Las pensiones públicas dignas no son un gasto, ni un regalo, ni mucho menos un privilegio. Son un derecho generado a lo largo de la vida laboral activa, mediante las cotizaciones sociales (que son salario indirecto de las personas trabajadoras), a través de un sistema solidario de reparto. Ese derecho, y el bienestar general de las personas mayores, está recogido en el Art. 50 de la Constitución Española.
El Sistema Público de Pensiones es, por tanto, un instrumento de bienestar social, como lo son el conjunto de los servicios públicos, sin los cuales la mayoría de la población estaría condenada a transitar su vejez entre la pobreza y la indigencia. Por tanto, y a pesar de su evidente margen de mejora, el SPP es un mecanismo social de reconocida solvencia y viabilidad (si no se le cargan “gastos impropios”), que tenemos la obligación de defender y conservar, para el presente y para el futuro.
Pero hace tiempo que el poder financiero y el capital especulativo buscan la manera de apropiarse de la gestión de las pensiones del Sistema Público, y para ello han movido sus agentes políticos, económicos y sociales, con el objetivo de deteriorar y privatizar las pensiones públicas, o privatizar su gestión. Buscan eliminar ese derecho social, y convertirlo en un jugoso negocio para la banca, las aseguradoras y las gestoras de fondos privados.
Al dictado de esos poderes fácticos, y con gobiernos de diferente signo (PSOE, PP, coalición PSOE-UP), se han venido aplicando sucesivas “reformas”, las últimas en 2011 (alargando la edad de jubilación y el período de cálculo), 2013 (el famoso 0,25%), 2021 (recortes con la trampa del “IPC medio”) y, finalmente en el presente año 2022, con la ley para el fomento de los llamados planes de pensiones de empresa (PPEs), que supone el inicio de la privatización de las pensiones públicas.
Por todas estas razones, llamamos a las gentes trabajadoras de cualquier edad, pensionistas de hoy o de mañana, a que tomen conciencia de lo que nos estamos jugando y, entre todas y todos, consigamos estos objetivos:
- EVITAR EL EMPOBRECIMIENTO DE LAS PENSIONES. Garantizar para 2022 y años sucesivos el poder adquisitivo de las pensiones, revalorizándolas en función del incremento del “IPC real” (el IPC Acumulado Anual) tal como se venía haciendo antes de la reforma de 2011, y compensar la pérdida del 3% del poder adquisitivo de las pensiones en el año 2021.
- PENSIONES DIGNAS PARA TODOS Y TODAS. Garantizar que no haya pensiones por debajo del umbral de la pobreza, eliminando la brecha de género en salarios y pensiones, y aumentando la pensión mínima hasta equipararse al Salario Mínimo Interprofesional, y éste situarse en el 60% del Salario Medio como recomienda la Carta Social Europea.
- PENSIONES PÚBLICAS, NO A LA PRIVATIZACIÓN. Garantizar pensiones públicas dignas, justas y suficientes, y el carácter público del Sistema de Pensiones, derogando los recortes de las reformas de 2011, 2013 y 2021. Porque rechazamos la privatización total o parcial del mismo, bajo cualquier fórmula, exigimos también la derogación de la Ley de Regulación para el impulso de los Planes de Pensiones de Empleo (PPEs).
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES Y LOS DERECHOS SE DEFIENDEN
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