Alerta vermella per al "periodisme verd": 10 morts en 5 anys.

Malos tiempos para el “periodismo medioambiental”. Los ataques contra los periodistas que trabajan en temas relacionados con el medio ambientales se han convertido en algo corriente. Brandon Lee lo sabe bien. Este periodista estadounidense, radicado en Filipinas y que trabajaba para el semanario Nordis, escapó por poco de un intento de asesinato el 6 de agosto de 2019. En los últimos años, “me han seguido, vigilado, amenazado de muerte y denunciado en las redes sociales”, recuerda el periodista que, en el norte del archipiélago, cubría especialmente temas ambientales que “denuncian las injusticias que todo el gobierno quiere encubrir”. 

Este grave incidente es uno de los 53 casos de infracciones contra el derecho a la información registradas por RSF desde la publicación del informe Clima hostil para los periodistas ambientales, que a finales de 2015 ofreció un primer balance de los ataques dirigidos específicamente contra periodistas que trabajan en este asunto. Las tendencias observadas hace cinco años ahora se confirman y se consolidan: como promedio, cerca de dos periodistas son asesinados cada año por haber investigado la deforestación, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras o, más específicamente, la contaminación, las consecuencias para el entorno de las actividades industriales o los proyectos de construcción de grandes infraestructuras.

En una década, 20 periodistas han sido asesinados por tratar asuntos medioambientales. A diez de ellos los mataron en los últimos cinco años. De estos, nueve fueron asesinados a sangre fría en Colombia (2), México (1), Filipinas (1), Birmania (1) e India (4). La lista incluye a Shubham Mani Tripathi, corresponsal del diario en lengua hindi Kampu Mail, contra el que dispararon seis balas, tres de ellas en la cabeza, en junio de 2020. Este periodista indio acababa de compartir en Facebook sus temores de que la “mafia de la arena” lo iba a matar por sus investigaciones sobre casos de expropiaciones ilegales.

A esta cifra de periodistas brutalmente eliminados hay que sumar una sospechosa muerte bajo custodia: la de Muhammad Yusuf, en la isla de Borneo (Indonesia), en 2018. Al periodista, que trabajaba para los diarios digitales Kemajuan Rakyat y Berantas News, lo encarcelaron tras revelar casos de expropiación ilegal vinculados a las actividades de una empresa productora de aceite de palma y después de que dicha compañía lo acusara de difamación. Su esposa está convencida de que no falleció de forma natural, ya que el cuerpo de Yusuf presentaba señales de golpes en la nuca.

Este balance podría ser incluso más grave. El periodista de Sudán del Sur Joseph Oduha, del grupo de medios Nation Media Group (NMG), fue detenido y torturado por sus artículos sobre las consecuencias inhumanas de la contaminación por hidrocarburos. Los consorcios petroleros y las autoridades, que lo acusaban de “amenazar la seguridad nacional”, lo sometieron a tal presión que se vio obligado a exiliarse en 2019. De igual manera, en Colombia, Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, ambos especializados en temas ambientales para Natural Press, tuvieron que abandonar el país para salvar la vida. En Colombia, donde en menos de tres años han sido asesinados dos periodistas comunitarios -María Efigenia Vásquez Astudillo y Abelardo Liz- por denunciar el acaparamiento de tierras por parte de grandes grupos privados, las amenazas de muerte en las redes sociales se toman muy en serio. 

"El periodismo ambiental se ha vuelto considerablemente más peligroso de lo que era en el pasado", constata el periodista Peter Schwartzstein, especialista en temas ambientales en Oriente Medio Oriente y el norte de África. Autor del informe The Authoritarian War on Environmental Journalism (La guerra autoritaria contra el periodismo ambiental), también cree que esta tendencia está “íntimamente ligada a una creciente toma de conciencia sobre la importancia del medio ambiente”. El aumento de la contaminación y los efectos visibles del calentamiento global han ayudado a sensibilizar al público, pero también a los gobiernos, sobre “preocupaciones que ayer eran marginales” y que anteriormente estaban fuera del radar de los medios.

Asia y América, las dos zonas en rojo

Si bien los ataques contra los periodistas medioambientales se producen en todos los continentes, el 66% de los incidentes registrados se concentran en dos regiones del mundo: Asia y América. En Asia, India es el país de todos los récords: el de la cifra de periodistas asesinados (4), el de la cantidad de agresiones violentas (4) y el del número de periodistas que afrontan amenazas y procesos judiciales (4). Prácticamente la totalidad de las agresiones están relacionadas con "la mafia de la arena".

“Después del agua, la arena es el recurso natural más preciado y, al ser limitado, tiene una gran demanda”, explica la periodista india Sandhya Ravishankar, y añade que su extracción masiva tiene un fuerte impacto ambiental. Cubrir estos temas “representa una amenaza para muchas industrias y poderosos empresarios industriales cuya subsistencia depende de la arena como materia prima”, prosigue la reportera, que ha investigado a la mafia de la arena en el estado de Tamil Nadu. “Esta es la razón por la que, invariablemente, hay mucha violencia contra los periodistas que denuncian la extracción ilegal de arena”, subraya quien tuvo que hacer frente a una violenta campaña de difamación como consecuencia de sus investigaciones. Para ella, "la herida más grave y permanente" que ha sufrido es el acoso moral de los mineros del que ha sido víctima y que la ha llevado a ser marginada en su región, incluso por parte de sus semejantes.

La forma "legal" de silenciar a los periodistas

No hace falta recurrir a los métodos más radicales para reducir al silencio a los periodistas. Quienes intentan desvelar la verdad sobre las prácticas destructivas del entorno por parte de poderosos grupos privados pueden encontrarse fácilmente en el banquillo de los acusados con la base de las leyes de difamación. Recientemente, nueve periodistas han sido objeto de procesos judiciales en todo el mundo.

Entre ellos se cuenta el periodista tailandés Pratch Rujivanarom. Por escribir un artículo para el diario en idioma inglés The Nation en el que denunciaba la contaminación del agua por las actividades de la empresa minera MPC, fue acusado de difamación en base al Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos (Computer Crimes Act) en 2017, antes de que el gigante minero, enfrentado a la solidez de su trabajo, retirara su denuncia. En Francia, la periodista independiente Inès Léraud, que investiga las consecuencias medioambientales de la agricultura intensiva en Bretaña, ya ha sido objeto de dos denuncias por difamación en el espacio de dos años. La primera denuncia contra la autora de la investigación "Algas verdes, la historia prohibida", interpuesta por una personalidad del sector agroalimentario bretón que no dudó en denigrarla directamente a través de las ondas de radio y por correo electrónico, fue finalmente retirada unos días antes de la audiencia prevista, a principios de enero de 2020.

Aunque la mayoría de los procesos judiciales emprendidos en casos similares acaban con la puesta en libertad de los periodistas, algunos procedimientos pueden llevarlos a la cárcel por un período largo. En Uzbekistán, Solidjon Abdurakhmanov, autor de numerosos artículos sobre las consecuencias del desastre ecológico en el mar de Aral, no recuperó la libertad hasta 2017, tras pasar nueve años entre rejas. En Guatemala, el periodista Carlos Choc puede ser condenado de 20 a 30 años de cárcel por haber denunciado la contaminación de un lago por parte de la empresa minera CGN-Pronico. En India, el periodista de Newstime Shailendra Yashwant, su editor, Ramoji Rao, y el editor de Sanctuary Features, Bittu Sahgal, fueron por fin absueltos tras 22 años de pleitos. Estaban acusados de difamación por escribir y publicar un artículo que informaba sobre la contaminación en el estado de Gujarat.

Detenciones múltiples

El ataque más común y que afecta a más periodistas que cubren temas medioambientales sigue siendo la detención. En Rusia, a principios de junio de 2020, una periodista y un fotógrafo, Elena Kostyuchenko y Yuri Kozyrev, fueron detenidos en varias ocasiones con el pretexto de haber "violado la cuarentena" mientras investigaban sobre la catástrofe ecológica de Norilsk para el periódico Novaya Gazeta. En Canadá y Estados Unidos, decenas de periodistas fueron detenidos entre 2016 y 2020 mientras cubrían manifestaciones de ecologistas y comunidades indígenas que se oponían a la construcción de un gasoducto, de una gran presa hidroeléctrica o de un oleoducto en sus tierras ancestrales. En ambos países, varios periodistas fueron procesados por allanamiento de la propiedad privada, antes de que finalmente los tribunales les permitieran cubrir las protestas indígenas.

Seguir a los activistas medioambientales tampoco está exento de riesgos ni en el Reino Unido ni en Francia. En 2020, la cobertura de las actividades del movimiento Extinction Rebellion los aeropuertos de Londres en 2019 y de Orly (París) fue, en el primer caso, obstaculizada por la policía, mientras que en el segundo se vio marcada por la puesta bajo custodia durante diez horas del periodista de Reporterre Alexandre-Reza Kokabi. En Australia, el periodista francés Hugo Clément y su equipo de grabación, que estaban investigando para France 2 el proyecto minero Carmichael -y en particular el climaticidio-, también fueron detenidos y puestos bajo custodia policial mientras grababan a manifestantes ecologistas.

Presiones manifiestas e insidiosas

Las presiones sobre los periodistas que trabajan en temas medioambientales pueden ser frontales, como le sucedió en China a la periodista de Caixin Weekly Zhou Chen. La siguieron, la amenazaron y la acosaron abiertamente funcionarios y policías en una ciudad afectada por un incidente de contaminación industrial en noviembre de 2018. Pero las presiones suelen ser más insidiosas. En Egipto, es lo que le ocurre a una periodista especializada en temas ambientales que desea permanecer en el anonimato. Tras la publicación de artículos sobre un tema delicado relacionado con las importaciones de carbón, descubrió que estaba bajo vigilancia y que ya no podía viajar sin ser bloqueada durante varias horas en el aeropuerto. En Japón, los periodistas denuncian la autocensura vigente en los principales medios de comunicación sobre cualquier asunto relacionado con las consecuencias del desastre nuclear de Fukushima. Según los periodistas, esto se debe a las presiones del gobierno y del lobby nuclear, que quieren impedir la publicación de informaciones que ofrezcan "una imagen negativa de Japón" o que pudiesen perjudicar la preparación de los Juegos Olímpicos de 2020, que deberían haberse celebrado en Tokio este verano.

Directas o más sutiles, todas estas presiones y violaciones del derecho a la información en materia ambiental no dejan de tener consecuencias. “Por muy relevantes que sean, no se informará sobre estas historias de explotación de los recursos naturales, vínculos con el poder y violencia que sufren las poblaciones. Simplemente, porque los periodistas no se atreverán a contarlas, y tendrán razón al sentir miedo”, lamenta la periodista Sandhya Ravishankar. Esta represión incluso está contribuyendo a una mayor degradación del medio ambiente, según estima su colega Peter Schwartzstein: “La cobertura, en gran medida insuficiente, de catástrofes y desgracias ecológicas contribuye al agravamiento de enormes problemas ambientales, que están empeorando en estos agujeros negros para la información".

Sin poder brindar protección a los periodistas ambientales, o al menos “una apariencia de protección”, alega Sandhya Ravishankar, ser un periodista ambiental seguirá siendo más que nunca “un desafío”, por citar las palabras del periodista Brandon Lee. Y no solo en Filipinas.Mals temps per al "periodisme mediambiental".

"El periodisme ambiental s'ha tornat considerablement més perillós del que era en el passat" 

Els atacs contra els periodistes que treballen en temes relacionats amb el medi ambiental s'han convertit en una cosa corrent. Brandon Lee ho sap bé. Aquest periodista nord-americà, radicat a Filipines i que treballava per al setmanari Nordis, va escapar per poc d'un  intent d'assassinat el 6 d'agost de 2019. En els últims anys, "m'han seguit, vigilat, amenaçat de mort i denunciat a les xarxes socials ", recorda el periodista que, al nord de l'arxipèlag, cobria especialment temes ambientals que" denuncien les injustícies que tot el govern vol encobrir ".

Aquest greu incident és un dels 53 casos d'infraccions contra el dret a la informació registrades per RSF des de la publicació de l'informe   Clima hostil per als periodistes ambientals, que a finals de 2015 va oferir un primer balanç dels atacs dirigits específicament contra periodistes que treballen en aquest assumpte. Les tendències observades fa cinc anys ara es confirmen i es consoliden: com a mitjana, prop de dos periodistes són assassinats cada any per haver investigat la desforestació, la mineria il·legal, l'acaparament de terres o, més específicament, la contaminació, les conseqüències per a l' entorn de les activitats industrials o els projectes de construcció de grans infraestructures.



En una dècada, 20 periodistes han estat assassinats per tractar assumptes mediambientals. A deu d'ells els van matar en els últims cinc anys. D'aquests, nou van ser assassinats a sang freda a Colòmbia (2), Mèxic (1), Filipines (1), Birmània (1) i l'Índia (4). La llista inclou a Shubham Mani Tripathi, corresponsal del diari en llengua hindi Kampu Mail, contra el qual van disparar sis bales, tres d'elles al cap, al juny de 2020. Aquest periodista indi acabava de compartir a Facebook els seus temors de que la " màfia de la sorra " el mataria per les seves investigacions sobre casos d'expropiacions il·legals.



A aquesta xifra de periodistes brutalment eliminats cal sumar una sospitosa mort sota custòdia: la de Muhammad Yusuf, a l'illa de Borneo (Indonèsia), en 2018. Al periodista, que treballava per als diaris digitals Kemajuan Rakyat i Berantas News, el van empresonar després de revelar casos d'expropiació il·legal vinculats a les activitats d'una empresa productora d'oli de palma i després que aquesta companyia l'acusés de difamació. La seva dona està convençuda que no va morir de forma natural, ja que el cos de Yusuf presentava senyals de cops al clatell.

Aquest balanç podria ser fins i tot més greu. El periodista del Sudan de Sud Joseph Oduha, del grup de mitjans Nation Media Group (NMG), va ser detingut i torturat pels seus articles sobre les conseqüències inhumanes de la contaminació per hidrocarburs. Els consorcis petroliers i les autoritats, que l'acusaven de "amenaçar la seguretat nacional", el van sotmetre a tal pressió que es va veure obligat a exiliar-se a 2019. De la mateixa manera, a Colòmbia, Alberto Castaño i Maria Lourdes Zimmermann, tots dos especialitzats en temes ambientals per Natural Press, van haver d'abandonar el país per salvar la vida. A Colòmbia, on en menys de tres anys han estat assassinats dos periodistes comunitaris -Maria Efigenia Vásquez Astudillo i Abelardo Liz- per denunciar l'acaparament de terres per part de grans grups privats, les amenaces de mort a les xarxes socials es prenen molt seriosament .



"El periodisme ambiental s'ha tornat considerablement més perillós del que era en el passat", constata el periodista Peter Schwartzstein, especialista en temes ambientals a l'Orient Mitjà Orient i el nord d'Àfrica. Autor de l'informe The Authoritarian War on Environmental Journalism (La guerra autoritària contra el periodisme ambiental), també creu que aquesta tendència està "íntimament lligada a una creixent presa de consciència sobre la importància de l'entorn". L'augment de la contaminació i els efectes visibles de l'escalfament global han ajudat a sensibilitzar el públic, però també als governs, sobre "preocupacions que ahir eren marginals" i que anteriorment estaven fora de radar dels mitjans.



Àsia i Amèrica, les dues zones en vermell



Si bé els atacs contra els periodistes mediambientals es produeixen en tots els continents, el 66% dels incidents registrats es concentren en dues regions del món: Àsia i Amèrica. A Àsia, l'Índia és el país de tots els rècords: el de la xifra de periodistes assassinats (4), el de la quantitat d'agressions violentes (4) i el del nombre de periodistes que afronten amenaces i processos judicials (4). Pràcticament la totalitat de les agressions estan relacionades amb "la màfia de la sorra".



"Després de l'aigua, la sorra és el recurs natural més preuat i, a l'ésser limitat, té una gran demanda", explica la periodista índia Sandhya Ravishankar, i afegeix que la seva extracció massiva té un fort impacte ambiental. Cobrir aquests temes "representa una amenaça per a moltes indústries i poderosos empresaris industrials la subsistència depèn de la sorra com a matèria primera", prossegueix la reportera, que ha investigat a la màfia de la sorra a l'estat de Tamil Nadu. "Aquesta és la raó per la qual, invariablement, hi ha molta violència contra els periodistes que denuncien l'extracció il·legal de sorra", subratlla que va haver de fer front a una violenta campanya de difamació com a conseqüència de les seves investigacions. Per a ella, "la ferida més greu i permanent" que ha patit és l'assetjament moral dels miners de què ha estat víctima i que l'ha portat a ser marginada en la seva regió, fins i tot per part dels seus semblants.



La forma "legal" de silenciar els periodistes



No cal recórrer als mètodes més radicals per reduir al silenci als periodistes. Els que intenten desvetllar la veritat sobre les pràctiques destructives de l'entorn per part de poderosos grups privats poden trobar-se fàcilment a la banqueta dels acusats amb la base de les lleis de difamació. Recentment, nou periodistes han estat objecte de processos judicials a tot el món.



Entre ells es compta el periodista tailandès Pratch Rujivanarom. Per escriure un article per al diari en idioma anglès The Nation en què denunciava la contaminació de l'aigua per les activitats de l'empresa minera MPC, va ser acusat de difamació basant-se el Codi Penal i la Llei de Delictes Informàtics (Computer Crimes Act) en 2017, abans que el gegant miner, enfrontat a la solidesa del seu treball, retirés la seva denúncia. A França, la periodista independent Inès Léraud, que investiga les conseqüències mediambientals de l'agricultura intensiva a Bretanya, ja ha estat objecte de dues denúncies per difamació en l'espai de dos anys. La primera denúncia contra l'autora de la investigació "Algues verdes, la història prohibida", interposada per una personalitat del sector agroalimentari bretó que no va dubtar a denigrar-directament a través de les ones de ràdio i per correu electrònic, va ser finalment retirada uns dies abans de l'audiència prevista, a principis de gener de 2020.



Encara que la majoria dels processos judicials empresos en casos similars acaben amb la posada en llibertat dels periodistes, alguns procediments poden portar-los a la presó per un període llarg. A l'Uzbekistan, Solidjon Abdurakhmanov, autor de nombrosos articles sobre les conseqüències del desastre ecològic al mar d'Aral, no va recuperar la llibertat fins 2017, després de passar nou anys a la presó. A Guatemala, el periodista Carlos Choc pot ser condemnat de 20 a 30 anys de presó per haver denunciat la contaminació d'un llac per part de l'empresa minera CGN-Pronico. A l'Índia, el periodista d'Newstime Shailendra Yashwant, el seu editor, Ramoji Rao, i l'editor de Sanctuary Features, Bittu Sahgal, van ser per fi absolts després de 22 anys de plets. Estaven acusats de difamació per escriure i publicar un article que informava sobre la contaminació a l'estat de Gujarat.



Detencions múltiples.



L'atac més comú i que afecta més periodistes que cobreixen temes mediambientals segueix sent la detenció. A Rússia, a principis de juny de 2020, una periodista i un fotògraf, Elena Kostyuchenko i Yuri Kozyrev, van ser detinguts en diverses ocasions amb el pretext d'haver "violat la quarantena" mentre investigaven sobre la catàstrofe ecològica de Norilsk per al diari Novaya Gazeta . Al Canadà i els Estats Units, desenes de periodistes van ser detinguts entre 2016 i 2020 mentre cobrien manifestacions d'ecologistes i comunitats indígenes que s'oposaven a la construcció d'un gasoducte, d'una gran presa hidroelèctrica o d'un oleoducte a les seves terres ancestrals. En ambdós països, diversos periodistes van ser processats per violació de la propietat privada, abans que finalment els tribunals els permetessin cobrir les protestes indígenes.



Continua amb els activistes mediambientals tampoc està exempt de riscos ni al Regne Unit ni a França. El 2020, la cobertura de les activitats del moviment Extinction Rebellion els aeroports de Londres en 2019 i d'Orly (París) va ser, en el primer cas, obstaculitzada per la policia, mentre que en el segon es va veure marcada per la posada sota custòdia durant deu hores de periodista de Reporterre Alexandre-Reza Kokabi. A Austràlia, el periodista francès Hugo Clément i el seu equip de gravació, que estaven investigant per France 2 el projecte miner Carmichael -i en particular el climaticidio-, també van ser detinguts i posats sota custòdia policial mentre gravaven a manifestants ecologistes.



Pressions manifestes i insidioses

Les pressions sobre els periodistes que treballen en temes mediambientals poden ser frontals, com li va passar a la Xina a la periodista de Caixin Weekly Zhou Chen. La van seguir, la van amenaçar i la van assetjar obertament funcionaris i policies en una ciutat afectada per un incident de contaminació industrial al novembre de 2018. Però les pressions solen ser més insidioses. A Egipte, és el que li passa a una periodista especialitzada en temes ambientals que desitja romandre en l'anonimat. Després de la publicació d'articles sobre un tema delicat relacionat amb les importacions de carbó, va descobrir que estava sota vigilància i que ja no podia viatjar sense ser bloquejada durant diverses hores a l'aeroport. Al Japó, els periodistes denuncien l'autocensura vigent en els principals mitjans de comunicació sobre qualsevol assumpte relacionat amb les conseqüències del desastre nuclear de Fukushima. Segons els periodistes, això es deu a les pressions de govern i del lobby nuclear, que volen impedir la publicació d'informacions que ofereixin "una imatge negativa del Japó" o que poguessin perjudicar la preparació dels Jocs Olímpics de 2020, que s'haurien d'haver celebrat a Tòquio aquest estiu.



Directes o més subtils, totes aquestes pressions i violacions el dret a la informació en matèria ambiental no deixen de tenir conseqüències. "Per molt rellevants que siguin, no s'informarà sobre aquestes històries d'explotació dels recursos naturals, vincles amb el poder i violència que pateixen les poblacions. Simplement, perquè els periodistes no s'atreviran a explicar-les, i tindran raó a  sentir por ", lamenta la periodista Sandhya Ravishankar. Aquesta repressió fins i tot està contribuint a una major degradació de l'entorn, segons estima el seu col·lega Peter Schwartzstein: "La cobertura, en gran mesura insuficient, de catàstrofes i desgràcies ecològiques contribueix a l'agreujament d'enormes problemes ambientals, que estan empitjorant en aquests forats negres per la informació ".



Sense poder brindar protecció als periodistes ambientals, o al menys "una aparença de protecció", al·lega Sandhya Ravishankar, ser un periodista ambiental seguirà sent més que mai "un desafiament", per citar les paraules de periodista Brandon Lee. I no només en Filipinas.Mals temps per a el "periodisme mediambiental". 

Informació facilitada per Reporters Sense Fronteres a la revista Las afueras.