La nueva RGI: no solo recortes
La política burguesa, y especialmente la socialdemocracia en todas sus formas, recurre a la constante falsificación de los hechos para mantener su apariencia de legitimidad. Mientras los periódicos nos bombardean con la noticia triunfal de cómo la nueva Renta Garantizada de Ingresos (RGI) está abriendo puertas para más de 400 mujeres víctimas de violencia de género y 300 refugiados, se oculta el verdadero trasfondo político de esta medida: recortes camuflados como mejoras, un incremento en el control burocrático, la silenciosa exclusión de los estratos más empobrecidos de la población del acceso a la RGI y la criminalización cultural del proletariado.
El nuevo reglamento fija lo que se considera domicilio, que es básicamente la puerta de acceso a la RGI: exclusivamente aquel hogar que puede demostrar su existencia mediante un título legal
A finales del pasado mes de noviembre se aprobó en el Gobierno vasco el nuevo reglamento de la RGI, con el apoyo de todo el “bloque progresista”: votos a favor de PNV, PSE y Elkarrekin-Podemos y abstención de EH Bildu, quienes vendieron esta reforma como un avance en la protección social, ya que aumentaba tímidamente las cuantías —siempre por debajo de la inflación— y se bajaba la edad mínima para el acceso a la prestación.
Lo que pasó desapercibido detrás de las declaraciones triunfalistas de los políticos profesionales era un sutil movimiento burocrático destinado a reducir, a efectos prácticos, el acceso a la RGI para los estratos más empobrecidos de la población. El nuevo reglamento fija de hecho lo que se considera domicilio, considerada la puerta de acceso a la RGI. Bajo la nueva normativa, en vigor ya desde el 1 de enero, se considera como domicilio exclusivamente aquel hogar que puede demostrar su existencia mediante un título legal: un contrato de arrendamiento, una cesión de uso, o la propiedad de la vivienda.
Es más, todas aquellas familias que viven en habitaciones mediante contratos de subarriendo o compartiendo el piso tienen que demostrar que son una unidad convivencial separada mediante un aseo de uso exclusivo. Todos lo hogares que carezcan de estas condiciones —familias y personas que alquilan sin tener contrato, las que están obligadas a ocupar, y las que viven hacinadas en habitaciones y tienen que compartir el aseo, etc.— no podrán acceder a la RGI.
Todas aquellas familias que viven en habitaciones mediante contratos de subarriendo o compartiendo el piso tienen que demostrar que son una unidad convivencial separada mediante un aseo de uso exclusivo
Por si esto fuera poco, en un supuesto intento de racionalización de las ayudas, a partir de abril todas las prestaciones de vivienda otorgadas por el Gobierno vasco serán sustituidas por una prestación única— PEV (Prestación Económica de Vivienda)—, la cual estrecha los requisitos burocráticos: para poder conseguirla hay que estar inscrito en Etxebide ininterrumpidamente por 3 años. Quien no pueda demonstrar esta condición —porque lleva menos de 3 años en la CAV, no ha renovado la inscripción en Etxebide, ha tenido un repentino cambio en sus condiciones vitales...— no tendrá derecho a percibir las ayudas destinada a la vivienda por parte del Gobierno Vasco. Esa ayuda denominada PEV, sustituirá a las ya existentes, es decir, a las AES (Ayudas de Emergencia Social) y a la PCV (Prestación Complementaria de Vivienda) que acompañaba la RGI.
Ambas desaparecerán y la única prestación que se concederá para sufragar los gastos del alquiler —con excepción de las ayudas a jóvenes— será la PEV. Nótese bien que mientras para acceder a las AES y a la PCV con seis meses de padrón era suficiente, con esta ley se necesitarán tres años ininterrumpidos de inscripción en Etxebide. El objetivo es claro: entre otras casuísticas, busca expulsar al proletariado inmigrante del acceso a las prestaciones.
Estos cambios nos muestran cómo funciona la gestión estatal de la miseria en tiempos de crisis, cuando el estado burgués tiene que adecuarse a estrechos imperativos presupuestarios. La doctrina es la de siempre: destinar las ayudas a la población “útil”, la que es funcional a la acumulación del capital —jóvenes que están a la espera de entrar en el mercado laboral, personas potencialmente activas en situación temporal de desempleo, familias que están en condiciones de pagar un alquiler, etcétera—, para mantenerla integrada en la dinámica social.
Al mismo tiempo, apartar las políticamente menos relevantes, a menudo porque son burocráticamente excluidas del aparato de gobernanza de la democracia burguesa (los sectores más proletarizados, personas que ocupan, familias obligadas a vivir hacinadas, el proletariado de origen extranjero, madres solteras, personas en situación irregular...).
Para estos segundos, tal y como han expresado explícitamente portavoces del Gobierno vasco, lo que ofrecen es que la gestión de sus situaciones pase a manos de Servicios Sociales. De esta forma, son de facto expulsados de las distintas modalidades de acceso a un bien básico para su reproducción —la vivienda, la alimentación o la sanidad—, y se encarga a unos Servicios Sociales vaciados de recursos la gestión de los casos más extremos de miseria.
Este movimiento de desplazamiento y exclusión de las capas más pauperizadas de la población proletaria es pertrechado por reformas administrativas, que aspiran a aumentar el control burocrático sobre el proletariado
Este movimiento de desplazamiento y exclusión de las capas más pauperizadas de la población proletaria es pertrechado por las reformas administrativas, que aspiran a aumentar el control burocrático sobre el proletariado. De hecho, bajo la excusa de mejorar ciertos aspectos y luchar contra el fraude para garantizar que las ayudas alcancen “a los que se lo merecen”, se refuerza el aparato burocrático del estado burgués sobre el proletariado, endureciendo los criterios y las sanciones.
En el caso de la RGI, la función represiva de la burocracia es evidente: para controlar el fraude han creado una policía interna de Lanbide con funciones exclusivas de control y sanción, habilitada para entrar en los domicilios de los preceptores de la RGI con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos, que revisa trimestralmente, so pena de exclusión automática de las ayudas.
Pero la función represiva de este aparato burocrático no se limita al control y a la sanción sobre los preceptores de las ayudas, sino que produce unos efectos culturales sobre la clase trabajadora en su conjunto. Por un lado, estas ayudas de miseria, concedidas solo bajo una sumisión absoluta al aparato burocrático del estado burgués, normalizan la férrea disciplina capitalista, al mismo tiempo en que empujan a la baja el salario de la clase trabajadora y extienden condiciones de miseria entre la población proletaria. Por otro lado, la presunta guerra contra el fraude convierte automáticamente al proletariado en un potencial delincuente, criminalizando de facto la pobreza.
La condición proletaria se convierte en automáticamente ilegal: si una persona no tiene un contrato que acredite que está en una vivienda, no se culpará al rentista que saca beneficio de su situación irregular, sino que se responsabilizará a la persona vulnerable de su situación y el no cumplimiento de un criterio burocrático –en este ejemplo, la falta de un título– se entenderá automáticamente como fraude. En el nuevo reglamento de la RGI se dice explícitamente que la inclusión de ese nuevo criterio se hace con el objetivo de “evitar la proliferación de acciones ilegales”. En pocas palabras: la burocracia genera un arquetipo de persona perceptora, con criterios casi imposibles para el proletariado, y todo lo que se salga de ese arquetipo es fraudulento o directamente ilegal.
En estos tiempos de crisis estructural, de aumento de la miseria y de amenaza de guerra imperialista, el capital y sus gestores traicionan los avances históricos que la clase trabajadora impulsó en los anteriores ciclos de lucha; abandonan el principio de inviolabilidad del domicilio y la presunción de inocencia, y culminan el proceso histórico de conversión de la burguesía en una clase política puramente reaccionaria.
Esta consideración es extensible a la totalidad de partidos políticos y coaliciones profesionales y parlamentarias. Los partidos de la izquierda del capital nos han vendido las nuevas medidas de la RGI y en materia de vivienda como un avance en la protección social, mientras que su carácter real es claramente regresivo. Con una ligera capa de progresismo, cuelan la sumisión al aparato burocrático y represivo del estado burgués, la instauración de condiciones de miseria y la criminalización del proletariado.
Los partidos de la izquierda del capital nos han vendido las nuevas medidas de la RGI y en materia de vivienda como un avance en la protección social, mientras que su carácter real es claramente regresivo
Frente a esta situación no es suficiente reclamar menos recortes o la simple extensión del alcance económico de las ayudas. No solo no es suficiente, sino que perjudica en el largo plazo los avances políticos que la clase trabajadora pudiera conseguir en la lucha contra estas reformas, puesto que deja en manos de la burguesía y su consejo de administración (el estado burgués) el control sobre las condiciones de vida de la inmensa mayoría. La solución tampoco puede ser aumentar los recursos públicos ya que eso, lejos de socavar el control burocrático, lo legitima y lo aumenta.
Igualmente, un simple aumento nominal de los recursos públicos, aunque destinados enteramente al consumo de la clase trabajadora, no se traduce automáticamente en políticas realmente igualitarias, como décadas de políticas sindicales corporativistas nos han enseñado, en las que reformas supuestamente progresistas mejoran las condiciones de unos sectores específicos a costa de recortar las condiciones de otros sectores.
Como comunistas, nos toca señalar el antagonismo de clase esencial en el fundamento de estas reformas: mientras crecen las ganancias de unos pocos —bancos, fondos de inversión, grandes multinacionales, empresas de distinto tamaño y, ocasionalmente, algún que otro representante de la clase media más acomodada—, ganancias que los partidos socialdemócratas están bien lejos de señalar y menos aún de expropiar, la miseria del proletariado se expande.
En este caso, la reforma de la RGI tiene como objetivo seguir garantizando el beneficio capitalista: por un lado, son ayudas al consumo que garantizan que el dinero siga fluyendo a los bolsillos de los rentistas. Y por otro lado, estas prestaciones de miseria se recortan de forma que la población potencialmente activa tenga garantizada la subsistencia en los períodos en los que el capital no quiere emplearla, y así, se desactive el conflicto social. Mientras tanto, para la población sobrante —no activa— se reducen aun más los recursos, reduciendo así el gasto público y dirigiéndolo a los sectores más rentables.
Frente a ello, debemos apuntar a la ganancia capitalista, a su expropiación y control por parte del proletariado revolucionario organizado en partido, como único medio para mejorar nuestras condiciones de vida de forma universal y permanente. La tarea fundamental que tenemos que emprender, desde la lucha en todos los ámbitos de la sociedad burguesa y la confrontación permanente frente a las políticas de distinta índole del partido único de la burguesía, es la construcción de una organización revolucionaria, el partido comunista internacional del proletariado, que ponga las bases reales para la destrucción del aparato de estado de la burguesía y su burocracia excluyente, y abra las puertas al acceso universal a la riqueza.
