Una y otra vez la derecha sostiene que la constante denuncia del bloqueo de EEUU a Cuba que hace  el gobierno de La Habana en la ONU y otros foros internacionales es en realidad una burda excusa para justificar el fracaso de su sistema.

Incluso cierta izquierda 'moderada' europea y latinoamericana cree que el bloqueo terminó con la Guerra Fría y que solo permanece un embargo limitado a determinados productos. De allí que a menudo se prescriban recetas fáciles para Cuba, como analizábamos días atrás en estas mismas páginas.

De esta manera, las consecuencias que acarrea el bloqueo no son consideradas elementos relevantes sino muy secundarios a la hora de analizar la situación económica y social de la isla, algo que contrasta totalmente con la percepción que tiene cualquier ciudadana y ciudadano cubano.

Ellos y ellas, sean jóvenes, de mediana edad o ancianos, sí saben qué es el bloqueo, lo sufren diariamente desde hace décadas. De hecho, la mayoría de la población actual no conoció nunca su país sin el bloqueo estadounidense, una situación única en el mundo.

En realidad todo el mundo lo sabe y, al menos retóricamente, así lo denuncian año tras año la casi totalidad de países de nuestro orbe.

El 23 de junio pasado la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por aplastante mayoría una resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

La Resolución A/75/L.97 fue aprobada por 184 de los países miembros de la ONU. Los únicos dos países que votaron en contra fueron EEUU e Israel. Tres países se abstuvieron, Brasil, Colombia y Ucrania.

En sus considerandos la resolución reafirma "la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados, además, en numerosos instrumentos jurídicos internacionales".

La nueva resolución es casi idéntica en contenido a la primera que se votó en la Asamblea General el 24 de noviembre de 1992, la número 47/19; casi igual a la 48/16 aprobada el 3 de noviembre de 1993; a la 49/9 del 26 de octubre de 1994, y así sucesivamente.

Año tras año desde hace 29 años, Naciones Unidas aprueba por una mayoría cada vez más abrumadora el rechazo al embargo estadounidense a Cuba y la exigencia de su levantamiento total.

Pero estas resoluciones, al igual que sucede con las tantas aprobadas desde 1948 por la Asamblea General o por el Consejo de Seguridad de la ONU contra la ocupación israelí de los territorios palestinos no tienen carácter vinculante.

Todo está atado y bien atado de manera tal que las resoluciones de la mal llamada 'comunidad internacional' sean resoluciones... que resolver, resolver, no resuelven nada, y el bloqueo ya lleva 60 años.

Una rémora de la Guerra Fría

En octubre de 1960, en plena Guerra Fría y a menos de dos años del triunfo de la Revolución cubana que acabó con la dictadura militar pro imperialista de Fulgencio Batista, Dwight D. Eisenhower, general de cinco estrellas y presidente republicano de Estados Unidos, aprobó el embargo comercial, económico y financiero a Cuba en represalia por las expropiaciones de numerosas haciendas y compañías propiedad de estadounidenses en la isla.

El 3 de enero de 1961 Eisenhower dio un paso más allá, rompió relaciones diplomáticas con La Habana.

La llegada del demócrata John F. Kennedy no supuso una mejora de la situación sino todo lo contrario. Kennedy heredó el plan de Eisenhower para invadir Cuba a través de una gran operación encubierta.

Desde 1959 la CIA entrenaba en EEUU y Guatemala a cientos de exiliados cubanos y exmilitares de Batista que en abril de 1961 lanzaron finalmente con 1.200 hombres el ataque por mar y aire en la que se llamó Invasión de Bahía Cochinos, o de Playa Girón, con apoyo logístico y aéreo de Estados Unidos.

Sin embargo y en contra de las previsiones del Pentágono, en solo tres días la todavía joven Fuerza Armada Revolucionaria logró rechazar la invasión, dando muerte a parte de los atacantes y deteniendo a muchos otros.

El resto se retiró de forma caótica. Más de un año de preparación y terminó en un gran fracaso político y militar.

El 7 de febrero de 1962 Kennedy declaraba un bloqueo naval con buques de guerra y aéreo contra Cuba, cuya economía había sido controlada y moldeada a medida de las necesidades de EEUU por lo que era dependiente totalmente de ese país.

El bloqueo pretendía la asfixia de la isla y la caída del Gobierno revolucionario que, como reacción, fue radicalizándose cada vez más.

La presión de EEUU sobre la OEA le permitió rápidamente conseguir la expulsión de Cuba de su seno por "implantar un gobierno antidemocrático". Entre los miembros 'democráticos' de la OEA  aliados de EEUU en ese momento figuraban dictadores militares como Anastasio Somoza en Nicaragua; Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana; François Duvalier en Haití o Alfredo Stroessner en Paraguay.

A pesar del estrangulamiento a que fue sometida, una isla pequeña como Cuba, situada a solo 90 millas de Florida, logró sobrevivir al bloqueo, a los sabotajes a la producción azucarera y actos terroristas; a los numerosos intentos de magnicidio contra Fidel Castro.

Luego consiguió resistir a las consecuencias del derrumbe en 1991 de la Unión Soviética y los países de la Europa del Este, de los que se había visto obligada a depender económica y militarmente cada vez más para no sucumbir.

El fin del 'socialismo real' y la Guerra Fría no supuso sin embargo un relajamiento en el bloqueo estadounidense a Cuba. La isla rebelde se convirtió en un símbolo, en un bastión de resistencia antimperialista insoportable para Estados Unidos.

Llegó el 'Nuevo Orden Mundial', EEUU dejó de impulsar dictaduras militares en América Latina y fomentó recetas neoliberales, privatizadoras de todo lo público, tratados de libre comercio como el ALCA y gobiernos corruptos como los de Salina de Gortari, Collor de Melo, Fujimori o Menem.

Se impuso el pragmatismo, se retomaron incluso las relaciones con Vietnam, el único país que hasta ese momento había resistido un ataque devastador y genocida de EEUU y que lo había derrotado militarmente  -murieron 55.000 soldados estadounidenses- , política y moralmente.

Pero para Washington Cuba siguió y sigue siendo una espina clavada, es peor que el 'síndrome de Vietnam'.

La sola existencia de su revolución continúa siendo considerada ofensiva, humillante, por buena parte de los dirigentes políticos estadounidenses.

Demócratas y republicanos se han sucedido en el poder en las últimas tres décadas sin Guerra Fría y, salvo el intervalo de la era Obama en la que se relajaron temporalmente algunas de sus medidas -Trump las reimplantó y añadió más-, juntos ambos partidos han perfeccionado el bloqueo aprobando  una serie de leyes a las que unilateralmente han decidido darles el estatus de legislación de aplicación extraterritorial.

Legislación extraterritorial estadounidense

Para fundamentar jurídicamente el bloqueo al que Cuba sigue siendo sometida EEUU toma como referencias tanto la Ley del Comercio con el Enemigo de 1917; la Ley de Cooperación Internacional de 1961; las Regulaciones al Control de los Activos Cubanos de 1963; la Ley para la Democracia en Cuba de 1992, conocida como Ley Torricelli (Robert Torricelli, demócrata); la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas de 1996, conocida como Ley Helms-Burton (republicanos); y la Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio de 2000.

La propia Unión Europa estuvo años negociando a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con EEUU para que no se le aplicara a los países miembros de la UE el Título III de la Ley Helms-Burton (aprobada en 1996 bajo la Administración Clinton), que contempla sanciones y apertura de causas judiciales en tribunales de EEUU contra aquellas compañías extranjeras o particulares que inviertan u operen en instalaciones o con bienes que hayan sido confiscados por la revolución hace seis décadas.

Bienes como la poderosa Central Azucarera Atlántica del Golfo, que era propiedad del padre de la ultraderechista dirigente de Vox, Rocío Monasterio, el latifundista cubano Antonio Monasterio Díaz de Tuesta, hijo de un inmigrante asturiano.

En respuesta a esa ley la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó a su vez la llamada Ley 80 de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas por la cual se niega cualquier efecto jurídico a esa normativa estadounidense de pretendida jurisdicción extraterritorial.

En esa Ley 80 se reafirma la disposición del Gobierno de Cuba a negociar una justa compensación por los bienes expropiados a las personas naturales o jurídicas que  en el momento de la expropiación ostentaran la ciudadanía estadounidense.

Bill Clinton aceptó no aplicar esa legislación para sus socios europeos pero incorporó una cláusula por la que  se estableció que debía ser revisada por el presidente cada seis meses, para confirmarla o suprimirla. Una espada de Damocles siempre presente para el inversionista extranjero.

El Título IV de esa misma ley establece asimismo que EEUU puede denegar visado o expulsar del país a representantes de empresas -y familiares de estos- que mantengan negocios de algún tipo con esos bienes expropiados.

A pesar de que los dos gobiernos posteriores al de Clinton, tanto el de George W. Bush como el de Barack Obama, respetaron ese acuerdo con la UE, Donald Trump hizo uso del derecho presidencial a revisarlo y decidió en mayo de 2019 anular esa excepción.

A partir de ese momento se presentaron miles de demandas en los tribunales estadounidenses contra empresas o particulares europeos, muchas de ellas contra el grupo hotelero Meliá y otras empresas españolas.

En octubre de 1919 los más importantes directivos de Melia Hotels International S.A., incluyendo su director ejecutivo, recibieron notificaciones del Departamento de Estado advirtiéndoles de la  prohibición de entrada a Estados Unidos.

Si bien hasta el momento ni Meliá ni el Gobierno de España han comentado la información, el medio aseguró que la prohibición encaja con lo dispuesto en el Título IV de la Ley Helms-Burton, que sanciona a las empresas que hacen negocios con propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro.

La Secretaría de Estado de EEUU tiene autoridad para incluir a directivos entre los sancionados si le consta la presentación de una reclamación ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de EEUU (FCSC, por sus siglas en inglés) por un activo confiscado respecto al cual el extranjero o su compañía trafique. Por tanto, no se precisa que haya una demanda interpuesta en los tribunales para proceder a retirar el visado y ni siquiera una sentencia.

Las cartas que recibió Meliá están fechadas el pasado mes de octubre y en ellas EEUU ofreció a los afectados varias opciones para evitar el veto: renunciar a sus cargos en la compañía, a su posición accionarial o llegar a un acuerdo con los demandantes. La cúpula de Meliá se negó a cumplir con ninguna de las tres.

Horas después de la publicación de una carta remitida a Escarrer Jaume, Meliá emitió un comunicado en el que confirmó la información y manifestó "respeto y confianza en la implicación e impulso hacia una solución positiva por parte de las autoridades españolas y comunitarias, así como en los tribunales, insistiendo una vez más en la lealtad, legalidad y responsabilidad con las que nuestras filiales han desempeñado siempre su gestión empresarial en Cuba".

La prohibición se ampara en el Título IV de la ley Helms-Burton, que siempre ha estado en vigor pero nunca se había aplicado hasta ahora. Este apartado permite a EEUU expulsar del país o impedir la entrada a “extranjeros que hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes”, según reza el texto oficial.

Esta prohibición es extensible también a los familiares más cercanos, como el cónyuge o los hijos menores de edad. Las cartas están fechadas el pasado mes de octubre y en ellas Estados Unidos ofrecía a los afectados varias opciones para evitar el veto: renunciar a sus cargos en la compañía, a su posición accionarial o llegar a un acuerdo con los demandantes. La cúpula de Meliá se negó a cumplir con ninguna de las tres.

La empresa aseguró que espera "que la presente controversia producida por la activación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton sea resuelta de manera favorable a los intereses de nuestro Grupo".

Por parte del Gobierno, el Ministerio de Exteriores se limitó a señalar el miércoles que la Helms-Burton "es una cuestión que se trabaja coordinadamente con otros ministerios, Estados Miembros y la Comisión Europea", pero no precisó ninguna iniciativa o medida concreta que vaya a poner en marcha.

Meliá podría demandar al gobierno español si no intercede ante Washington, de acuerdo con las leyes empresariales vigentes en el país europeo, específicamente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Todo el embrollo comenzó el verano de 2019, cuando la administración Trump puso en vigor el Título III de la ley Helms-Burton, tras más de 20 años en suspenso, que permite demandar a empresas que operen en Cuba con activos confiscados luego de 1959.

Una lista muy larga de entidades francesas, españolas y de otros países comenzaron a recibir demandas. Entre ellas está Meliá Hotels. A partir de aquí, Estados Unidos podía recurrir al Título IV ya mencionado.

Cuba es un mercado clave para el grupo. En sus últimas cuentas publicadas hasta septiembre de 2019, Meliá cuenta con 35 hoteles en Cuba, más de 14 mil habitaciones, y otras cuatro aperturas previstas para este año, su mayor apuesta después de España, donde hay 143 alojamientos operando bajo su marca.

Decenas de navieras y petroleras han sido sancionadas por el solo hecho de transportar combustible a Cuba y lo mismo sucede con otras mercaderías de primera necesidad.

España, como el resto de la UE, ha urgido a la Administración Biden desde su llegada al poder la exención de la aplicación del polémico Título III de la Ley Helms-Burton para los socios europeos pero hasta el momento el gobierno estadounidense ha evitado pronunciarse al respecto.

Para volver a aplicar esa exención el presidente solo debe anunciarlo al Congreso justificando que lo hace en el interés de la seguridad nacional de EEUU y para favorecer la transición democrática en Cuba.

Sin embargo, tras cumplir sus primeros cien días en la Casa Blanca, Joe Biden sigue sin pronunciarse tanto sobre esa medida como sobre la decisión de mantener o eliminar las otras más de 240 de endurecimiento del bloqueo adoptadas por Trump durante su mandato.

Es más, la nueva Administración ha anunciado días atrás nuevas sanciones. La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, ha incluido a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior cubano y a  Álvaro López Miera, titular del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, entre los nuevos sancionados por EEUU.

Los considera responsables directos por la represión a quienes se manifestaron en distintas ciudades cubanas el pasado 11 de julio y unilateralmente decide sancionarlos.

Esas protestas podrían servir de excusa a Biden para no innovar sobre el bloqueo ni sobre el endurecimiento hecho por Trump para congraciarse con el lobby cubano-americano, con la vista puesta en los votos que esta pueda proporcionarle en las elecciones legislativas de mitad de mandato, a fines de 2022.

Biden ha llegado a calificar a Cuba estos días de "estado fallido", toda una declaración de intenciones, una muestra de lo se puede esperar en política exterior de la nueva Administración demócrata.

Entre las medidas impuestas por Trump que al menos hasta ahora Biden mantiene vigentes figura la que establece que ningún país puede vender a Cuba artículos que contengan al menos un diez por ciento de sus componentes de origen estadounidense.

Hasta 2019 se prohibía la exportación a Cuba de productos que contuvieran al menos un veinticinco por ciento de componentes estadounidenses, se trate de una cámara fotográfica, un móvil, un respirador, una aspiradora, un tractor o un repuesto para la industria farmacéutica, metalúrgica, aeronáutica o de cualquier tipo.

Cómo afecta el bloqueo a la lucha contra el Covid-19

A pesar de los buenos resultados obtenidos por Cuba en el combate contra la pandemia durante el primer año, en los últimos meses el número de contagios y de ingresos hospitalarios se ha disparado, en parte por la llegada de turistas extranjeros, pero fundamentalmente porque se agotaron muchos medicamentos y suministros médicos y el bloqueo impidió su llegada.

Cubadebate, uno de los digitales más importantes de la isla que diariamente actualiza el número de contagios, ingresos y altas hospitalarias y hasta una ficha detallada con los datos de cada fallecido, publicaba en mayo pasado, dos meses antes de las protestas callejeras, un resumen de cómo afectaba en concreto el bloqueo a la salud pública cubana en medio de la pandemia.

Los datos hablan por sí solos. Las autoridades cubanas estiman que desde la aplicación de las nuevas medidas de la Administración Trump en 2019 los costes suplementarios en materia sanitaria por verse obligados a comprar medicamentos en mercados lejanos, sean reactivos, instrumentos tecnológicos y repuestos para equipos del Sistema Nacional de Salud, han supuesto ya una pérdida de 3.272 millones de dólares.

Hay casos como las compañías suizas Imt Medical AG y Acutronic Medical Systems AG, fabricantes mundiales de equipos médicos que durante años realizaron negocios con Cuba, que dejaron de hacerlo abruptamente al ser compradas por la compañía estadounidense Vyaire Medical Inc. Cuba tampoco puede comprar a Vyaire Medical Inc. sus ventiladores pulmonares.

De la misma forma, varios bancos suizos, como Banque Cler, Banco Cantonal de Basilea o UBS, se  negaron, por presión de EEUU, a transferir donaciones realizadas a Cuba por organizaciones de solidaridad de ese país, como MediCuba-Suiza o la Asociación Suiza-Cuba.

Con esas donaciones se contaba para comprar y enviar a la isla reactivos, necesarios para los test de diagnóstico, y equipos de protección para el personal sanitario.

Otro banco, en este caso indio, el Dbs Bank Ltd., se negó a recibir documentación de embarque de Serum Institute of India Pvt. Ltd y otros, afectando el suministro de las vacunas BCG y PRS que se utilizan para inmunizar a los niños cubanos frente a la tuberculosis, el sarampión, la rubiola y la papera.

El informe sanitario da cuenta también de la imposibilidad de recibir medicamentos como la Dipirona y la Glibenclamida ante la imposibilidad de la Agencia Naviera de México S.A. para entregarlos, bajo riesgo de ser sancionada por Estados Unidos.

Otro tanto ha sucedido con la Aerolínea Avianca, que se negó a transportar a Cuba un cargamento del medicamento Valproato

De las más de 70 compañías estadounidenses contactadas por las autoridades de MEDICuba para confirmar la posibilidad de importar medicamentos y equipamiento para el Sistema Nacional de Salud cubano solo tres respondieron, y lo hicieron sólo para notificar que no estaban autorizadas por el Gobierno de Estados Unidos para mantener ningún tipo de vínculo comercial con entidades cubanas.

En el informe citado se especifica incluso cuáles son los laboratorios contactados, qué tipo de medicamentos producen y para qué se utilizan.

Entre ellos figura Jansen, filial de Johnson & Johnson, a la que no se pretendía comprar su vacuna monodosis contra el Covid-19 sino Acetato de Abioraterona para tratar el cáncer de próstata.

También se contactó con Pfizer, tampoco en busca de su vacuna contra el Covid, sino por su medicamento Palbociclib, para tratar el cáncer de mama metastásico hormonosensible, o el Crizotinib, contra el cáncer de pulmón.

Esa es la cruda cara del bloqueo, no es un bloqueo a la venta de armas, ni tanques, aviones de combate o material antidisturbios, como los que los países 'democráticos' siguen vendiendo sin ningún tipo de reparos a Colombia, a Brasil, a Chile, a Yemen, Arabia Saudí u otras 'democracias' del mundo.

Es un bloqueo que impide la venta de alimentos  a la isla, medicamentos, jeringuillas, viales, reactivos y productos sanitarios y hospitalarios para hacer frente al Covid-19 y a muchas otras enfermedades; se trata de material veterinario para los animales; se trata de repuestos para la industria metalúrgica y automotriz; para automóviles y transporte e infraestructuras públicas o material de construcción.

Estados Unidos, en definitiva, de forma unilateral, impide las propias reglas del libre mercado y la globalización que tanto defiende; viola el Derecho Internacional con la aplicación de sus leyes extraterritoriales -el único país del mundo que lo hace- y viola la propia Carta las Naciones Unidas.

El bloqueo es una guerra económica en toda regla de un país poderoso contra un pequeño y pobre país, un genocidio según las Convenciones de Ginebra, como denunció el titular de Exteriores Cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, ante la Asamblea General de la ONU en junio pasado.

Según las estimaciones de las autoridades cubanas, basadas en precisos datos desglosados, el bloqueo ha supuesto hasta junio pasado unas pérdidas acumuladas durante estas seis décadas de 147.853 millones de dólares. Es una sangría permanente para el país que le impide despegar, que se ha convertido en el principal obstáculo para la mejora económica y social de su población.

En esa Asamblea de Naciones Unidas de junio pasado el coordinador político de la Misión de EEUU ante la ONU nombrado por Biden, dijo que el bloqueo – él habló simplemente de sanciones- es parte del esfuerzo de su país "para promover la democracia, promover el respeto por los derechos humanos y ayudar al pueblo cubano a ejercer las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos".

El cinismo de la intervención de ese diplomático fue del mismo tenor que vienen utilizando representantes de gobiernos tanto republicanos como demócratas en estas últimas seis décadas.

A nadie le queda duda que el objetivo del bloqueo ya no tiene nada que ver con intereses geoestratégicos, como se justificaba durante la Guerra Fría.

El objetivo es castigar al Gobierno y al Estado cubano por su rebeldía, por no claudicar, por no dejarse someter a las reglas que Estados Unidos le pretende imponer.

Como en una partida de billar francés, se trata de hacer 'carambola'. Se pretende golpear la bola de la asfixia económica, sanitaria y cultural de la población para que esta, exhausta, golpee a la bola Gobierno, y esta a su vez a la tercera, a la que representa a todo el Estado, todo el sistema, para ganar la partida.

De esta forma, todo volvería a la 'normalidad', al capitalismo salvaje en estado puro.

La 'comunidad internacional' asiste solo como público a esta partida, y se limitará seguramente una vez más a 'exigir' con la boca pequeña el año que viene a Estados Unidos que levante el bloqueo a Cuba, con una nueva resolución aprobada por mayoría aplastante.

Si, tal y como se espera, la Administración de Joe Biden anuncia este mes de marzo el levantamiento de algunas de las restricciones sobre viajes entre EE.UU. y Cuba, los ciudadanos estadounidenses podrían encontrarse con una muy grata sorpresa: vacunas anticovid diseñadas y fabricadas en la isla que se administrarán de forma gratuita a todos los visitantes.

El sector de biotecnología en La Habana –compuesto por un conjunto de laboratorios todos gestionados por el Gobierno– está desarrollando cuatro vacunas y la que se encuentra en fase más avanzada, conocida como la Soberana 02, está a punto de entrar en la tercera fase de pruebas .

Con 42.000 voluntarios en Cuba y unos 100.000 en Irán, se espera que la vacuna logre la luz verde del regulador farmacéutico cubano – el Central para el Control Estatal de Medicamentos , equipos y dispositivos (Cecmed)– a mediados de ­marzo.

Los ejecutivos de BioCubaFarma, el grupo empresarial estatal responsable de investigación y desarrollo de las vacunas, calculan que –siempre que las pruebas vayan bien– Cuba puede fabricar este año 100 millones de dosis, suficiente para proteger a los 11 millones de ciudadanos cubanos y exportar lo que queda a países como Irán, India, Pakistán, Venezuela, Bolivia y Vietnam.

“Es muy probable que saquen buenos resultados en las pruebas porque esta vacuna está elaborada a partir de una plataforma ya existente”, explica Helen Yaffe, economista especializada en Cuba de la Universidad de Glasgow y autora del libro We are Cuba (Yale University, 2020).

Entrevista a Noam Chomsky en publico,es por CTXT 19/8/2021 realizada por Victor Pickard que es profesor de políticas de medios de comunicación y economía política en la Escuela de Comunicación Annenberg de la Universidad de Pensilvania, donde codirige el Media, Inequality & Change Center (Centro de medios, desigualdad y cambio).

Esta entrevista se publicó en The Nation.

Texto traducido por Ana González Hortelano.

Sí, los ves cada vez que abres el periódico. Mire, volvamos al New York Times de esta mañana: informan sobre la última votación de la ONU, 184 votos a favor y dos en contra, de terminar con el embargo estadounidense que está oprimiendo a Cuba y que es un escándalo internacional. Es interesante analizar la redacción. Dicen que es la manera de marcar distancia por parte de “los críticos con Estados Unidos”. Los críticos con Estados Unidos resulta que son el mundo entero menos Israel, que tiene que seguirle la corriente a Estados Unidos porque es un Estado cliente. Así que, en esencia, según el Times, no es más que la oportunidad de que el mundo entero demuestre su crítica irracional hacia Estados Unidos. La narrativa no puede ser que Estados Unidos está cometiendo un delito grave que el mundo detesta y rechaza

Resum del llibre We are Cuba, llibre de Helen Yaffe.

Després de la caiguda de la Unió Soviètica, Cuba es va enfrontar a l'inici d'una crisi que va delmar la seva economia. Helen Yaffe examina els sorprenents desenvolupaments que van tenir lloc durant i després d’aquest període. Basat en investigacions d’arxiu i entrevistes amb líders, pensadors i activistes cubans, aquest llibre explica per primera vegada la història remarcable de com va sobreviure Cuba mentre la resta del bloc soviètic es va ensorrar. Yaffe mostra com Cuba ha anat introduint reformes selectives del mercat. Tot i que el govern afirma que són necessaris per mantenir el seu sistema socialista, molts altres creuen anunciar un retorn al capitalisme. Examinant les iniciatives nacionals clau, inclosa la creació d’una de les principals indústries biotecnològiques del món, la seva revolució energètica i l’internacionalisme mèdic, juntament amb les recents reformes econòmiques, Yaffe demostra per què la revolució continuarà després de Castro. Aquest és un relat fresc i convincent de la revolució socialista de Cuba i dels reptes que afronta avui. Helen Yaffe és professora d'història econòmica i social a la Universitat de Glasgow. La seva docència se centra en el desenvolupament llatinoamericà i cubà. Des del 1995 porta temps vivint i investigant a Cuba. La seva tesi doctoral es va adaptar a la publicació com a Che Guevara: The Economics of Revolution el 2009 i és coautora de Youth Activism and Solidarity: The Non-Stop Picket- Against Apartheid, 2017. Regularment fa comentaris sobre Cuba per a la mainstream mitjans de comunicació.

Al igual que las vacunas chinas, Soberana 02 no tiene que ser almacenado en temperaturas muy bajas, así que es de mayor utilidad en países en desarrollo que la nueva generación de vacunas como la de Pfizer. Cuba tiene una amplia experiencia en la fabricación y distribución de vacunas desde que una epidemia de dengue afectó la isla en los años ochenta y convenció al Estado cubano de la necesidad de dar prioridad a la biotecnología. Hoy en día, ocho de las once vacunas administradas a los niños cubanos se fabrican en la isla.

La economista Yaffe, que visitó La Habana en enero y ha hablado con los gestores de los llamados polos científicos donde se encuentran los laboratorios de biotecnológica, confirma en una entrevista a este diario que “van a ofrecer gratuitamente vacunas para todos los turistas y visitantes a la isla”. Eso sí, el probable calendario de la vacunación con Soberana 02 –tres dosis administradas a lo largo de cuatro semanas– limitaría su utilidad para las visitas de corta estancia.

La fabricación de la nueva vacuna se suma a la gestión eficaz de la pandemia en Cuba. Gracias al uso de cuarentenas estatales y un sistema publico de sanidad con presencia en todos los barrios, solo se han contagiado 47.000 personas en la isla.

La fabricación de la vacuna se suma a la buena gestión de la pandemia: solo han muerto 308 personas

Es más, gracias a la eficacia del cóctel de fármacos utilizado en el tratamiento de la enfermedad –la mayor parte, de fabricación nacional-, solo han muerto 308 personas. Son los mejores resultados de América Latina. Para comparar, en la isla caribeña vecina de República Dominicana, con una población casi igual, han muerto 3.000 de los 240.000 contagiados.

Expertos consultados en Washington esperan que la nueva Administración demócrata levante las restricciones sobre viajes a Cuba conforme se recupere la política de apertura adoptada por la administración de Barack Obama de la que Biden fue vicepresidente. Unos 600.000 estadounidenses visitaron Cuba entre el 2016 y el 2018, diez veces más que antes de la apertura de Obama.

“Creo que habrá una recuperación importante de viajes de EE.UU. a Cuba y habrá un elemento de turismo de vacunas sobre todo para jóvenes, que son los últimos de la cola para las vacunas aquí”, cuenta Peter Kornbluh, autor de Back channel to Cuba , que ha trabajado como guía en viajes educativos y culturales a Cuba.

En un momento de desabastecimiento en regiones como Europa, la vacuna cubana es “una victoria en varios frentes, sanidad publica, economía y diplomacia humanitaria”, apunta Kornbluh.

Es aún más llamativo cuando se tiene en cuenta la grave crisis por la que atraviesa la economía cubana tras el colapso de su principal fuente de divisas, el turismo, provocado por la pandemia y agravado por las sanciones implementadas por la administración Trump. Estas incluyeron la decisión –días antes de las elecciones de noviembre– de añadir a Cuba en el listado de estados calificados por EE.UU. como patrocinadores del terrorismo.

El golpe de Estado había agudizado todas las contradicciones dentro del sistema, lo que se vio con más fuerza por la quiebra de la constitucionalidad. Estos factores, más la incapacidad de los partidos políticos representantes de los grupos de poder para encausar una salida aceptable a la profundización de la crisis después del 10 de marzo, llevarían a crear condiciones para el surgimiento, consolidación y desarrollo de una situación revolucionaria. Se abrió entonces ese camino a partir de la nueva vanguardia revolucionaria que se fue estructurando.

El gobierno encabezado por Batista. Gestión

El golpe de Estado agravó la crisis política cubana al impedir el funcionamiento de las instituciones establecidas constitucionalmente e imponer una dictadura que habría de extenderse por siete años. El nuevo gobierno establecido tendría como principal garantía el apoyo de Estados Unidos, de los grupos oligárquicos y el ejército.

Principales características

La dictadura caracterizó su política económica en dos elementos esenciales: la restricción azucarera y la llamada política de Gasto Público. En ambos casos lo importante es comprender que no estaban destinadas a promover riquezas para nuestro pueblo, ni solucionar los graves problemas acumulados en la república, sino beneficiar a los monopolios norteamericanos a costa de lesionar nuestros intereses nacionales, como es el caso de la política de restricción azucarera y a facilitar el saqueo de nuestras riquezas por el imperialismo, además de dejar a los personeros del régimen las manos libres para el desfalco del tesoro de la nación, a costa de endeudar cada vez más a Cuba con la banca norteamericana.

Se hicieron nuevas construcciones y se incentivó la industria turística donde invirtieron grandes cadenas de hoteles, como la Hilton, como parte de un proyecto turístico que incluía la apertura de grandes y numerosos casinos de juego a lo largo de la costa habanera.

Para incentivar las inversiones, se aplicó una política represiva contra las conquistas del movimiento obrero. Creció la presencia del capital norteamericano en Cuba, que nuevamente rebasó los mil millones, pero no producía una verdadera diversificación de la economía, pues esta seguía dependiendo del azúcar que representaba más del 80% de las exportaciones.

publico 3/3/2021

Un total de 25 eurodiputados apoyaron este martes al embajador europeo en Cuba, Alberto Navarro, después de que el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, le haya convocado para pedirle explicaciones por una carta al presidente estadounidense, Joe Biden. 

Los 25 eurodiputados de los grupos socialdemócrata, de los Verdes y de la Izquierda escribieron una carta a Borrell para transmitirle que la postura que manifiesta Navarro en la carta —la petición a Biden del fin del embargo estadounidense a la isla— "viene alineada con una posición que la Unión Europea ha ido avanzando estos últimos años".

"No entendemos que la Unión Europea haya convocado al señor Navarro a Bruselas por una actuación que está alineada con la posición oficial de la Unión especialmente teniendo en cuenta la ayuda proporcionada por Cuba y sus brigadas médicas durante la primera ola de la pandemia en todo el mundo incluyendo a países europeos", señalan los diputados.

Bienvenidos al feliz mundo pandémico: violencia, guerra fría y vacunas

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

publico 26 de junio 2021

Bonaventura de Sousa

En un libro reciente sobre la pandemia titulado El futuro comienza ahora: de la pandemia a la utopía (Ediciones Akal, 2021), escribí que a medida que pasara la fase aguda de la pandemia nos encontraríamos con tres escenarios posibles, de los cuales dependería la calidad futura de la vida humana y no humana, que comúnmente llamamos naturaleza. Los tres escenarios son el negacionismo, el gatopardismo y la alternativa civilizatoria.

El primer escenario consiste en negar la gravedad excepcional de esta pandemia y afirmar que pronto todo volverá a la normalidad, aunque, mientras tanto, hayan muerto unos 4 millones de personas, algunas de ellas innecesariamente. El segundo escenario reconoce que la pandemia ha sido (es) grave y que se necesitan algunos ajustes en las políticas públicas, particularmente en el sector salud, pero no se necesitan cambios estructurales. Cambiar lo necesario para que nada cambie en esencia.

El tercer escenario se basa en la idea de que las medidas propuestas en el segundo escenario son importantes y urgentes, pero no son suficientes. Además de eso, es necesario cambiar nuestros modos de producción, consumo y vida en sociedad. Después de todo, la vida humana es el 0,01% de la vida total del planeta, pero se comporta como si fuera dueña del planeta, comprometiendo los ciclos vitales de este sin saber que, con ello, está comprometiendo la calidad e incluso la posibilidad de vida humana en el futuro más o menos lejano.

Cada escenario ofrece una narrativa pandémica adecuada para que sea la única posible y legítima, a la vez que es apoyada social y políticamente por las fuerzas que más se beneficiarán de ella. Los tres escenarios representan los nuevos términos en los que se afianzarán los conflictos sociales y políticos en las próximas décadas. Lo que ocurra tendrá un impacto importante en la vida de la sociedad, pero será muy desigual en los diferentes países del mundo.

Los conflictos que generará cada escenario aún no están mapeados y pueden sorprendernos. Tampoco es posible anticipar las consecuencias. Sólo sabemos que la oposición al escenario imperante se hará por referencia a uno de los otros escenarios posibles.  En este punto se puede decir que el primer escenario parece prevalecer a nivel mundial. Este escenario tiene varias manifestaciones muy diferentes y desigualmente distribuidas en todo el mundo.

La violencia represiva del Estado

La primera de estas manifestaciones es la violencia represiva del Estado ante la crisis social agravada por la pandemia. Después de 40 años de concentración de la riqueza y ataques a los derechos económicos y sociales de las clases populares, cada vez más vulnerables por las políticas neoliberales, ya habían estallado fuertes protestas sociales contra la austeridad en muchos países antes de la pandemia.

Con la pandemia, la desaceleración de la actividad económica y el gasto de emergencia que, por insuficiente que fuera, tuvo que hacerse, agravaron la situación financiera del Estado; la solución, típica del neoliberalismo, era hacer pagar el costo de la crisis a quienes menos condiciones tenían para hacerlo. Y la gente está diciendo: ¡Basta! Este escenario ya es claramente visible en algunos países de desarrollo intermedio que están gobernados por fuerzas políticas de derecha y que han estado adoptando políticas neoliberales con mayor fidelidad. Estos son los casos de Colombia, Brasil e India.

Desde abril, Colombia vive un intenso conflicto social, con un paro nacional y bloqueo de carreteras liderado por organizaciones sociales indígenas, campesinas y sindicales y por movimientos espontáneos donde destacan jóvenes "hambrientos y sin futuro". La represión por parte del Estado ha sido violenta y desproporcionada, con más de 61 personas asesinadas por la policía o por actores armados ilegales en conjunto con la policía, 358 desaparecidos y 47 personas con heridas en los ojos. La ciudad de Cali, la ciudad más negra de Colombia, y las regiones indígenas y campesinas del Cauca han sido el epicentro. Un decreto presidencial del 28 de mayo, ciertamente inconstitucional, ha creado un verdadero estado de sitio que permite la "asistencia militar" en el uso de la fuerza y ​​la violencia contra la población civil y las protestas pacíficas.

Brasil, por su parte, es hoy el laboratorio mundial del negacionismo. Con aproximadamente el 3% de la población mundial, representa el 13% de las muertes en el mundo. El rechazo militante de las medidas sanitarias y la reserva de vacunas hizo que el virus se propagara sin control, llegando a las poblaciones más vulnerables, "negros y pobres", como dicen en la jerga brasileña. Está en marcha una operación de darwinismo social, si no una política genocida, especialmente en el caso de la población indígena. Se han presentado más de 100 solicitudes de impeachment en el Congresose han presentado varias denuncias por crímenes de lesa humanidad en tribunales internacionales y se han presentado varias demandas para declarar interdicto por incapacidad mental al presidente. Mientras tanto, el país comenzó a despertar y a manifestarse en las calles contra esta política de muerte. El día 29 de mayo, unas 500.000 personas se manifestaron en 213 ciudades unidas bajo el lema "Fuera Bolsonaro".

Finalmente, India es el retrato más cruel del neoliberalismo. Como el mayor productor de vacunas del mundo, no ha logrado vacunar a su población y, por el contrario, la desprotege activamente. El gobierno aprovechó la crisis social para promulgar leyes agrarias neoliberales que harán aún más difíciles y precarias las condiciones de vida de los campesinos, la mayoría de la población. Se convirtió en un caso ejemplar de error de cálculo por parte de los gobernantes. Pensando que la pandemia dificultaría las protestas sociales contra estas leyes, el gobierno se sorprendió con una de las movilizaciones campesinas más grandes y duraderas de las últimas décadas.

La nueva guerra fría

La primera generación de la Guerra Fría terminó con la caída del Muro de Berlín. Pero como el capitalismo se alimenta de contradicciones que a menudo generan enemigos reales o imaginarios (guerra contra el comunismo, guerra contra las drogas, guerra contra el terrorismo, guerra contra la corrupción), no pasó mucho tiempo antes de que surgiera una nueva guerra fría, esta vez teniendo como principal enemigo a China, a la que se unió progresivamente la Rusia desovietizada.

Aunque siempre se disfraza con terminologías idealistas (como democracia versus dictadura), de lo que siempre se trata es de controlar o neutralizar a los competidores reales o potenciales. En esta nueva generación de guerra fría, la verdadera contradicción es entre el capitalismo de mercado, dominado por el capital financiero y las multinacionales estadounidenses, y el capitalismo de estado dominado por China, un imperio en decadencia contra un imperio en ascenso.

La pandemia trajo una nueva agresión a la nueva guerra fría. Por un lado, China se afirmó como la fábrica mundial de productos de protección personal contra el coronavirus y superó con creces a Estados Unidos en la protección de sus ciudadanos. Por otro lado, los avances chinos en la cuarta revolución industrial (inteligencia artificial) generaron temores de que China se convirtiera en la primera economía del mundo antes de 2030, como se predijo inicialmente en los estudios de los servicios secretos estadounidenses.

Ante este temor, la administración estadounidense intensificó la presión sobre los aliados para detener el avance de China. Este proceso comenzó con el presidente Donald Trump y se intensificó enormemente con su sucesor Joe Biden. El origen del virus es la más reciente arma de la guerra fría.

Como en epidemias anteriores, siempre es importante conocer el origen del virus, aunque siempre es difícil dada la imposibilidad de identificar al paciente cero. Lo nuevo en este caso es la intensa politización del origen del virus, atribuyéndolo, sin pruebas, a China y convirtiendo su propagación en un accidente de laboratorio, si no en un acto de guerra biológica. La teoría de la conspiración del Laboratorio de Wuhan fue propuesta en enero de 2020 por la extrema derecha estadounidense de Steve Bannon en asociación con un disidente chino para quien "el virus había sido liberado deliberadamente por el Partido Comunista Chino".

Fue esto en lo que Trump se basó para hablar del "virus chino". Tras la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a China, esta teoría quedó desacreditada, reconociendo incluso la casi imposibilidad de conocer con precisión el origen del virus. Pero como en la guerra fría no se buscan medios para neutralizar al enemigo, la administración Biden volvió a la carga y presionó a sus aliados para promover la sospecha. Es muy posible que el período pandémico intermitente en el que posiblemente estamos entrando cree nuevas oportunidades para la politización de la pandemia en detrimento de los objetivos de la OMS. Este es el caso de la geopolítica de las vacunas.

Capitalismo de vacunas o vacuna popular

Como sabemos, la existencia de vacunas es el único hecho nuevo para proteger la vida en tiempos de pandemia. Las vacunas contra COVID-19 se crearon en un tiempo récord y no es de extrañar que, si bien ya se están produciendo en masa, aún existan muchas incógnitas sobre su efectividad y posibles efectos secundarios, y sobre si la población inoculada esté sirviendo como conejillo de indias.

Sin embargo, se sabe que la protección eficaz contra el virus solo tendrá lugar cuando un porcentaje significativo de la población mundial esté vacunada y que la protección con las vacunas actuales será tanto más eficaz cuanto más rápido ocurra esto, ya que esta es la única forma de evitar que el virus continúe propagándose y desarrolle nuevas variantes para las que las vacunas no ofrezcan protección. A pesar de todas las declaraciones y advertencias de la OMS al respecto, por ahora está claro que prevalece el escenario del negacionismo. En otras palabras, la gravedad de la pandemia no justifica ninguna medida excepcional para combatirla.

Así, los derechos de propiedad intelectual (patentes) deben seguir vigentes como en períodos normales, la producción y distribución de vacunas debe ser responsabilidad exclusiva de las empresas farmacéuticas que las desarrollaron y las distribuirán a los precios definidos por la ley de la oferta y la demanda. Esta posición es naturalmente defendida por las propias empresas farmacéuticas, por los Estados más desarrollados (también por Brasil y Colombia) y por las instituciones internacionales que avalan los intereses del capital multinacional.

Esta postura representa un peligro para el mundo, ya que retrasará la vacunación de la población mundial. Además, hay algo moralmente detestable en esto cuando asistimos al surgimiento de un verdadero apartheid entre la "euforia de la vacunación" de los países ricos (Israel con el 59% de la población totalmente vacunada) y la pesadilla de la vacunación de la gran mayoría de la población mundial.

Los países menos desarrollados solo recibieron el 0,3% de las vacunas disponibles hasta el final de mayo de 2021. En países como Brasil, India, Irán y Nepal, el virus continúa propagándose sin control, mientras que Canadá ha ordenado vacunas para diez veces su población y el Reino Unido ocho veces. Según Vaccine Alliance, los países ricos habrán comprado 1.500 millones de dosis en exceso.

Igualmente, es detestable lo que New York Times del 29 de mayo llama "turismo de vacuna". Consiste en un viaje a Miami para los miembros de las élites económicas y políticas de América Latina y otras regiones del mundo para ser vacunado. Estos viajes incluyen vacaciones (el intervalo entre dosis) y cuestan miles de dólares. Y Miami no es el único paraíso de las vacunas en el mundo. Que estos viajes puedan ser vehículos para la propagación de nuevas variantes del virus no se les ocurre a quienes viajan ni a quienes les dan la bienvenida.

El capitalismo de vacunas es el modo de acceso a la vacuna determinado exclusivamente por la solvencia monetaria, tanto la propia como la del Estado o institución que las adquiere para su distribución interna. Si prevalece este modo de distribución, es muy probable que entremos en un período de pandemia intermitente.

En este caso, no se trata de la aparición de una nueva pandemia, sino del manejo prolongado de la pandemia actual. Por ejemplo, mantener patentes sobre la producción de vacunas retrasará peligrosamente la vacunación de la población mundial, hasta tal punto que la población vacunada eventualmente estará expuesta al virus. No es sorprendente que muchas voces se alcen contra el capitalismo de las vacunas y muchos grupos se estén organizando para promover alternativas de distribución que sean éticamente más justas y materialmente más efectivas para enfrentar la pandemia. Las alternativas son diversas.

Algunas están permeadas por el escenario del gatopardismo (haz cambios para que lo esencial no cambie). Este es el caso de la intensificación de las donaciones de vacunas o la promesa de las empresas farmacéuticas de incrementar la infraestructura de producción. Esta es la solución Covax, la iniciativa que tiene como objetivo crear un fondo global de vacunas para distribución mundial y que integra a la OMS, la Gavi Vaccine Alliance y la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). Su objetivo sería vacunar a toda la población en riesgo y a todo el personal de salud para finales de 2021, una quinta parte de la población mundial. Sería un objetivo insuficiente, pero incluso eso se ve comprometido por el hecho de que alrededor de 30 países más ricos (a los que se unió Brasil) han abandonado Covax.

La única alternativa efectiva al capitalismo de las vacunas está en el escenario de la alternativa civilizatoria, que asume el carácter excepcional del tiempo presente y la necesidad de inventar nuevas soluciones que preparen a la población mundial para evitar otras pandemias y defenderse mejor de las que se presenten. Entre estas soluciones se encuentran la constitución de bienes públicos universales, como la salud y todos los medicamentos y vacunas considerados imprescindibles para defenderla en una emergencia sanitaria.

En el caso específico de las vacunas, han circulado varias peticiones por todo el mundo para que la vacuna contra la covid-19 sea de acceso universal. Los presidentes de Sudáfrica y Pakistán, entre más de 140 figuras públicas de todo el mundo, pidieron una "vacuna democrática". En mayo de 2021, OXFAM lanzó una petición para una vacuna gratuita accesible para todos. Según OXFAM, costaría $ 25 mil millones, el equivalente a menos de cuatro meses de ganancias para las 10 principales compañías farmacéuticas.

También el grupo parlamentario GUE / NGL del Parlamento Europeo pidió (a través de la voz de Marisa Matias y Marc Botenga) una vacuna popular. Ricardo Petrella y el Ágora de los Habitantes de la Tierra lanzaron una campaña mundial para la declaración de la vacuna como bien público gratuito y universal. Esta petición es parte de un movimiento más amplio por un sistema mundial público común para la salud y la seguridad de la vida, libre de patentes, fuera del mercado, basado en el derecho universal a la vida. Para lograr este objetivo, en el contexto actual de la pandemia, sería suficiente que, con la justificación de la inversión pública aplicada en la investigación de vacunas, las universidades y los Estados interesados ​​compartan todos los conocimientos y tecnologías disponibles, depositándolos en el Fondo de Acceso a la Tecnología de la OMS.

Estas ideas presiden la People’s Vaccine Alliance y contrastan la cooperación con la competencia, la solidaridad con el lucro. Es una vasta alianza global que considera las vacunas como un bien público universal y que, como tal, deben ser producidas lo más rápido posible por todos los laboratorios del mundo que tengan la capacidad para hacerlo y distribuidas a costo cero o a un precio asequible. Esta será la vacuna popular.

Esta posición es defendida por la mayoría de los países del Sur Global y por varias organizaciones y asociaciones transnacionales de ciudadanía activa, derechos humanos y salud pública. Se divide en tres propuestas.

Primero, la suspensión de patentes sobre vacunas y sus componentes y materias primas. La propia Fundación Bill y Melinda Gates, que inicialmente se opuso a la suspensión de patentes, se unió a ella el 6 de mayo de 2021, luego de que Estados Unidos se mostrara partidario de esta solución. El lobby corporativo es considerado el más poderoso del mundo y ciertamente se está moviendo para ofrecer una dura oposición.

Recordemos que cuando Brasil propuso suspender las patentes de medicamentos retrovirales hace 20 años para combatir eficazmente el VIH/SIDA, la reacción fue brutal, incluso por parte de Estados Unidos. Pero Brasil se impuso y los resultados fueron inmediatos.

La segunda propuesta es la transferencia de tecnología a países del Sur Global. La disponibilidad para la producción es total y la posibilidad real es mucho mayor de lo que uno puede imaginar. Cuando la OMS anunció la demanda de productores de ARN mensajero (ARNm, el nuevo tipo de vacuna) fue inundada de propuestas por parte de los países del Sur Global. El presidente Paul Kagame de Ruanda hizo un llamamiento muy enérgico a este respecto en la última reunión de la OMS, mostrando que la iniciativa Covax sería insuficiente porque estaba limitada por los intereses de las multinacionales farmacéuticas. La tercera propuesta consiste en apoyo financiero para la producción en el Sur Global.

La vacuna popular es la única alternativa capaz de minimizar los inmensos costos sociales que se proyectan para los próximos tiempos. Tiene lugar en un momento oportuno. Últimamente se ha hablado mucho de la justicia histórica en relación con el mundo que sufrió la injusticia histórica del colonialismo y se empobreció por el saqueo de sus riquezas y la dependencia económica a la que fue sometido después de la independencia política. Aquí radica una oportunidad histórica para hacer justicia histórica.

Aunque siempre se disfraza con terminologías idealistas (como democracia versus dictadura), de lo que siempre se trata es de controlar o neutralizar a los competidores reales o potenciales. En esta nueva generación de guerra fría, la verdadera contradicción es entre el capitalismo de mercado, dominado por el capital financiero y las multinacionales estadounidenses, y el capitalismo de estado dominado por China, un imperio en decadencia contra un imperio en ascenso.