La determinación de los wampis por proteger su territorio en Perú

Apenas son las ocho de la mañana cuando nuestra lancha abandona el puerto de Santa María de Nieva, capital del departamento de Condorcanqui, en el norte de Perú. Hacen falta cinco horas para llegar a La Poza, una pequeña aldea mestiza en el corazón de las tierras wampis (1), en las que viven unas 10.000 personas –cazadores, pescadores, horticultores, pero ahora también profesores, enfermeros, etc.– agrupadas en pequeños pueblos o “comunidades”. Nos encontramos en el norte de la Amazonía peruana, a caballo entre los departamentos de Amazonas y de Loreto.

La embarcación remonta lentamente por las aguas del río Santiago, que fluye al oeste de la verde cadena de los Kampankis, el último relieve andino antes de la inmensa llanura amazónica. En algunos lugares, montículos de tierra desfiguran las riberas. Un pasajero nos explica que son los vestigios de la actividad ilegal de los buscadores de oro. Excavan por el cauce de los ríos y “lavan” la tierra con mercurio para extraer el metal precioso. El hombre, wampis o awajún, no dirá nada más, pues el tema le incomoda. Más tarde nos enteramos de que algunos habitantes de la zona están a favor de la extracción contaminante de oro, en contra de la opinión de la asamblea del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), cuya reciente creación se ha visto motivada por el rechazo a las actividades de extracción. Esta posición sorprende en un contexto continental marcado por la carrera por las materias primas, todas las tendencias políticas incluidas.

Este gobierno autónomo (léase “Un reconocimiento ambiguo”, página 13) es fruto de un largo proceso que comenzó en los años 1990 y en el que participaron numerosos antropólogos, juristas y geógrafos cercanos a los amerindios. Tras haber cartografiado el territorio y sus recursos y haber probado una ocupación antigua y continua de este espacio, los wampis se dotaron de órganos de gobierno y de un marco legal propios. Con estas herramientas, varios cientos de líderes anunciaron a finales de 2015 la creación de la nación wampis, reivindicando, entre otras cosas, la gestión autónoma de los recursos naturales, particularmente codiciados por el sector privado. Hasta ahora, su iniciativa sigue sin obtener respuesta alguna, pues la legislación peruana no reconoce entidades como “naciones” o “gobiernos” indígenas. Para las administraciones, solo existen “comunidades” amerindias, pero que solo atañen a subconjuntos territoriales y demográficos restringidos. Uno se puede hacer una idea de los problemas legales y administrativos que representa para el Estado la aparición de una nación de 10.000 personas que reivindican la autonomía en cerca de 1.300.000 hectáreas de selva tropical (es decir, un 1% de la superficie del territorio peruano).

En el horizonte, un enorme hotel de hormigón indica que llegamos a La Poza. Sus habitantes, nativos en su mayoría de los Andes y de la costa del Pacífico, han llegado para hacer fortuna vendiendo todo tipo de productos manufacturados. Para ellos, la actividad ligada a la extracción de los recursos naturales, auríferos o no, es un maná. No obstante, las recientes tensiones con los vecinos wampis los llevan a ser prudentes. Diplomático, el portavoz de los habitantes, Fernando Ramírez, precisa: “Aquí, en La Poza, todo el mundo está en contra de la extracción ilegal de oro, ya que contamina los ríos”. Sin embargo, en algunos rótulos se puede leer aún “Compra y venta de oro”, lo que deja poco lugar a la duda sobre la naturaleza de las actividades económicas practicadas en este lugar.

Un mototaxi nos conduce a la comunidad wampis de Puerto Galilea. Una simple calle, bautizada como calle de la Amistad, separa las dos aldeas. Este nombre no consigue ocultar del todo las tensiones existentes entre los wampis y aquellos a los que a veces llaman, con un tono acerbo, los “colonos”. Gerónimo Petsain, uno de los arquitectos del gobierno autónomo, nos recibe en su casa. De unos cuarenta años, muestra una apacible determinación, resultado de años de militancia en el seno de la federación política wampis. Nos invita a la reunión del día siguiente, cuyo tema nos sumerge rápidamente en la actualidad del momento: ¿qué futuro reservar a los “colonos” acusados de estar implicados en la actividad minera ilegal?

El gobierno autónomo wampis ha ido surgiendo a medida que las presiones medioambientales se han ido fortaleciendo y a medida que el Estado se ha ido mostrando cada vez más pasivo. Durante el verano de 2015, una delegación de jefes wampis recorrieron sin descanso las comunidades a orillas de los ríos Santiago y Morona. Pretendía convencer a sus miembros de unirse al proyecto de gobierno territorial autónomo y de incorporarse al territorio integral de la nación wampis. El concepto de “territorio integral” nació de una reflexión realizada a mediados de los años 1990 por organizaciones indígenas del noroeste de la Amazonía peruana, respaldadas por abogados y antropólogos como Pedro García Hierro y Alexandre Surrallés. Se trataba de pensar en los instrumentos que permitirían superar el modelo comunal, fuente de divisiones, para lograr una unidad territorial más amplia (2).

El principal argumento de los wampis es de orden ecológico. Los metales pesados vertidos en los suelos y ríos por los buscadores de oro o por las rupturas del oleoducto norperuano ponen en peligro la fauna, flora y la salud del conjunto de la población. En 2016 se registraron once rupturas del oleoducto, que ocasionaron una alarmante contaminación en esta región de la selva amazónica. De la misma manera, el comercio a gran escala de madera o la sobrepesca son denunciados como un peligro para la biodiversidad y el bienestar de la población.

Así, la integración de espacios comunales en el seno de una jurisdicción común se presenta como la única solución para preservar el territorio ancestral frente a la industria extractiva y a la contaminación que puede provocar. Como explica Andrés Noningo, líder wampis de Puerto Galilea, la creación del gobierno autónomo es “una estrategia de defensa territorial, una respuesta a los esfuerzos para dividirnos en comunidades” (3), puesto que el hecho de que se lleve a negociar a cada comunidad, caso por caso y solo en su nombre con las empresas constituye una formidable herramienta de división contra la cual los wampis pretenden luchar.

Por otra parte, se trata de recuperar cierta armonía territorial que rompa con la rigidez de los catastros comunales y que se corresponda más con el hábitat, tradicionalmente móvil y disperso, antaño privilegiado en esta parte de la Amazonía. Se trata de un vínculo con el territorio que el propio Juan Nuningo, atuuke (equivalente a ministro) responsable del desarrollo político y administrativo interno, califica de “integral”: “Queremos recuperar la gestión del conjunto de nuestro territorio, es decir, de la selva, de los ríos, del aire, del subsuelo. El territorio es un todo y nuestra cultura ahonda sus raíces en todos estos elementos”. Mientras habla, nos ofrece una calabaza de masato, una bebida de mandioca fermentada. En el espesor de la noche que nos rodea, algunos vecinos curiosos escuchan la discusión. Algunos entran, saludan al anfitrión y se sientan. La entrevista al ministro wampis se transforma en una conversación de gran intensidad. Lejos queda la visión romántica y melifluamente colonial del indígena “naturalmente” ecologista, que ignora los mecanismos y los desafíos políticos nacionales e internacionales (4).

A mucha distancia de Washington y de Ginebra, los líderes wampis con los que nos encontramos siempre mencionan, a modo de mantra, las mismas referencias: el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (1989) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Estos tratados contribuyeron a legitimar en la escena internacional el derecho a la autodeterminación, a la autonomía territorial, política y administrativa en el seno de Estados nación contemporáneos. Los wampis encuentran ahí un poderoso respaldo para su iniciativa, no solo al tratar de elaborar un modelo de gobierno propio, sino también por la forma en la que estos tratados conceptualizan la cuestión del derecho. Los Estados se vieron empujados a tomar nota de la preexistencia de “naciones” o de “pueblos” autónomos, y no a reconocerlos como subconjuntos sociales; por esa razón, los wampis se refieren a ellos constantemente, pues es una forma de recordar sus obligaciones al Estado peruano, signatario de esos tratados.

La autonomía a la que aspira el pueblo wampis no se basa en ambiciones independentistas. Por el contrario, nos explica Julio Hinojosa, secretario general de la Gran Asamblea: “Somos peruanos, tenemos documentos de identidad peruanos. No queremos romper nuestras relaciones con el Estado, sino administrar nuestro territorio por nosotros mismos, según nuestra visión y nuestra cultura, para preservar nuestro entorno”. Y añade, como para disipar cualquier sospecha: “Queremos contribuir al desarrollo de nuestro país, pero a través de un uso razonable y sostenible de los recursos”. El gobierno autónomo, tal y como lo señala el pamuk (presidente) Wraiz Pérez, es un instrumento que sirve para recordar al Estado que la nación wampis existía antes que la República de Perú, así como para forzarle a implementar los textos que él mismo ha ratificado.

En Lima no lo ven de la misma manera. Algunos altos funcionarios y diputados acusan al gobierno autónomo de amenazar la soberanía del Estado, sobre todo por la estrecha relación que los wampis mantienen con la población shuar de Ecuador –una relación de parentesco a la que se añaden intercambios comerciales–, por no hablar de diversas cooperaciones políticas y logísticas entre federaciones indígenas. En este contexto, la autonomía wampis debilitaría su soberanía en la región, ya marcada por una larga historia de conflictos fronterizos –la frontera entre Perú y Ecuador ha sido una fuente de conflictos durante más de un siglo, hasta 1998–, y no sería más que una primera etapa hacia la reivindicación de independencia.

Para la diputada María Elena Foronda Farro, del Frente Amplio, una coalición de movimientos de izquierdas que cosechó cierto éxito en el último escrutinio presidencial –quedando en tercera posición con cerca del 19% de los votos (5)–, esta acusación de separatismo, sin fundamento, no tiene como objetivo más que desacreditar la iniciativa. Como presidenta de la comisión “Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología”, condecoró al gobierno wampis otorgándole el título de “defensor del medio ambiente”.

Es día de reunión en Puerto Galilea. Bajo el calor del techo de calamina, los debates se encadenan uno detrás de otro durante cerca de ocho horas. Se discute largo y tendido sobre la naturaleza de las sanciones contra los buscadores de oro. La sala está repleta y se percibe tensión en el ambiente. Allí nos encontramos con las diversas instancias gubernamentales descritas en el estatuto constitutivo del gobierno autónomo. En el centro del pequeño estrado se encuentran los representantes de la Gran Asamblea. Algunos representantes electos llevan con orgullo la corona de plumas de tucán, un accesorio de los grandes guerreros de antaño, símbolo de una firme voluntad de asumir su mandato representativo.

Nos sigue llamando la atención el creciente apego de los wampis por una organización de tipo estatal –un gobierno y una asamblea– que le fue ajena hasta la segunda mitad del siglo XX. Esta elección se explica por razones estratégicas. La primera: inscribirse en la continuidad del modelo de la comunidad. En efecto, sigue siendo la estructura política básica a partir de la cual se erige este nuevo gobierno. En segundo lugar, las asambleas comunales eligen a los miembros de la Gran Asamblea. La idea no es deshacer las herramientas legales actuales, sino, más bien, integrarlas en una nueva dinámica política y territorial.

A continuación, se trata de emplear los mismos instrumentos que el Estado peruano, asumiendo algunas de sus prerrogativas para dialogar con él e imponerse como una fuerza democrática. Así, la Gran Asamblea elige al pamuk, presidente del gobierno autónomo, quien nombra a su vez a los miembros de su “consejo de directores”. Cada uno de ellos administra un ámbito particular, de la educación a la sanidad, pasando por los presupuestos, el medio ambiente, los transportes o el comercio. En definitiva, una forma de idear un dispositivo de intercambio con el Estado central.

¿Representa la iniciativa autonomista de los wampis otra vía política? Algunos dirán que no es, en absoluto, incompatible con el neoliberalismo del entorno. Después de todo, la Constitución de 1993 situaba a Perú en el camino de una economía desregulada, a la vez que reconocía por primera vez la pluralidad étnica del país y la obligación del Estado de protegerla (art. 2.19). Aquí, como en los demás países latinoamericanos, el “multiculturalismo neoliberal” pretende valorizar las especificidades socioculturales de las minorías indígenas para integrarlas mejor en la economía de mercado (6): una lógica con un gran éxito en Perú.

Alcalde del distrito de Río Santiago (que se extiende por la mitad oeste del territorio integral), Mateo Impi lo ilustra a la perfección. En el local donde tiene lugar la reunión, la intensidad de las conversaciones no impide que los participantes reclamen una pausa para comer. Aprovechamos para preguntarle por las líneas clave de su política y por su visión del desarrollo. En su cargo desde 2014, Impi es awajún, la otra gran etnia de la región. Durante la primera sesión matinal, se le ha acusado de no adoptar una posición clara ni medidas concretas para impedir la extracción de oro. En el despacho donde nos recibe, afirma estar a favor de la iniciativa del “pueblo wampis” y reconoce “similitudes” con su política municipal. Sin embargo, un punto de desacuerdo fundamental le opone al gobierno autónomo, el relativo a su gestión económica del territorio y su corolario: el régimen de la propiedad privada.

En efecto, mientras que el estatuto constitutivo de la nación wampis pretende reafirmar el carácter colectivo e inalienable de la propiedad territorial (7), Impi defiende una visión opuesta: “Si consigo adquirir un terreno en la comunidad, ¿quién me va a garantizar mi derecho a la propiedad? Me lo pueden quitar en cualquier momento. Ahora bien, ¿quién va a arriesgarse a invertir si no se le garantiza que su terreno realmente le pertenece? En mi opinión, no por ser amerindio debe uno continuar viviendo en la pobreza”. Lamenta la perspectiva “muy cerrada” del GTANW, que rechaza cualquier liberalización de las tierras y desea llevar al nivel del territorio wampis el mismo tipo de gestión colectiva que el aplicado en los territorios comunales. En las comunidades, cada decisión relativa a la llegada de un nuevo habitante, al otorgamiento de una parcela para la construcción de una casa o incluso a la implantación de una empresa debe ser objeto de un acuerdo colectivo por votación. Así pues, el último caso dependerá de la decisión del GTANW y de su asamblea.

Impi transmite una vulgata corriente según la cual la propiedad colectiva, legal pero informal, frenaría el desarrollo económico, pues los potenciales inversores temerían que sus bienes fueran confiscados arbitrariamente. Trabaja en estrecha colaboración con una institución encargada de la “formalización de la propiedad informal”, la COFOPRI. Muy activa en las comunidades de la Amazonía, incita a los habitantes de las comunidades a comprar la porción de tierra sobre la cual están construidas sus casas. A pesar de las buenas intenciones manifestadas, esta estrategia deja pocas dudas sobre el objetivo de los poderes públicos: desmantelar poco a poco el régimen de las comunidades favoreciendo la parcelación progresiva de sus territorios.

Además de que se opone a cualquier explotación petrolera, la forma en la que el gobierno wampis prevé gestionar colectivamente el acceso al terreno choca con la orientación neoliberal del Gobierno peruano. Precisamente, la política económica estuvo en el centro de los diálogos de la quinta cumbre de la nación wampis, que tuvo lugar en agosto de 2017 en la comunidad de San Juan de Morona, a dos horas en barco de la frontera ecuatoriana. Los representantes electos de la Gran Asamblea mencionaron allí actividades alternativas y no contaminantes como el turismo ecológico, la piscicultura, la avicultura o el cultivo de cacao.

Esta perspectiva se inscribe en un modelo de desarrollo conforme a los valores del “buen vivir” (tarimat pujut en wampis). Esta noción, que los líderes wampis y las organizaciones no gubernamentales locales se han apropiado, se ha convertido en el eslogan de numerosas luchas indígenas en América Latina, sobre todo desde su inscripción en las Constituciones de Ecuador (2008) y de Bolivia (2009).

Más allá de las orientaciones económicas y políticas, los valores del “buen vivir” también incluyen una exigencia democrática. Según el estatuto del gobierno autónomo, la autoridad suprema no es el pamuk, sino la Gran Asamblea, un colegio de dirigentes. Durante las reuniones, los responsables evitan cuidadosamente monopolizar la palabra, captada en mayor medida por los representantes comunales. Diseminados entre el público, estos son con diferencia los más vindicativos. Se esfuerzan por hacer oír la voz de su comunidad con toda la vehemencia que se merecen los discursos políticos wampis. Por turnos, exponen su opinión e intentan convencer a los asistentes. Algunos, con el rostro pintado y armados con una lanza, inician su alocución realizando los movimientos que antaño precedían a cualquier reunión entre jefes tradicionales: una forma de recordar a los que presiden el estrado que su legitimidad emana de una base local, la de las comunidades.

El gobierno autónomo reúne todos los elementos que llevaron a Bolivia y a Ecuador a definirse constitucionalmente como Estados “plurinacionales”: la afirmación de la anterioridad de la nación wampis con respecto a la llegada de los colonos españoles, la reivindicación de un diálogo de igual a igual con el Estado central y la promoción de una política de desarrollo según los valores del “buen vivir”. A diferencia del multiculturalismo, el plurinacionalismo pretende superar la asignación de los autóctonos a un estatus de minoría que es conveniente integrar en una sociedad mayoritaria. Sin renunciar a un principio de unidad nacional, se trata de establecer una relación más horizontal entre el Estado y las entidades que lo componen, pudiendo cada una de ellas aspirar a una gestión autónoma de su territorio y de sus recursos, lo que implica una reforma profunda del aparato legislativo. ¿Lo consentirá Lima?