Una y otra vez la derecha sostiene que la constante denuncia del bloqueo de EEUU a Cuba que hace  el gobierno de La Habana en la ONU y otros foros internacionales es en realidad una burda excusa para justificar el fracaso de su sistema.

Incluso cierta izquierda 'moderada' europea y latinoamericana cree que el bloqueo terminó con la Guerra Fría y que solo permanece un embargo limitado a determinados productos. De allí que a menudo se prescriban recetas fáciles para Cuba, como analizábamos días atrás en estas mismas páginas.

De esta manera, las consecuencias que acarrea el bloqueo no son consideradas elementos relevantes sino muy secundarios a la hora de analizar la situación económica y social de la isla, algo que contrasta totalmente con la percepción que tiene cualquier ciudadana y ciudadano cubano.

Ellos y ellas, sean jóvenes, de mediana edad o ancianos, sí saben qué es el bloqueo, lo sufren diariamente desde hace décadas. De hecho, la mayoría de la población actual no conoció nunca su país sin el bloqueo estadounidense, una situación única en el mundo.

En realidad todo el mundo lo sabe y, al menos retóricamente, así lo denuncian año tras año la casi totalidad de países de nuestro orbe.

El 23 de junio pasado la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por aplastante mayoría una resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

La Resolución A/75/L.97 fue aprobada por 184 de los países miembros de la ONU. Los únicos dos países que votaron en contra fueron EEUU e Israel. Tres países se abstuvieron, Brasil, Colombia y Ucrania.

En sus considerandos la resolución reafirma "la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados, además, en numerosos instrumentos jurídicos internacionales".

La nueva resolución es casi idéntica en contenido a la primera que se votó en la Asamblea General el 24 de noviembre de 1992, la número 47/19; casi igual a la 48/16 aprobada el 3 de noviembre de 1993; a la 49/9 del 26 de octubre de 1994, y así sucesivamente.

Año tras año desde hace 29 años, Naciones Unidas aprueba por una mayoría cada vez más abrumadora el rechazo al embargo estadounidense a Cuba y la exigencia de su levantamiento total.

Pero estas resoluciones, al igual que sucede con las tantas aprobadas desde 1948 por la Asamblea General o por el Consejo de Seguridad de la ONU contra la ocupación israelí de los territorios palestinos no tienen carácter vinculante.

Todo está atado y bien atado de manera tal que las resoluciones de la mal llamada 'comunidad internacional' sean resoluciones... que resolver, resolver, no resuelven nada, y el bloqueo ya lleva 60 años.

Una rémora de la Guerra Fría

En octubre de 1960, en plena Guerra Fría y a menos de dos años del triunfo de la Revolución cubana que acabó con la dictadura militar pro imperialista de Fulgencio Batista, Dwight D. Eisenhower, general de cinco estrellas y presidente republicano de Estados Unidos, aprobó el embargo comercial, económico y financiero a Cuba en represalia por las expropiaciones de numerosas haciendas y compañías propiedad de estadounidenses en la isla.

El 3 de enero de 1961 Eisenhower dio un paso más allá, rompió relaciones diplomáticas con La Habana.

La llegada del demócrata John F. Kennedy no supuso una mejora de la situación sino todo lo contrario. Kennedy heredó el plan de Eisenhower para invadir Cuba a través de una gran operación encubierta.

Desde 1959 la CIA entrenaba en EEUU y Guatemala a cientos de exiliados cubanos y exmilitares de Batista que en abril de 1961 lanzaron finalmente con 1.200 hombres el ataque por mar y aire en la que se llamó Invasión de Bahía Cochinos, o de Playa Girón, con apoyo logístico y aéreo de Estados Unidos.

Sin embargo y en contra de las previsiones del Pentágono, en solo tres días la todavía joven Fuerza Armada Revolucionaria logró rechazar la invasión, dando muerte a parte de los atacantes y deteniendo a muchos otros.

El resto se retiró de forma caótica. Más de un año de preparación y terminó en un gran fracaso político y militar.

El 7 de febrero de 1962 Kennedy declaraba un bloqueo naval con buques de guerra y aéreo contra Cuba, cuya economía había sido controlada y moldeada a medida de las necesidades de EEUU por lo que era dependiente totalmente de ese país.

El bloqueo pretendía la asfixia de la isla y la caída del Gobierno revolucionario que, como reacción, fue radicalizándose cada vez más.

La presión de EEUU sobre la OEA le permitió rápidamente conseguir la expulsión de Cuba de su seno por "implantar un gobierno antidemocrático". Entre los miembros 'democráticos' de la OEA  aliados de EEUU en ese momento figuraban dictadores militares como Anastasio Somoza en Nicaragua; Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana; François Duvalier en Haití o Alfredo Stroessner en Paraguay.

A pesar del estrangulamiento a que fue sometida, una isla pequeña como Cuba, situada a solo 90 millas de Florida, logró sobrevivir al bloqueo, a los sabotajes a la producción azucarera y actos terroristas; a los numerosos intentos de magnicidio contra Fidel Castro.

Luego consiguió resistir a las consecuencias del derrumbe en 1991 de la Unión Soviética y los países de la Europa del Este, de los que se había visto obligada a depender económica y militarmente cada vez más para no sucumbir.

El fin del 'socialismo real' y la Guerra Fría no supuso sin embargo un relajamiento en el bloqueo estadounidense a Cuba. La isla rebelde se convirtió en un símbolo, en un bastión de resistencia antimperialista insoportable para Estados Unidos.

Llegó el 'Nuevo Orden Mundial', EEUU dejó de impulsar dictaduras militares en América Latina y fomentó recetas neoliberales, privatizadoras de todo lo público, tratados de libre comercio como el ALCA y gobiernos corruptos como los de Salina de Gortari, Collor de Melo, Fujimori o Menem.

Se impuso el pragmatismo, se retomaron incluso las relaciones con Vietnam, el único país que hasta ese momento había resistido un ataque devastador y genocida de EEUU y que lo había derrotado militarmente  -murieron 55.000 soldados estadounidenses- , política y moralmente.

Pero para Washington Cuba siguió y sigue siendo una espina clavada, es peor que el 'síndrome de Vietnam'.

La sola existencia de su revolución continúa siendo considerada ofensiva, humillante, por buena parte de los dirigentes políticos estadounidenses.

Demócratas y republicanos se han sucedido en el poder en las últimas tres décadas sin Guerra Fría y, salvo el intervalo de la era Obama en la que se relajaron temporalmente algunas de sus medidas -Trump las reimplantó y añadió más-, juntos ambos partidos han perfeccionado el bloqueo aprobando  una serie de leyes a las que unilateralmente han decidido darles el estatus de legislación de aplicación extraterritorial.

Legislación extraterritorial estadounidense

Para fundamentar jurídicamente el bloqueo al que Cuba sigue siendo sometida EEUU toma como referencias tanto la Ley del Comercio con el Enemigo de 1917; la Ley de Cooperación Internacional de 1961; las Regulaciones al Control de los Activos Cubanos de 1963; la Ley para la Democracia en Cuba de 1992, conocida como Ley Torricelli (Robert Torricelli, demócrata); la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas de 1996, conocida como Ley Helms-Burton (republicanos); y la Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio de 2000.

La propia Unión Europa estuvo años negociando a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con EEUU para que no se le aplicara a los países miembros de la UE el Título III de la Ley Helms-Burton (aprobada en 1996 bajo la Administración Clinton), que contempla sanciones y apertura de causas judiciales en tribunales de EEUU contra aquellas compañías extranjeras o particulares que inviertan u operen en instalaciones o con bienes que hayan sido confiscados por la revolución hace seis décadas.

Bienes como la poderosa Central Azucarera Atlántica del Golfo, que era propiedad del padre de la ultraderechista dirigente de Vox, Rocío Monasterio, el latifundista cubano Antonio Monasterio Díaz de Tuesta, hijo de un inmigrante asturiano.

En respuesta a esa ley la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó a su vez la llamada Ley 80 de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas por la cual se niega cualquier efecto jurídico a esa normativa estadounidense de pretendida jurisdicción extraterritorial.

En esa Ley 80 se reafirma la disposición del Gobierno de Cuba a negociar una justa compensación por los bienes expropiados a las personas naturales o jurídicas que  en el momento de la expropiación ostentaran la ciudadanía estadounidense.

Bill Clinton aceptó no aplicar esa legislación para sus socios europeos pero incorporó una cláusula por la que  se estableció que debía ser revisada por el presidente cada seis meses, para confirmarla o suprimirla. Una espada de Damocles siempre presente para el inversionista extranjero.

El Título IV de esa misma ley establece asimismo que EEUU puede denegar visado o expulsar del país a representantes de empresas -y familiares de estos- que mantengan negocios de algún tipo con esos bienes expropiados.

A pesar de que los dos gobiernos posteriores al de Clinton, tanto el de George W. Bush como el de Barack Obama, respetaron ese acuerdo con la UE, Donald Trump hizo uso del derecho presidencial a revisarlo y decidió en mayo de 2019 anular esa excepción.

A partir de ese momento se presentaron miles de demandas en los tribunales estadounidenses contra empresas o particulares europeos, muchas de ellas contra el grupo hotelero Meliá y otras empresas españolas.

En octubre de 1919 los más importantes directivos de Melia Hotels International S.A., incluyendo su director ejecutivo, recibieron notificaciones del Departamento de Estado advirtiéndoles de la  prohibición de entrada a Estados Unidos.

Decenas de navieras y petroleras han sido sancionadas por el solo hecho de transportar combustible a Cuba y lo mismo sucede con otras mercaderías de primera necesidad.

España, como el resto de la UE, ha urgido a la Administración Biden desde su llegada al poder la exención de la aplicación del polémico Título III de la Ley Helms-Burton para los socios europeos pero hasta el momento el gobierno estadounidense ha evitado pronunciarse al respecto.

Para volver a aplicar esa exención el presidente solo debe anunciarlo al Congreso justificando que lo hace en el interés de la seguridad nacional de EEUU y para favorecer la transición democrática en Cuba.

Sin embargo, tras cumplir sus primeros cien días en la Casa Blanca, Joe Biden sigue sin pronunciarse tanto sobre esa medida como sobre la decisión de mantener o eliminar las otras más de 240 de endurecimiento del bloqueo adoptadas por Trump durante su mandato.

Es más, la nueva Administración ha anunciado días atrás nuevas sanciones. La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, ha incluido a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior cubano y a  Álvaro López Miera, titular del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, entre los nuevos sancionados por EEUU.

Los considera responsables directos por la represión a quienes se manifestaron en distintas ciudades cubanas el pasado 11 de julio y unilateralmente decide sancionarlos.

Esas protestas podrían servir de excusa a Biden para no innovar sobre el bloqueo ni sobre el endurecimiento hecho por Trump para congraciarse con el lobby cubano-americano, con la vista puesta en los votos que esta pueda proporcionarle en las elecciones legislativas de mitad de mandato, a fines de 2022.

Biden ha llegado a calificar a Cuba estos días de "estado fallido", toda una declaración de intenciones, una muestra de lo se puede esperar en política exterior de la nueva Administración demócrata.

Entre las medidas impuestas por Trump que al menos hasta ahora Biden mantiene vigentes figura la que establece que ningún país puede vender a Cuba artículos que contengan al menos un diez por ciento de sus componentes de origen estadounidense.

Hasta 2019 se prohibía la exportación a Cuba de productos que contuvieran al menos un veinticinco por ciento de componentes estadounidenses, se trate de una cámara fotográfica, un móvil, un respirador, una aspiradora, un tractor o un repuesto para la industria farmacéutica, metalúrgica, aeronáutica o de cualquier tipo.

Cómo afecta el bloqueo a la lucha contra el Covid-19

A pesar de los buenos resultados obtenidos por Cuba en el combate contra la pandemia durante el primer año, en los últimos meses el número de contagios y de ingresos hospitalarios se ha disparado, en parte por la llegada de turistas extranjeros, pero fundamentalmente porque se agotaron muchos medicamentos y suministros médicos y el bloqueo impidió su llegada.

Cubadebate, uno de los digitales más importantes de la isla que diariamente actualiza el número de contagios, ingresos y altas hospitalarias y hasta una ficha detallada con los datos de cada fallecido, publicaba en mayo pasado, dos meses antes de las protestas callejeras, un resumen de cómo afectaba en concreto el bloqueo a la salud pública cubana en medio de la pandemia.

Los datos hablan por sí solos. Las autoridades cubanas estiman que desde la aplicación de las nuevas medidas de la Administración Trump en 2019 los costes suplementarios en materia sanitaria por verse obligados a comprar medicamentos en mercados lejanos, sean reactivos, instrumentos tecnológicos y repuestos para equipos del Sistema Nacional de Salud, han supuesto ya una pérdida de 3.272 millones de dólares.

Hay casos como las compañías suizas Imt Medical AG y Acutronic Medical Systems AG, fabricantes mundiales de equipos médicos que durante años realizaron negocios con Cuba, que dejaron de hacerlo abruptamente al ser compradas por la compañía estadounidense Vyaire Medical Inc. Cuba tampoco puede comprar a Vyaire Medical Inc. sus ventiladores pulmonares.

De la misma forma, varios bancos suizos, como Banque Cler, Banco Cantonal de Basilea o UBS, se  negaron, por presión de EEUU, a transferir donaciones realizadas a Cuba por organizaciones de solidaridad de ese país, como MediCuba-Suiza o la Asociación Suiza-Cuba.

Con esas donaciones se contaba para comprar y enviar a la isla reactivos, necesarios para los test de diagnóstico, y equipos de protección para el personal sanitario.

Otro banco, en este caso indio, el Dbs Bank Ltd., se negó a recibir documentación de embarque de Serum Institute of India Pvt. Ltd y otros, afectando el suministro de las vacunas BCG y PRS que se utilizan para inmunizar a los niños cubanos frente a la tuberculosis, el sarampión, la rubiola y la papera.

El informe sanitario da cuenta también de la imposibilidad de recibir medicamentos como la Dipirona y la Glibenclamida ante la imposibilidad de la Agencia Naviera de México S.A. para entregarlos, bajo riesgo de ser sancionada por Estados Unidos.

Otro tanto ha sucedido con la Aerolínea Avianca, que se negó a transportar a Cuba un cargamento del medicamento Valproato

De las más de 70 compañías estadounidenses contactadas por las autoridades de MEDICuba para confirmar la posibilidad de importar medicamentos y equipamiento para el Sistema Nacional de Salud cubano solo tres respondieron, y lo hicieron sólo para notificar que no estaban autorizadas por el Gobierno de Estados Unidos para mantener ningún tipo de vínculo comercial con entidades cubanas.

En el informe citado se especifica incluso cuáles son los laboratorios contactados, qué tipo de medicamentos producen y para qué se utilizan.

Entre ellos figura Jansen, filial de Johnson & Johnson, a la que no se pretendía comprar su vacuna monodosis contra el Covid-19 sino Acetato de Abioraterona para tratar el cáncer de próstata.

También se contactó con Pfizer, tampoco en busca de su vacuna contra el Covid, sino por su medicamento Palbociclib, para tratar el cáncer de mama metastásico hormonosensible, o el Crizotinib, contra el cáncer de pulmón.

Esa es la cruda cara del bloqueo, no es un bloqueo a la venta de armas, ni tanques, aviones de combate o material antidisturbios, como los que los países 'democráticos' siguen vendiendo sin ningún tipo de reparos a Colombia, a Brasil, a Chile, a Yemen, Arabia Saudí u otras 'democracias' del mundo.

Es un bloqueo que impide la venta de alimentos  a la isla, medicamentos, jeringuillas, viales, reactivos y productos sanitarios y hospitalarios para hacer frente al Covid-19 y a muchas otras enfermedades; se trata de material veterinario para los animales; se trata de repuestos para la industria metalúrgica y automotriz; para automóviles y transporte e infraestructuras públicas o material de construcción.

Estados Unidos, en definitiva, de forma unilateral, impide las propias reglas del libre mercado y la globalización que tanto defiende; viola el Derecho Internacional con la aplicación de sus leyes extraterritoriales -el único país del mundo que lo hace- y viola la propia Carta las Naciones Unidas.

El bloqueo es una guerra económica en toda regla de un país poderoso contra un pequeño y pobre país, un genocidio según las Convenciones de Ginebra, como denunció el titular de Exteriores Cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, ante la Asamblea General de la ONU en junio pasado.

Según las estimaciones de las autoridades cubanas, basadas en precisos datos desglosados, el bloqueo ha supuesto hasta junio pasado unas pérdidas acumuladas durante estas seis décadas de 147.853 millones de dólares. Es una sangría permanente para el país que le impide despegar, que se ha convertido en el principal obstáculo para la mejora económica y social de su población.

En esa Asamblea de Naciones Unidas de junio pasado el coordinador político de la Misión de EEUU ante la ONU nombrado por Biden, dijo que el bloqueo – él habló simplemente de sanciones- es parte del esfuerzo de su país "para promover la democracia, promover el respeto por los derechos humanos y ayudar al pueblo cubano a ejercer las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos".

El cinismo de la intervención de ese diplomático fue del mismo tenor que vienen utilizando representantes de gobiernos tanto republicanos como demócratas en estas últimas seis décadas.

A nadie le queda duda que el objetivo del bloqueo ya no tiene nada que ver con intereses geoestratégicos, como se justificaba durante la Guerra Fría.

El objetivo es castigar al Gobierno y al Estado cubano por su rebeldía, por no claudicar, por no dejarse someter a las reglas que Estados Unidos le pretende imponer.

Como en una partida de billar francés, se trata de hacer 'carambola'. Se pretende golpear la bola de la asfixia económica, sanitaria y cultural de la población para que esta, exhausta, golpee a la bola Gobierno, y esta a su vez a la tercera, a la que representa a todo el Estado, todo el sistema, para ganar la partida.

De esta forma, todo volvería a la 'normalidad', al capitalismo salvaje en estado puro.

La 'comunidad internacional' asiste solo como público a esta partida, y se limitará seguramente una vez más a 'exigir' con la boca pequeña el año que viene a Estados Unidos que levante el bloqueo a Cuba, con una nueva resolución aprobada por mayoría aplastante.