DESIGUALDAD 1- IGUALDAD DE OPORTUNIdADES 0
La inmovilidad social y la condena de la pobreza.
La desigualdad se desbocó en España durante la última crisis y no se ha conseguido controlar. Nuestro país sigue siendo el cuarto más desigual de la UE, y ni el empleo ni la protección social han logrado la reducción de la pobreza y la redistribución de ingresos. La pobreza se ha convertido en una trampa de la que se hace complicado salir. Además, a mayor desigualdad, la movilidad social entre generaciones es menor, y niños y niñas heredan en mayor grado tanto la riqueza como la pobreza de sus madres y padres, lo que hace imposible que disfruten de derechos y oportunidades en igualdad de condiciones.
La desigualdad se cronifica
En España la desigualdad se desbocó durante la crisis y aún no hemos conseguido controlarla. No sólo somos el cuarto país más desigual de la UE, sino que, tras Bulgaria somos el segundo país europeo en el que la distancia entre ricos y personas empobrecidas ha aumentado más.
Mientras que, en 2008, el 10% de los hogares más ricos contaban con 9,7 veces más ingresos que el 10% de los más pobres, en 2017 tienen 12,8 veces más. La desigualdad de renta aumentó fundamentalmente por un descalabro de los hogares de ingresos más bajos que no se han recuperado con el crecimiento económico.
El año pasado aumentaron en 16.500 los hogares en los que no entraba ningún tipo de ingreso, alcanzando los 617.000. También crece el número de ricos. Los ultra-millonarios (personas cuyos activos netos equivalen o superan los 40 millones de euros) aumentaron en un 4% en 2017.
Desde el inicio de la recuperación, el crecimiento económico ha beneficiado desproporcionadamente a las rentas altas. Durante el último año, el 1% más rico de España acaparó 12 de cada 100 euros creados; mientras que el 50% más pobre se repartió 9 de cada 100.
La desigualdad en riqueza también ha aumentado especialmente por un incremento del acaparamiento de la misma en las manos de los más ricos, algo que apenas ha variado desde el inicio de la recuperación. El 1% más rico tiene el 24,42 de cada 100 euros de riqueza, mientras que el 50% más pobre se tiene que repartir 7 euros de cada 100.
Inmovilidad de ingresos a lo largo de la vida: cuando los pobres y los ricos son casi siempre los mismos
El impacto de la desigualdad se intensifica si no hay movilidad de ingresos, ya que las consecuencias negativas y positivas de la desigualdad se concentrarán siempre en las mismas personas. Unas vivirán siempre las consecuencias de la pobreza y tendrán vidas más cortas, peor salud y menos oportunidades; y otras acapararán de por vida los privilegios de contar con más ingresos.
Oxfam Intermón no pretende que la movilidad social sea aquella que conduzca a todas las personas a ser ricas, mucho menos igualarlas en niveles de consumo insostenibles, pero sí a que las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad cuenten con oportunidades, recursos y capacidades que les permitan salir de la pobreza, acceder y disfrutar, en igualdad de condiciones que el resto de la población, de derechos esenciales como la salud, la educación o la participación política.
España no sólo es más desigual, es más inmóvil, especialmente en los extremos: pobres y ricos se repiten más que en otros países desarrollados. En concreto, somos el cuarto país de la OCDE donde es más posible seguir estando en el 20% más rico tras cuatro años y las posibilidades de seguir empobrecido superan en 10 puntos la media de la OCDE.
“Nuestro análisis muestra que la lógica del conjunto de las empresas del Ibex 35 sigue propiciando aumentos de la desigualdad, fundamentalmente por desmesuradas brechas remunerativas y por un escaso compromiso con una fiscalidad responsable”.
20 de las 35 empresas más importantes de la bolsa española repartieron más de 9.500 millones de euros en dividendos a sus accionistas a pesar de la merma en sus beneficios y del riesgo de descapitalizar sus corporaciones. Casi todas ellas, además, tienen presencia en paraísos fiscales. Ocho empresas optaron en cambio por la cautela y pospusieron el reparto de ganancias.
Es una de las conclusiones del informe anual de Oxfam Intermón sobre las empresas del Ibex 35 que indica que, a pesar de tímidos avances, todas ellas siguen contribuyendo a incrementar la desigualdad en nuestro país.
“Nuestro análisis muestra que la lógica del conjunto de las empresas del Ibex 35 sigue propiciando aumentos de la desigualdad, fundamentalmente por desmesuradas brechas remunerativas y por un escaso compromiso con una fiscalidad responsable”, dice Miguel Alba, economista experto en empresas y autor del informe.
En el informe La Hora del Compromiso Oxfam Intermón vuelve a analizar cinco indicadores correspondientes a 2019: brecha salarial, brecha de género, presencia en paraísos fiscales, pago de impuestos y reparto de dividendos.
Según el análisis del comportamiento previo a la llegada de la Covid 19, las empresas que más parecen contribuir a incrementar la desigualdad son Acciona, Iberdrola, Mapfre y Repsol. En contraste, Bankia, Siemens Gamesa y Aenapresentan los mejores resultados.
Por sectores, las empresas energéticas son las que presentan unos resultados que apuntan más a incrementar la desigualdad, especialmente en el reparto de beneficios, al que todas las empresas del sector destinan más del 70%.
En el otro extremo están las empresas de servicios de consumo. De hecho, sólo una de las cuatro empresas del Ibex 35 de este sector ha repartido dividendos en 2019.
Afán cortoplacista
En total, las 20 empresas del Ibex 35 que repartieron dividendos entregaron a sus accionistas un total de 9.558 millones de euros. La mayoría lo hizo ya en plena pandemia, y a pesar de una bajada generalizada de los beneficios en 2019. Algunas empresas, como Endesa, Ferrovial y Telefónica, repartieron más dinero del que habían ganado durante el ejercicio. Mención aparte merece Repsol, que repartió 1.434 millones entre sus accionistas a pesar de haber sufrido pérdidas milmillonarias el año pasado.
En contraste, otras ocho empresas optaron por la cautela y pospusieron ese reparto: Acerinox, Aena, Arcelor Mittal, Cellnex, Indra, MasMóvil, Mediaset y Melià Hotels.
“El reparto de dividendos da la medida del compromiso de la dirección de las empresas, no ya con su personal laboral, sino con la propia empresa”, explica Miguel Alba. “Dar a los accionistas más dinero del que la empresa ha ganado supone sacrificar la fortaleza financiera de la empresa para satisfacer el apetito cortoplacista de ciertos inversores”.
La presencia en paraísos fiscales registra una bajada, aunque insuficiente, y pasa de 805 filiales a 740. El informe de Oxfam Intermón destaca que, a pesar de la reducción, son casi el triple de las que había hace una década. Banco Santander, ACS y Repsol están a la cabeza en cuanto a presencia en paraísos fiscales, aunque Santander y Repsol están también entre las que más han reducido esa presencia según los últimos datos.
En el aspecto fiscal, Oxfam Intermón constata otras mejoras, como el incremento en el número de empresas (13 de 35) que cumplen con la obligación de informar de los impuestos que pagan en cada país. Eso sí, sólo 5 llegan a pagar una proporción adecuada respecto al tipo legal medio en esos países.
"En este momento”, dice Miguel Alba, “es más necesario que nunca un compromiso fiscal responsable de las empresas, esenciales para contribuir a financiar la salud, la educación y la protección social”.
En cuanto a la remuneración a trabajadoras y trabajadores, el informe refleja una subida media del 6,3% en 2019. Sin embargo, la brecha salarial con respecto a los altos ejecutivos se mantiene prácticamente inalterable: éstos últimos han ganado 121 veces más que el sueldo medio de sus empleados y empleadas, frente a 123 el año anterior.
“Además”, apunta Alba, “hay que señalar que, aunque las empresas del Ibex tienen sueldos mayores al promedio de nuestro país, también ejercen una fuerte presión a la baja en los salarios de proveedores, subcontratas y actividades deslocalizadas, algo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la foto completa”.
La empresa con la diferencia más alta entre el sueldo máximo y medio es ACS, cuyo primer ejecutivo gana 531 veces el sueldo medio, seguido de Acciona (275 veces), e Inditex (272 veces). Las empresas con presencia del Estado en su accionariado, Aena, Bankia y Red Eléctrica, son las que registran menores diferencias.
La brecha salarial de género sigue inamovible en el 15%, al igual que el año pasado. El sueldo medio masculino en el conjunto de empresas fue de 38.134 euros anuales, mientras que el de las mujeres fue de 32.414 euros. En cuanto a los puestos directivos, aunque ellas constituyen prácticamente la mitad (46,5%) de las plantillas, son sólo el 25,9% de las personas que ocupan las categorías más altas.
Las empresas que presentan una mayor diferencia son Banco Santander, donde el salario medio de los hombres es 31% superior al de las mujeres, y Endesa y ACS donde esta diferencia es del 30%. En contraste, hay cinco empresas donde en promedio las mujeres ganan más que los hombres. Se trata de Meliá Hotels, Arcelor Mittal, Siemens Gamesa, Iberdrola y Acerinox.
La Covid19 como factor corrector
A pesar de que estos datos muestran que, antes de la Covid19, el comportamiento de las empresas del Ibex 35 seguía contribuyendo a aumentar la desigualdad, con la llegada de la pandemia muchas empresas del Ibex 35 han puesto en marcha iniciativas, en algunos casos sin contraprestación económica, para contribuir a la respuesta a la emergencia sanitaria y para amortiguar el impacto del parón económico en las personas más vulnerables:apoyo a la atención médica, distribución de material sanitario, atención a personal del sistema de salud o refuerzo de productos de primera necesidad.
La preocupación para tratar de amortiguar los efectos en los ingresos y la situación laboral de sus trabajadores, proveedores o clientes muestra así mismo, a juicio de Oxfam Intermón, un camino a seguir para entrar en un nuevo paradigma que incorpore la dimensión social y ambiental al puro interés económico.
En este sentido, Oxfam Intermón propone medidas concretas para que las empresas asuman ese nuevo paradigma: desde la transparencia y rendición de cuentas hasta el cuidado de los eslabones más vulnerables de sus cadenas de suministro, pasando una mayor participación de los trabajadores, el cierre de la brecha de género o la mejora de las condiciones laborales.
La temporalidad y la parcialidad del mercado laboral español determinan que España sea un país altamente desigual. Según el último informe de la ONG Oxfam Intermón, Esenciales, la precariedad afecta con especial fuerza a quienes durante la pandemia se han revelado como imprescindibles para cuidar y salvar nuestras vidas. La organización propone una batería de medidas para que las y los trabajadores estén en el centro de la reconstrucción.
“Auxiliares de dependencia, profesionales sanitarios, mensajeros de plataformas, trabajadoras del hogar o cajeras de supermercado están entre los más precarizados y peor pagados”, explica Liliana Marcos, coautora del informe y experta en políticas públicas y desigualdad de Oxfam Intermón. “Ellos y ellas han sido los esenciales, los que no han podido parar mientras se paraba todo lo demás. Y salen de la pandemia igual que entraron: precarios.”
Dentro de las personas afectadas por la precariedad laboral, las subcontratadas son las más vulnerables. Según recoge el informe, la tasa de despidos entre quienes están en esta situación multiplica por seis la del conjunto de sectores: de febrero a mayo de 2020 la ocupación cayó un 5%, pero la bajada en el sector de “actividades relacionadas con el empleo”, que engloba a empresas de trabajo temporal y multiservicios, cayó en un 30,9%.
Oxfam Intermón denuncia también que las profesiones del hogar y cuidados son de las más precarizadas. “Una auxiliar de geriatría tiene un sueldo base de algo menos de 1.000 euros, y una trabajadora del hogar no tiene derecho a desempleo”, explica Marcos. “No es casualidad que se trate de empleos altamente feminizados. No podemos permitir que una de cada tres trabajadoras del hogar o de cuidados viva por debajo del umbral de la pobreza”.
Esta precariedad laboral afecta también al sector sanitario, con especial incidencia entre los jóvenes: la tasa de temporalidad es del 80% entre las y los enfermeros de entre 24 y 35 años contratados en el sistema público.
En su informe, la ONG ha calculado también que la pandemia costará más empleos en España que en otros países de su entorno. Por cada punto que disminuya el PIB, la tasa de desempleo subirá 0,2 puntos en el Reino Unido, 0,3 en Italia o Francia y hasta 0,8% en España.
Oxfam Intermón recuerda que, en apenas 20 días de marzo 900.000 personas se dieron de baja en la seguridad social por la paralización de la actividad económica, con especial afectación en sectores como la construcción o la hostelería en los que el 73% de personas corresponde a grupos de cotización bajos, con mayor presencia de mujeres, jóvenes y personas de baja cualificación.
En 2019, más de uno de cada tres contratos con duración determinada tenía una duración inferior a una semana, mientras que prácticamente una de cada tres personas asalariadas (28,27%) tuvo tres o más contratos. La tasa de temporalidad en España es la más alta de la UE, prácticamente el doble de la media comunitaria, y tiene especial relevancia en el sector público: las administraciones tienen una tasa de temporalidad del 27,5% frente al 24,4% del sector privado.
En cuanto a la parcialidad, la OIT estima en unos 5,5 millones las personas trabajadoras infrautilizadas en España porque querrían trabajar más horas de lo que actualmente hacen.
Una realidad que tiene rostro de mujer: el 74% de las personas con contratos parciales son mujeres y tras esos contratos se esconden, en ocasiones, horas no cotizadas y trabajadas en el marco de la economía informal.
Vidas marcadas por la precariedad laboral
El informe recoge testimonios de trabajadoras y trabajadores cuyas profesiones están marcadas por la precariedad. Es el caso de Aroa, auxiliar de dependencia en una subcontrata de la administración. Subcontratación, parcialidad no deseada y trabajo feminizado se combinan en situaciones como la suya: “siempre hay el miedo de perder el trabajo y siempre vas a hacer horas de más”, explica. “Las compañeras, por ser vulnerables, inmigrantes o monomarentales, no saben decir que no”.
Fernando es mensajero y falso autónomo. Nuestro trabajo, explica, “es absolutamente precario, porque no sabemos nuestro horario ni con una hora de antelación”. A diferencia de otros mensajeros, ellos carecen de los derechos asociados a un contrato laboral. “Un repartidor con contrato tiene finiquito, tiene vacaciones, tiene desempleo, tiene jubilación. Nosotros no tenemos nada”.
El de Amalia es otro de los ejemplos del informe. Ella es ecuatoriana y trabajadora del hogar, y denuncia las situaciones de abuso que propicia la ley de Extranjería, que impide regularizarse antes de los tres años a quienes han llegado a España sin contrato. “Te condenan a vivir en la invisibilidad hasta que regularices tu situación. Son tres años prácticamente invisible, tres años en los que tu vida deja de ser tuya. Muchas trabajan como internas cuando no tienen papeles, paralizan su vida durante esos años con la esperanza de regularizarse”.
En el sector sanitario también existe la precariedad. Lo cuenta Cristina, una joven médica interina que acaba de terminar su residencia (periodo de prácticas de cuatro años). “Encadenas contratos de suplencias de un centro a otro y puedes llegar a firmar 20 o 30 contratos al año; durante la pandemia se han firmado contratos que empezaban un lunes y acababan un viernes”.
Propuestas para un empleo digno
Oxfam Intermón demanda que esta vez la reconstrucción tenga como pilares la protección y el refuerzo de las rentas salariales y la garantía de los derechos laborales, particularmente de las y los trabajadores esenciales. La crisis económica dejada por la pandemia, según cálculos recientes de la organización, hará que nuestro país retroceda en los tímidos avances para reducir la desigualdad que se habían hecho en los últimos cuatro años, y arrojará a la pobreza a un número estimado de 700.000 personas, si no se adoptan medidas correctivas.
El informe Esenciales recoge una batería de medidas muy concretas que pasan por dar más poder de negociación a trabajadores y trabajadoras, hacer más costosa la contratación temporal para reducir su uso, mejorar las prácticas de contratación de las administraciones públicas, reforzar la inspección laboral y reducir el impacto que la subcontratación o los falsos autónomos tienen en la reducción de costes salariales. La ONG ha lanzado una recogida de firmas para lograr apoyo a estas propuestas. “No podemos permitir”, dice Marcos, “que las personas que nos han cuidado esta pandemia tengan estos niveles de inseguridad. Tenemos que cuidar de quienes nos cuidan”
Oxfam Intermón defiende así mismo una regularización por razones extraordinarias de las personas que residen en España, y una reforma de las condiciones de arraigo de la actual Ley de Extranjería.
“La reducción de la precariedad y la mejora de la igualdad de oportunidades”, concluye Marcos, “son vitales a la hora de reducir una desigualdad que, sin estas medidas, seguirá enquistada en nuestro país”.
RESUMEN EJECUTIVO
Extremos muy pegajosos detonan la existencia de bolsas de pobreza contra las que no se hace lo suficiente y de mecanismos que permiten a los ricos “atrincherarse”, acaparando privilegios y reduciendo la igualdad de oportunidades. Los vaivenes se concentran en las clases medias, siendo la clase media-baja especialmente vulnerable en tiempos de crisis. Somos el segundo país de la OCDE en el que la crisis arrastró a más familias de ingresos medios-bajos al 20% más pobre de los hogares.
Hasta la crisis, como sociedad reducíamos paulatinamente la pobreza y la desigualdad gracias a cohesionarnos por el medio. La cantidad de personas ricas y en situación de pobreza disminuía desde los 70 hasta los años anteriores a la crisis. Prácticamente 7 de cada 10 personas formaban parte de las clases medias, un peso similar al de este grupo en otros países europeos. Sin embargo, tras la crisis y a pesar de la recuperación, la sociedad se polariza a consta de un adelgazamiento de las clases medias. Hay menos población de clase media y tienen menos ingresos.
Uno de cada 6 hogares de clase media entró en la pobreza durante la crisis y no hemos bajado las tasas de pobreza. La crisis ha destapado la incapacidad de nuestro sistema de protección social contra la pobreza y del empleo para rescatar a la población y reducir la pobreza.
La tasa de pobreza aumentó en 5,8 puntos con la recesión hasta alcanzar al 24,6% en la población menor de 65 años y sólo ha bajado 1,4 puntos a pesar del crecimiento. La pobreza aumentó 4 veces más de lo que se ha recudido desde la recuperación. Determinados grupos han sido especialmente vulnerables y han quedado en mayor grado fuera de la recuperación económica: migrantes, mujeres y personas sin estudios.
No sólo el sistema no es capaz de reducir la pobreza, sino que ésta es ahora más aguda. Hay más personas empobrecidas y, sin embargo, el porcentaje de renta nacional que se tienen que repartir no ha variado. En el otro extremo, los ricos son más y con más ingresos. Acumulan 1 de cada 4 euros, una participación mayor incluso que en los 70, y pese a que hay mayor número de personas del nivel alto de ingresos, su renta ha aumentado proporcionalmente más.
Inmovilidad a través de las generaciones: cuando la desigualdad determina el futuro de niños y niñas
Cuanto más desigual es una sociedad, más condicionado estará el futuro de niños y niñas por el nivel de ingresos del hogar en el que nacieron y menos igualdad de oportunidades habrá entre unas y otras familias. La OCDE estima que en España hacen falta 4 generaciones para que una familia del 10% más pobre llegue a los ingresos medios, unos 120 años.
La razón de esto es que padres y madres mejor situados son capaces de dotar a sus hijos e hijas con herramientas y recursos que les permitirán conservar o mejorar su posición. En sociedades muy desiguales, estás diferencias son demasiado grandes como para que las familias de renta baja salven los obstáculos que les separan de los demás. Son, por lo tanto, los países más equitativos y donde hay políticas redistributivas más fuertes donde hay más movilidad social.
Reducir la desigualdad es condición sine quanon para garantizar la igualdad de oportunidades.
En España, el hijo de un padre de ingresos altos ganará, al hacerse adulto, un 40% más que el de un padre de ingresos bajos. En Dinamarca, Finlandia o Noruega este porcentaje es la mitad. La certeza que tuvieron muchas familias de que sus hijos e hijas iban a alcanzar un nivel de vida más alto que el que ellos tuvieron, se acabó cuando terminó la modernización de nuestra economía y el sector servicios pasó a ser el predominante.
Esto es algo que ha pasado en todos los países desarrollados, pero con matices: donde se ha invertido y desarrollado una economía donde priman puestos de mayor cualificación y remuneración, hay más posibilidades de movilidad social; por el contrario, en países como España, con un sector servicios que se ha “ensanchado por abajo”, con más puestos precarizados y de baja cualificación, aumentarán las probabilidades de vivir peor que tus progenitores.
Allí donde hay menos posiciones socialmente valoradas y mejor retribuidas, éstas tenderán a ser ocupadas por chicos y chicas de familias de mejor renta; se limitarán las opciones de movilidad social ascendente para chicos y chicas de hogares de menos ingresos, independientemente de que tengan el mismo nivel académico. A menos que se apueste por una mejora de la estructura ocupacional y por lograr una escuela más equitativa, no habrá igualdad de oportunidades.
RESUMEN EJECUTIVO
Sin embargo, el sistema educativo es ahora más inequitativo que antes de la crisis.
Mientras que, en 2008, los chicos y chicas del 20% más pobre de los hogares abandonan la escuela antes de obtener un título de educación secundaria postobligatoria (bachillerato o FP superior) 3,18 veces más que los que provienen del 20% de hogares de más ingresos, ahora lo hacen 11 veces más.
De todas las personas que abandonan, 1 de cada 2 pertenece al 20% de hogares de menos ingresos. Qué estamos haciendo mal Los hogares de renta media y baja dependen de dos fuentes de ingresos: los salarios y las transferencias públicas; la primera genera desigualdad y la segunda no consigue reducirla como debiera.
El sistema impositivo tampoco contribuye con todo su potencial a redistribuir ingresos.
Empleo:
La continua reducción del peso de los salarios en la economía, azuzada por la devaluación salarial –especialmente de aquellas personas con menor retribución, donde abundan las mujeres- y la precariedad, es una de las mayores causas de la desigualdad en nuestro país. Los salarios son bajos y el empleo precario. Si tenemos en cuenta la inflación, en 2017, los salarios se redujeron un 1,8%.
El 51,65% de las personas asalariadas inscritas al Régimen General de la Seguridad Social tienen un contrato temporal, parcial o ambas cosas. Como consecuencia, nuestro mercado laboral genera mucha menos clase media que en otros de nuestro entorno: 12,5 puntos porcentuales menos que en Francia y 16,4 puntos que en Suecia.
Diferencias que no se explican únicamente por una mayor tasa de desempleo.
La desigualdad ocasionada por la reducción del peso de los salarios en el PIB es el resultado de la combinación de una estructura ocupacional basada en empleos de bajo valor añadido con un marco legal que ha ido cambiando para facilitar la contenición salarial y las formas atípicas de empleo.
Las personas trabajadoras reciben menos y más va a parar a accionistas y rentas de capital.
Protección social:
España desaprovecha el gran potencial que tienen las transferencias públicas para reducir la desigualdad: somos los quintos que menos redistribuimos ingresos de toda la UE, lo que denota un gran potencial de mejora. Bajamos nuestro Gini (índice que muestra la desigualdad) 8 puntos porcentuales menos que la media comunitaria.
Una de las principales debilidades de nuestro sistema de protección social es la infradotación de las transferencias públicas que no son las pensiones: rentas de inserción, ayudas a la crianza o a la vivienda, entre otras, que, ineficientes y mal diseñadas, limitan nuestra capacidad para reducir la pobreza.
Sin tener en cuenta las pensiones, dedicamos 6,8 puntos porcentuales menos de PIB a protección social que Francia, 5,7 menos que Dinamarca y 2,7 menos que la media comunitaria.
La precariedad tiene rostro de mujer.
A pesar de los avances de las mujeres en el mundo laboral en las últimas décadas, ellas siguen siendo mayoría en los puestos peor remunerados y más precarios. Una de las razones fundamentales se debe a la segregación ocupacional; las mujeres se concentran en sectores menos valorados, peor retribuidos y con más precariedad.
El 70,8% de las personas con un contrato parcial no deseado son mujeres. Las ideas, valores y creencias acerca de lo quién debe hacer qué en el mundo laboral y familiar, están detrás de esta situación y de que sean ellas las sobrecargadas con trabajo de cuidados en el hogar. El 53% de las mujeres con empleo aseguran que la maternidad ha recortado su proyección profesional.
RESUMEN EJECUTIVO
En cuanto a su diseño, nuestro sistema de protección social es eminentemente contributivo, lo que quiere decir que se financia fundamentalmente con aportaciones de las personas trabajadoras a la Seguridad Social y en menor medida con fondos provenientes de los Presupuestos Generales. Esto lleva a que se repliquen las desigualdades del mercado laboral: aquellas personas que pudieron aportar más por haber tenido más ingresos, reciben más.
Las mujeres, los jóvenes en situación de precariedad o la infancia son los grandes perjudicados de que España no cuente con mayor inversión en protección social no contributiva que complemente a aquella que se articula a través de la Seguridad Social. El resultado es que gracias al sistema de transferencia de rentas no salen de la pobreza ni una de cada cuatro personas; en Dinamarca, Irlanda o Finlandia se reduce la pobreza en una de cada dos.
Además, nuestro sistema es altamente regresivo: los hogares de más renta reciben transferencias por parte del Estado más altas que los de renta baja.
Recaudación fiscal:
España recauda poco:
Nuestra presión fiscal sobre el PIB es del 34,5%, 6,9 puntos inferior a la media de la zona Euro, muy lejos de países con economías comparables a la nuestra como Francia o Italia (48,4% y 42,4% respectivamente). La caída de la presión fiscal durante la crisis fue mucho mayor que la de otros países europeos y al ritmo de recuperación que llevamos tardaremos 9 años en alcanzar la media europea.
Además, esta caída vino acompañada de una reducción del peso de la recaudación proveniente de empresas y rentas de capital y un aumento de la contribución de familias y asalariados, reduciéndose la progresividad del sistema. El Impuesto de Sociedades suponía en 2007 22,3 de cada 100 euros recaudados, ahora tan sólo 12 mientras que 83 provienen de las familias.
La baja recaudación del impuesto de sociedades es la principal causa de que nuestro esfuerzo fiscal suponga la mitad que el danés y esté en niveles similares al húngaro. A pesar de que las empresas hace tiempo que recuperaron su nivel de beneficios, se recauda la mitad que antes de la crisis. La evasión y elusión fiscal, así como un sistema ineficiente de beneficios fiscales hacen que los tipos efectivos disten mucho de los nominales.
Las empresas del IBEX cuentan con casi mil filiales en paraísos fiscales. Como resultado, la capacidad redistributiva del sistema tributario español es poca. En 2015, y considerando la imposición directa e indirecta, el 20% de la población más pobre pagó en promedio un 26,8% de su renta en impuestos, una cifra superior a la del resto de quintiles y sólo superada por el 10% más rico (que pagó un 29,1%).
Las transferencias públicas protegen menos a las mujeres Como ya hemos apuntado, las mujeres ocupan una peor posición en el mercado laboral: tienen carreras más cortas, más interrumpidas y reciben menos salarios. Al depender el acceso y la cuantía de las prestaciones del sistema de protección social de las contribuciones asociadas con el empleo, las mujeres resultan peor protegidas.
El sistema de protección social no reconoce que haber contribuido menos se debe a haberse hecho cargo desproporcionadamente de los trabajos de cuidado en el hogar, fundamentales para las familias y la sociedad. La brecha de género de la pensión contributiva media de las personas recién jubiladas es de prácticamente un 29%. La cobertura de las mujeres desempleadas por la prestación por desempleo es 10 puntos porcentuales menor que la de los hombres y la prestación media es un 14,62% menor.
RESUMEN EJECUTIVO
Recomendaciones:
¿qué objetivos y políticas públicas queremos ver en los programas electorales?
Dados los impactos sociales y económicos de la desigualdad, la reducción de la misma debería ser un objetivo prioritario de cualquier proyecto político y ocupar las primeras páginas de los programas electorales. Es un objetivo justo, urgente e impostergable, al que nos obliga nuestros compromisos internacionales adquiridos con la firma española de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Reducir la desigualdad y la meta es especialmente relevante para el caso español, la quinta economía europea pero el cuarto país más desigual de la UE:
Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.”
Empleo:
Recuperar el peso que los salarios tenían sobre el PIB antes del estallido de la crisis ha de ser un objetivo prioritario. Reducir la desigualdad ocasionada por el mercado laboral y la estructura económica pasa por incrementar los salarios más bajos, reduciendo la precariedad, y prestando especial atención a las mujeres como mayores afectadas por estas desigualdades.
Protección social:
Los partidos políticos deben ponerse como objetivo modernizar y dotar con más fondos a nuestro sistema de protección social, invertimos 5,4 puntos de PIB menos que la media UE. Hay que aumentar los fondos destinados a asistencia social y reformar el diseño del sistema para mejorar su eficiencia y eficacia y alcanzar la media europea de reducción de desigualdad y pobreza y desarrollando un verdadero sistema de garantía de ingresos.
Fiscalidad:
Si invertimos menos en asistencia social es en gran parte porque recaudamos mucho menos. Hay que fijar como objetivo recaudatorio alcanzar, en el plazo de tres años, la media de presión fiscal de la zona euro (estamos 6,9 puntos de PIB por debajo), y hacerlo sin olvidar los principios de equidad del diseño tributario. Además, hay que asegurar que las grandes empresas y las personas más ricas pagan su cuota justa de impuestos luchando contra los paraísos fiscales y acabando con las deducciones y beneficios que no contribuyan al bien común.
Oxfam Intermón ha sido un actor relevante en la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, un éxito colectivo que ayudará a 850.000 familias a salir de la pobreza.
Y frente a la COVID-19:
Sabemos que, aunque el virus es el mismo para todas las personas, sus consecuencias no lo son. Por eso hemos realizado transferencias de dinero, distribuido alimentos, kits de higiene y mascarillas en los países más frágiles. En España, hemos apoyado a más de 52.000 personas con alimentos, pagos de facturas, apoyo psicológico, jurídico y educativo.
Y para hacer frente a la precariedad laboral, hemos lanzado la campaña #SonEsenciales.
Resum de les informacions enviades per Oxfam Intermón a la revista (blog) Las afueras.