacuerdos giraban especialmente en torno al reparto de la renta petrolera y la deuda pública, así como al trazado final de la frontera común. Quedaba también pendiente la organización de la seguridad regional.
Los dos Sudán parecían condenados a ponerse de acuerdo. Tanto en el Norte como en el Sur, el petróleo representa la principal fuente de divisas e ingresos fiscales. Pero, sobre todo, la interdependencia de ambos países en este sector es total: uno controla las reservas, el otro la infraestructura para la exportación. Sin acuerdo sobre los derechos de paso y refinado por parte de Jartum, ambos se exponen a una crisis económica catastrófica.
En agosto de 2010, negociadores de ambos lados se reunieron regularmente en la capital etíope, Addis Abeba, para llevar a cabo interminables e infructuosas negociaciones. Posteriormente, las relaciones no dejaron de deteriorarse, debido a divisiones internas en las elites dirigentes, su tendencia a redoblar la apuesta y su incapacidad para afrontar los conflictos locales en las zonas fronterizas.
La invasión por parte del ejército sudanés al distrito disputado de Abyei, en mayo de 2011, es decir, dos meses antes de la independencia oficial del Sur, marcó el comienzo de la crisis. El estatuto de esta zona fronteriza, aunque de mínima importancia estratégica, debía resolverse mediante un referéndum consultivo local organizado paralelamente al de la secesión del Sur. Pero Jartum impidió su celebración y se apoderó de la totalidad del territorio. Los combates que estallaron entre ambos ejércitos alcanzaron un nivel sin precedentes desde el acuerdo de paz de 2005. El mensaje parecía claro: el Norte estaba dispuesto a utilizar su superioridad militar para controlar las negociaciones.
El ejército sudanés se volvió entonces contra los miembros del Movimiento / Ejército Popular de Liberación de Sudán (Sudan People’s Liberation Movement/ Army, SPLM/A, el movimiento rebelde actualmente en el poder en Juba), presentes en su territorio –seis mil combatientes en el Estado nordista de Kordofán del Sur (3) y cuatro mil cien en el Estado de Nilo Azul (4), ambos limítrofes con Sudán del Sur y cuyas poblaciones, más africanas que árabes, son cultural y políticamente cercanas al Sur.
El 5 de junio de 2011, el ejército nordista y sus milicias aliadas lanzaron una ofensiva de envergadura contra los miembros del SPLM/A, armados o no, presentes en Kordofán del Sur. El 1 de septiembre de 2011, el conflicto se extendió a Nilo Azul. Tras el bombardeo de su residencia, Malik Agar, quien dirige el SPLM/A-Norte (SPLM/A-N), se refugió en el monte y llamó al derrocamiento del régimen de Jartum. El 8 de septiembre, anunció la escisión entre su movimiento y el partido en el poder en Juba. Una nueva guerra civil acababa de estallar.
Mientras tanto, Jartum y Juba continuaban negociando, librando una guerra económica impiadosa. En mayo de 2011, Sudán impuso restricciones al comercio transfronterizo con el Sur, cuya actividad depende en gran medida de las importaciones provenientes del Norte (5). En julio de 2011, ambos Gobiernos, sin llegar a un acuerdo, pusieron cada uno en circulación una nueva moneda. El tipo de cambio de la libra sursudanesa y la nueva libra sudanesa fluctúan a causa de la incertidumbre ligada al clima de crisis fiscal y de tensión, lo que obliga a los bancos centrales de ambos Estados a echar mano de las reservas de divisas de por sí débiles para prevenir devaluaciones masivas.
Cada uno también hace uso de la fuerza, directa o indirecta, para obligar al otro a replegarse. El Norte provee un apoyo logístico y militar a las diferentes milicias rebeldes que operan contra el Gobierno sursudanés (6), y bombardeó el territorio de su vecino en varias oportunidades a partir de noviembre de 2011.
Al Gobierno de Juba, por su parte, le cuesta mantener la ficción de la separación con los rebeldes del SPLM/A-N. Éstos utilizan a su antojo Sudán del Sur como base de retaguardia, al igual que los del Movimiento Justicia e Igualdad (Justice and Equality Movement, JEM), parte de cuyas tropas abandonaron actualmente Darfur en dirección a Kordofán del Sur. A finales de marzo de 2012, el ejército sudista, el JEM y el SPLM/A-N lanzaron una ofensiva conjunta sobre Heglig, un campo petrolero fronterizo, dando muestras de un nivel de coordinación sin precedentes.
Ahora bien, el SPLM/A-N y los grupos de Darfur, actualmente aliados bajo la égida del Frente Revolucionario de Sudán (Sudan Revolutionary Front, SRF), apuntan a un cambio de régimen en Jartum. La creciente implicación del Sur en el SRF y la intransigencia de los negociadores sudistas, comenzando por Pagan Amum (cercano a los dirigentes del SPLM/A-N), hacen temer pues que una parte de la elite política en Juba se haya sumado a este objetivo.
Los países occidentales y China esperan que un acuerdo bilateral sobre los derechos de tránsito del petróleo permita impedir una nueva guerra Norte-Sur; pero las grandes potencias se muestran incapaces de imponer un acuerdo. Washington, cuyo apoyo histórico a los sudistas y antagonismo con el Norte limitan su capacidad, ve considerablemente reducido su margen de maniobra por una opinión pública decididamente hostil a Jartum. Mientras que la atención de los medios de comunicación estadounidenses y el Congreso se focaliza en las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército sudanés en Kordofán del Sur, resulta imposible para la Administración de Barack Obama ofrecerle, a cambio de la paz con el Sur, un levantamiento –incluso parcial– de las sanciones estadounidenses adoptadas en 1997 y 2006, en respuesta al apoyo brindado por Sudán al terrorismo, y a la represión en Darfur. En su lugar, luego de años de complacencia, Washington trató de ejercer presión sobre Juba, logrando, el 2 de mayo de 2012, la aprobación en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas de una resolución que amenaza con sanciones a los dos Sudán.
En cuanto a Pekín, su influencia es también incierta, a pesar de sus estrechos lazos con los protagonistas. Principal actor del sector petrolero, en cuyo desarrollo había participado junto a Jartum durante la guerra civil, China había logrado desde 2008 acercarse a Juba. Sin embargo, sus visibles esfuerzos de mediación no prosperaron. Frente a sus pares occidentales, los diplomáticos chinos se exasperan por su propia impotencia. A medida que las relaciones entre los dos Sudán se deterioran, el ejercicio de equilibrio de Pekín se vuelve cada vez más peligroso. En cambio, Juba sabe que puede contar también con Israel, que se involucró en 1955 en la rebelión del Sur (7).
Los obstáculos locales a un acuerdo siguen siendo múltiples. Dos compromisos parciales, uno sobre la integración del SPLM/A-N en el juego político sudanés, en junio de 2011, y otro sobre el estatuto de los ciudadanos sudaneses y sursudaneses en los respectivos territorios de ambos Estados, en febrero de 2012, fracasaron (8). El primero, negociado por Nafi Ali Nafi, mano derecha de Al Bashir, con Agar, fue denunciado por el presidente sudanés tres días después de su firma. El segundo se tornó obsoleto por los enfrentamientos en la frontera que, según se sospecha, fueron orquestados conjuntamente por el SPLM/A-N y una parte del ejército sudista, con vistas a impedir un acercamiento Norte-Sur.
Nada garantiza que un acuerdo sobre los derechos petroleros sea suficiente para apaciguar la situación. Probablemente fracasaría en poner fin a la violencia en Kordofán del Sur y Nilo Azul, cuyas causas son ante todo locales. Es probable pues que la frontera entre los dos Sudanes permanezca inestable durante los próximos años.
El autor trabajaba como investigador especializado en cuestiones de Sudán y Sudán del Sur en una organización internacional de defensa de los derechos humanos cuando escribió este artículo. En el presente artículo Jean-Baptiste Gallopin se expresa a título personal.
(1) “Statement by H.E. Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan to the National Legislature on the current oil crisis”, 23 de enero de 2012, www.sudantribune.com
(2) Léanse Gérard Prunier, “Agitación en Sudán tras la secesión del Sur”, y Marc Lavergne, “Crónica de una independencia anunciada”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2011.
(3) “Unmis report on the human rights situation during the situation in Southern Kordofan, Sudan”, United Nations Mission in the Sudan (UNMIS), informe interno, junio de 2011.
(4) “In Need of review: SPLA transformation in 2006-2010 and beyond”, Small Arms Survey, Ginebra, noviembre de 2010.
(5) “South Sudan border row ‘causing shortages’”, 18 de mayo de 2011, www.bbc.co.uk
(6) “Fighting for the spoils: Armed insurgencies in Greater Upper Nile”, Small Arms Survey, noviembre de 2011.
(7) Véase “Pourquoi le Soudan du Sud est un allié stratégique d’Israël”, 20 de marzo de 2012, www.slateafrique.com
(8) “Sudan says cessation of support to rebels prerequisite to peaceful relations with south”, 30 de marzo de 2012, http://www.sudantribune.com
Jean-Baptiste Gallopin
En Sudán, ¿qué queda de la “revolución de diciembre”?
Pasado más de un año de la destitución del presidente Omar al Bashir, la dinámica revolucionaria en Sudán no cede. La obstinación de las fuerzas populares que exigen el traspaso del poder a los civiles alimenta las tensiones entre, por una parte, el nuevo gobierno federal y, por otra, los militares tentados de recuperar el control autoritariamente. La transición democrática sigue siendo incierta.
Jartum es una ciudad de transiciones enlazadas: África del Norte y África subsahariana, negritud y arabidad más o menos oscura, urbanidad y ruralidad, desahogo relativo y gran miseria. Tantos contrastes que se difuminan en una gradación infinita en esta vasta aglomeración de tres zonas urbanas –Jartum, Bahri (Jartum Norte) y Omdurmán– tanto más extensa cuanto que los edificios, incluso moderadamente altos, no abundan (1). En la capital sudanesa, la torre en forma de vela de dieciocho plantas del hotel Corinthia, construida por la Libia de Muamar el Gadafi, corona el perfil de la ciudad.
Aparte de esta emblemática torre, las únicas construcciones que destacan son, por un lado, los edificios de la herencia colonial británica y, por otro, los edificios oficiales construidos a lo largo de los últimos años por China, socio acreditado del régimen de Omar al Bashir. Entre estos últimos, los más imponentes son los inmuebles de dudoso gusto que albergan las comandancias de las diversas divisiones de las Fuerzas Armadas sudanesas dentro del vasto perímetro de su comandancia general. Fue ante este recinto donde se produjeron las grandes concentraciones de manifestantes que comenzaron el 6 de abril de 2019, coincidiendo con el aniversario del derrocamiento, en 1985, de otro dictador militar, Yaafar al Nimeiri, que durante dieciséis años ocupó la jefatura del Estado (2). Al día siguiente, una huelga general paralizará el país. Y cuatro días más tarde, el 11 de abril, Al Bashir será depuesto después de treinta años de presidencia con un balance desastroso.
El desencadenante del levantamiento popular sudanés se produjo el 19 de diciembre de 2018 a raíz del encarecimiento del pan decretado por un Gobierno decidido a aplicar los postulados neoliberales a fin de cuadrar las cuentas públicas a costa de los más pobres. La protesta fue creciendo en tamaño y radicalidad hasta que, el 6 de abril de 2019, pasó a un nivel superior. La movilización permanente frente a la sede de la comandancia general estaba explícitamente dirigida a incitar al Ejército a deshacerse de su líder supremo. Solo los sudaneses de mayor edad, así como aquellos con una mayor formación, recordaban que, en 1985, los militares que habían depuesto a Nimeiri habían ocupado el poder durante solo un año antes de entregárselo a un gobierno civil surgido de las urnas. Lo que prácticamente todos tenían presente eran las cautivadoras escenas de las movilizaciones de 2011 en la plaza de Tahrir de El Cairo, el epicentro del levantamiento popular que forzó a los oficiales egipcios a cesar a su compañero, Hosni Mubarak, el 11 de febrero, también después de treinta años de presidencia.
Los manifestantes de Jartum y de otras ciudades y regiones de Sudán habían comprendido a la perfección la lección egipcia, al igual que hicieran los manifestantes argelinos que siguieron su ejemplo en febrero de 2019 y obtuvieron, antes que ellos, la renuncia forzada por el Ejército del presidente en ejercicio el 2 de abril de 2019. Este éxito había alentado a la revuelta sudanesa para exigir que los militares de Jartum tomasen como ejemplo a sus colegas argelinos, a pesar del vínculo mucho más represivo de estos con la población. Los argelinos y los sudaneses saben, no obstante, que la tutela del mando militar sobre el poder político es la pieza central de este “régimen” que “el pueblo quiere derrocar”, como afirma la más conocida de las proclamas de los levantamientos populares regionales.
Todos habían podido apreciar que los cambios que se habían producido en la cúspide del Estado egipcio, que no llegaron a alterar los cimientos mismos del régimen –que, junto con Sudán y Argelia, es de hecho uno de los tres Estados de la región cuyas Fuerzas Armadas constituyen la institución política fundamental–, habían conducido, pasados tres años, a un regreso a la dictadura en una modalidad considerablemente peor. Pero el movimiento popular no se dejó engañar en esta ocasión, ni en Argelia ni en Sudán, y continuó con toda su fuerza tras el derrocamiento del presidente exigiendo un gobierno civil con plenos poderes. De ahí que fuese especialmente llamativo el contraste entre las reacciones entusiastas tras la destitución de Mubarak a manos de los militares en Egipto en 2011, donde los Hermanos Musulmanes eran la principal fuerza organizada del movimiento popular, y la reacción desafiante y sediciosa del movimiento popular en Sudán que, a diferencia de Argelia, contaba con portavoces reconocidos. El comunicado con el que las Fuerzas de la Declaración de la Libertad y el Cambio (FDLC) acogieron la destitución de Omar al Bashir por parte de los militares, el 11 de abril de 2019, comienza de la siguiente manera: “Las autoridades del régimen han llevado a cabo un golpe de Estado militar con el que pretenden reproducir las mismas figuras e instituciones contra las que se ha sublevado nuestro gran pueblo”.
Además de por las lecciones asimiladas de la experiencia egipcia, la radicalidad del movimiento sudanés se ha podido mantener, en efecto, gracias a sus formas de organización. El papel que han desempeñado la confederación intersindical Asociación de Profesionales Sudaneses (APS) y las FDLC es bien conocido (3). La primera fue construyéndose por etapas durante la década de 2010, como resultado de luchas emprendidas sucesivamente por diversas categorías profesionales: médicos, periodistas, abogados, veterinarios, ingenieros y profesores de escuelas y universidades. La APS se formalizó en octubre de 2016, cuando médicos, periodistas y abogados adoptaron unos estatutos, sin que la asociación fuera reconocida por las autoridades. Es una manifestación de la clase media con formación, explica Ammar al Bagir, miembro del consejo de la APS, quien admite, sin embargo, que es inexacto equiparar a los maestros de escuela con los profesionales liberales y la clase media. Lo mismo podría decirse de una buena parte de los periodistas.
Al igual que todos los países que salen de extensos periodos de dictadura y de sindicalismo oficialista, Sudán experimenta, desde 2019, una amplia reconfiguración del movimiento obrero, así como de las asociaciones agrarias. La izquierda está promoviendo un cambio legislativo para sustituir los sindicatos de empresa corporativistas impuestos por el antiguo régimen por sindicatos profesionales. Otro debate enfrenta a los partidarios del pluralismo sindical contra quienes abogan por una recuperación democrática del sindicalismo unitario a través de asambleas generales. Así y todo, la clase obrera se ha debilitado de manera considerable a raíz de la marcada desindustrialización del país bajo el régimen derrocado, el cual apostó por una economía rentista extractiva (petróleo, hasta la secesión de Sudán del Sur en 2011, oro y diversos metales y minerales), así como por el desmantelamiento del sector público y la externalización de parte de sus servicios, lo que ha propiciado una fuerte expansión del sector informal.
En poco tiempo, la APS se caracterizó por su capacidad de centralizar la información sobre las luchas, gracias al uso constante de Internet y los medios sociales. Esto la convirtió en la portavoz oficial de las numerosas luchas a partir de diciembre de 2018, así como de la renovación del sindicalismo obrero. La junta militar cerró, de hecho, Internet en junio de 2019 cuando trataba de poner fin a la movilización recurriendo a la violencia. Sin embargo, tuvo que restablecerlo pasado un mes, puesto que la maniobra no había funcionado. Entretanto, los activistas sudaneses de la diáspora asumieron la gestión de la comunicación de la APS.
Para la constitución de las FDLC, proclamada el 1 de enero de 2019, la APS unió así sus fuerzas con una amplia amalgama de coaliciones políticas y organizaciones de la sociedad civil que representaban a las diversas corrientes de oposición al régimen de Omar al Bashir, que abarcaban desde los liberales laicos o religiosos moderados –como el Partido del Congreso Sudanés y el partido Umma, dirigido por Sadiq al Mahdi– hasta comunistas, nacionalistas árabes y regionalistas.
Asha Elkarib, una feminista y activista comunitaria, arquetipo de la “clase media y formada” a la que representa la APS, lamenta que esta se sumase a las FDLC en igualdad de condiciones con el resto de los otros componentes. Habría preferido que la APS hubiera mantenido su papel integrador del mundo laboral en paralelo con la coalición de fuerzas políticas, lo que le habría proporcionado un mayor peso en la dirección del proceso. Además, y esto es probablemente lo más relevante, el equilibrio de fuerzas entre las diversas orientaciones políticas dentro de la APS, donde no están representadas como tales, no es el mismo que dentro de las FDLC, donde la tradición pesa más que la renovación impulsada por la sublevación.
La doble división entre generaciones y entre hombres y mujeres se hace patente en el vasto ámbito de la acción política y social sudanesa, donde los jóvenes y las mujeres –y por tanto, especialmente las mujeres jóvenes– denuncian la dominación patriarcal, en el doble sentido de la palabra, tanto en los partidos como en la vida política en general. Las feministas y los jóvenes se ven a sí mismos como fuerzas de control democrático y crítico de un proceso político cuya gestión, en lo que respecta a la oposición, está en manos de los partidos tradicionales. Ahora bien, el peso político de ambas categorías es considerable en Sudán.
La “Revolución de diciembre”, como se conoce a la actual revuelta, permite medir hasta qué punto las nuevas tecnologías de la comunicación, y en particular los medios sociales, están fortaleciendo considerablemente el poder de las bases sociales y políticas. Una imagen sorprendente fue la ola de protestas que se generó a raíz de la composición de la delegación de las FDLC en las negociaciones con los militares tras la destitución de Al Bashir. Las FDLC tuvieron que disculparse públicamente por haber incluido solo a una mujer en la delegación, a pesar de que las mujeres habían sido mayoritarias en la movilización popular.
Ellas están representadas en el movimiento, principalmente, por los Grupos Feministas Civiles y Políticos (Mansam, por su acrónimo en árabe). Se trata de una coalición, creada durante la sublevación, que reúne a organizaciones de mujeres vinculadas con las fuerzas políticas de la oposición (entre ellas la importante y veterana Unión de Mujeres de Sudán, próxima al Partido Comunista) y a diversas asociaciones. Sin embargo, también en este caso, el todo es más que la suma de sus partes, en el sentido de que la dinámica creada por la reunión de mujeres pertenecientes a formaciones políticas y asociaciones diversas va en la dirección de canalizar unas reivindicaciones feministas de mayor calado que las que podrían haberse formulado por separado dentro de cada partido. Mansam, a través de la iniciativa “No a la opresión de las mujeres”, una agrupación feminista dinámica fundada en 2009 y que también se encuentra representada en el seno de las FDLC, logró que se garantizase una cuota del 40% para las mujeres en el consejo legislativo, el cual todavía no ha sido creado. Sin embargo, que solo haya cuatro mujeres entre los dieciocho miembros del Gobierno nombrados por las FDLC –otras dos carteras, Defensa e Interior, están en manos de los militares– genera malestar entre las feministas y reclaman la paridad en todos los niveles.
Si bien estas particularidades de la “Revolución de diciembre” han sido señaladas a menudo por observadores externos, los Comités de Resistencia (CR), otro actor clave de la dinámica en juego, no han encontrado la misma repercusión en los análisis realizados desde fuera de Sudán. Sin embargo, estos son a la vez la punta de lanza de este proceso y su acicate crítico, la fuerza organizada de la juventud rebelde, de ambos sexos, que ha estado en el meollo de la revuelta y que constituye su componente más radical, el que mantiene la presión revolucionaria. La “Revolución de diciembre” ha movilizado a la juventud como siempre lo han hecho las sublevaciones y las revoluciones (la expresión “revolución de los jóvenes”, que ha sido el tópico empleado por los medios de comunicación desde 2011, es un pleonasmo en este sentido). Pero, como puede verse ahora en todas las grandes movilizaciones de jóvenes a nivel mundial, lo que constituye la novedad en los movimientos que la región ha conocido desde la Primavera Árabe es principalmente el mayor grado de autoorganización fruto del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación.
Desde hace varios años, los gurús de la gestión empresarial explican, mediante una especie de materialismo elemental, que estas tecnologías deberían conducir a la sustitución del funcionamiento piramidal centralizado por el funcionamiento en red horizontal. Es en el ámbito de la organización revolucionaria donde esta observación es más pertinente. El cambio tecnológico ha llegado en el momento oportuno para facilitar la entrada en la revuelta colectiva a una generación fuertemente concienciada contra la forma partidista centralizada (y machista) que ha regido los desastres de la izquierda en el siglo XX. Esto es aún más cierto en una zona del mundo donde los defectos de esta forma han sido llevados al extremo. En todos los escenarios de la Primavera Árabe de 2011, así como en los de la “segunda primavera” regional inaugurada en Sudán, millones de jóvenes han podido movilizarse poniendo en marcha una autoorganización en red, independiente de los partidos políticos tradicionales (como hicieron los “chalecos amarillos” en Francia). En contraposición con la centralización del pasado, ha tomado fuerza el concepto de “coordinación” (en el sentido de un comité de coordinación), que estuvo muy presente en la sublevación siria durante su fase inicial, al igual que lo está hoy en día en Sudán. Las coordinaciones locales conectan a los CR de los barrios con una vasta red de alcance nacional.
El fenómeno ha cobrado una importancia considerable al sacar partido de la parálisis del aparato represivo durante los primeros meses de la sublevación, así como de la consolidación de nuevas libertades, especialmente después de la fallida represión de junio de 2019. Se formaron CR tanto en los barrios de las grandes ciudades como en núcleos de población rurales, reuniendo a un gran número de personas, en su mayoría jóvenes y no organizadas políticamente. Por ejemplo, se estima que en Bahri (Jartum Norte) habría unos ochenta CR, con varios centenares de miembros cada uno. Estos comités de base han establecido entre ellos una coordinación local y rechazan cualquier intento de centralización, mostrándose todos ellos muy celosos de preservar su autonomía. Por eso delegaron a las FDCL el derecho de hablar en nombre de un movimiento popular, del que rápidamente se convirtieron en la punta de lanza. Al mismo tiempo, consideran que su misión es ejercer un control vigilante sobre los partidos políticos, que hoy en día se encuentran inmersos en una transición incierta sustentada en un acuerdo con los militares.
Además de este papel político, los CR han llenado el vacío dejado por el colapso de los altamente corruptos “comités populares” del antiguo régimen, que se encargaban en los barrios tanto de las tareas municipales como de la vigilancia de sus habitantes. Los sustituyeron por los “comités de servicios”, responsables de organizar toda una serie de servicios locales y, en particular, la distribución equitativa de los bienes básicos que escasean, como el pan y los combustibles (4). El nuevo ministro federal recibió una respuesta mordaz en su intento de institucionalizar los CR el pasado mes de noviembre rebautizándolos como “comités de cambio y de servicios” y poniéndolos bajo la tutela de las FDLC. A través de un comunicado firmado por una cuarentena de coordinadoras y de CR independientes se reprendió tanto al ministro como a las FDLC, y se les advirtió contra cualquier intento de socavar la independencia de los CR, su función de “resistencia” contra las fuerzas del antiguo régimen y su misión de velar por el proceso político en curso.
En la medida en que los CR constituyen la punta de lanza de la dinámica revolucionaria puesta en marcha desde diciembre de 2018, su domesticación o su supresión constituiría una condición previa necesaria para interrumpir el proceso de cambio o estancarlo en un arreglo con las fuerzas del régimen anterior. Esto es lo que los sudaneses llaman el “aterrizaje suave” de su revolución; las otras alternativas serían, para algunos, la continuación del viaje y, para otros, un aterrizaje accidentado. Desde el acuerdo del 17 de julio de 2019 entre las FDLC y los militares, que ha institucionalizado una dualidad de poder entre las Fuerzas Armadas y el movimiento popular, la “Revolución de diciembre” se encuentra en la encrucijada de estos tres escenarios.
Este acuerdo también ha provocado una disensión en las filas de la oposición entre, por una parte, los partidos liberales y reformistas de las FDLC y, por otra, el Partido Comunista de Sudán (PCS) que, sensible a la presión radical ejercida por los jóvenes en sus propias filas, ha terminado desvinculándose de los primeros. Al-Shafi Khodr Said, exmiembro destacado de la dirección del PCS, expulsado en 2016 por insubordinación, se muestra moderadamente optimista, sin más, sobre el éxito del proceso en curso. Se le considera la eminencia gris del primer ministro del Gobierno de transición, Abdallá Hamdok, exsecretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (UNECA, por sus siglas en inglés) y un exmilitante del PCS.
El futuro del proceso revolucionario sudanés gira en torno a dos cuestiones clave: la de la política económica y la del traspaso del poder a los civiles. Al igual que hicieran los regímenes surgidos de la Primavera Árabe en Túnez y Egipto, el Gobierno de transición ha procurado, hasta la fecha, ajustarse a los mismos preceptos neoliberales que llevaron a la caída de Omar al Bashir. Economista del Banco Mundial durante muchos años, antes de ocupar cargos directivos en centros de investigación de Dubái y, posteriormente, de El Cairo, Ibrahim Elbadawi, ministro de Economía y Finanzas, anunció en diciembre pasado que los subsidios a los precios de los combustibles se eliminarían gradualmente durante el año 2020. Ante la protesta popular, las FDLC lograron que se retractara de su anuncio. Incluso tuvo que asegurar a la población que se mantendrían otros subsidios, incluido el del precio del pan.
A simple vista, la situación económica se deteriora: una inflación galopante, una moneda nacional (la libra sudanesa) que actualmente en el mercado negro se paga a la mitad de su cotización oficial, una tasa de desempleo juvenil estimada en alrededor del 30%, sin contar el gran número de jóvenes que subsisten en el sector informal o en actividades precarias (Sudán también se ve afectado por la uberización). Y todo ello se está viendo inevitablemente agravado por la pandemia en curso que ha paralizado al país, como al resto del mundo. Aunque el Gobierno de transición ha respondido con prontitud y decisión ante la propagación del coronavirus, se prevé que se produzca una grave recesión económica.
Como en Túnez y Egipto, el Gobierno sudanés parece estar esperando que la salvación le provenga del maná de los países ricos y de la benevolencia de los diversos pilares del orden económico mundial que tienen su sede en Washington. La esperanza de que se desbloquee la ayuda estadounidense es, por otra parte, el motivo alegado por el general Abdel Fattah Burhan –jefe del Consejo Militar de Transición (CMT) y actual presidente del Consejo de Soberanía (CS)– para justificar su reunión en Uganda, el pasado mes de febrero, con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (véase el recuadro de la pág. 10). No obstante, en Sudán fue recibida con una desaprobación generalizada. Antes de que la crisis sanitaria mundial hiciera saltar todo por los aires, la perspectiva de una ayuda económica internacional peligraba gravemente por la radicalidad social del movimiento sudanés. Es imposible predecir en este momento cómo sobrevivirá esta radicalidad a una pandemia, una de cuyas consecuencias ha sido la interrupción de las movilizaciones de protesta en todo el mundo, desde Hong Kong hasta Chile, Argelia y Francia.
Además de la economía, hay otro problema que hipoteca el futuro del compromiso alcanzado en Sudán y que es aún más intrincado: el de los militares. Las formaciones liberales y reformistas se encuentran atenazadas entre la base radical, que exige la plena transferencia del poder a los civiles, incluido el control de las Fuerzas Armadas por instituciones elegidas democráticamente, y el apego de los militares por su autonomía e incluso por el control que han ejercido durante mucho tiempo sobre las instituciones civiles. Sadek al Mahdi cree poder conciliar estos dos polos opuestos prolongando la transición durante un largo periodo de tiempo. Líder religioso y político, Al Mahdi es una figura refinada y culta (está formado en la Universidad de Oxford) que, a sus 85 años, cuenta con un formidable estado físico e intelectual. Es el principal defensor de un “aterrizaje suave” y aboga por soluciones intermedias en los ámbitos más diversos. De ahí que, en la cuestión del laicismo, conciba una coexistencia entre la sharia y un estatuto civil personal opcional. Sin embargo, ser conciliador en el tema de las Fuerzas Armadas equivale a confiar en la buena fe de los militares.
Muchos fundamentan esta apuesta en la supuesta división entre, por un lado, las fuerzas regulares representadas por el general Abdel Fattah Burhan y, por otro, las Fuerzas de Apoyo Rápido, paramilitares implicados en el genocidio de Darfur y que se han integrado en las Fuerzas Armadas, dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como “Hemedti”, vicepresidente del CMT y del CS. El intento de magnicidio contra Abdallá Hamdok el pasado 9 de marzo, así como el motín en enero de parte de las fuerzas de seguridad nostálgicas del régimen anterior, han servido para tener presente la existencia de un abanico de fuerzas contrarrevolucionarias locales, que no se reducen a las dos facciones de las Fuerzas Armadas que cuentan con el apoyo de la Triple Alianza reaccionaria regional: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
Ahora bien, los revolucionarios no han emprendido ninguna acción política organizada dirigida a las bases de las Fuerzas Armadas. Y ello, a pesar de que la confraternización de la tropa con el movimiento popular había sido un elemento fundamental en la decisión de su mando para desalojar del poder a Al Bashir y para cesar la represión el pasado mes de junio. No obstante, la agitación política dirigida hacia las Fuerzas Armadas, expresada desde el comienzo del levantamiento, ha vuelto a hacerse patente recientemente. El pasado mes de febrero, el retiro forzoso de jóvenes oficiales que se habían negado a emplear la fuerza contra el movimiento popular –el más famoso de ellos es el teniente Muhammad Sidiq Ibrahim, devenido héroe popular– desencadenó una enorme oleada de protestas que terminó en enfrentamientos con las fuerzas de represión. El mando militar tuvo que dar marcha atrás y mantener a los oficiales en sus filas.
El principal activo del bando revolucionario en Sudán es su gran determinación. Kacha Abdel-Salam, dirigente de la Organización de Familiares de Mártires, padre de un joven de 25 años asesinado al principio de la sublevación, ha sido quien mejor lo ha expresado ante la afirmación de que los militares no dudarían en matar para mantener sus privilegios: “Ellos están dispuestos a matar, pero nosotros estamos dispuestos a morir”.
(1) Gracias a Anwar Awad, Mustafa Khamis, Khadija El-Dewehi, Mohammed Abd-El-Gyom y Talal Afifi, a quienes este reportaje realizado en febrero les debe mucho. Así como a las muchas personas que hemos conocido, y que no han aparecido mencionadas.
(2) Léase Alain Gresh, “Le Soudan après la dictature”, Le Monde diplomatique, París, octubre de 1985.
(3) Léase “¿Toman Argelia y Sudán el relevo de la “primavera árabe”?”, Le Monde diplomatique en español, junio de 2019.
(4) Cf. Aidan Lewis, “Revolutionary squads guard Sudan’s bakeries to battle corruption”, Reuters, 19 de febrero de 2020.
Autor: Gilbert Achcar. Profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres. Autor, entre otras obras, de Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe, Actes Sud, París, 2017 y, junto a Noam Chomsky, de Estados peligrosos: Oriente Medio y la política exterior estadounidense, Paidós, Barcelona, 2007.