UCRANIA
Ucrania Jefe del Estado: Volodímir Zelenski
Jefe del gobierno: Denis Shmihal (sustituyó a Oleksi Honcharuk en marzo)
El derecho a la salud se vio comprometido a causa de una escasez significativa de equipos de protección individual (EPI) durante la pandemia de COVID-19; los familiares del personal sanitario fallecido encontraron obstáculos burocráticos para recibir una indemnización. Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, especialmente bajo custodia policial. Los miembros del servicio de seguridad responsables de recluir y torturar a personas en centros secretos del este de Ucrania de 2014 a 2016 continuaron disfrutando de impunidad absoluta. Persistieron los ataques, a menudo totalmente impunes, de grupos que defendían la discriminación de activistas y minorías marginadas. Los informes de intimidación y violencia contra periodistas fueron habituales. La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar siguió siendo generalizada, y las estrictas medidas relacionadas con la COVID-19 afectaron negativamente al acceso a los servicios de apoyo. Las restricciones de viaje impuestas por ambas partes del conflicto en el este de Ucrania repercutieron en los derechos socioeconómicos de la población local. En la Crimea ocupada persistió la represión de la disidencia y de quienes defendían los derechos humanos.
INFORMACIÓN GENERAL
En marzo se impusieron restricciones contra la COVID-19, pero éstas no impidieron eficazmente su propagación. La falta de EPI y 444 Informe 2020/21 Amnistía Internacional de pruebas de diagnóstico suficientes agravó la situación, lo que, a su vez, sobrecargó el sistema de atención de la salud. Las elecciones locales de octubre, caracterizadas por unos bajos índices de participación, evidenciaron que los partidos políticos mayoritarios cada vez eran peor valorados en favor de partidos y activistas políticos locales. En muchos lugares del este de Ucrania, incluidos algunos bajo control gubernamental, no hubo votaciones, supuestamente por motivos de seguridad. Se puso en marcha una gran reforma de la Fiscalía General que supuso el despido del 55% de los fiscales tras su reevaluación, aunque el proceso se paralizó una vez destituido su máximo responsable. Su sustituta dejó vacante y sin jefatura permanente otro puesto clave del sistema de justicia penal: la dirección de la Oficina de Investigaciones del Estado. En septiembre, el gobierno incluyó una sección obligatoria de derechos humanos en el programa educativo del alumnado de 11 a 15 años con efecto a partir de 2022. El alto el fuego entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados respaldados por Rusia en el este de Ucrania se respetó en gran medida, exceptuando algunos estallidos menores en marzo y mayo. El territorio de Crimea continuó sometido a ocupación rusa.
DERECHO A LA SALUD
El Ministerio de Salud informó de una escasez significativa de EPI para el personal sanitario que persistía al terminar el año, así como de insuficientes pruebas de diagnóstico de la COVID-19. A mediados de diciembre se habían infectado de COVID-19, según informes, más de 51.731 profesionales de la medicina, de un total de 1.055.047 positivos y 1.214.362 “casos sospechosos”. Según la ministra de Política Social, más de 300 profesionales de la medicina habían fallecido hasta el 19 de diciembre, aunque sólo en 53 de los casos una comisión especial reconoció que la muerte estaba relacionada con su trabajo. Se había prometido una indemnización del Estado a sus familias pero, según información publicada por los medios de comunicación, el 12 de noviembre sólo 21 la habían recibido íntegramente y 22 parcialmente, a causa de una compleja burocracia y del requisito de probar que la persona fallecida había contraído la COVID-19 en el trabajo.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Eran habituales las denuncias de tortura y otros malos tratos, especialmente de personas bajo custodia policial. Según indicaban sus datos definitivos de 2020, la Fiscalía General registró 129 presuntos casos de tortura, presentó cargos en 59 casos y cerró actuaciones en 52. El 23 de mayo, un hombre fue conducido hasta la comisaría de policía del distrito de Kaharlik, en Kiev, como presunto autor de un delito, junto con su esposa como testigo. Sus denuncias de que ambos habían sufrido torturas y la mujer había sido violada repetidamente se difundieron ampliamente en los medios de comunicación. En mayo, dos agentes de policía de Kaharlik fueron detenidos por la Oficina de Investigación del Estado y puestos en prisión preventiva como los presuntos autores. Otros presuntos sobrevivientes de tortura en Kaharlik dieron un paso adelante y denunciaron. Como consecuencia, cinco agentes de policía de Kaharlik fueron acusados de privación ilícita de libertad y tortura.
El ministro del Interior se negó a dimitir, pero prometió adoptar más medidas enfocadas a la prevención de la tortura, entre ellas mejorar los sistemas de control y registro.
IMPUNIDAD
No se obtuvo justicia, verdad ni reparación para ninguna de las víctimas civiles de desaparición forzada, detención secreta y tortura y otros malos tratos a manos del Servicio de Seguridad de Ucrania de 2014 a 2016 ni se procesó a un solo presunto autor. El nuevo director del Servicio señaló en junio que este organismo actualmente no tenía prisiones secretas, aunque no dijo nada de tales prácticas en el pasado, y negó la Informe 2020/21 Amnistía Internacional 445 tortura. Al final del año, la investigación de estas prácticas —que ya duraba cuatro años y había sido traspasada por la fiscalía militar a la Oficina de Investigación del Estado en diciembre de 2019— no había dado resultados tangibles.
DISCRIMINACIÓN
Miembros de grupos que abogaban por la discriminación —normalmente calificados de ultraderechistas en Ucrania— continuaron hostigando, intimidando y atacando a activistas de la sociedad civil, opositores políticos, periodistas y miembros de grupos marginados, a menudo con total impunidad. El 12 de junio, dos integrantes de la ONG Taller Feminista intentaban despegar carteles con mensajes discriminatorios en la capital, Kiev, cuando fueron agredidas por unos 15 hombres de un grupo ultraderechista. Los agresores atacaron verbalmente y empujaron a las activistas, golpearon a una en la cara y amenazaron con más violencia.
Aunque un testigo presencial llamó a la policía, nadie se presentó hasta pasados 45 minutos. Las activistas presentaron una denuncia ante la policía y se abrió una investigación, pero al final del año no se había registrado ningún avance.
El 30 de agosto, activistas LGBTI que pretendían formar una cadena de solidaridad en Odesa no pudieron hacerlo en el lugar previsto porque había sido ocupado por contramanifestantes. La policía insistió en que los activistas LGBTI se desplazaran a otro lugar pero, según informes, no los protegió cuando los contramanifestantes fueron detrás, los agredieron y los atacaron con huevos y gas lacrimógeno; varios activistas sufrieron quemaduras y otras lesiones. La policía detuvo a 16 presuntos agresores.
ROMANÍES
Persistía la discriminación de la comunidad romaní. La pandemia afectó todavía más a sus medios de vida debido a la contracción de la economía informal, de la cual dependían muchos romaníes. Quienes carecían de identificación oficial no podían acceder a prestaciones sociales, pensiones ni asistencia médica. No se registraron avances en la investigación sobre el violento asalto a un asentamiento informal romaní en el parque de Lysa Hora (Kiev) en abril de 2018, a pesar de que el ataque se había realizado públicamente y los presuntos autores habían sido identificados enseguida gracias a las imágenes de vídeo publicadas sobre los hechos.
Una familia romaní acampada en las inmediaciones del parque contó que había sido atacada violentamente el 29 de abril por dos hombres que irrumpieron muy temprano en su tienda de campaña, rociaron gas pimienta en el interior y golpearon con una tabla de madera al joven. Cuando la esposa les pidió que se detuvieran y dijo que estaba embarazada, la insultaron y gritaron: “Alguien como tú sólo merece ser violada”. A continuación, quemaron la tienda con las pertenencias y documentos de la familia en el interior. La policía abrió una investigación criminal el 2 de mayo, pero no había informado de ningún resultado al final del año.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Los medios de comunicación conservaban en gran medida su pluralismo y libertad a pesar de los informes habituales de hostigamiento a los medios en relación con sus líneas editoriales y de actos de intimidación y violencia contra periodistas. En julio, un popular bloguero emprendió una campaña de desprestigio contra la periodista Katerina Sergatskova, cofundadora del medio digital informativo Zaborona: criticó su trabajo y publicó datos de su vida personal junto con una foto de su hijo de corta edad. En comentarios publicados por lectores del blog figuraban la dirección de Katerina Sergatskova y más fotos personales; además, la periodista recibió mensajes insultantes y amenazas de muerte. Aunque denunció los hechos a la policía, no se tomaron medidas hasta que ganó un juicio por la inacción policial. Mientras tanto, Katerina Sergatskova se había marchado de Kiev por su seguridad personal.
En septiembre comenzó el juicio contra dos mujeres y un hombre acusados de implicación directa en el homicidio del periodista Pavel Sheremet en julio de 2016; los tres se declaraban inocentes. Al mismo tiempo, se estaba investigando en otras actuaciones quién había ordenado el asesinato, pero al final del año no se había comunicado ningún resultado.
VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO FAMILIAR
La violencia de género en el ámbito familiar seguía siendo generalizada, con menos casos denunciados de los que realmente había, y a menudo no se combatía con soluciones eficaces. Normalmente las iniciativas jurídicas e institucionales adoptadas en los últimos años para abordar esta clase de violencia no se aplicaban debidamente, si es que se aplicaban. La policía era reacia a cursar órdenes de protección de emergencia y no quería o no podía hacerlas cumplir.
Los miembros de la policía y el ejército seguían estando exentos de cumplir las disposiciones del Código Administrativo que penalizaban la violencia de género intrafamiliar. En la práctica, esto podía significar que se libraran igualmente de ser procesados por delitos de violencia de género intrafamiliar, ya que solía interpretarse que la ley exigía dos condenas previas en virtud del Código Administrativo para llegar al umbral de abusos “sistemáticos” necesario para abrir una causa penal.
El conflicto en el este de Ucrania continuó amplificando estas deficiencias sistémicas y debilitó la respuesta institucional a los mecanismos de protección.1 Una mujer de la región de Donetsk denunció al menos cinco episodios de violencia por parte de su esposo, miembro del ejército, a la policía en 2019, pero ésta no pudo aplicar ninguna medida administrativa.
En 2020 se iniciaron actuaciones penales contra el hombre y se dictó una orden de alejamiento, pero sus superiores no tomaron medidas disciplinarias ni de otra índole mientras se llevaba a cabo la investigación. En mayo se entregó al presidente Volodímir Zelenski una petición firmada por 25.000 personas en favor de la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), tratado internacional para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia en el ámbito familiar.
En septiembre, el presidente firmó un decreto sobre “medidas urgentes para prevenir y combatir la violencia intrafamiliar” que obligaba al gobierno a elaborar un programa estatal que durara hasta 2025, con medidas destinadas a mejorar la coordinación entre organismos, más reformas legislativas y la adopción de programas de rehabilitación para delincuentes. Sin embargo, no hacía mención del Convenio de Estambul y tampoco se dieron pasos hacia su ratificación durante el año.
El acceso a servicios de apoyo para las sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar se vio afectado por las estrictas medidas de cuarentena relacionadas con la COVID-19. Las oficinas de asistencia letrada gratuita, de financiación estatal, pasaron a concertar sólo consultas a distancia con las sobrevivientes. Eso impidió que se proporcionara ayuda a las que continuaban viviendo con su agresor y no podían hablar de su situación. El acceso a casas refugio se complicó aún más, ya que estaba condicionado a que la sobreviviente se sometiera primero a un examen médico. Las que vivían en lugares donde no había refugios no pudieron desplazarse a otras zonas cuando se suspendió todo el transporte público, incluidos autobuses y trenes, entre marzo y mayo.
IMPUNIDAD
La investigación sobre las denuncias de la teniente Valeria Sikal, primera exsoldado ucraniana que había denunciado acoso sexual por un mando superior dentro de las fuerzas armadas en 2018, estaba claramente estancada. La fiscalía militar de la guarnición Informe 2020/21 Amnistía Internacional 447 de Rivne devolvió repetidamente el expediente del caso a la fase de investigación para rectificar supuestas irregularidades e incluso para hacer indagaciones ya realizadas. Al final del año, ni el caso había llegado al tribunal ni el oficial había sido procesado.
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES (LGBTI)
El 30 de abril, una persona transgénero de 19 años de Zhitomir sufrió una brutal paliza, agresión sexual y robo a manos de un grupo de jóvenes que, a continuación, intentaron tomarla como rehén y exigieron un rescate a su padre antes de que se avisara a la policía. Se abrió una investigación criminal, pero la policía no consideró el odio transfóbico como posible motivación del delito. Mientras tanto, no se adoptaron medidas restrictivas contra los sospechosos.
En mayo se presentaron al Parlamento tres proyectos de ley alternativos para introducir en el Código Penal la orientación sexual y la identidad de género como motivos específicos para cometer crímenes de odio. Estas iniciativas suscitaron críticas de grupos religiosos y de otra índole, y ninguna se sometió a votación. Las personas LGBTI que habían sido víctimas de crímenes de odio eran reacias a denunciarlos por desconfianza en la policía y miedo a sufrir represalias.
En los casos denunciados, rara vez o nunca se investigaron eficazmente los hechos o se calificaron como delitos, y los perpetradores se enfrentaron a cargos menores o no fueron acusados.
DOMBÁS
Los territorios del este de Ucrania bajo el control de separatistas respaldados por Rusia seguían siendo inaccesibles para muchos actores humanitarios y de la sociedad civil. Persistió la represión de toda forma de disidencia, una represión que incluía detención, interrogatorio, tortura y otros malos tratos a manos de las autoridades de facto, y el encarcelamiento, habitualmente en condiciones inhumanas. Cada vez escaseaba más la información independiente procedente de estos territorios, y las duras restricciones de viaje impuestas por la pandemia agravaron esta escasez.
LIBERTAD DE CIRCULACIÓN
Ambas partes del conflicto impusieron restricciones de viaje a lo largo de toda la línea de contacto, a menudo con la apariencia de medidas recíprocas. Según la Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, el número de personas que cruzaba en ambos sentidos había descendido de una media mensual de un millón a varias decenas de miles en octubre. Hubo familias separadas, y se vieron afectados los medios de vida de muchas personas. Las personas más afectadas por la falta de acceso a los territorios controlados por el gobierno fueron las de edad avanzada que debían recibir una pensión en las zonas de Ucrania bajo control gubernamental, las que necesitaban asistencia médica esencial —como las personas con VIH— y las pertenecientes a otros grupos marginados. En junio se suavizaron ligeramente las restricciones de viaje. Las que aplicaban las autoridades de facto en Donetsk parecían arbitrarias. Por ejemplo, se restringió sin explicación a determinados días la posibilidad de viajar, y para viajar había que pedir con antelación un permiso, que en muchos casos denunciados era denegado, también sin explicación.
CRIMEA
Persistió una severa represión del trabajo de derechos humanos y de toda forma de disidencia, así como las restricciones a los medios de comunicación. No se investigaron las desapariciones forzadas documentadas desde 2014, al inicio de la ocupación rusa del territorio. Las autoridades ocupantes rusas seguían actuando contra defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los pertenecientes a Solidaridad Crimea, grupo de ayuda comunitaria formado por miembros de la comunidad tártara de Crimea. Decenas de sus integrantes se enfrentaban a cargos de motivación política, la mayoría basados en acusaciones de pertenencia a Hizb ut Tahrir, movimiento islámico que estaba prohibido como “terrorista” en Rusia pero era legal en Ucrania.
La comunidad tártara de Crimea también sufrió, como medidas de represalia, el uso generalizado de registros domiciliarios arbitrarios e invasivos, interrogatorios no oficiales por las fuerzas de seguridad rusas e intimidación. En marzo, miembros de los servicios rusos encargados de hacer cumplir la ley visitaron los domicilios de varios miembros de Solidaridad Crimea, entre ellos su coordinador, Mustafa Seydaliyev, y el defensor de los derechos humanos Abdureshit Dzhepparov, y les entregaron una advertencia oficial por escrito para que en el futuro se abstuvieran de participar en “actos no autorizados” (cualquier protesta o acto conmemorativo). El 16 de septiembre, el preso de conciencia Server Mustafayev, anterior coordinador de Solidaridad Crimea, fue declarado culpable de cargos de terrorismo junto con otros 7 acusados, y fue condenado a 14 años de prisión por un tribunal militar en Rostov del Don (Rusia). Persistió la persecución de las minorías religiosas. Serhii Filatov y Artem Herasymov, testigos de Jehová de Crimea, fueron declarados culpables en sendos juicios por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y condenados a seis años de prisión cada uno en marzo y junio, respectivamente.
Informació enviada per Amnistia Internacional a Las afueras.