La organización anarcosindicalista indica que un presupuesto “beneficioso para la mayoría social” no puede otorgar 3.036 millones de € más que el año anterior al militarismo. Las personas trabajadoras son quienes, recibiendo menos, siguen aportando más a la “caja común” del Estado.
La Confederación General del Trabajo (CGT) muestra, a través de un comunicado, su total rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2023 tras conocerse el importante incremento que el Gobierno “más progresista de la historia” va a realizar a la industria armamentística y al militarismo en general. En este sentido, la organización anarcosindicalista ha manifestado que estos presupuestos que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos están vendiendo como “beneficiosos para la mayoría social” no van a mitigar los efectos que la actual crisis está ejerciendo sobre las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Así, la clase trabajadora deberá continuar soportando el brutal aumento de bienes y servicios básicos para una vida digna, como la alimentación, la calefacción, el transporte, la sanidad, la educación, la vivienda, etc.
Por otro lado, la CGT ha analizado el reparto de la riqueza en función de estos PGE. De este modo, de los 389.297 millones € que van a recaudarse, 269.000 millones de € (69 %) procederán de los impuestos directos y de las cotizaciones sociales. De este modo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), aportado por la clase trabajadora (activa y jubilada), será de 113.123 millones de € de ese 69 %. El empresariado, a través del impuesto de sociedades, solo entregará al Estado 28.519 millones de euros, un 10’60 % del 69 %. Y en relación a las cotizaciones sociales, es decir, los pagos a la Seguridad Social realizados por personas trabajadoras y empresas, supondrán en estos presupuestos 152.075 millones de €. Estos datos vuelven a evidenciar lo que desde siempre han defendido los y las anarcosindicalistas: la riqueza es creada por la clase trabajadora para ser expropiada por el capital.
CGT también indica que el sistema de impuestos del Estado español está perfectamente diseñado para que quienes menos tienen sean también quienes más aporten, mientras que quienes más poseen continúen viviendo holgadamente sin enterarse de las crisis. Además, explican desde CGT, la clase trabajadora, que es la que en mayor medida contribuye en los PGE, es la que tiene salarios y pensiones más bajos. Es por ello que el IVA –otro impuesto ligado a bienes y servicios imprescindibles que se grava sobre el consumo independientemente de la renta de cada persona- no tiene la misma repercusión sobre un salario o pensión de 1000 euros que sobre otro de 800.000 euros. A esto hay que sumarle la subida de los precios (inflación), que solo beneficia al Estado en detrimento de quienes peor lo están pasando.
CGT considera que un año más se vuelve a repartir la riqueza generada por la mayoría social beneficiando a quienes más tienen, que son también quienes no conocen el sufrimiento de vivir sin poder llegar a fin de mes, pagar el alquiler o calentar el hogar en pleno invierno.
CGT expresa que el Gobierno ha demostrado que entrar en las instituciones para revertir el sistema en favor de la mayoría social y más vulnerable no ha servido de mucho, porque la brecha salarial y las desigualdades entre clases, lejos de disminuir se ha acentuado más. Además, CGT recuerda que desde las instituciones del Estado se continúa legislando a favor de las poderosas multinacionales, que continuarán teniendo el control de recursos esenciales de la población para continuar haciendo negocio con ellos. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el oligopolio de la energía o la banca.
Las medidas adoptadas en cuanto a revalorización de pensiones o recursos para los jóvenes por el Gobierno y aprobadas en esta primera fase en el Parlamento son insuficientes según CGT. La brecha de las pensiones se sigue manteniendo, como hasta ahora. O la revalorización salarial de los empleados públicos la sitúa en un 2,5% en 2023, cuando la subida del IPC se acerca al 8,5% en 2022 (según estimaciones del Departamento de análisis de Bankinter). O como insuficientes son la revalorización del 8,55 del Ingreso Mínimo Vital o la subida de 100 euros de media al mes para los 300.000 parados que calcula el Gobierno. Medidas que una vez más son pan para hoy y hambre para mañana.
En cuanto a las inversiones recogidas en el Plan de Recuperación de 25.156 millones, que según el Gobierno es un pilar para avanzar hacia un nuevo modelo productivo, con el impulso de políticas de I+D+I, nos tememos que irán destinadas a sectores y empresas que seguirán embolsándose los dineros públicos a costa del esfuerzo y aportación de la clase trabajadora. La riqueza la generan los de siempre, los trabajadores y trabajadoras, y los beneficios van a parar a las mismas manos, las grandes empresas y oligopolios.
Ante esta radiografía de los PGE y desde la organización anarcosindicalista, se vuelve a incidir que la única salida a esta nueva crisis es un reparto más justo de la riqueza.
Informació recollida de la web del Sindicat CGT.
Presupuestos Generales del Estado
¿de reparto de la riqueza social?
Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto: que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos,
y que el miedo del hombre... ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos... y sé todos los cuentos.
(León Felipe)
1. Quién genera la riqueza y como se reparte
Si nos atenemos a la partida del gasto, pareciera que las pensiones, el personal de las Administraciones Públicas y la deuda pública (tanto intereses como amortización), se llevan casi el 50% de todo el gasto . Es decir, se reparte socialmente la mitad de todos “los dineros” presupuestados. El Gobierno de PSOE/UP en la “puesta de largo” de los PGE, consideran, y así venden su retórica, que son «los más beneficiosos para la mayoría de la población, ya que tienen un claro carácter social…seis de cada diez euros se destinan a gasto social… “las pensiones crecerán un 11,4%3 ; la atención a la dependencia un 152%; ayudas a la transición hacia las energías renovables con un 17,9% de aumento; la gratuidad en el transporte de los trenes de cercanías y media distancia; o las ayudas a I+D+i y digitalización que aumentarán un 22,8%...»
El "gobierno más progresista de la historia”, no puede esconder (por más trucos que inventen) que la OTAN y la U€ “mandan” y así aumentan el presupuesto del Ministerio de Defensa para 2023 un 25,3% hasta alcanzar los 12.827 millones de euros, frente a los 9.791 millones de 2022. El militarismo y su entrega incondicional al bloque imperialista representado por EEUU, supone que el gasto militar crezca de manera expansiva en inversiones en armamento un 69% hasta alcanzar 7.743 millones. Si se analiza seriamente las partidas que deben ser consideradas como gasto militar y que se encuentran camufladas en otras partidas asignadas a otros ministerios, el gasto militar del Estado español para 2023 sumará la increíble cifra de 27.617 millones, es decir, cada día se gasta 75 millones y alcanza el 2,12% del PIB superando el deseado 2% de Pedro Sánchez y su ministra de la “guerra” Margarita Robles, a la vez que se da amplio cumplimiento a lo acordado en la OTAN.
1 La deuda pública nos pertenece a todas las personas y no son sino los dineros que el Estado tiene que pedir prestado ante la insuficiencia de ingresos.
2 Las pensiones (contributivas, no contributivas, viudedad, invalideces, orfandad…), supondrán 190.687 millones de euros (39,2% del total); la deuda pública 31.275 millones (6,4%) y los gastos de personal de las Administraciones Públicas 20.502 millones (4,2%). En total se gastarán en estas tres partidas 242.464 millones de los 485.986 millones aprobados por el Ejecutivo.
3 Pensiones: 190.687 millones. Servicios sociales y promoción social:7.117 millones.
4 “Pensiones militares; la mutua sanitaria de los militares; los cuerpos militares como la Guardia Civil; las pensiones de guerra o los costes por participar en organismos militares internacionales; más los intereses de la deuda del Estado (servicio de deuda), pues si el Estado se endeuda para llevar a cabo inversiones militares, es de justicia que los intereses de ese endeudamiento se incorporen como gasto militar”.(El Salto)
5 Según Juan Carlos Roig publica en “EL Salto” en un estudio pormenorizado considera que España gastará en 2023 más de 48.800 millones de euros en gasto militar. Esta gran partida del presupuesto, con una inversión significativa en armamento (carrera armamentística) a mayor gloria del complejo industrial armamentístico de EEUU, Europa, España, etc., para utilizar en “guerras”, nada tiene que ver con lo social y mucho menos con las necesidades sociales de las poblaciones, las cuales son empobrecidas por la inflación que producen las “guerras” y ven como una gran parte de su riqueza sirve exclusivamente para aumentar el dividendo de los complejos industriales-militaristas.
¿De dónde proviene el dinero presupuestado? ¿Quién aporta la mayor parte de los ingresos?
Se espera recaudar 389.297 millones de €, que supone un incremento del 3,4% que lo que se presupuestó recaudar en este año 2022
6 . El 69% de todos los ingresos, es decir 269.000 millones, provienen directamente de los Impuestos Directos y de las Cotizaciones Sociales. Y el impuesto directamente abonado por todas las personas asalariadas activas y las jubiladas, se llama IRPF que aportaremos a la caja común 113.123 millones de euros, lo que supone que las personas que dependemos de un salario y/o pensión, aportamos el 42% de esos ingresos (69%) y el empresariado aportará a través del Impuesto de Sociedades 28.519 millones de euros, es decir el 10,60% de esos ingresos (69%). Sumemos los Ingresos por los Impuestos Directos de las dos partidas, la que corresponde al capital (IS) y la que corresponde al trabajo (IRPF):
INGRESOS IMPUESTOS DIRECTOS (2023) (en miles de millones de €)
IRPF 113.123 42%
IS 28.519 10,60%
TOTAL 141.642 52,60%
Y ahora vayamos a la otra gran fuente de ingresos, las cotizaciones sociales, que se encuentran en las cuentas de la seguridad social.
Las cotizaciones sociales son los pagos a la Seguridad Social que realizan empresarios y personas trabajadoras de manera directa, por varios epígrafes de contingencias : comunes (23,60% la empresa y el 4,70% la persona trabajadora); enfermedades profesionales y accidentes de trabajo (depende del tamaño de la empresa y corre exclusivamente a cargo del empresario); horas extraordinarias (a cargo de la empresa y del trabajador, siendo los tipos desde el 12% para el empresario y el 2% para la persona trabajadora en las horas de fuerza mayor, hasta el 23,60% empresario y el 4,70% trabajadoras en el resto de horas extras); desempleo (empresario 5,50% y el 1,75% trabajadoras)… existen otras cotizaciones según contratos (parciales, etc.), regímenes especiales (empleadas de hogar, régimen agrario, otros), etc.
Estas cotizaciones sociales tienen unos ingresos presupuestados para el 2023 de 152.075 millones de euros. Según documento enviado a Bruselas y debido a la mayor recaudación que se está produciendo en este año 2022, el Gobierno parece contar con un colchón de casi 20.000 millones de euros que utilizaría si la “coyuntura económica de 2023” se deteriora y los ingresos -que se prevén-, en consecuencia, disminuyeran. 7 La materialización de un riesgo que provoca un estado de necesidad protegido por la Seguridad Social es una Contingencia. Las Contingencias Profesionales se derivan, directa o indirectamente, del trabajo. Son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y la enfermedad común.
Las cotizaciones a la seguridad social, tanto las realizadas por el empresario, como por el estado en las situaciones de desempleo por prestaciones bien contributivas, bien asistenciales fundamentalmente, son consideradas como salarios diferidos, con lo cual debemos llegar a una primera y simple conclusión: el 89,40% de todos los ingresos que recibe la “caja común del estado”, por impuestos directos (269.000 millones de euros), es decir, 239.410 millones de euros, lo aportamos las personas trabajadoras.
El relato que nos venden, siempre oculta la realidad: quien crea riqueza es el trabajo y quien se la apropia o expropia, es el capital. De reparto a la inversa sí se puede hablar, pero de contribución y reparto bajo criterios de justicia social, se convierte en una falacia.
2. ¿Quiénes aportan más y quiénes aportan menos y se apropian de más?
Los impuestos, directos e indirectos, se encuentran diseñados para que quienes menos tienen aporten más y quienes más poseen, aporten menos a la caja común y se apropien de la mayor parte. Los ingresos tributarios, -es decir los que se recaudan a través de los impuestos (directos e indirectos, impuestos especiales y otros tributos)-, que se esperan ingresar ascienden a 262.781 millones de euros en el 2023.
INGRESOS NO FINANCIEROS (en miles de millones de €) 2022 2023
Ingresos Tributarios 244.072 262.781
IRPF 105.040 113.123
Impuestos Sociedades 26.483 28.519
IVA 81.312 86.093
Impuestos Especiales 20.591 22.287
Otros Tributos 10.648 12.759
Ingresos NO Tributarios 45.951 44.664
Si la cuasi absoluta recaudación a través de los impuestos directos (IRPF y Cotizaciones sociales) es hecha por las personas asalariadas o pensionistas (casi el 90%) a través de los Impuestos Indirectos, el IVA, fundamentalmente, quienes más soportan y aportan son las mismas personas (asalariadas y pensionistas) y, especialmente quienes se encuentran en tramos salariales y pensiones medios, bajos.
El IVA es un impuesto que se encuentra en cualesquiera de las mercancías o servicios ligadas a las necesidades vitales y esenciales de las personas (alimentación, casa, transporte, ocio, etc.), y todas ellas contribuimos abonando un determinado porcentaje según el tipo de gravamen que tiene el producto o servicio que adquirimos.
La energía es, junto con la alimentación, el capítulo de gasto más transversal a toda la escala de renta, en el que los hogares de ingresos bajos gastan un porcentaje mayor de sus ingresos y en el que menos se puede reducir el gasto: la necesitan para cosas tan básicas como calentar sus hogares o cocinar. “Aunque [en términos absolutos] gastan menos que los más ricos, la proporción sobre su renta es mayor”, constatan los técnicos de Cambridge Econometrics.
Según las estimaciones de la consultora británica, los hogares que están en el último quintil de renta destinarán este año casi el 9% de sus devengos a pagar recibos de energía, más de tres puntos porcentuales más que hace dos años. En contraste, el quintil más acaudalado solo se dejará el 5% de sus emolumentos”. (de la prensa diaria El diario.es)
¿de reparto de la riqueza social?
Pero un IVA del 4%,10% o 21%, no tiene la misma repercusión sobre un salario/pensión de 1.050 € , que sobre un salario de 800.000 €. Es un impuesto que se grava sobre el consumo, independientemente de la renta que una persona tenga, por ello es un impuesto tremendamente regresivo, el cual ha ido ganando peso en el sistema fiscal en la actualidad. Y donde el cuento se convierte en auténtica crueldad del sistema tributario capitalista lo encontramos en el Impuesto de Sociedades.
Como señalamos en el artículo del El Salto publicado en el blog de Alkimia: “El Impuesto de Sociedades ha caído un 21,3%, debido a que el fraude en las grandes empresas, puede suponer hasta un 77% de todo el fraude que, según GESTHA, suponen más de 80.000 millones de euros. El truco no se encuentra sólo en la menor actividad empresarial (consecuencia de la recesión económica y gran depresión), sino, sobre todo se halla en la estructura jurídico política de este Impuesto, tanto en el Impuesto de Sociedades, como en el de Capital. El tipo nominal de Sociedades es el 30% (para las grandes empresas), pero el tipo real sobre los beneficios es tres veces menor (el 10%). La estructura del Impuesto permite a las empresas aplicarse mecanismos de reducciones y deducciones sobre sus impuestos, cuando las mismas obtienen beneficios fuera del estado español (lo que ocurre con todas y cada una de las grandes empresas de cualquier sector, energético, construcción, telecomunicaciones, transportes, financiero, etc.), y, de esta manera reducen sus contribuciones en tres veces, lo cual significa “ningunear” legalmente a los millones de personas que habitamos este Estado, a la vez que se traslada la carga del pago de la “factura solidaria”, esencialmente a las rentas medias y bajas.”
La Agencia Tributaria, en las últimas estadísticas, vuelve a mostrar el verdadero rostro de las Empresas capitalistas y, especialmente de las grandes empresas por facturación: quienes más facturan son quien menos aportan a la Caja Común y, en consecuencia, quien más se “apropian” de la “tarta” y quien más expropia para su propio beneficio. La inflación, la subida de los precios de todas las mercancías y servicios, tiene un efecto “recaudatorio” balsámico para el estado: suben significativamente los ingresos (pagamos más por cualquier mercancía o servicio en impuesto indirectos) y se dispone de un colchón añadido de recaudación.
Este efecto positivo en general, deja de ser tan positivo y balsámico, si consideramos que quienes aportan más, seguimos siendo las clases asalariadas y pensionistas, y quienes no reciben la parte justa que reequilibre sus rentas, a la vez que quienes aportan menos, se benefician doblemente: ingresan menos a lo común y obtienen más. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en sus informes acerca del gobierno corporativo y sus retribuciones de las Empresas y Corporaciones que cotizan en bolsa, hace un análisis de los datos de estas compañías correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, mostrando nítidamente, como las políticas fiscales, más las políticas retributivas, no hacen sino agrandar la brecha existente entre las personas asalariadas (trabajador/a medio) y quienes ocupan puestos ejecutivos.
Antes de la pandemia (2019), la diferencia se establecía en 47 veces lo que “obtenían” las personas ejecutivas, sobre las personas trabajadoras medias. Pues a 2021, esta diferencia se ha situado en 60 veces. SMI Salario medio de los consejeros ejecutivos de las Empresas del IBEX 35. Las 205 empresas que facturan más de 1000 millones de euros anuales apenas contribuyen con un 5,11% de sus beneficios. El conjunto de las empresas lo hacen con el 10,12%. Subidas e incrementos de sus rentas salariales y/o pensiones conforme al IPC real y medidas intervencionistas reales que frenen la “ganancia” sin límites de las empresas energéticas, alimentarias, inmobiliarias (a través de sus dos mercados el de la propiedad y el alquiler), para asegurar una vida digna cierta de la mayoría social.
¿de reparto de la riqueza social?
Por ejemplo, un consejero ejecutivo del Ibex 35, que percibe de media 3,3 millones de euros, mientras el salario medio de una persona trabajadora de esas compañías del Ibex 35, es de 55.000 € al año, que, representando gráficamente en años, esta persona trabajadora media tendría que trabajar 60 años, para percibir la misma cantidad que ese ejecutivo recibe en un año.
Los cuentos de las “cuentas” Quien crea la riqueza, trabajadores y trabajadoras, es quien financia el denominado gasto social: sanidad, educación, dependencia, vivienda, prestaciones de desempleo, ingresos mínimos vitales, pensiones, etc. La cuasi absoluta recaudación a través de los impuestos directos (IRPF y Cotizaciones sociales), es hecha por las personas asalariadas o pensionistas (casi el 90%), y, a través de los Impuestos Indirectos, el IVA, fundamentalmente, quienes más “soportan” y “aportan” son las mismas personas (asalariadas y pensionistas) y, especialmente quienes se encuentran en tramos salariales y pensiones medios, bajos. Un ejemplo práctico de entender: la rebaja de los impuestos en la energía (luz, gas), que el gobierno viene aplicando desde el mes de septiembre del año 2021, ha supuesto una “factura fiscal” (ya que los pagamos entre todas las personas contribuyentes) de 7.452 millones de euros, según la Agencia Tributaria.
Pues bien, esta cantidad de recursos, solamente supone una cuarta parte del “impuesto de solidaridad” temporal que se impone a las empresas energéticas para el 2023 y 2024 por el cual el Estado recaudará unos 2.000 millones por ejercicio que se pondrá en vigor de manera temporal. Las empresas energéticas (petróleo, gas y electricidad), según la Agencia Internacional de la Energía obtendrán unos beneficios al cierre del 2022 de 2 billones de euros y el oligopolio energético, dominado por cuatro grandes en el estado español, se están forrando (aún más) en estos meses que llevamos de 2022:
- Iberdrola: 3.104 millones (de enero a septiembre)
- Repsol: 3.222 millones (de enero a septiembre)
- Naturgy: 717 millones de euros (de enero a junio)
- Endesa: 734 millones de euros (de enero a junio)
Estos ejemplos de cuatro de las “grandes acumuladoras por desposesión” de lo que debiera ser bienes públicos, como derechos esenciales para la vida, muestra esa “tomadura de pelo”, que de manera continua el capitalismo viene realizando con el “consentimiento” de las clases sociales “bajas y medias”. La Banca y las grandes corporaciones energéticas obtienen miles de millones en base a la expropiación de bienes públicos y la extracción de rentas a las familias y a las empresas pequeñas y medianas. La gran banca española (Santander, BBVA, Bankinter, Sabadell, Caixabank y Unicaja) obtuvieron unos beneficios netos de enero a septiembre de 2022, 17.754 millones de euros. Y al ser netos quiere decir que ya descuentan los impuestos que abonan a la “caja común” (hacienda pública).
El ruido mediático y político, con intervención directa de los que realmente mandan en la UE, es decir el BCE y la Comisión, acerca del nuevo impuesto de “solidaridad” para los años 2023 y 2024, al sector bancario y al sector energético, no les va a detraer de sus “beneficios caídos del cielo de los dioses del capitalismo”, ni tan siquiera un tercio de los que llevan acumulados en los 9 meses del 2022.
Que el BCE, que se dedica a asegurar el permanente expolio de la inmensa mayoría de la población y construir puentes de plata por donde transitar corporaciones energéticas, industriales y financieras, no tiene ningún reparo en cuestionar el “impuesto extraordinario” del estado español a los banqueros y, por supuesto mostrar cual es la solución: trasladar ese impuesto a los y las “endeudados” y población en general que para cualquier “operación comercial que realizan (salarios, pensiones, hipotecas, préstamos, etc.), es obligatorio operar con el sistema financiero.
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO - NOVIEMBRE 2022
