Información extraída del informe de Amnistia Internacional "INFORME 2020."
La pandemia de COVID-19 dejó al descubierto la escasez crónica de recursos en el sistema de salud. Las autoridades utilizaron la pandemia como pretexto para seguir reprimiendo toda forma de disidencia, con medidas como reformar una ley de redacción imprecisa sobre “noticias falsas” y endurecer las restricciones de las concentraciones públicas. Se detuvo y procesó a personas que se manifestaban pacíficamente, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de los ámbitos civil y político. Se intensificó la persecución de los Testigos de Jehová. La tortura seguía siendo endémica, al igual que la impunidad casi total de sus responsables. El derecho a un juicio justo se vulneraba de manera habitual, y las reformas jurídicas introducidas dieron lugar a que se redujera aún más la independencia judicial. Las denuncias de violencia de género en el ámbito familiar experimentaron un fuerte aumento durante la aplicación de las medidas de confinamiento por la COVID-19; pese a ello, el anteproyecto de ley sobre este tipo de violencia continuó estancado en el Parlamento. Las personas LGBTI seguían siendo objeto de discriminación y persecución. Miles de trabajadores y trabajadoras migrantes perdieron el empleo durante la pandemia, pero no pudieron abandonar el país debido al cierre de las fronteras. Se conocieron indicios que corroboraban las denuncias de crímenes de guerra cometidos en Siria por las fuerzas rusas.
Información general
La recesión económica a consecuencia de la caída de los precios del petróleo, la disminución de la inversión y las sanciones extranjeras, y exacerbada por la pandemia de COVID-19, dio lugar a una mayor pauperización de un porcentaje cada vez más elevado de la población. Se extendió el descontento, lo que se tradujo en un aumento lento pero constante de las protestas. De manera constante, el gobierno afrontó, e ignoró, el incremento de las denuncias de corrupción a todos los niveles. Las medidas anunciadas por el presidente Vladimir Putin y su gobierno para responder a la COVID-19, como ampliar las vacaciones pagadas a todos los trabajadores y trabajadoras, no abordaron las inquietudes más generales de la población.
Las autoridades introdujeron múltiples reformas constitucionales con el evidente propósito de eliminar las restricciones jurídicas para que el presidente Putin participara en futuras elecciones presidenciales.
Rusia mantenía una fuerte influencia en sus países vecinos, y continuó su ocupación de Crimea y otros territorios.
Derecho a la salud
La pandemia de COVID-19 aumentó más la presión a la que estaba sometido el sistema de salud y dejó al descubierto la escasez crónica de recursos. En todo el país hubo informes frecuentes de falta de camas hospitalarias, equipos médicos y de protección y medicamentos fundamentales, junto con retrasos en el pago de los salarios del personal sanitario. Las cifras oficiales e independientes sobre las tasas de contagio y mortalidad variaban considerablemente, lo que indicaba que las del gobierno eran inferiores a las reales.
Personal sanitario
Los miembros del personal sanitario, o de otros grupos, que denunciaban irregularidades hicieron frente a represalias, entre ellas medidas disciplinarias y procesamientos por difundir “noticias falsas”.
La médica Tatyana Revva fue amonestada arbitrariamente y amenazada con el despido a raíz de sus quejas reiteradas por la falta de equipos de protección suficientes o adecuados. La policía examinó y desestimó denuncias que la acusaban de haber difundido “noticias falsas”, formuladas contra ella a raíz de una queja del médico jefe del hospital.1
Condiciones de reclusión
La atención médica y las medidas de higiene en las instituciones penitenciarias siguieron siendo inadecuadas y empeoraron aún más con la pandemia. Aunque las autoridades aplicaron medidas sanitarias adicionales y restrictivas, no adoptaron medidas para reducir la población reclusa. Según observadores independientes, las cifras oficiales sobre la COVID-19 relativas a las personas bajo custodia eran poco fiables.
Libertad de reunión
Se seguía limitando la libertad de reunión pacífica, a la que se impusieron nuevas restricciones en diciembre. En respuesta a la pandemia se restringieron aún más las normas relativas a las reuniones públicas y las protestas unipersonales, que en algunas regiones fueron prohibidas por completo. Pese a las represalias, se siguieron celebrando protestas, normalmente pequeñas pero periódicas. Hubo un aumento drástico de la cifra de detenciones y procesamientos en relación con protestas unipersonales.
El 15 de julio, más de un centenar de manifestantes pacíficos que protestaban contra las modificaciones de la Constitución fueron detenidos arbitrariamente, y al menos tres fueron golpeados brutalmente por la policía en Moscú. Decenas de manifestantes recibieron fuertes multas o fueron detenidos entre 5 y 14 días.
El 9 de julio, el arresto de Sergey Furgal, que en 2018 había derrotado al candidato afín al Kremlin y había sido elegido gobernador del krai de Jabárovsk (región de Lejano Oriente), provocó manifestaciones pacíficas multitudinarias semanales en Jabárovsk y protestas de solidaridad en toda Rusia. Un hecho inusual fue que se permitiera a decenas de miles de personas participar en varias marchas en Jabárovsk antes de que la policía llevara a cabo las primeras detenciones el 18 de julio. El 10 de octubre, la policía dispersó por primera vez una de las protestas y detuvo al menos a 25 personas, de las que como mínimo 5 fueron condenadas posteriormente a varios días de reclusión. Al concluir el año continuaban las protestas en Jabárovsk.
En diciembre quedó en libertad el manifestante pacífico Konstantin Kotov, que había sido encarcelado en 2019 por “infracción reiterada” de las normas sobre reuniones públicas. En enero, el Tribunal Constitucional ordenó la revisión de su caso, y, en abril, el Tribunal Municipal de Moscú le rebajó la pena de cuatro años a 18 meses de cárcel. También se procesó por el mismo delito a la activista política Yulia Galyamina, a quien en diciembre se le impuso una condena condicional de dos años; el activista Vyacheslav Egorov, que estaba siendo juzgado en Kolomna, y el manifestante Aleksandr Prikhodko, de Jabárovsk, cuya causa se archivó en diciembre.
La policía empleó de manera habitual fuerza excesiva e innecesaria contra los manifestantes al tiempo que permitía que otros grupos ejercieran violencia contra ellos. En Kushtau, Bashkiria, unos activistas ambientales pacíficos que se oponían a un proyecto minero local fueron objeto de agresiones reiteradas, con impunidad, por personal de seguridad privada, que en ocasiones actuaba junto a la policía. A últimas horas del 9 de agosto, unos 30 agentes de seguridad privada y alrededor de 100 hombres enmascarados atacaron el campamento de 10 activistas ambientales. Se llamó a la policía, pero ésta no intervino, lo que desencadenó más protestas locales que obligaron al cierre del proyecto minero a finales de agosto.
Libertad de expresión
La libertad de expresión continuó restringida. El 1 de abril, las modificaciones de la denominada ley sobre “noticias falsas”, promulgada en 2019, penalizaron la “difusión, a sabiendas, de información falsa sobre circunstancias que sup[usieran] una amenaza para la vida y la seguridad de la ciudadanía y/o sobre las acciones del gobierno para proteger a la población”. Las penas para las personas llegaban a los cinco años de prisión si la difusión de información daba lugar a lesiones o muertes, y las penas para los medios de comunicación eran fuertes multas. Se impusieron multas a cientos de personas en procedimientos administrativos. Al menos 37 de estas personas ——en su mayoría activistas civiles, periodistas y blogueros críticos con el gobierno— se enfrentaban a procesos penales en aplicación de esta ley. Se enjuició al menos a cinco medios de comunicación. El periódico Novaya Gazeta y su redactor jefe fueron multados dos veces, en agosto y septiembre, por publicaciones sobre la COVID-19, y recibieron la orden de eliminar artículos de Internet.
Periodistas
Continuaron el hostigamiento, los enjuiciamientos y las agresiones físicas a periodistas. El 30 de junio, la policía de San Petersburgo agredió al reportero David Frenkel en un colegio electoral y le rompió el brazo. El 15 de octubre, unos hombres enmascarados secuestraron al periodista de Jabárovsk Sergei Plotnikov, lo llevaron a un bosque, lo golpearon y lo sometieron a un simulacro de ejecución. Cuando lo dejaron libre, Sergei Plotnikov denunció el incidente ante la policía, pero, al terminar el año, no había sido informado de la apertura de ninguna investigación.
La periodista de Nizhni Nóvgorod Irina Slavina sufrió hostigamiento constante por parte de las autoridades. El 1 de octubre registraron su casa y la policía la citó como testigo en una causa penal contra un activista local en aplicación de la “ley sobre organizaciones indeseables”. El 2 de octubre murió tras inmolarse como protesta frente a la Jefatura de la Policía Regional.
El 6 de julio, un tribunal militar de Pskov declaró a la periodista Svetlana Prokopieva culpable de “justificar públicamente el terrorismo” y le impuso una multa de 500.000 rublos (6.300 dólares estadounidenses) por sus comentarios públicos sobre las políticas represivas que podrían haber impulsado a un joven de 17 años a inmolarse en los aledaños del edificio del Servicio Federal de Seguridad en Arkhangelsk.
Internet
Continuó la censura de Internet. En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en la causa Vladimir Kharitonov v. Russia y en otras tres que las medidas de bloqueo de Internet eran “excesivas y arbitrarias” y que vulneraban el derecho a difundir y recibir información. Un tribunal de Moscú impuso a Google una multa de 1,5 millones de rublos (18.899 dólares estadounidenses) en agosto y de 3 millones de rublos (40.580 dólares estadounidenses) en diciembre porque en su motor de búsqueda aparecía “contenido peligroso” prohibido por las autoridades rusas. En diciembre, el presidente Putin firmó una ley que introducía sanciones a las plataformas de Internet extranjeras por bloquear contenido de medios de comunicación rusos. Otra ley promulgada en diciembre introdujo el encarcelamiento por la difamación en Internet.
Represión de la disidencia
Los activistas de oposición y otras voces disidentes afrontaron fuertes represalias. En el marco de una causa penal de motivación política contra la Fundación Anticorrupción del líder de la oposición Alexei Navalny, en enero se congelaron 126 cuentas bancarias de sus socios, tras lo cual se abrieron causas penales y civiles contra él y otras personas por difamación. El 20 de agosto, Alexei Navalny enfermó en un vuelo que había partido de Tomsk. Fue hospitalizado de urgencia y posteriormente fue trasladado en avión a Alemania, donde le diagnosticaron envenenamiento con un agente neurotóxico de uso militar. Las autoridades rusas no investigaron el envenenamiento.
El chamán siberiano Aleksandr Gabyshev, que había prometido “purgar” al presidente Putin del Kremlin, fue internado el 12 de mayo en un hospital psiquiátrico tras negarse a que le realizaran la prueba de COVID-19. Fue dado de alta el 22 de julio tras las críticas en Rusia y en el extranjero.
En junio, el bloguero político Nikolay Platoshkin quedó sometido a arresto domiciliario por los cargos penales de “llamamientos a disturbios masivos” y “difusión, a sabiendas, de información falsa” por planear una protesta pacífica contra las reformas constitucionales.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
El hostigamiento, los enjuiciamientos y las agresiones físicas contra defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron siendo habituales.
En Kaliningrado y Sochi se acusó respectivamente a los activistas Alexandra Koroleva y Semyon Simonov; se enfrentaban a penas de prisión por no pagar las fuertes multas arbitrarias impuestas a sus respectivas ONG.
El 6 de febrero, una multitud agredió a la periodista Elena Milashina y a la abogada Marina Dubrovina en un hotel de Grozni (Chechenia).2 En marzo se abrió una investigación oficial que fue manifiestamente ineficaz. Mientras tanto, el líder checheno Ramzán Kadírov realizó con impunidad amenazas de muerte apenas veladas contra Elena Milashina.
El recurso de apelación del abogado Mikhail Benyash contra su propia sentencia condenatoria —que podía dar lugar a su inhabilitación— comenzó en octubre y continuaba en curso al terminar el año.
Libertad de asociación
Se empleó activamente legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables” para difamar a ONG independientes, privarlas de financiación y penalizar fuertemente a su membresía. En diciembre se firmó la entrada en vigor de nuevos cambios legislativos draconianos que, entre otras cosas, hacían extensivas al personal de ONG, grupos no inscritos en registro y personas particulares las disposiciones sobre “agentes extranjeros”.
En abril, la ONG de educación Projectoria fue obligada a inscribirse en el registro como “agente extranjero” para evitar multas, y su donante extranjero, Project Harmony, fue declarado “indeseable”.
En octubre, se condenó a la activista Yana Antonova, de Krasnodar, a realizar 240 horas de trabajo forzoso por asociación con una “organización indeseable”, difusión de materiales de Rusia Abierta en Internet y participación en protestas unipersonales. Posteriormente se le impuso una multa en aplicación de nuevos procedimientos administrativos.
Libertad de religión o de creencias
Aumentaron los procesamientos de testigos de Jehová por cargos de “extremismo”, también en la Crimea ocupada; creció el número de sentencias condenatorias y aumentó la duración de las penas. Al terminar el año, 362 personas estaban siendo investigadas o juzgadas, 39 habían sido declaradas culpables y 6 habían sido encarceladas. Por ejemplo, en junio, Artem Gerasimov fue condenado en apelación a seis años de prisión y al pago de una multa de 400.000 rublos (5.144 dólares estadounidenses) por el Tribunal Supremo de facto de Crimea.
Tortura y otros malos tratos
La tortura y otros malos tratos seguían siendo prácticas muy extendidas, y la cifra de sentencias condenatorias dictadas contra sus responsables era insignificante. Los procesamientos eran normalmente por “abuso de autoridad” y concluían con la imposición de penas leves.
Un total de 12 antiguos funcionarios de prisiones de la colonia penitenciaria de Yaroslavl fueron condenados hasta a cuatro años y tres meses de cárcel tras la filtración de un vídeo en el que se veía a un recluso recibiendo una paliza en 2017. Seis de ellos quedaron en libertad de inmediato por el tiempo que ya habían pasado recluidos. El exdirector y el subdirector de la colonia fueron absueltos.
Juicios injustos
Continuaban siendo habituales las violaciones del derecho a un juicio justo. Se impidió a personas detenidas reunirse con sus abogados, y continuaron celebrándose juicios a puerta cerrada, a menudo utilizando la pandemia de COVID-19 de manera abusiva como pretexto.
En febrero y junio, respectivamente, siete jóvenes de Penza y dos de San Petersburgo fueron condenados hasta a 18 años de cárcel por cargos falsos de terrorismo por su presunta implicación en una organización inexistente conocida como “Red”. Se hizo caso omiso de numerosas denuncias de tortura y otros malos tratos y de falsificación de pruebas.3
Se introdujeron reformas constitucionales y legislativas que menoscabaron aún más el derecho a un juicio justo, al otorgar al presidente la facultad de nombrar a los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y de iniciar la designación de todos los jueces federales y la destitución de los jueces federales de alto rango.
Medidas contra el terrorismo
Se abusó ampliamente de la legislación antiterrorista, a menudo para atacar a la disidencia.
El periodista Abdulmumin Gadzhiev, de Daguestán, permanecía bajo custodia por cargos falsos de financiar el terrorismo y participar en organizaciones terroristas y extremistas. Su juicio comenzó en noviembre.
En la Crimea ocupada, las acusaciones de pertenencia a la organización islamista Hizb ut Tahrir (clasificada como movimiento “terrorista” por Rusia en 2003) se utilizaron ampliamente para encarcelar a personas de etnia tártara de Crimea. En junio, el defensor crimeo de los derechos humanos Emir-Usein Kuku perdió el recurso de apelación contra su condena a 12 años de prisión. En septiembre, otro defensor crimeo de los derechos humanos, Server Mustafayev, fue condenado a 14 años de prisión.
También en septiembre, 19 hombres de Ufa, Bashkiria, declarados culpables por su presunta pertenencia a Hizb ut Tahrir y condenados a penas de entre 10 y 24 años perdieron su recurso de apelación; la pena de uno de los acusados se redujo un año.
Violencia contra mujeres y niñas
Las propuestas de promulgar legislación sobre violencia de género en el ámbito familiar continuaban estancadas en el Parlamento al tiempo que las ONG denunciaban un fuerte incremento de este tipo de violencia a raíz de la aplicación de las medidas de confinamiento por la COVID-19.
En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en la causa Polshina v. Russia que las deficiencias del sistema jurídico relativas a la violencia de género en el ámbito familiar vulneraban las prohibiciones de la tortura y la discriminación. El Tribunal hizo hincapié en la persistente inacción de Rusia a la hora de investigar los abusos, y en la tolerancia durante años de “un clima propicio para la violencia de género en el ámbito familiar”.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Las personas LGBTI seguían siendo objeto de discriminación y persecución. Las reformas constitucionales redefinieron el matrimonio como la “unión entre un hombre y una mujer”, lo que reforzaba las limitaciones existentes al matrimonio entre personas del mismo sexo y las restricciones consiguientes, entre ellas la adopción.
La activista de los derechos LGBTI Yulia Tsvetkova recibió una multa de 75.000 rublos (1.014 dólares estadounidenses) por publicar en Internet sus dibujos en apoyo a las parejas del mismo sexo, y afrontaba otras posibles sanciones; por ejemplo, estaba siendo enjuiciada por pornografía por unas ilustraciones con las que promovía una relación positiva con el cuerpo en las que aparecían órganos genitales femeninos.4
Derechos de las personas migrantes
Más de un tercio de los trabajadores y trabajadoras migrantes denunciaron haber perdido su empleo a causa de la pandemia de COVID-19, y miles de estas personas quedaron atrapadas en Rusia por los cierres de fronteras. En abril, un decreto presidencial suavizó las normas relativas a los permisos de trabajo y residencia para personas migrantes y refugiadas, y suspendió temporalmente las devoluciones de personas extranjeras y apátridas. Algunas autoridades regionales suspendieron la detención temporal de migrantes, aunque también se denunciaron nuevas decisiones de devolución.
Ataques ilegítimos
Se conocieron indicios de siete ataques aéreos contra instalaciones médicas y escuelas por parte de fuerzas rusas, y de cuatro por parte de fuerzas sirias o rusas, llevados a cabo entre mayo de 2019 y febrero de 2020 en Siria. Las declaraciones de testigos, vídeos, fotografías e imágenes de satélite corroboraban las denuncias de graves violaciones del derecho internacional humanitario que constituían crímenes de guerra (véase el apartado sobre Siria).5
- Rusia: Continúa la persecución que sufre una médica rusa: Tatyana Revva (EUR 46/2970/2020)
- Rusia: Una destacada periodista de investigación y una abogada, atacadas durante su visita a Chechenia (noticia, 7 de febrero)
- Russia: Prosecution for membership of a non-existent “terrorist” organization must stop (noticia, 7 de febrero)
- Rusia: Una activista puede ser condenada a prisión por sus dibujos del cuerpo de la mujer: Yulia Tsvetkova (EUR 46/2977/2020)
- Siria: “No estamos a salvo en ningún lugar”: Ataques ilegales y desplazamiento masivo en el noroeste de Siria (MDE 24/2089/2020)
Informació recollida de la web d'Amnistia Internacional.