La reforma del subsidio de desempleo y para mayores de 52 años perjudicará notablemente a las pensiones futuras.

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La nueva regulación del subsidio de desempleo (1) y subsidio para mayores de 52 años trae una desagradable "sorpresa" en su articulado que no se dio a conocer cuando se presentó por parte de la Ministra de Trabajo.

Así su disminución en cotizaciones sociales del 125% de la base mínima de cotización al 100% hará que éstas pasen de los 1575 euros actuales a 1260 euros durante todo el periodo (2). Esto quiere decir que la administración se "ahorrará" por cotización, a cifras equivalentes de hoy, 74,34 euros (3) mensuales o 892 euros anuales o 2.230 euros en los casos en que el subsidio se prolongue por 30 meses.

Por el contrario, la "subida espectacular" prevista (4)(+90 euros los seis primeros meses, +60 euros los 6 siguientes meses, 0 euros todos los siguientes) le supondrá a la administración tan solo un incremento total de 900 euros. Por entendernos, en cuanto el periodo del subsidio exceda de 12 meses, la Administración hasta ahorrará dinero.

Es cierto que hay otras mejoras en cuanto extender el subsidio a menores de 45 años (5), evitar el mes de espera para empezar a cobrarlo o hacerlo compatible con determinada actividad laboral, de lo que hay que congratularse. Pero como no se ha presentado una memoria económica no sabemos el impacto económico en las cuentas públicas, si bien un primer vistazo indica que la medida tendrá coste "cero" para la administración. Lo que se ha hecho es redistribuir el fondo que ya se dedicaba al subsidio, pero no incrementar los fondos dedicados (6).

Sin embargo, el peor efecto para la clase trabajadora es el que tendrá en las pensiones futuras. Según los casos, la pérdida en la pensión se extenderá entre una horquilla entre el 2% y el 3% (7). Esto podría suponer para una pensión de 1200 euros entre 24 euros y 36 euros menos al mes a cobrar durante una media de 18 años, es decir entre 6.048 euros y 9.072 euros.

Resumiendo, estamos cambiando un escaso incremento del subsidio hoy por una reducción de nuestra pensión futura que puede alargarse muchos años. Un mal negocio para los futuros pensionistas.

Este es "vestir a un santo para desvestir a otro". El incremento debía y podía haber sido mayor y para todo el periodo si se hubieran añadido nuvos fondos para sufragarlos. Y siendo las personas mayores de 52 años clara población vulnerable en cuanto a encontrar trabajo en sus últimos años como activos, no se debían haber disminuido las cotizaciones sociales. Esto sí hubiera sido un esfuerzo económico importante y no una medida en gran parte de maquillaje y propaganda.

Diciembre, 2023

Comisión de Legal

(1) Real decreto-ley 7/2023 de 19 de diciembre.

(2) Modificación del artículo 280 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

(3) 23,6% de 315 euros, diferencia entre base de cotización actual y futura.

(4) Partiendo de los 480 euros actuales (80% del IPREM), quedará en 570 los 6 primeros meses, 540 los 6 meses siguientes y los mismos 480 euros para lo que reste del periodo a cobrar.

(5) Con importantes restricciones como que, en caso de no tener cargas familiares, justificar que se ha cobrado la prestación del desempleo (el paro) por un periodo de 1 año.

(6) Para poder comparar hay que utilizar cifras referidas al año actual, sin tener en cuenta el IPC.

(7) Según los años de cotización vayan desde el mínimo de 15 años para pensión contributiva al máximo de 25 años.

Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

Esta Coordinadora de ámbito estatal, formada por diferentes colectivos sociales, fue creada con el objetivo de defender uno de nuestros derechos históricos más sensibles y necesarios para las familias trabajadoras, tanto por cuenta ajena como autónomos: el actual Sistema Público de Pensiones.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) se ha constituido en la movilización por la defensa del sistema público de pensiones, contra los intereses del capital financiero, la patronal   y los gobiernos que propongan leyes en contra de los intereses de la ciudadanía. La situación del movimiento de pensionistas está determinada por la movilización en la calle a lo largo de todo el territorio en una gran cantidad de localidades repartidas por todo el territorio del Estado

Exigimos pensiones públicas dignas, retornar, de entrada, a la jubilación a los 65 años y reclamar la jubilación ordinaria a los 60 años, garantizar la revalorización de las pensiones como mínimo con el IPC real, recuperar la paga compensatoria en enero en función de ese mismo IPC, así como la derogación de las reformas de pensiones 2011, que conducen a una reducción de la pensión cercana al 40% y la derogación de las reformas laborales que precarizan el trabajo rebajando salarios y cotizaciones sociales. Sin salarios dignos no habrá pensiones dignas.

Estamos contra la privatización de las pensiones y los servicios públicos. Defendemos el sistema público de reparto, que ha sido y debe continuar siendo nuestro modelo, basado en las cotizaciones sociales y por el aumento de las pensiones mínimas, igualándolas al SMI, y éste en función de los requisitos de la Carta Social Europea. La necesidad de subir las pensiones mínimas es urgente, pensiones mínimas de poco más de 400 euros son pensiones de miseria.

Las cotizaciones sociales de la Seguridad Social pertenecen a las personas trabajadoras en activo y a las que durante su vida laboral han aportado sus cotizaciones a la Seguridad Social, con retenciones a sus salarios destinadas a poder tener una pensión digna tras la jubilación, por lo que ningún gobierno tiene derecho a destinarlo a otros fines que no sea exclusivamente al pago de las prestaciones reconocidas por la Seguridad Social y los costes mínimos necesarios para la gestión del sistema Público de Pensiones. Estamos por la eliminación de los topes de las bases de cotización que solo benefician a quienes perciben altas remuneraciones.

Sobre las cotizaciones y bienes de la Seguridad Social el Estado solo tiene funciones de tutela, pues la propiedad de esos bienes no le corresponde. El patrimonio de la Seguridad Social, constituido por las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro género, es un patrimonio único afecto a sus fines y distinto al patrimonio del Estado. La titularidad del mismo corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social. Por eso a la utilización de las cotizaciones para fines distintos de los propios, la consideramos como verdaderos saqueos que los anteriores gobiernos han impuesto a la Seguridad Social. Esa práctica ha sido continua. Defendemos que el dinero de las cotizaciones se utilice solo para el pago de las pensiones contributivas, consideradas como un salario diferido...

Extraído de nuestra tabla reivindicativa (V Asamblea)

Informació obtinguda de la web de COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones).